* El Congreso de Estados Unidos celebró una audiencia para evaluar la credibilidad del proceso de las elecciones generales en Honduras.
** Expertos citados por el Subcomité de Relaciones Exteriores advirtieron a los legisladores sobre la debilidad institucional de Honduras.
** Legisladores demócratas y republicanos expresaron su preocupación y pidieron a la ciudadanía hondureña participar y vigilar los resultados.
Expediente Público / Washington
El Subcomité de Asuntos Exteriores para el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos celebró el 20 de noviembre, una audiencia especial para analizar el estado del proceso electoral hondureño, el cual culminará con los comicios generales del próximo 30 de noviembre.
La sesión, denominada «Democracia en peligro: la lucha por elecciones libres en Honduras», fue convocada por la congresista republicana María Elvira Salazar, presidenta del Subcomité y una de la voces más activas del Congreso en temas de democracia y derechos humanos en América Latina.
Salazar dijo que los hondureños “no votarán por un nombre (en la papeleta) sino por un futuro”. Agregó que la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos y del Subcomité, como parte del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, es “velar por que en Honduras prevalezca la libertad y la democracia”.
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“En este momento, los electores hondureños están en una encrucijada y deben pensar bien por quién van a votar”, advirtió, aclarando que no se trata de inducir al voto por ningún partido en contienda, sino de alertar a la población para evitar problemas futuros, como ha ocurrido con Venezuela y Nicaragua.
Alerta por militares
En Washington se han activado las alarmas ante el rol protagónico que han tomado las Fuerzas Armadas hondureñas en el proceso electoral.
El 23 de octubre, el comandante general de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, solicitó el acceso a las actas electorales a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall. Ella emitió un oficio señalando que las Fuerzas Armadas no tenían potestad para ello.
Al respecto, la congresista Salazar cuestionó: “¿De cuándo acá los militares tienen que estar contando votos?”.
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Salazar afirmó que que los legisladores estadounidenses han recibido advertencias de que las Fuerzas Armadas hondureñas estarían administrando información de los electores para gestionar los resultados.
“Este comité está enviando un mensaje contundente y claro a las Fuerzas Armadas, respaldado por el Departamento de Estado y por la administración del presidente Donald Trump, que Honduras tiene que celebrar elecciones libres, justas y transparentes (…) EE. UU. tiene puestos sus ojos este 30 de noviembre en Honduras”, apuntó Salazar.
Por su parte, el jefe de la minoría demócrata en el Subcomité, Joaquín Castro, dijo que la administración Trump ha descuidado los asuntos del Hemisferio Occidental concentrando su política en presionar a los países y recortar la cooperación.
El legislador increpó al Departamento de Estado por negarse a enviar un funcionario activo del servicio exterior para testificar en la audiencia y ofrecer la perspectiva de la administración Trump sobre Honduras.
“Tener unas elecciones libres es responsabilidad de todos (en Honduras): del gobierno, de los partidos de oposición, de las autoridades electorales, de los militares, de los actores económicos”, advirtió Castro.
Testigos ven debilidad institucional
La audiencia contó con tres expertos en política regional y procesos electorales: Carlos Trujillo, exembajador de EE. UU. ante la Organización de Estados Americanos (OEA); Deborah Ullmer, directora para América Latina del Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés); y Enrique Roig, vicepresidente de Asuntos Externos de Human Rights First.
Sus testimonios pusieron en perspectiva el panorama hondureño y la encrucijada de estas elecciones marcadas por la creciente tensión entre instituciones nacionales garantes del proceso, así como la desconfianza ciudadana.
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El exembajador Trujillo dijo que el gobierno de Xiomara Castro es en gran parte responsable del ambiente tenso que marca la recta final de las elecciones, al haber “institucionalizado una ideología extrema” en el aparato público.
Agregó que hay indicios claros de que el partido de gobierno apuesta por un “intento sistemático de manipular el resultado electoral” del domingo 30 de noviembre.
El exdiplomático advirtió a los legisladores que otro aspecto crítico es la incursión del Ministerio Público de Honduras, dirigido por el fiscal general Johel Zelaya, cercano al gobierno, pues esta institución adelanta una investigación para presentar cargos penales contra funcionarios de partidos de oposición en el CNE para sustituirlos.
Añadió la preocupación de que dentro del Congreso Nacional existan maniobras para permitir reemplazar a los representantes del CNE judicializados para sustituirlos por actores “alineados” al oficialismo.
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Trujillo expresó, además, que existen “amenazas de muerte y presiones judiciales” contra los funcionarios electorales para forzarlos a dejar los cargos.
De interés estratégico para EE. UU.
La experta Deborah Ullmer, del NDI, explicó a los congresistas que el panorama político de Honduras está marcado por una “desconfianza profunda”, que inició en la crisis institucional que atravesó el país en 2009 con el golpe de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya, esposo de la actual mandataria.
Agregó la presión que ejerció el segundo mandato de Juan Orlando Hernández, que desembocó en la violencia extrema de las elecciones de 2017, y los problemas logísticos recientes de las primarias de marzo de este año.
La experta, que viajará a Honduras en misión observadora de los comicios, dijo que el proceso no está perdido y que todavía queda espacio para ver una “elección creíble y transparente” si los actores políticos respetan el mandato del CNE y del Tribunal Judicial Electoral (TJE).
También habló de la necesidad de que se respete la observación independiente de los comicios y que se publiquen los resultados “verificados” mesa por mesa para tranquilizar a la ciudadanía.
Urgió madurez política de todos los actores involucrados ante la tensión acumulada, para culminar el calendario electoral en ese país.
“Esta votación determinará mucho más que quién gobierne Honduras. Moldeará la estabilidad del país durante los próximos años e influirá en la seguridad regional y los intereses estratégicos de Estados Unidos en Centroamérica. Unas elecciones creíbles en Honduras son esenciales para evitar una mayor inestabilidad política”, puntualizó Ullmer.
Crimen organizado activo
El experto en derechos humanos Enrique Roig dijo al pleno de Subcomité que Honduras se avoca a elecciones lastrado por una creciente polarización, un legado de procesos irregulares y un sistema de justicia debilitado “por la manipulación política y la infiltración del crimen organizado”.
Para Roig, el gobierno estadounidense ha llegado “un poco tarde” para atender lo que está pasando en Honduras, cuando la elección está a las puertas.
Este exdiplomático criticó que la administración Trump se ha enfocado más en deportaciones masivas y combate a la droga. Advirtió que “existen otros intereses de seguridad nacional en juego que requieren una mayor vigilancia”, entre estos, el proceso electoral en curso.
Señaló que la Unión Europea y la Misión de Observación Electoral de la OEA están llenando ese vacío dejado por Estados Unidos.
Legisladores de ambos partidos, Demócrata y Republicano, manifestaron la importancia de garantizar unas elecciones libres y justas y que se respete la voluntad del pueblo hondureño.
Al cerrar la sesión, la congresista Salazar dijo que existe una clara postura de ambos partidos, alineada a favor de que Honduras haga cumplir el derecho ciudadano a elegir libremente a sus gobernantes y sin manipulación para preservar la democracia.
Una elección decisiva con el país en alerta
Más de 6.5 millones de hondureños están llamados a votar el próximo para elegir presidente, 128 diputados, 298 corporaciones municipales y 20 representantes al Parlamento Centroamericano.
Sin embargo, la recta final del proceso está marcada por fuertes pugnas interinstitucionales involucradas en el proceso lo que aumenta la incertidumbre entre la ciudadanía.
Estos conflictos han generado preocupación dentro y fuera del país. Diferentes organizaciones de sociedad civil hondureña han viajado incluso a Washington para acompañar la audiencia y han advertido que la falta de claridad en el proceso podría “dañar la confianza ciudadana y abrir espacio a cuestionamientos postelectorales”.
Europa: “preocupación” por el marco institucional
La Unión Europea, a través de una declaración emitida el martes pasado, expresó su seria preocupación por “los recientes acontecimientos que afectan el marco institucional y la preparación de las elecciones (hondureñas)”.
El bloque del viejo continente pidió permitir que las instituciones electorales operen de manera independiente, que se garantice la transparencia y credibilidad y que se asegure un ambiente estable, inclusivo y pacífico.
Además, la Unión Europea confirmó el despliegue de una Misión de Observación Electoral (MOE-UE), enviada tras una invitación formal del gobierno hondureño y el CNE.
Así también, la OEA, a través de su jefe de Misión Electoral en Honduras, Eladio Loizaga, ha rechazado los intentos del Ministerio Público de judicializar el proceso electoral, abriendo investigaciones penales contra los miembros del CNE.
Con instituciones en conflicto, actores políticos enfrentados y una ciudadanía escéptica, la elección hondureña del 30 de noviembre se desarrolla bajo una creciente atención internacional.
