* Hasta junio de 2025, más de 2,100 nicaragüenses han sido deportados de Estados Unidos. Unos 1,200 fueron enviados a Guatemala.
** Este país se ha convertido en una opción para establecerse, no solo por cercanía geográfica, sino por la oportunidad de optar a la ciudadanía.
Marysabel Aldana / Expediente Público
José Manuel Duarte es un disidente nicaragüense con sueños en Guatemala. Huyó de la dictadura de su país hacia Estados Unidos seis años atrás, pero las recientes políticas migratorias de Donald Trump lo expulsaron. Así llegó a Guatemala, en un vuelo masivo desde Texas en abril de 2025.
“Estados Unidos me mandó a Guatemala porque fue el último país donde sellé. Estoy pidiendo ayuda en una ONG porque no tengo ni DPI (Documento Personal de Identificación) ni permiso para trabajar. Quiero hacer las cosas legales, pero no hay guía del gobierno para eso, he tratado de hablar con algunos conocidos, pero no se ha podido”, afirma Duarte a Expediente Público. Tiene 33 años y antes de migrar era profesor universitario.
La represión y el cierre de espacios democráticos han llevado a miles de nicaragüenses a abandonar su país en los últimos años.
Muchos tomaron el riesgoso camino hacia Estados Unidos, pero terminaron deportados hacia Guatemala, sin documentos, sin apoyo y sin un plan de regreso seguro a su país de origen, a criterio de Eva Montenegro, analista migratoria y experta en seguridad regional que habló con Expediente Público.
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Guatemala se ha convertido en una opción para establecerse, no solo por cercanía geográfica, sino por la oportunidad de optar a la ciudadanía guatemalteca por naturalización, proceso más ágil para ciudadanos centroamericanos.
¿Cómo atender a perseguidos políticos?
Sin embargo, aunque la ley lo permite, el gobierno de Guatemala no ha establecido un protocolo claro para atender ni proteger a estas personas desplazadas por motivos políticos, enfatizó Montenegro.
Organizaciones como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ofrecen el único respaldo tangible a los exiliados nicaragüenses. Les dan un lugar donde pasar una semana, con alimentación, y les orientan para que decidan si se quedarán en Guatemala o buscarán otro destino.
Guatemala, hogar posible pero aún distante
Para cientos de nicaragüenses, Guatemala representa la posibilidad para empezar de nuevo, especialmente si logran acceder a la residencia y, eventualmente, a la ciudadanía.
Ana Lucía Romero, una nicaragüense de 40 años, vive en Chimaltenango, un departamento de Guatemala, desde hace un año y medio. Llegó a este lugar luego de ser deportada por la patrulla fronteriza estadounidense.
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“Aquí conseguí trabajo limpiando casas. Mis hijos están en la escuela. Ya hice mi solicitud de residencia. Espero poder pedir la ciudadanía. Guatemala me dio refugio, pero ha sido a pulso, no porque el Estado ayude, sino porque hemos conseguido apoyo en una ONG”, contó Romero a Expediente Público.
La naturalización les permitiría a los nicaragüenses acceder al sistema educativo, a la salud pública y a empleo formal. Incluso les facilitaría para emprender negocios, como ya lo han hecho algunos.
Sin embargo, sin unas leyes que los acompañen desde el momento en que pisan suelo guatemalteco, el camino sigue siendo incierto y empinado, comentó Antonio Palomo, analista de migración, a Expediente Público.
“Reconocer su situación, brindarles un marco legal y facilitar el acceso a la ciudadanía no es solo una cuestión administrativa, es un acto de humanidad ante una de las crisis más profundas de Centroamérica”, afirmó Palomo.
Camino a la ciudadanía: posibilidad real, pero no sencilla
La legislación guatemalteca permite que los extranjeros puedan optar por la naturalización. En el caso de los ciudadanos centroamericanos, como los nicaragüenses, el requisito de residencia legal para solicitar la nacionalización es de un año y no de dos, como para otros foráneos.
Si se cumple este requerimiento, el siguiente paso es presentar una solicitud al Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) y al Registro Nacional de las Personas (RENAP).
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El pedido debe ir acompañado del pasaporte vigente, el certificado de nacimiento legalizado, los antecedentes penales (de Nicaragua y de Guatemala), la constancia de residencia y pruebas de medios de vida o empleo.
En algunos casos también se debe demostrar conocimiento básico de la historia, cultura y lengua del país. Además, los nicaragüenses pueden conservar su nacionalidad de origen, ya que Guatemala permite la doble nacionalidad con países centroamericanos.
Guatemala y sus fallas migratorias
La mayoría de los nicaragüenses deportados no cumple con algunos requisitos al llegar a Guatemala, pues son retornados de forma forzosa, sin residencia previa, sin empleo formal y con documentos vencidos o confiscados por autoridades migratorias, comentó Marcos Miranda, analista en migración, a Expediente Público.
“No existe una unidad especializada ni un programa que articule Migración, Minex y Gobernación para apoyar legalmente a estos migrantes forzados. Aunque las autoridades permiten que los ciudadanos centroamericanos transiten con libertad, eso no garantiza estabilidad, trabajo ni residencia legal”, señaló Miranda.
Organizaciones de derechos humanos han solicitado al Congreso y al Ejecutivo la creación de un protocolo de atención para nicaragüenses deportados y solicitantes de asilo y ciudadanía, pero no ha habido avances significativos.
El presidente Bernardo Arévalo mencionó públicamente que se les daría la ciudadanía a los solicitantes, pero no se estableció el mecanismo para seleccionarlos.
El Minex informó a Expediente Público que la institución no tiene un proceso especial para tramitar las solicitudes de los nicaragüenses, sino que sigue los lineamientos ya establecidos y que, por ahora, no se iban a modificar las leyes para ayudar a los deportados extranjeros.
Los solicitantes piden al gobierno central mayor claridad para solicitar documentos, mejores procesos de selección y que los tiempos de espera se reduzcan.
Problema de antecedentes a los nicaragüenses
Una de las mayores dificultades para los nicaragüenses es el certificado de antecedentes penales de su país. Muchos de ellos se fueron huyendo de la injusticia, de un gobierno que los podía apresar por expresar sus opiniones. Esto les impedía solicitar documentos en oficinas públicas.
El caso de Karla Rivas, de 27 años, es uno de ello. Ella participó en protestas en contra de la dictadura nicaragüense, junto con varios familiares, quienes han sido perseguidos.
Ella también iba a ser encarcelada, pero huyó a Estados Unidos. Ni siquiera pensó en solicitar un certificado de antecedentes penales antes de exiliarse.
Las autoridades estadounidenses detuvieron a Rivas en Texas y la deportaron hace un año. Hoy vive en Ciudad de Guatemala con su hija de 5 años. Ahí conversó con Expediente Público.
“Volver a Nicaragua no es opción. Yo estuve en protestas. Mi hermano está preso allá. Aquí al menos puedo respirar. Me dijeron que podía pedir ciudadanía, pero no tengo ni un abogado ni el dinero para todos esos papeles”, afirmó.
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ACNUR, el único respaldo
En ausencia de apoyo estatal, el ACNUR ha desempeñado un papel importante. Según reportes oficiales, esta institución ha documentado en Guatemala más de 1,200 casos de nicaragüenses en situación de vulnerabilidad en el último año, Les ha brindado apoyo legal, asistencia humanitaria y acompañamiento para procesos de regularización o solicitud de refugio.
“Muchos de estos deportados enfrentan persecución en su país y no pueden regresar. Necesitan protección internacional y opciones de integración en países vecinos”, expresó Rosario Aguilar, integrante del ACNUR en Guatemala a Expediente Público.
El ACNUR trabaja en alianza con fundaciones locales, clínicas jurídicas y albergues, pero sus recursos son limitados. Además, su figura es de acompañamiento, no de sustitución del Estado, comentó Aguilar.
Mientras tanto, José Manuel Duarte lleva dos años esperando que el Gobierno de Guatemala le brinde ayuda para regular su situación migratoria. Para ganarse el pan, dejó su vida de académico y entró a trabajar como ayudante de obra, ganando en promedio US$400 al mes. Ser guatemalteco es un sueño aún lejano para él.
