* Expediente Público accedió a un análisis independiente del TREP, que revela varias inconsistencias técnicas.
** A esto se suman la posible alteración del software y la presunta filtración de credenciales confidenciales.
*** Las reacciones de los candidatos y la presión pública muestran que la crisis ya no es solo tecnológica, sino política.
Yarely Madrid / Expediente Público
La noche del 30 de noviembre de 2025 marcó el inicio de una de las peores crisis en la historia electoral de Honduras. El sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), adjudicado al Grupo ASD S.A.S., colapsó en cuestión de horas, dejando al país en dudas en un momento decisivo.
Al principio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la empresa contratada presentaron el percance como un problema de saturación. Sin embargo, luego aparecieron denuncias de posibles alteraciones de software, fallas de infraestructura e, incluso, filtración de las claves del sistema a un funcionario vinculado al consejero Marlon Ochoa, del partido oficialista Libre.
Expediente Público accedió al informe de un análisis independiente al funcionamiento del TREP, en los días cruciales del conteo. El documento muestra posibles inconsistencias técnicas, como el de disponer de un solo servidor, en Hong Kong, para soportar el proceso.
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A este escenario se suman los antecedentes de la empresa. Expediente Público ha documentado ASD tuvo denuncias por presunta manipulación de resultados en Colombia y por supuestas irregularidades en la adjudicación del TREP en Honduras.
Expediente Público envió un correo a Grupo ASD el 2 de diciembre, solicitando una entrevista para este reportaje, pero no hubo respuesta hasta la publicación.
El inicio del colapso
El TREP comenzó a fallar la misma noche electoral, cuando se había transmitido un 57.3% de las actas. La página de divulgación se cayó repetidamente, impidiendo el acceso público a los resultados.
Un especialista en tecnología y seguridad digital, que pidió la reserva de su nombre por seguridad, explicó a Expediente Público que hizo pruebas cuando la página estaba caída y verificó que estaba totalmente desconectada, pues ninguna solicitud enviada al servidor obtuvo respuesta.
A esto se sumó la ausencia completa de servicios esenciales como DNS y HTTP, fundamentales para la operación básica de cualquier plataforma en línea.
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La empresa ASD afirmó haber “restablecido el servicio” cerca de las 17:40 del día siguiente, primero de diciembre, pero un monitoreo independiente compartido por la fuente anónima a Expediente Público muestra no había acceso a la página desde otros países.
De hecho, el equipo de Expediente Público intentó consultar el avance del contero desde Sudamérica, Norteamérica y otros países de Centroamérica, pero la página no se cargaba.
Para el especialista, esto demostraba que el servidor había sido puesto en un “black hole”, técnica mediante la cual se destruyen todas las peticiones antes de llegar al servidor.
Mientras tanto, el CNE intentaba justificar el problema alegando “picos de tráfico”, pero no proporcionaba evidencia técnica que respaldara la versión.
El analista consultado dijo a Expediente Público que ASD carecía de balanceo de carga (que hace que la página no se sobrecargue) y de defensa efectiva contra ataques. ASD dependía, según el experto, de un solo servidor de protección ubicado en Hong Kong, incapaz de responder ante millones de solicitudes.
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Explicó que empresas como Google o Meta utilizan redes mucho más amplias, con cientos de servidores distribuidos globalmente, lo que permite equilibrar la carga y evitar que una sola máquina se sobrecargue.
Esta clase de problemas, de acuerdo con el técnico, se pudo haber arreglado en un par de horas. Añadió que, por esa razón, el apagado del TREP de más de 24 horas respondería a una decisión voluntaria de ASD o a una orden del CNE.
Esto coincide con el anuncio en X que dio la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, a las 14:28 del día posterior a las votaciones, afirmando que el TREP había finalizado y se daría paso a otras fases del conteo. A pesar de este aviso, el sistema se restableció horas después, solo para consultas desde Honduras.
Los límites del análisis
El especialista consultado explicó los límites de su análisis. Indicó que, por la falta de trazabilidad y la opacidad del sistema, no pudo determinar si las actas transmitidas provenían de dispositivos autorizados, con IP seguras y firmas digitales verificables, pues no tuvo acceso a información técnica, bitácoras, ni documentación del sistema.
Afirmó que su análisis fue de “caja negra” y solo pudo observar cómo reaccionaba el servidor desde afuera, sin ver cómo estaba configurado internamente. “No hubo información técnica suficiente para auditar nada”, indicó.
Los antecedentes de ASD
Los problemas con ASD no surgieron en 2025. Investigaciones de Expediente Público revelaron que la empresa había enfrentado denuncias por manipulación de resultados electorales en Colombia, donde actores políticos y expertos identificaron posibles irregularidades en el software y en los mecanismos de transmisión que operaba la compañía.
A ello se sumó otro reportaje que documentó irregularidades en el proceso de adjudicación del TREP en Honduras. El consorcio Expertia–Podernet–Rossmon, que compitió contra ASD, denunció que el CNE seleccionó a la empresa colombiana pese a que su oferta no cumplía varios criterios técnicos establecidos.
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La adjudicación terminó marcada por la opacidad, informes incompletos y decisiones no justificadas. La ciudadanía nunca tuvo acceso a los análisis de riesgo, antecedentes de la empresa ganadora ni informes sobre la capacidad técnica del sistema para soportar la demanda electoral.
Expediente Público solicitó esos documentos al CNE el 8 de septiembre pasado, pero no obtuvo respuesta.
El consorcio competidor también denunció que, pese a pedir toda esa documentación, el CNE no entregó los expedientes de evaluación, lo que impidió conocer por qué la oferta más económica fue descalificada y cómo se asignaron los puntajes.
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La filtración de claves
En medio del caos, el CNE envió un oficio el sábado pasado a un representante de ASD alertándole que un trabajador de su empresa había compartido las claves confidenciales del TREP, destinadas solo a los partidos políticos, a un funcionario ligado a Marlon Ochoa.
El trabajador fue identificado como Leshter Adalid Mendoza Osorio, quien, según el oficio del CNE, había sido vinculado al despacho de Ochoa como parte de su equipo técnico operativo.
Luego de que el hecho salió a la luz, Ochoa afirmó públicamente que el dispositivo entregado a Mendoza contenía contraseñas de 50 computadoras destinadas a la contingencia 2, un proceso posterior al conteo preliminar, pero que estas claves fueron sustituidas de inmediato.
Otros problemas técnicos
Ochoa también informó en un comunicado que la empresa ASD reconoció que en el módulo de divulgación del TREP se detectó un cambio en el hash, que es una huella digital que permite verificar si el software ha sido modificado.
ASD aseguró que, aunque el hash había cambiado, el código fuente no había sido alterado. Sin embargo, los técnicos del CNE no pudieron confirmar que esto fuera cierto.
La empresa también explicó que en otro módulo —el de seguimiento— ocurrió un “error humano”, pues el archivo utilizado para comparar el sistema actual con el que fue sellado el 30 de noviembre no era el archivo correcto, lo que impidió verificar si había discrepancias.
Falta de auditoría independiente
La suma de fallas —caída total del TREP, inconsistencias técnicas, posible alteración del software y filtración de credenciales— configura un colapso integral del sistema electoral digital.
Para el especialista consultado, el diseño del sistema era insuficiente desde su concepción, un solo servidor de protección, sin balanceo robusto, sin red privada virtual para la transmisión y sin mecanismos verificables de seguridad sobre los datos en tránsito.
La similitud con episodios opacos de elecciones pasadas —como el apagón de 2017— profundiza la sensación de repetición histórica. La ciudadanía vuelve a enfrentar un proceso donde la tecnología, lejos de garantizar transparencia, abre más dudas que respuestas.
Sin una auditoría técnica independiente, será difícil determinar el alcance real de las vulneraciones. Mientras tanto, la legitimidad del proceso queda suspendida en un terreno frágil.
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El TREP en el escrutinio especial
El escrutinio especial se activa cuando el TREP no logra procesar actas por inconsistencias, errores de transmisión o fallas de digitalización. En este proceso, el TREP ya no opera como un sistema de divulgación automática; se convierte únicamente en un soporte de referencia que identifica qué actas deben revisarse manualmente.
Las dudas sobre la integridad del TREP han llevado a sectores técnicos y políticos a proponer que el escrutinio especial se realice usando exclusivamente las actas físicas.
Por ejemplo, el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, dijo que no se trata de anular las elecciones, sino de garantizar que “se cuente lo que ya se votó, aunque tarde”.
Señaló que más de 5,000 actas presentan “irregularidades y errores graves”, por lo que pidió una revisión minuciosa, incluso voto por voto, advirtiendo que con el 100 % de las actas físicas en su poder — según su equipo — los datos demostrarían que ganó la elección.
Por su parte, Rixi Moncada, candidata de Libre, fue aún más tajante: su partido “no reconoce” los comicios, acusa “injerencia y coacción” extranjera — especialmente del presidente Donald Trump — y denuncia que el sistema fue “manipulado en su código fuente”.
Los últimos resultados del TREP, con un avance del 99.4% de actas escrutadas, señalan que el candidato por el Partido Nacional, Nasry Asfura, va a la cabeza de la elección con 1,298,835 de votos (40.5%), mientras que Salvador Nasralla, del Partido Liberal, tiene 1,256,428 votos (39.2%), una diferencia entre ambos de 42,407.
Además, durante el escrutinio especial se confrontan tres fuentes como el acta física, el acta digitalizada y el acta transmitida. En circunstancias normales, estas deben coincidir. Pero con un TREP colapsado y con denuncias de acceso no autorizado a credenciales, la única copia con cadena de custodia verificable sería la física.
