* Fue el coordinador de campaña de Juan Orlando Hernández para las elecciones de 2013.
** El narcotraficante condenado en Estados Unidos, Alexander «Chande» Ardón, lo vinculó con el tráfico de drogas.
*** Impulsó a Ana García, esposa del expresidente Hernández, como precandidata presidencial en las primarias pasadas.
Expediente Público
Señalado por narcotraficantes y acusado ante la justicia, Roberto Ordóñez Wolfovich fue uno de los hombres de mayor confianza del expresidente Juan Orlando Hernández y uno de los funcionarios más influyentes durante los últimos tres gobiernos nacionalistas (2010-2022). Hoy, lejos del protagonismo que tuvo, busca una curul en el Parlamento Centroamericano (Parlacen).
A sus 66 años, Ordóñez Wolfovich nació en Tegucigalpa en el seno de una familia acomodada. Su padre, Roberto Ordóñez Larios, fue un reconocido político y banquero vinculado al Partido Nacional. Tras graduarse del Instituto San Francisco, obtuvo el título de ingeniero civil en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y más tarde completó una maestría en Administración y Construcción de Proyectos en la Universidad de Texas A&M.
Su carrera en la función pública inició en 2002, cuando fue nombrado administrador del Hospital San Felipe, en Tegucigalpa. Ocho años después, el presidente nacionalista Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) lo designó viceministro de la Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Internacional (SEPLAN).
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En 2012, Ordóñez renunció a SEPLAN para coordinar la campaña presidencial del entonces presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández. Esa decisión marcó el inicio de su ascenso político: en pocos años pasó de ser un funcionario de perfil medio a convertirse en uno de los políticos más influyentes de los dos gobiernos de Hernández (2014-2022).
Sin embargo, su creciente poder estuvo acompañado de una larga estela de señalamientos y acusaciones por presuntos vínculos con redes de narcotráfico y corrupción. De obtener una diputación en el Parlacen, Ordoñez accedería a un régimen de inmunidad que podría blindarlo frente a los procesos judiciales que enfrenta.
Durante los gobiernos de Hernández
Tras coordinar la campaña, en 2014 el expresidente Hernández lo nombró ministro de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep), la institución responsable de planificar, ejecutar y supervisar las obras y servicios públicos del país. Bajo su dirección, la secretaría administró un presupuesto anual de 3.5 millones de lempiras (US$ 140 millones).
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Además de dirigir la Insep, Ordóñez asumió la gerencia de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y ocupó cargos clave en la Comisión para la Promoción de Alianza Público-Privada (Coalianza), la controvertida plataforma mediante la cual el gobierno de Hernández impulsó la privatización de recursos y servicios estatales.
También tuvo participación directa en «Vida Mejor», el principal programa social y asistencialista del gobierno. Entre 2014 y 2017, esta iniciativa recibió una asignación total de 4.2 millones de lempiras (US$ 168 millones).
Como gerente de la ENEE, Ordóñez reemplazó a Emil Hawit, quien meses antes habría autorizado seis contratos fotovoltaicos a empresas supuestamente ligadas al cartel de «Los Cachiros», según investigaciones periodísticas .
Desde Coalianza, Ordóñez promovió la concesión de la operación y los servicios aeroportuarios a Interairports, empresa del Grupo Terra, una corporación hondureña que también vendió energía térmica al Estado durante su gestión en la ENEE.
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‘Corrupción sobre ruedas’
En 2018, Juan Orlando Hernández lo removió de la Insep y lo nombró titular de la Secretaría de Energía (SEN). «Invoqué la protección de Dios y la Virgen María para cumplirle a Honduras y honrar nuevamente la confianza del presidente Hernández», declaró entonces Ordóñez ante los medios.
Ese mismo año surgieron los primeros señalamientos en su contra. La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (Ufecic-MP) presentaron el caso «Corrupción sobre ruedas», que reveló cómo una red encabezada por Hilda Hernández, hermana del presidente, habría desviado fondos de programas sociales para financiar la campaña nacionalista de 2013.
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Aunque Ordóñez no fue acusado directamente, su nombre apareció vinculado al caso por haber coordinado la campaña del primer mandato de Hernández. El ministro no emitió ninguna declaración al respecto. Pero las investigaciones y señalamientos se profundizarían aún más durante el segundo gobierno del expresidente.
Señalamientos de un narcotraficante
El inicio del segundo mandato de Hernández estuvo marcado por la captura en Estados Unidos de su hermano Antonio «Tony» Hernández en 2019, acusado de narcotráfico. Durante su juicio, un importante traficante hondureño de drogas mencionó a Roberto Ordóñez.
Alexander «Chande» Ardón, exalcalde de El Paraíso y condenado por narcotráfico a gran escala, declaró que Ordóñez habría actuado como intermediario entre él y el presidente Hernández. Afirmó haberse reunido con el exministro al menos dos ocasiones entre 2013 y 2015 para hablar sobre actividades relacionadas al tráfico de drogas.
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Aunque Estados Unidos lo identificó como «persona de interés» debido a sus presuntos vínculos con el crimen organizado, en Honduras no se abrió ninguna investigación en su contra. Sin embargo, en noviembre de 2022, el Ministerio Público incautó 103 bienes relacionados con la red de corrupción atribuida a Hilda Hernández, incluidos dos apartamentos a nombre de familiares del exministro.
Ordóñez no ha emitido comentarios sobre los señalamientos en su contra en Estados Unidos.
Investigación por su paso en la Insep
Un mes después de que el Partido Libertad y Refundación (Libre) ganara las elecciones pasadas, la Fiscalía anunció una investigación sobre la gestión de Ordóñez en la Insep. «Los hechos que se investigan tienen que ver con la sustracción de fondos mediante la sobrevaloración de proyectos de obras públicas, cuyo desfalco para el Estado sería multimillonario», informó el Ministerio Público.
En enero de 2023, la Fiscalía impuso medidas sustitutivas a Ordoñez por presuntos delitos de abuso de autoridad, lavado de activos y fraude. Él y su defensa no se han pronunciado frente a los medios por este caso.
Seis meses después, el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó su nombre en la Lista Engel de funcionarios corruptos en Honduras, Guatemala y El Salvador, señalándolo así:
«Un exministro de Infraestructura y Servicios Públicos, exministro de Energía y exasesor presidencial del presidente Juan Orlando Hernández, involucrado en un esquema de corrupción significativa mediante el desvío de fondos estatales a través de la sobrevaloración de proyectos de obras públicas».
De las acusaciones al Parlacen
En septiembre de 2024, la presidenta Xiomara Castro se dirigió al país en cadena nacional luego de que el medio estadounidense Insight Crime difundiera un video donde Carlos Zelaya, su cuñado, aparecía reunido con narcotraficantes para obtener financiamiento para la campaña de Libre en 2013.
En su mensaje, Castro divulgó una lista de 33 políticos opositores que, según afirmó, estarían siendo investigados por Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico. Entre ellos figuraba Roberto Ordóñez, quien no ofreció declaraciones al respecto.
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A pesar del señalamiento presidencial, ninguno de los mencionados ha sido requerido por la Fiscalía. Mientras tanto, la investigación del Ministerio Público por este caso sigue abierta y el exministro Ordóñez mantiene su peso dentro del Partido Nacional.
En las más recientes elecciones primarias, coordinó las capacitaciones electorales del movimiento «Avanza por la Justicia y la Unidad», que postuló a Ana García, esposa del expresidente Hernández, como precandidata presidencial.
Roberto Ordóñez pasó doce años dentro del aparato estatal. Ahora aspira a un escaño en un organismo regional cuyo principal valor, para muchos políticos bajo investigación, parece ser la inmunidad que ofrece frente a la justicia de sus países.
