* Fuentes del Ministerio Público informaron a Expediente Público que la fiscal general Consuelo Porras y el fiscal Rafael Curruchiche se alistan para postularse.
** Otros posibles aspirantes son el exprocurador general Jorge Luis Donado y el abogado conservador Raúl Falla.
*** La Comisión de Postulación deberá integrarse a más tardar en marzo del próximo año.
Marysabel Aldana / Expediente Público
La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, concluirá su mandato en mayo del próximo año y el país se prepara para un nuevo proceso de elección para ese cargo, que promete ser uno de los más observados en la historia reciente.
Desde ya comienzan a circular nombres de quienes podrían aspirar a dirigir el Ministerio Público (MP) durante los subsiguientes cuatro años.
La función de Fiscal General no solo implica la jefatura de la institución encargada de la persecución penal, sino también un papel crucial en la lucha contra la corrupción, la independencia judicial y el respeto al Estado de Derecho. Por eso, los rostros que se perfilan para ocuparlo despiertan análisis, cuestionamientos y expectativas tanto dentro como fuera del país.
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Entre los nombres que suenan se encuentran la propia Consuelo Porras; Rafael Curruchiche Cucul, titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI); Jorge Luis Donado Vivar, exprocurador general de la Nación; y Raúl Falla Ovalle, abogado y representante de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT).
Todos ellos reúnen experiencia en el ámbito jurídico, pero también arrastran críticas y controversias que marcarán la evaluación de la Comisión de Postulación, la cual deberá ser integrada en marzo del año siguiente para examinar a todos los aspirantes y escoger a seis elegibles que pasarán a la decisión final del presidente Bernardo Arévalo.
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Consuelo Porras, la actual fiscal bajo escrutinio internacional
María Consuelo Porras Argueta nació en 1953 en San Juan Comalapa, Chimaltenango. Es abogada y notaria por la Universidad de San Carlos de Guatemala y ha desempeñado cargos relevantes dentro del sistema judicial.
Fue magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad entre 2016 y 2020, además de magistrada de Sala de Apelaciones.
Porras fue designada como fiscal general en 2018 por el entonces presidente Jimmy Morales y reelegida en 2022 por el expresidente Alejandro Giammattei.
Durante su gestión, ha enfrentado múltiples críticas por el rumbo que tomó el Ministerio Público, especialmente con respecto a la persecución de casos de corrupción y el trato a operadores de justicia.
La Fiscalía archivó los casos de La Alfombra Mágica, en el que estuvo involucrado Giammattei, y el de las propiedades adquiridas por Miguel Martínez, cercano a ese mismo expresidente.
Su nombre figura en la Lista Engel de Estados Unidos y ha sido sancionada por Canadá y la Unión Europea bajo acusaciones de obstaculizar la justicia y debilitar la democracia. A pesar de ello, Porras ha defendido su gestión y asegura que ha actuado dentro de la ley, sin ceder a presiones políticas.
La fiscal no ha confirmado públicamente si buscará un tercer mandato. Sin embargo, algunos fiscales y allegados a Porras mencionaron a Expediente Público que ya está alistando sus documentos para participar.
Expediente Público solicitó una entrevista a la Dirección de Comunicación Social del MP, pero mencionaron que la agenda de la Fiscal General está sobrecargada y que por ello no podía atender la petición.
Rafael Curruchiche, de la FECI al centro de la polémica
Otro de los nombres más mencionados es el de José Rafael Curruchiche Cucul. Nacido en San Benito, Petén, en 1970, se graduó como abogado en 2011 y obtuvo una maestría en derecho penal. Inició su carrera dentro del MP en fiscalías municipales y posteriormente en la Fiscalía de Delitos Electorales.
El 3 de agosto de 2021, la fiscal Porras lo designó como jefe de la FECI, en sustitución de Juan Francisco Sandoval. Desde entonces, ha impulsado investigaciones que involucran a funcionarios de alto nivel, incluido el presidente Bernardo Arévalo y su hermano, bajo las sospechas de un presunto nepotismo.
Curruchiche también fue incluido en la Lista Engel por supuestamente obstaculizar investigaciones de corrupción y presentar denuncias espurias contra jueces, fiscales y periodistas. Diversos sectores lo acusan de haber utilizado el poder del MP con fines políticos, mientras que él defiende su labor como una lucha contra lo que considera “estructuras paralelas” en el sistema judicial.
En sus redes sociales, Curruchiche se hace llamar el Fiscal del Pueblo. Ahí ha escrito que su vocación es servir, aunque no ha confirmado que quiera participar para ser Fiscal General. Fuentes allegadas a él mencionaron a Expediente Público que esta campaña es para fomentar su nombre entre los integrantes de la Comisión de Postulación.
Expediente Público acordó una entrevista con Curruchice, pero en varias ocasiones canceló la cita.
Jorge Luis Donado, un rostro con trayectoria institucional
El abogado Jorge Luis Donado Vivar, nacido en Guatemala en 1965, también figura entre los posibles aspirantes. Graduado como abogado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, cuenta con más de dos décadas de experiencia en el campo jurídico.
Ha sido fiscal de sección contra el crimen organizado, asesor del Consejo Nacional de Seguridad y subdirector de Investigaciones Criminalísticas. En 2018, fue designado Procurador General de la Nación durante el gobierno de Jimmy Morales, cargo que ocupó hasta 2022.
Donado ya participó como candidato en la elección anterior de Fiscal General. En aquella ocasión fue señalado por haber omitido en su hoja de vida la defensa legal de una persona vinculada a la familia Mendoza Matta, acusada de presunto lavado de dinero por tener empresas que supuestamente se dedicarían a esconder dinero de narcotraficantes.
Aunque nunca se probó una falta legal, el episodio afectó la imagen de Donado. Ahora se dedica a litigar en casos particulares.
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En una entrevista con Expediente Público, Donado no descartó la posibilidad de postularse para dirigir al Ministerio Público. Mencionó que, aunque todavía faltaba mucho tiempo para el proceso, primero lo tendría que analizar por el contexto político del país.
“No sé qué tanto vale la pena competir por dirigir al Ministerio Público, una institución que necesita credibilidad en estos tiempos”, mencionó.
Sin embargo, al finalizar la entrevista señaló que todavía tenía en orden, completos y a la mano, los documentos que utilizó para postularse en 2022.
Raúl Falla, el abogado vinculado a la Fundación Contra el Terrorismo
El cuarto nombre que ha tomado fuerza es el de Raúl Falla Ovalle, nacido en la ciudad de Guatemala en 1963, abogado y representante legal de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT).
Esta organización es conocida por su posición ultraderechista. Fue promotora de la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y ha sido querellante de adhesivo en procesos contra periodistas y defensores de Derechos Humanos.
Falla es cercano a los sectores conservadores y ha sido aliado del presidente de la FCT, Ricardo Méndez Ruiz, quien denunció al periodista encarcelado José Rubén Zamora por presunto lavado de dinero y fue uno de los primeros en señalar al presidente Arévalo.
El trabajo de Falla se ha enfocado en la defensa de exmilitares y funcionarios señalados por casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
Falla ha encabezado denuncias contra jueces, exfiscales y periodistas, y se ha mostrado abiertamente en contra del legado de la CICIG. Organizaciones de derechos humanos lo acusan de promover campañas de desprestigio y de impulsar procesos judiciales para acallar a críticos del gobierno de Giammattei.
En una entrevista con Expediente Público, el abogado comentó que varias personas le han solicitado que se postule para el cargo, argumentando que podría devolverle la institucionalidad al MP.
“Sí lo he pensado. No puedo confirmar o descartar mi participación, pero estoy consciente que como guatemaltecos se nos exigirá servir al frente de algo y, si me están llamando a mí, ¿quién soy para negarme?”, manifestó.
El marco legal y los requisitos
De acuerdo con la Constitución Política de la República, la Ley Orgánica del Ministerio Público y la Ley de Comisiones de Postulación, los aspirantes deben cumplir con una serie de requisitos formales y éticos.
Entre ellos destacan: ser guatemalteco de origen, abogado y notario colegiado activo; tener al menos 40 años; haber ejercido la profesión por diez años o completado un período como magistrado de Corte de Apelaciones; y poseer reconocida honorabilidad.
Además, se establece que los candidatos no deben tener sanciones firmes que afecten su credibilidad ni haber asesorado a personas vinculadas con actos de corrupción. Estos criterios, junto con la experiencia profesional y la solvencia moral, son los principales parámetros que evalúa la Comisión de Postulación al momento de elaborar la nómina final de seis candidatos.
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¿Cuándo se conformará la Comisión de Postulación?
La Comisión de Postulación es la encargada de recibir expedientes, evaluar los méritos, resolver impugnaciones y proponer al presidente de la República una lista de seis aspirantes.
Según la ley, debe integrarse al menos 60 días antes de que finalice el mandato de la actual Fiscal General, lo que significa que debería conformarse a más tardar en marzo de 2026.
El organismo estará integrado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien lo presidirá; los decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de todas las universidades del país; y los presidentes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y del Tribunal de Honor del mismo colegio.
Tras su conformación, la Comisión deberá publicar una convocatoria en medios de comunicación; recibir y evaluar los expedientes; realizar entrevistas y aplicar una tabla de gradación que pondera aspectos académicos, éticos y profesionales.
Finalmente, el presidente de la República deberá elegir de entre los seis candidatos propuestos a quien encabezará el MP por los próximos cuatro años.
Los desafíos del proceso
Para analistas consultados, el reto más grande será garantizar la independencia y transparencia del proceso. Marcelo Vides, catedrático universitario especializado en Derecho Constitucional, explicó a Expediente Público que “la credibilidad de la Comisión de Postulación será determinante porque la elección del Fiscal General no puede estar condicionada por intereses políticos o económicos, como ha ocurrido en el pasado”.
El analista político Virgilio Rodríguez señaló a Expediente Público que “la presión de la comunidad internacional será más fuerte que nunca, sobre todo si vuelven a aparecer nombres vinculados a sanciones o a la Lista Engel”. Agregó que la reacción de la ciudadanía y de los organismos internacionales podría incidir en la percepción de legitimidad del futuro Fiscal General.
Por su parte, Clara Medina, académica en Derecho Internacional de la Universidad de San Carlos opinó que el proceso debería poner énfasis en la honorabilidad y la ética, más allá de los méritos técnicos.
“Guatemala necesita una figura que no solo tenga conocimiento legal, sino que inspire confianza y actúe con independencia. Sin ese equilibrio, el Ministerio Público seguirá enfrentando desconfianza ciudadana”, manifestó a Expediente Público.
Y agregó: “El próximo proceso pondrá a prueba la madurez institucional de Guatemala y la capacidad de la sociedad civil para exigir un proceso transparente”.
Con cuatro nombres que ya resuenan en el ámbito político y jurídico, el panorama se perfila complejo. Todos tienen experiencia, pero también cuestionamientos. La responsabilidad recaerá, una vez más, en la Comisión de Postulación y en el Ejecutivo, que deberán demostrar que la elección de quien dirija el Ministerio Público no responde a intereses particulares, sino al compromiso con la justicia y el país.
