* Erika Morales Lemus, una denunciante de abuso policial, contó a Expediente Público lo que vivió en un puesto fronterizo durante el estado de excepción.
* Por este caso, once agentes están siendo procesados por presunta tortura y otros delitos, mientras la Policía Nacional evita hablar del tema.
* El Observatorio Nacional de Derechos Humanos atendió 1071 quejas contra miembros de la fuerza púbica durante el estado de excepción.
Yarely Madrid / Expediente Público
Erika Morales Lemus se despertó con la llamada de su madre pidiendo ayuda para una mudanza al otro lado de la frontera. Junto a su esposo —José Ramos— y dos amigos, salió de su localidad, en Guatemala, hacia Copán, en el noroccidente de Honduras. En su Range Rover acomodaron una hidrolavadora sin pensar que este aparato daría pie a una de las mil de denuncias de abuso policial registradas durante el estado de excepción en Honduras.
Era el 15 de agosto de 2024. Al llegar al punto fronterizo de Copán, lo que debía ser un trámite de rutina se transformó en un interrogatorio hostil, contó Morales a Expediente Público.
Los agentes vieron la hidrolavadora y preguntaron dónde estaba la factura. Morales intentó explicar que era de uso personal y que, por lo tanto, no gravaba impuesto. La respuesta, afirmó Morales, le indignó: “Yo con mujeres no hablo, me voy a entender con tu esposo”.
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Ante la insistencia de Morales por hacer valer sus derechos, el agente les pidió esperar y llamó a su jefe, Kevin Oseguera. Luego de explicarle la situación, la respuesta quedó grabada en la memoria de Morales: “Chapines, están acostumbrados a hacer lo que quieren aquí, pero se la van a pelar… ¡¿qué se creen ustedes?!”.
Tras tirarles los documentos al baúl del vehículo, los policías les ordenaron marcharse con una amenaza velada: “Piérdanse de aquí que aquí los vamos a estar esperando a su regreso”. Fue el inicio de la pesadilla.
Mil denuncias por abuso policial
La presidenta Xiomara Castro implementó el estado de excepción en Honduras en diciembre de 2022, con el cual se suspendieron las garantías constitucionales con el pretexto de combatir la violencia criminal, especialmente la extorción. La medida tuvo 20 prórrogas y terminó en enero de 2026 con la llegada del nuevo mandatario, Nasry Asfura.
En ese periodo, el Observatorio Nacional de Derechos Humanos de Honduras recibió 1071 quejas contra miembros de los cuerpos de seguridad. Esto significa alrededor de una acusación al día.
Las denuncias señalan graves delitos como torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, uso desproporcionado de la fuerza, implantación de pruebas, entre otros.
El Observatorio sostiene que los casos se concentraron en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés, y afectaron principalmente a grupos vulnerables, incluyendo a mujeres, niños, adolescentes, personas con discapacidad y grupos criminalizados por su apariencia o su situación de pobreza.
El representante del Observatorio, Daniel Cáceres, afirmó a Expediente Público que el estado de excepción no fue la mejor respuesta que el Estado pudo dar a la inseguridad. “El crimen debe combatirse desde las raíces, no suspendiendo garantías constitucionales”, manifestó.
La pesadilla inicia
Morales regresó a casa junto con su esposo y sus dos acompañantes ese mismo 15 de agosto al anochecer. Metros antes de llegar al control fronterizo, a eso de las 18:50, seis policías les hicieron señal con foco. Morales contó que, tras el registro de rutina, una oficial les prohibió seguir el camino y que, al preguntar el motivo, ella simplemente respondió: “A la autoridad no se la cuestiona”.
A eso se sumaron las intimidaciones del jefe de la posta policial, Kevin Oseguera, quien recalcaba constantemente que en esa localidad él tenía más poder que la presidenta Castro, afirmó Morales.
Ella contó que, sin explicación, los retuvieron en medio de la carretera hasta las 21:00, cuando los policías cerraron el cruce fronterizo. A esa hora, añadió, les ingresaron a los cuatro a un búnker, donde los golpearon.
Ella sostiene que, con el pretexto de hacerle un registro personal, los policías le presionaron los pechos y las partes íntimas, mientras la oficial le apretaba el cuello con fuerza, cortándole la respiración y dejándole marcas visibles.
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A su esposo le golpearon con la culata del fusil, le patearon con las botas y le escupieron, agregó Morales. También contó que, en un acto de crueldad extrema, un agente la amenazó con que todos los policías la violarían para “quitarle la hombría” a su esposo y obligarlo a callar.
Algo que Morales no puede olvidar es el olor a podrido que tenía ese lugar. Ella le suplicó temblando a la agente mujer que le dejara llamar a un abogado, pero que la respuesta solo fueron insultos y una amenaza: “Dejen de andar hablando nada porque si queremos ni por el tufo a mierda los van a encontrar, así que calladitos”.
Según el testimonio de Morales, horas más tarde, los policías les arrebataron los teléfonos celulares, revisaron las aplicaciones de banca virtual y le dijeron: ”Danos la contraseña, es por investigación” Contó que decidió entregarles, pues, entre tantos golpes, creía que su vida estaba en peligro.
Débil impacto contra el crimen organizado
El director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras (CIPRODEH), Javier Acevedo, sostiene que el estado de excepción no fue una herramienta de justicia, sino una estrategia focalizada de la Policía y las Fuerzas Armadas que no tuvo ningún impacto contra el crimen.
Para él hubiera sido más útil golpear las finanzas de los grupos criminales, siguiendo el dinero con el que sustentan sus actividades y diligenciando casos judiciales por lavado de activos.
“El Estado queda en deuda y se vuelve, en cierta forma, un victimario por omisión”, afirmó Acevedo a Expediente Público.
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La pesadilla se enreda
Morales, su esposo y sus amigos se salvaron gracias a una conocida que cruzó la frontera en el momento en que los policías los tenían retenidos al filo de carretera. Esa amiga reconoció a Morales y avisó a la hermana de esta lo que había visto. Como nadie le contestaba el teléfono, la hermana decidió ir al control fronterizo acompañada de un abogado, a las 23:20.
Según Morales, los policías intentaron impedirles el paso para ocultar las huellas de la paliza. Contó que lograron entrar porque su hermana llamó al alcalde de Copán Ruinas, Mauricio Arias, para pedirle ayuda y este, a su vez, telefoneó a Oseguera para interceder. Tras este diálogo, los policías los dejaron libres, afirmó Morales.
El alcalde Arias, que logró la reelección en los últimos comicios, dijo a Expediente Público que no estaba al tanto de este caso.
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Al salir de la posta policial, Morales y sus familiares vieron que los uniformados habían trasladado el Range Rover desde el lado hondureño hasta el lado guatemalteco. Lo primero que pensó fue que los agentes habían usado el vehículo para cometer algún ilícito. Les pidieron explicaciones, pero los uniformados solo dijeron que les había hecho el favor de pasar la frontera al carro.
Morales afirma que los policías los dejaron ir, pero que no les devolvieron sus documentos ni su dinero ni una cadena de oro. Según Morales, los agentes les dijeron que, si querían recuperar sus pertenencias, debían demostrar “buena conducta”, guardar silencio y, sobre todo, no acudir al Ministerio Público.
Las Naciones Unidas cuestionan el estado de excepción
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) resaltó en su informe de 2025 su preocupación por que muchas de las prórrogas del estado de excepción no hayan sido ratificadas por el Congreso Nacional, lo que cual implicaría una fractura del control constitucional, dejando a la ciudadanía en un estado de indefensión frente a la arbitrariedad policial y militar.
Según la OACNUDH, el Estado hondureño también falló en presentar evidencia científica que demuestre que la suspensión de garantías haya reducido el crimen organizado, manteniendo una opacidad total sobre el destino y la situación legal de las miles de personas detenidas bajo este régimen.
Otro señalamiento de la OACNUDH fue la inacción del Poder Judicial. Apuntó que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia omitió su deber de revisar de oficio la legalidad de los decretos de excepción e ignoró los recursos de amparo e inconstitucionalidad presentados por la sociedad civil y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH).
La pesadilla continúa
A pesar de las advertencias de los policías, Morales y su esposo decidieron denunciar a once agentes ante las autoridades judiciales por varios presuntos delitos: torturas, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y privación ilegal de la libertad.
Este episodio cambió la vida de la familia. Morales afirma que, desde entonces, han sido objeto de seguimientos encubiertos. Por esta razón, se ha cambiado de casa seis veces, huyendo de sombras y vehículos desconocidos, para salvaguardar la integridad de sus hijos menores de edad.
El camino para encontrar justicia ha sido largo. El próximo 29 de abril, Morales deberá encarar a los agentes acusados en una diligencia judicial.
Expediente Público intentó contactar a Kevin Oseguera en el control fronterizo de Copán para recoger su testimonio. En ese destacamento, informaron que el oficial ya no labora ahí y se negaron a dar información sobre su nuevo puesto de trabajo.
Este medio también consultó a Policía Nacional sobre las medidas que ha tomado por la denuncia contra los once uniformados procesados. El vocero de la institución, Mario Madrid, confirmó que ninguno de estos agentes presta ya servicio en Copan, pero que continúan activos en otros lugares. Sin embargo, sobre los correctivos disciplinarios, la Policía evitó dar una respuesta. Guarda silencio.
