* Expertos abordados por Expediente Público rechazan el precepto de “no injerencismo” en el cual se basa la presidenta hondureña Xiomara Castro para no denunciar ni condenar las violaciones a Derechos humanos cometidos en países como Nicaragua.
** El silencio que caracteriza al gobierno en Honduras de la familia Castro ante las arbitrariedades que comete el país vecino Nicaragua, es tomado por expertos como “una empatía” que desde hace años le guardan a Daniel Ortega.
Expediente Público
El gobierno de Xiomara Castro Castro, antes de convertirse en el oficialista partido gobernador, se caracterizaba por denunciar los atropellos y salvajadas que se cometían tanto en lo interno como externo del país, pero ahora, según comentarios de los hondureños, no solo se han convertido en todo lo que criticaban, sino que también callan ante los crímenes y violaciones a los derechos humanos que se cometen en países vecinos como Nicaragua.
Los comicios municipales que se llevaron a cabo en Nicaragua, el pasado domingo 6 de noviembre, que fueron evidentemente “antidemocráticas” y con un sinfín de irregularidades detectadas en su proceso, no han sido reconocidas por la comunidad internacional.
“La ausencia de condiciones para la realización de elecciones municipales libres, justas y competitivas en Nicaragua, por lo que urge al Estado a restablecer las garantías y libertades democráticas propias de un Estado democrático de derecho mediante la separación de poderes y el cese de la represión”, expresó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Más no ha habido un pronunciamiento sobre dichas elecciones por parte del gobierno hondureño.
Expediente Público no logró una respuesta de la Cancillería hondureña sobre el resultado de las elecciones municipales en Nicaragua, donde el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se tomó las 153 alcaldías del país e instauró el sistema de partido único.
Ese silencio y abstención que ha formado parte de la personalidad jurídica del actual gobierno de Castro, es justificado por algunos sectores como “no intervención e injerencismo”, sin embargo, entrevistados lo califican como “complicidad, compromiso y lazos de amistad” que le impiden a la familia Zelaya expresarse mal de su líder y amigo, Daniel Ortega.
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Bandera de “no injerencismo”
Para el analista hondureño Raúl Pineda, entrevistado por Expediente Público, “Honduras ha levantado, recientemente, una bandera del no injerencismo”.
A consideración de Pineda, el gobierno hondureño debe abstenerse de emitir cualquier opinión oficial relacionada con los comicios municipales en Nicaragua, “independientemente de que nos gusten o no, porque eso abriría el espacio para que otros países intervengan en temas domésticos de Honduras”, refirió
Añadió que pronunciarse ante un tema como el de Nicaragua, “corresponde más bien a organismos multilaterales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y no a gobiernos particulares”.
Compromisos tras silencio de Castro
La familia Zelaya es aliada política del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, desde hace décadas. Los lazos entre las familias se volvieron más fuertes y estrechos desde que Ortega, acogió y brindó asilo político en su país, Nicaragua al expresidente Zelaya, víctima del golpe de Estado del 2009.
En ese sentido, Castro llevó a cabo una conmemoración a ese suceso que marcó un hito a la historia de Honduras, en el cual otorgó reconocimientos a personajes que participaron y apoyaron a la familia en ese entonces, y uno de los cuales fue Ortega, a quien le envió una placa como símbolo de agradecimiento por su “apoyo contra el golpe”:
“La presidencia de la república otorga el presente reconocimiento al presidente de la República de Nicaragua, José Daniel Ortega Saavedra, por su apoyo a la democracia y a la resistencia del pueblo hondureño contra el golpe de Estado de 2009, que derrocó al gobierno democrático del presidente José Manuel Zelaya Rosales”, se lee en la placa.
Ese vínculo es el que, según diversas opiniones, impide que Honduras actúe ante las acciones arbitrarias que comete el gobierno nicaragüense y no demuestre ni un ápice de preocupación ante las acusaciones de crímenes de lesa humanidad contra la población que han documentado y denunciado organismos de derechos humanos.
“Puede ser cierta empatía la que quizás trae consigo la señora Castro en relación a todo el apoyo que recibió Manuel Zelaya de Ortega en el golpe de Estado” así lo percibió a Expediente Público una abogada nicaragüense que habló en condición de anonimato por su seguridad.
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Callar ante acciones arbitrarias igual a “complicidad”
“Honduras comete un error en tener una postura un poco más a conveniencia y tratar de conservar aliados políticos por sobre los principios democráticos porque eso implica que no hay coherencia y si no hay coherencia entonces eso pone en duda también la vocación democrática de este gobierno”, expresó a Expediente Público el abogado hondureño Rafael Jerez.
Asimismo, consideró la importancia en el que las autoridades del país se pronuncien sobre lo que ocurre en Nicaragua y sus pasadas elecciones municipales. Esto para evitar que los demás países de la región centroamericana imitan el mismo camino continuista que caracteriza al régimen de Ortega.
A criterio de Jerez, cuando los estados y sus representantes no asumen la votación democrática no solo lo interno, sino que también a lo externo, “definitivamente se convierten en cómplices de lo que pasa en otros países que cuyos ciudadanos necesitan de lo que puede brindar la cooperación internacional para tratar de revertir la situación”, puntualizó.
Al igual que Jerez, la abogada nicaragüense coincide en que cuando se están violentando derechos humanos en un país, no se puede justificar el “no injerencismo para actuar como una especie de cómplice o para pasar por alto todo lo que está ocurriendo”.
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Xiomara Castro y su silencio “selectivo”
En entrevista con Expediente Público, la diputada por el Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza aludió al silencio de Castro ante los sucesos propiciados en Nicaragua, como una situación “preocupante”.
“Mi opinión es que si la señora presidenta no opina sobre Nicaragua que es una es un país vecino, pero se pronuncia cuando hay elecciones en Brasil indudablemente ella tiene una posición ideológica muy clara”, dijo Espinoza.
De la misma forma, la diputada percibe que la bandera de no injerencia que tanto elevan, tiene un toque “selectivo”, porque recuerda haber visto a algunos funcionarios del gobierno pronunciarse de manera selectiva. “Entonces no hacer injerencia implica tratar a todos los demás países por igual”, estimó.
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Por su parte, mencionó que como demócrata rechaza cualquier modelo que comporte una autocracia, esencialmente una “dictadura como es en el caso de Nicaragua”, y ve con preocupación y recelo que hay una permanente violación de los derechos humanos en el país.
“En el concierto de las naciones, todos los estados están en el deber de denunciar violación de derechos humanos porque significa confrontar convenios internacionales de los cuales somos parte”, finalizó.
