* ¿Quién es Rodolfo Padilla Sunseri, el candidato oficialista que busca la alcaldía de San Pedro Sula, señalado múltiples veces por corrupción?
** Padilla regresó al país en 2025, tras permanecer ocho años prófugo de la justicia.
*** Este candidato alega que todas las acusaciones en su contra se deben a que fue víctima de persecución política.
Expediente Público
Ningún otro candidato arrastra un historial de acusaciones por corrupción tan amplio como Rodolfo Padilla Sunseri. Tras permanecer ocho años prófugo de la justicia, regresó a Honduras en 2025 amparado en la amnistía política promovida por el actual gobierno.
Con su postulación, el oficialismo no solo desafía al sistema judicial, sino que también apuesta por una de sus figuras más polémicas para disputar la alcaldía de San Pedro Sula.
Heredero de una familia acomodada, Padilla Sunseri nació en Estados Unidos en 1960, cuando su padre estudiaba en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Su nacionalidad estadounidense, sería décadas después uno de sus recursos para evadir la justicia hondureña.
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Su carrera política inició a los 34 años, como militante del Partido Liberal, cuando asumió el cargo de superintendente de acción comunal en la alcaldía sampedrana. Ocho años después, en 2002, escaló un peldaño más al ser electo regidor municipal, un puesto que amplió su influencia política y que le traería los primeros señalamientos en su contra.
Durante sus cuatro años como regidor, Padilla Sunseri avaló el traspaso de un terreno público a la Iglesia Evangélica Palabra de Vida, una decisión que levantó sospechas en la Fiscalía contra la Corrupción.
También fue investigado por la adjudicación de veinte contratos de limpieza vial por un valor de 4,2 millones de lempiras (US$ 168 mil) a empresas supuestamente ligadas a activistas liberales, pese a que los trabajos nunca se realizaron.
Con esas investigaciones en su contra, lanzó su candidatura a la alcaldía de San Pedro Sula y en 2006 asumió el cargo bajo el mandato presidencial de su coideario Manuel Zelaya Rosales. En su toma de posesión declaró que «freiría a los peces gordos y chiquitos de la corrupción, despidiéndoles inmediatamente y llevándolos a la justicia». En ese mismo acto, el presidente le garantizó públicamente su respaldo.
Casi dos décadas después, Padilla se convirtió en uno de esos «peces gordos», de acuerdo con los expedientes acumulados por la Fiscalía. Lo que sí se mantiene inalterable es el apoyo incondicional del exmandatario Zelaya. Hoy, ambos vuelven a coincidir en el poder y buscan afianzarse en él.
El inicio de las acusaciones
En enero de 2008, al inicio de su gestión municipal, la Fiscalía solicitó medidas cautelares contra Padilla, acusándolo de falsificación de títulos y malversación de los caudales públicos por la adjudicación de los contratos de limpieza cuando era regidor.
La petición fue presentada por el fiscal Luis Javier Santos –quien años más tarde tendría un papel clave con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
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Sin embargo, el Poder Judicial, controlado entonces por el Partido Liberal, rechazó las acusaciones. Santos insistió sin éxito en que existían pruebas suficientes para procesarlo por beneficiar a empresas vinculadas a funcionarios cercanos.
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En febrero de 2008, el Ministerio Público lo acusó nuevamente, esta vez por violación de los deberes de los ciudadanos, al supuestamente incumplir una resolución judicial de 2006 que ordenaba reubicar a los vendedores ambulantes del centro de San Pedro Sula. La Fiscalía solicitó de nuevo su suspensión del cargo, sin éxito.
Padilla alegaba que los señalamientos respondían a una persecución política, derivada de su oposición a un contrato firmado en 2001 entre la alcaldía y la empresa Sulambiente, encargada de la recolección de desechos sólidos de la ciudad.
De acuerdo con investigaciones periodísticas, Sulambiente es filial de un consorcio colombiano con socios en Honduras vinculados al Partido Nacional, entre ellos el actual candidato presidencial Nasry Asfura. Las indagaciones apuntan a que Padilla habría incumplido el contrato para favorecer a pequeñas empresas recolectoras ligadas a activistas liberales.
A pesar de las controversias, antes del golpe de Estado de junio de 2009, Padilla tuvo acercamientos para lanzar su reelección bajo la corriente del presidenciable liberal Elvin Santos. Sin embargo, la ruptura del orden constitucional no solo frustró sus aspiraciones, sino que abrió la puerta a una avalancha de nuevas acusaciones en su contra.
Un golpe de acusaciones
Durante su gestión como alcalde, Padilla se alineó con el proyecto de Zelaya Rosales e integró el «Frente Patriótico para la Defensa de la Consulta Popular y la Cuarta Urna», en respaldo al controvertido referéndum con el que el presidente buscaba habilitar la convocatoria a una asamblea constituyente.
En agosto de 2009, tras la destitución de Zelaya, la Fiscalía controlada entonces por el bloque golpista, pidió a los juzgados librar orden de captura contra Padilla por aprobar ilegalmente un aumento en la tasa de las casetas de peaje para financiar proyectos municipales.
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En octubre de 2009, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), también alineada con los golpistas, ordenó la suspensión del alcalde de su cargo, alegando que tenía pendiente el juicio por la adjudicación de los contratos de limpieza cuando era regidor.
Refugiado en Nicaragua tras el golpe de Estado y dejando vacante la silla municipal, el Tribunal Superior Electoral (TSE) inhabilitó también su candidatura para buscar la reelección en 2010. Desde el exilio, el exalcalde denunció ser víctima de persecución política por su apoyo a Zelaya.
Cada vez más cercano a Zelaya Rosales, Padilla participó en la negociación en Colombia del «Acuerdo de Cartagena» en 2010, que permitió el retorno del expresidente tras casi dos años de exilio y derivó en la fundación del partido Libertad y Refundación (Libre) en 2012.
En abril de 2010, la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula solicitó dictar auto de prisión al exalcalde, argumentando que durante su administración se pagaban planillas falsas para desviar fondos hacia otros fines.
En junio de 2010, un Juzgado de lo Penal emitió otra orden de captura en su contra, reabriendo el caso del terreno público traspasado a la iglesia evangélica. No obstante, una vez retornado a Honduras, la medida quedó sin efecto.
En paralelo, los tribunales continuaban acumulando procesos. En octubre de 2013 se le giró un requerimiento fiscal por un fallido proyecto de pavimentación valorado en un millón de lempiras (US$ 40 mil). A finales de 2013 también fue procesado por no haber transferido a las alcaldías vecinas de La Lima y San Manuel los fondos provenientes del cobro de peaje.
Para las elecciones de 2014, Padilla abandonó el Partido Liberal e intentó inscribirse como candidato a diputado por Libre en el departamento de Cortés, pero el TSE le negó la inscripción argumentando que tenía un reparo millonario con la hacienda pública.
Aun así, logró que su esposa, Laura Noriega Bardales, figurara en la papeleta, pero esta no alcanzó un escaño. Otros candidatos de Libre denunciaron ante la prensa que el partido había intentado manipular el proceso para favorecerla.
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En julio de 2015, tras siete años de proceso judicial, fue absuelto parcialmente en el caso de los contratos de limpieza, inhabilitándolo políticamente por cuatro años.
Prófugo de la justicia
Pese a la absolución por el caso de las obras de limpieza, Padilla seguía enfrentando otros juicios pendientes: desde el caso de los vendedores ambulantes hasta investigaciones por planillas falsas, los cobros indebidos de peaje, un gasto ilegal de combustible y una serie de préstamos irregulares.
En julio de 2015, el exalcalde debió pagar una fianza de un millón de lempiras (US$ 40 mil) para defenderse en libertad en un nuevo juicio, esta vez acusado de otorgar con fondos públicos un préstamo de 400 mil lempiras (US$ 16 mil) a la exadministradora municipal en 2008. «Mi pecado fue pasarme de bueno», declaró antes de comparecer ante los tribunales, donde se le dictó arresto domiciliario.
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En septiembre de 2017, al conocer que la justicia le dictaría prisión preventiva por la acumulación de procesos, decidió huir del país. Su abogado, el actual coordinador de Libre en San Pedro Sula, René Altamirano, justificó la fuga asegurando a la prensa que «la gente huye cuando pierde su confianza en las autoridades, así como miles emigran del país por falta de oportunidades».
Antes de que la Fiscalía lograra en diciembre de 2017 una condena de tres años de reclusión en su contra por el caso del préstamo, Padilla ya se había refugiado en Estados Unidos, donde aprovechó su ciudadanía norteamericana para solicitar protección frente a lo que calificaba como persecución judicial. En ese país pasaría los siguientes ocho años.
En diciembre de 2019, la Fiscalía solicitó una orden de captura internacional, acusándolo además de haber concedido otros préstamos por 9,4 millones de lempiras (US$ 376 mil) y adelantos salariales por 2,7 millones (US$ 108 mil) a empleados municipales durante su gestión.
Regreso y candidatura
El triunfo electoral de Libre en 2022 marcó un punto de inflexión. En febrero de ese año, el gobierno de Xiomara Castro promovió la aprobación del Decreto 4-2022, que otorgó amnistía a los funcionarios que fueron acusados judicialmente por su desempeño durante el gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), bajo el argumento de haber sido víctimas de persecución política.
Los abogados de Padilla solicitaron de inmediato el beneficio, pese a que algunas acusaciones se remontaban a su gestión como regidor entre 2002 y 2006. En marzo de 2022, el propio Manuel Zelaya envió una carta a la CSJ reconociéndolo como perseguido político.
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Tras ocho solicitudes de amnistía presentadas por la abogada Sonia Marlina Dubón, hoy magistrada de Libre en la CSJ, Padilla obtuvo cartas de libertad y sobreseimiento definitivo en todos sus casos, en diciembre de 2024. «Doy gracias a Dios porque se hizo justicia ante la atroz persecución política de la cual fui víctima por más de 15 años», escribió en redes sociales.
En enero de 2025, la candidata presidencial Rixi Moncada celebró el regreso de Padilla a Honduras. «Su retorno a la Patria para participar en las próximas elecciones primarias, seguro fortalecerá nuestra unidad y las victorias de Libre y la resistencia en 2025. Bienvenido compañero!», publicó en redes sociales.
A pesar de haber alcanzado los triunfos judiciales, no obtuvo la habilitación política, por lo que, en las primarias de marzo, Libre inscribió a su hijo Adrián Padilla Álvarez como precandidato a alcalde.
Este “testaferrismo electoral” es legal en Honduras y ha sido utilizado históricamente por los demás partidos. Un caso reciente se dio en las pasadas elecciones de 2021, cuando el actual alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, colocó a su hermano en su nombre después de que el CNE denegara inicialmente su participación.
El pasado primero de octubre, a dos meses de los comicios, la CSJ concedió la amnistía total a Sunseri, limpiándole su expediente judicial y habilitándolo formalmente para su participación política. Con esta decisión, su proyecto, respaldado por la corriente de la familia presidencial, consolida su candidatura para el 30 de noviembre, donde el CNE, después de recibir sus cartas de libertad, le permitirá aparecer en las papeletas electorales.
«Nunca imaginé esto. Agradezco a Dios. Juntos vamos a rescatar a San Pedro Sula», dijo entre lágrimas en un mitin reciente. Su carta de salvación fue el ascenso de Libre al poder y su control sobre el sistema de justicia.
Ahora, Padilla busca volver a una alcaldía marcada por la corrupción, donde sus tres principales aspirantes cargan con señalamientos, pero ninguno con un historial tan amplio como el suyo. De ganar las elecciones, administraría anualmente US$ 4,600 millones.
