* Expediente Público habló con dos víctimas de violaciones sexuales en la Cárcel de Mujeres de El Salvador. Las detuvieron por una denuncia anónima al inicio del estado de excepción.
** La organización Socorro Jurídico Humanitario presentó una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional, el 12 de agosto pasado, por los excesos en las prisiones salvadoreñas.
*** El presidente Nayib Bukele niega que exista violación de derechos humanos en sus centros de detención.
Eric Lemus / Expediente Público
Jesús salió de su casa rumbo al Centro Histórico de San Salvador para hacer videos de sitios turísticos. En el camino, un policía le ordenó alto y le pidió su documentación. Parecía un proceso de rutina, pero todo empeoró.
Jesús cuenta que el uniformado le incriminó por qué lo estaba fotografiando, a lo que él respondió que, si así lo hiciera, eso no era delito. En pocos minutos, afirma, otros oficiales lo rodearon y lo detuvieron por “resistencia al arresto”.
“El policía te detiene en cualquier acera, calle o donde sea, pero si vos te atreves a hacer una media preguntita, para él eso ya es resistencia y te pueden tener tres días preso, pero a mí me tuvieron 11 días”, relató Jesús a Expediente Público.
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El hecho ocurrió a inicios de 2025. La Policía lo encerró en un centro ubicado en la periferia sur de San Salvador conocido como El Penalito, un antiguo cine que estaba bajo jurisdicción de la red de teatros nacionales y que ahora es custodiado por la Policía Nacional Civil (PNC).
Las cárceles de El Salvador
Esta es una de las 25 cárceles salvadoreñas que no aparecen en la propaganda del presidente Nayib Bukele, porque no cuentan con la infraestructura del famoso Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), inaugurado en 2023.
Jesús compartió una de las 16 celdas de El Penalito, donde se hacinan a cientos de detenidos, entre ellos pandilleros que, en teoría, deberían estar en el Cecot. Su estancia describe la maquinaria de encierro que tiene el gobierno salvadoreño.
“Hay celdas que tienen privilegios. La dos es la de los policías corruptos. Ellos son los encargados de pasarte los tres tiempos de comida, de pasarte el paquete (de víveres, medicamentos y ropa) que envía tu familia y de remate te huevean (roban)”, detalló.
“La celda 15 es la de los pandilleros de Apopa (municipio populoso del norte de la capital) y ellos son los que más beneficios tienen. Llevan dos años de estar ahí adentro y no en el Cecot. Hubo uno que estaba enfermo y rápido lo llevaron al hospital; en cambio, a un reo común con heridas en el pie ahí lo dejaron”, recordó.
Muertos en las cárceles de Bukele
Su testimonio sustenta las denuncias que, desde hace tres años, han levantado las organizaciones defensoras de derechos humanos en El Salvador. Una de estas es Socorro Jurídico Humanitario (SJH), que presentó una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional el 12 de agosto pasado. Ahora están a la espera de que la demanda sea admitida a trámite.
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SJH sostiene que se han registrado 435 muertos bajo custodia estatal, en las cárceles, y que cuenta con los informes de las autopsias de todos esos decesos. Afirman que muchas víctimas murieron por edema pulmonar, lo cual podría estar relacionado con posibles torturas.
Además, SJH ha documentado alrededor de 7,000 posibles casos de tratos degradantes, torturas, agresiones sexuales y detenciones arbitrarias.
La organización cuenta con cientos de testimonios de personas capturadas en el marco del régimen de excepción que sobrevivieron al sistema, pese a vejámenes como palizas de bienvenida, inmersión en agua y provocación de vómito.
Abusos sin investigarse
Otras seis organizaciones civiles han reportado un número similar de denuncias de violaciones de derechos humanos en las cárceles salvadoreñas, un total de 6,889 casos ocurridos entre el 27 de marzo de 2022 y el 28 de febrero de este 2025.
La directora de SHJ, Ingrid Escobar, está en el exilio, ya que afirma que enfrentaba seguimiento de vehículos sin identificación y vigilancia constante de agentes del gobierno en las instalaciones de su organización.
Este caso se suma a los arrestos de la abogada Ruth Eleonora López, de la ONG Cristosal, el 19 de mayo, y del constitucionalista Enrique Anaya, el 7 de junio.
Escobar habló con Expediente Público. “Presentamos un informe ante la Corte Penal Internacional donde documentamos las violaciones a derechos humanos en El Salvador durante el régimen de excepción, y en el que están detallados los casos de violencia adentro de las prisiones”, afirmó.
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El régimen de excepción, que fue aprobado el 9 de marzo de 2022 por la Asamblea Legislativa, como una herramienta para desarticular a las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, tiene tras las rejas a más de 85,000 ciudadanos, según el propio Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
El hacinamiento dentro del sistema penitenciario es de 370%, a excepción del Cecot, donde los reos viven en celdas con más espacio. El Salvador tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo con 1,824 por cada 100,000 habitantes.
Nayib Bukele niega violaciones
Bukele afirma que las denuncias de abusos en las cárceles salvadoreñas son mentira. En una reciente alocución se refirió al caso del salvadoreño Kílmar Ábrego García, que fue deportado erróneamente desde Maryland (Estados Unidos) y acabó en el Cecot.
Los abogados de Ábrego sostienen que fue golpeado, privado de sueño y torturado psicológicamente durante los casi tres meses que pasó bajo custodia salvadoreña.
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Bukele fustigó esas afirmaciones y mostró videos de Ábrego comiendo, ejercitándose y trabajando en una piscifactoría. Sin embargo, esas imágenes corresponden a la granja penitenciaria adonde Ábrego fue trasladado después de la visita del senador Chris Van Hollen, el 18 de abril a El Salvador.
Dos testimonios de violencia sexual
Dos víctimas, que serán identificadas como “M” y “N” por su seguridad, accedieron a compartir con Expediente Público lo que sufrieron en los dos años que permanecieron en la Cárcel de Mujeres. La Policía las detuvo al principio del régimen de excepción, por una denuncia anónima.
“N” dice que al inicio fue llevada a una bartolina policial donde sufrió tocamientos y acoso constante, especialmente en las noches, cuando los agentes sacaban a las mujeres de las celdas.
“Algunas regresaban llorando y uno sabía qué les había pasado… a mí solo me obligaron a tocarlos, pero, después, cuando me enviaron a Cárcel de Mujeres, ahí los custodios hicieron lo que quisieron… a veces me tiraban toallas sanitarias como si fuera un premio”, se lamenta.
“M” relata que a ella la golpearon muchas veces hasta que un día la violaron porque ya no le quedaban fuerzas para defenderse.
“Era como si me estuvieran preparando porque me ponían a hacer sentadillas, a correr, a hacer flexiones. Cuando ya no podía más, me gritaban que siguiera y siguiera. Me desmayé varias veces y así fue como recuerdo que un día me llevaron aparte… y se reían”, solloza M.
“Conocí a otras compañeras que eran víctimas de los custodios y que, por sexo, recibían los kótex (toallas sanitarias), papel higiénico y accesorios de higiene… Era bien triste recordar cómo molestaban a las más jovencitas”, recuerda.
El dolor la acosa hasta ahora, que está libre. Cuenta que, cuando encuentra a policías o soldados en la calle, siente que la miran como si supieran de los abusos que vivió. “Me siento mal y me da miedo de que me vuelvan a capturar”, señala.
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Denuncias de venezolanos en el Cecot
El Cecot es una cárcel de máxima seguridad creada en enero de 2023 con capacidad para 40,000 reclusos. Bukele la ofreció al gobierno de los Estados Unidos en febrero de este 2025 como lugar de arrendamiento penitenciario para encerrar a 252 venezolanos deportados de ese país.
Después de cuatro meses encerrados en El Salvador, todos fueron transferidos a Venezuela el 18 de julio, tras una negociación entre Washington y Caracas. A cambio, el régimen de Nicolás Maduro entregó a diez estadounidenses que habían sido detenidos.
Los testimonios de los venezolanos liberados también dieron cuenta de los abusos cometidos adentro de la cárcel. Denunciaron tortura, tratos degradantes, privación del sueño y abuso sexual.
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El relato de Andry Hernández, que por su orientación sexual pidió asilo en EE. UU. tras cruzar la frontera con México, reveló a medios internacionales el uso que la policía daba a la celda de castigo conocida como “la isla”.
El espacio claustrofóbico tiene dos metros cuadrados, una cama de concreto y una letrina junto a una pileta donde cae agua de la que deben beber y utilizar para asearse. El lugar no tiene energía eléctrica. Solo un pequeño tragaluz rompe la oscuridad. Ahí fue abusado sexualmente, denunció Hernández.
El exdiplomático venezolano Walter Márquez afirmó a Expediente Público que acudirán a la justicia internacional para denunciar los abusos cometidos en El Salvador. “Recurriremos a la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, por la responsabilidad personal de Bukele y la cadena de mando responsable de esas detenciones arbitrarias”, anunció.
Márquez, quien es presidente de la fundación venezolana El Amparo, fue diputado en la Asamblea Nacional venezolana por el estado Táchira y viajó a El Salvador a defender la causa de los detenidos en el Cecot.
Régimen de excepción con vigencia excesiva
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió este 14 de agosto pasado un pronunciamiento para mostrar su inquietud por la situación salvadoreña, a más de tres años de la medida que eliminó todas las garantías constitucionales.
Si bien el organismo reconoce que el gobierno de Bukele tuvo éxito con la disminución de homicidios, “reitera su preocupación por la prolongación indefinida y la indebida aplicación del régimen de excepción (…) e insta al Estado a adoptar las medidas pertinentes para su terminación”.
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A la Comisión le preocupa que la normativa está siendo aplicada en situaciones que no tienen relación con “la lucha contra la criminalidad organizada”, especialmente por la captura de abogados y defensores de derechos humanos como Enrique Anaya, Ruth López, Alejandro Henríquez, José Ángel Pérez y Fidel Zavala.
Jesús, cuya experiencia fue relatada al principio, repasa los nombres de esos presos con angustia ahora que está en libertad. Es contradictorio, pero siente alivio de haber permanecido solo once días de encierro injustificado. Reflexiona: “No me encontraron ningún antecedente ni ningún registro de delito. Nada de nada, por más que buscaron. Ahora, si me vuelven a capturar por esto que le estoy contando, entonces me convertiría en preso político. Y espero que no…”.
