* ¿Quién es Yaudet Burbara, el empresario que busca Alcaldía de San Pedro Sula, señalado por supuestos lavado de activos y evasión fiscal?
** Burbara acumula 15 años en el Congreso, pese a ser un diputado improductivo.
*** La Fiscalía también lo investiga por presunta malversación de fondos públicos.
Expediente Público
El cuatro veces diputado Yaudet Burbara Canahuati busca dar el salto a la alcaldía de San Pedro Sula. Heredero de uno de los grupos empresariales más influyentes del norte de Honduras, su nombre apareció en 2021 en los «Pandora Papers» como presunto evasor fiscal. Cuatro años más tarde, es la apuesta del Partido Nacional para intentar frenar la reelección del alcalde liberal Roberto Contreras en la capital industrial del país.
Burbara es uno de los rostros políticos más visibles de la élite económica sampedrana, en una ciudad que concentra el 53% de las empresas de Honduras. Congresista desde 2010, se ha consolidado como uno de los principales engranajes del sector privado para mantener e incrementar su influencia dentro del Estado.
Su familia, de origen palestino, consolidó su poder económico desde la década de los ochenta, tejiendo alianzas con sectores vinculados a la generación de energía, la importación y distribución de alimentos, los medios de comunicación, la hostelería y la banca, entre otros rubros.
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A los 39 años, en el 2010, Burbara inició su carrera política al llegar al Congreso Nacional, acompañado como suplente por Marco Handal Cubero, también miembro de la élite empresarial. Desde entonces acumula cuatro periodos legislativos consecutivos, pese a tener una baja asistencia a las sesiones.
En 2024, Burbara se postuló a la alcaldía de San Pedro Sula, bajo las planillas del movimiento del presidenciable Nasry Asfura. En las elecciones primarias derrotó a Armando Calidonio, exviceministro de Seguridad (2010-2014) y exalcalde sampedrano (2014-2022), actualmente investigado por el Ministerio Público por presuntos vínculos con el narcotráfico.
De ganar la alcaldía, Burbara, también investigado por supuestos actos de corrupción, administraría un presupuesto cercano a los 4,6 mil millones de lempiras (US$184 millones).
Un diputado improductivo y cuestionado
En sus quince años en el Congreso, Burbara ha destacado más por sus ausencias que por sus aportes legislativos. Según datos de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), en 2024 asistió apenas a una de las 15 sesiones del pleno. Y en 2020 figuró entre los 20 diputados sin ninguna producción legislativa.
Más que presentar mociones o proyectos, su labor consiste en respaldar las líneas partidarias. En 2012, votó a favor de la destitución de cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), un hecho que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó como un «golpe técnico» al Poder Judicial.
En 2020, también votó por la eliminación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), luego de que esta, en cuatro años de trabajo bajo la coordinación de la Organización de Estados Americanos (OEA), acusara a 80 diputados o exdiputados por presuntos actos de corrupción.
Un año después, en 2021, respaldó la creación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES), una de las iniciativas más controvertidas del expresidente Juan Orlando Hernández, que abrió la puerta a la instalación de «gobiernos locales» controlados por empresarios extranjeros.
En enero de 2025, la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) del Ministerio Público presentó ante la CSJ pruebas contra 24 diputados, entre ellos Burbara, por presunta malversación de fondos públicos, corrupción y lavado de activos, en el caso denominado «Fondo Departamental 3.0».
Con este caso, la UFERCO indaga el uso del presupuesto asignado a los diputados mediante el entonces Fondo de Desarrollo Departamental, hoy denominado Fondo Social Departamental. Hasta ahora no se han presentado imputaciones, pero el proceso continúa y abarcaría a unas doscientas personas bajo investigación.
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Pandora Papers y negocios con el Estado
La influencia económica de la familia Burbara Canahuati se extiende a múltiples sectores: comercio (Comisariato Los Andes), bienes raíces (Inversiones del Carmen S. A), generación de energía (Compañía Hidroeléctrica Cuyamel S.A.), hotelería (Hotel Ensenada), comunicaciones (Difusora Hondureña de Comunicaciones), servicios de recursos humanos (Servicios de Contratación de Personal S de R. L. de C. V. ) e incluso en el deporte, como dirigentes del equipo de fútbol Real España.
En 2021, este candidato figuró entre los once hondureños mencionados en los Pandora Papers. Los documentos filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) demostraron que en 2015 solicitó a una firma panameña que administre dos sociedades offshore en las Islas Vírgenes Británicas: Splendid Advisors Corp. y Universal Consultants Trading Inc., en las que él y su madre, Naval Nayib Canahuati, aparecían como directores y beneficiarios.
La presencia de su madre es habitual en los negocios familiares. Tras la muerte en 2015 del padre del candidato, el consejo administrativo de este grupo es encabezado por Naval Canahuati, una figura reconocida en los círculos sociales de la élite empresarial sampedrana, también fundadora de la Iglesia Ortodoxa de Honduras, liderada por el presidente la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Karim Qubain.
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Aunque tener sociedades en un paraíso fiscal no es ilegal, como funcionario público, Burbara está obligado a declarar su patrimonio ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC). El último registro disponible, de 2010, muestra que Burbara incumplió con la disposición al no presentar su declaración.
Pese al escándalo de los Pandora Papers, ni el Ministerio Público ni el Servicio de Administración de Rentas señaralon a Burbara por irregularidad alguna.
Cinco días después de la filtración, el Congreso reformó la Ley de Lavado de Activos, estableciendo que la revisión de la información financiera solo podía realizarse con autorización judicial, limitando la capacidad de la Fiscalía para investigar. En esa misma sesión se eliminaron las sanciones para los candidatos y partidos políticos que no presenten informes del estado y liquidación de sus finanzas. Burbara votó a favor de ambas reformas.
La familia Burbara también se ha beneficiado con negocios directos con el Estado. Entre 2016 y 2019, el Hotel La Ensenada recibió diez contratos por un total de 4,7 millones de lempiras (US$205 mil) del Congreso Nacional, pese a que la Ley de Contratación del Estado prohíbe que funcionarios o sus familiares participen en contrataciones públicas.
Una presunta vinculación con el narco
En 2022, la detención en Miami de la hondureña Kemsy Torres, condenada a 37 meses de prisión por lavar US$1,8 millones provenientes de varios narcotraficantes, puso a Burbara bajo sospecha.
Fuentes de inteligencia hondureñas señalaron a varios medios de comunicación que Torres tenía presuntos vínculos con dirigentes nacionalistas, como el entonces presidente del partido, David Chávez, y el diputado por Cortés, Yaudet Burbara.
Chávez negó conocer a Torres, pero en las redes sociales circuló una fotografía en la que aparecían juntos.
Sobre Burbara trascendió en los medios que mantendría una amistad con Torres y que ambos serían cercanos a Christian Suazo, también condenado en Estados Unidos por lavado de activos. El legislador nunca se pronunció sobre la información publicada ni fue citado por las autoridades.
Paradójicamente, Burbara forma parte de la Comisión de Defensa y Soberanía del Congreso Nacional, encargada de debatir y supervisar estrategias para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, áreas clave para la defensa territorial.
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El presidente del Congreso, Luis Redondo, lo describió en una entrevista ante un medio de comunicación como alguien que «no se mete en rollos», pero critica su papel como legislador «porque nunca asiste al hemiciclo».
Dos semanas después de imponerse en las primarias de marzo de 2025, la sede de campaña de Burbara fue atacada a balazos por desconocidos. El candidato lo calificó como un atentado para «sembrar miedo». El hecho fue investigado superficialmente por la Policía, sin mayores avances.
Para retomar la alcaldía de San Pedro Sula, el nacionalismo apuesta por un candidato que promete «trabajar con transparencia para convertir impuestos en obras», pese a que como funcionario realizó negocios con el Estado y en los Pandora Papers fue expuesto por supuesta evasión fiscal. Su principal contrincante es el alcalde liberal Roberto Contreras, quien a su vez enfrenta una investigación judicial por presunto tráfico de influencias.
Entre estos dos candidatos se encuentra el próximo alcalde de San Pedro Sula, la segunda ciudad más grande del país, el segundo municipio con mayor tasa de homicidios y donde el 64% de su población vive en condiciones de pobreza.
