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8 de marzo: La lucha de las hondureñas contra la violencia e impunidad

*Desde 2020 hasta el 8 de marzo del 2022 se han cometido 681 femicidios en Honduras, de acuerdo a registros de organizaciones defensoras de los derechos humanos. 

**El índice de impunidad en casos de violencia de género es del 95%, lo que evidencia la falta de respuesta a esta problemática. 

***Criminalización, persecución, amenazas e incluso el asesinato son algunos de los peligros a los que se enfrentan las defensoras y activista de los derechos humanos en Honduras. 


Expediente Público 

El 11 de enero de 2022 se remarcó con sangre la violencia arraigada en Honduras. Thalía Rodríguez de 45 años, fue asesinada en su casa. Múltiples disparos en la cabeza segaron la vida de la lideresa trans y activista de la organización Cattrachas, dedicada a la defensoría de derechos humanos de personas LGBTI en ese país centroamericano. 

Las mujeres hondureñas se encuentran entre la violencia, impunidad y un acumulado de injusticias en su continua lucha por la garantía de sus derechos humanos, en uno de los países más violentos para ser mujer en Centroamérica. La Comisión Económica de América Latina y El Caribe, (CEPAL) expuso en su informe anual que la tasa más elevada de feminicidio se registró en Honduras en el 2020, 4.7 por cada 100,000 mujeres fueron asesinadas, lo que muestra que la violencia contra la mujer es una situación grave en el país centroamericano.

El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) estimó que, durante el 2021, cada 27 horas y 33 minutos una mujer fue asesinada, lo que significó el total de 342 mujeres, según el Observatorio de Violencias Contra las Mujeres.

En 2022, de enero hasta el 7 de marzo, el Centro de Derecho de Mujeres (CDM) registró 61 femicidios.

En tres años son 681 mujeres asesinadas en Honduras.

Para agravar la situación, los índices de impunidad son del 95%, denunció a Expediente Público Merly Eguigure defensora de los derechos humanos y dirigente del Movimiento de Mujeres Por la Paz Visitación Padilla. ONU Mujeres en una evaluación realizada en 2018, consideró que estos aspectos aumentan la migración. 

La situación actual de la mujer hondureña 

Expediente Público conversó con diversas voces dentro alertan que la violencia de género solo ha empeorado en el país centroamericano. El Observatorio de violencia de la UNAH informó que hasta 2013 se mantuvo una tendencia creciente en las muertes violentas de mujeres, acumulando en ese año 636 casos; con una tasa de 14.6 por cada 100 mil habitantes mujeres. 

Tras el golpe de Estado contra del exmandatario Manuel Zelaya en 2009, los sucesores gobiernos del Partido Nacional aprobaron una serie de medidas y leyes que, para las organizaciones feministas, causaron un retroceso para los derechos de las mujeres.

 «En materia de derechos sexuales, sacaron la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE) del mercado. Se justificaron en que era abortiva y violan el derecho a la vida que establece la constitución”, desarrolló Eguigure. 

Honduras ocupa el puesto 85 de 156 países, según el Foro Económico Mundial, en cuestiones de empoderamiento político. El 28 de noviembre de 2021, Xiomara Castro fue electa como la primera presidenta en Honduras, y se convirtió en la esperanza de que el cambio acelere su paso, pues rompe con años de hegemonía política. 

El progreso fracturado con el que se encuentra Castro también es consecuencia del crimen organizado y la pérdida de legitimidad del exmandatario Juan Orlando Hernández, actualmente acusado por Estado Unidos de narcotráfico. Esto se agudizó con la llegada del COVID-19 en 2020, año en el que el Ministerio Público recibió 2,129 denuncias por violencia sexual contra mujeres y CDM 6 denuncias diarias. 

En su agenda incluyó el debate a problemáticas latentes como la penalización del aborto. Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Honduras se realizan entre 51,000 y 82,000 abortos inseguros anualmente.  

En 2021 se aprobó una reforma de la Constitución que busca escudar la prohibición absoluta que ya existía en Honduras. Esto teniendo en cuenta que la tasa de embarazo adolescente es la cuarta más alta de la región, de acuerdo a CEPAL. 

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“La máxima expresión de violencia de género es el femicidio”, expresó Noemí Dubón, Coordinadora del Foro de Mujeres por la Vida, pero no es la única violencia. Entre las dificultades del diario vivir está la brecha salarial, la cual según un estudio de la UNAH existe discriminación laboral.  

“Tenemos también la violencia educativa, donde las niñas sirven más echando tortillas o ayudando en la casa y no en las escuelas. Pero también la educación que se comparte en las comunidades, no es lo mismo una niña de tercer grado de la ciudad que una niña de tercer grado de una aldea. El problema es que la educación no es igual, las herramientas que se le otorgan educativas tampoco son iguales”, expuso López. 

El estudio desglosó que una mujer con educación primaria devengaba 2,944.34 lempiras (U$ 12,009.96), en 2013 y los hombres con el mismo grado académico obtenían 4,197.83 lempiras (U$17,122.94), al mismo tiempo expuso que 2021 esto seguía siendo una realidad en Honduras. 

Criminalización a defensoras y activistas 

Las mujeres hondureñas han dado la cara en un camino riesgoso y desafiante. La Organización de Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) reveló que las mujeres que se encuentran en alto riesgo dentro de Honduras, y que se ven forzadas a huir de sus comunidades, son aquellas que ejercen roles de liderazgo, que mantienen relaciones con personas que pertenecen a estructuras criminales o de seguridad del Estado, y las que han sufrido violencia en contextos de criminalidad e impunidad.    

“Las defensoras nos exponemos a situaciones de riesgo en nuestra seguridad personal. He recibido amenazas de muerte por parte de hombres que han sido denunciados, también sabotajes a mi vehículo; las oficinas de mi organización son vigiladas y los teléfonos están intervenidos”, manifestó a Eguigure. 

Miranda Miriam, defensora de los derechos humanos y ambientales de comunidades garífunas y representante de Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) comentó a Expediente Público que “estamos enfrentando la violencia hacia las defensoras, mujeres que luchan por la tierra, por los derechos humanos. Aparte de las de los ataques, soy una mujer criminalizada. Hace poco recibí una amenaza muerte, una más”. 

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La diversidad como blanco de represión 

Thalia Rodríguez, la primera víctima de violencia de género en este 2022 luchó incansablemente por más de 20 años para que se respetara y se hicieran valer los derechos de la comunidad LGBTI: “El día que faltes van a hablar de ti porque dejaste un legado”, expresó Rodríguez en una de sus últimas entrevistas. 

En su arduo trabajo logró el reconocimiento de la identidad de género en documentos oficiales del país. También trabajaba por la defensa de los derechos de las personas que viven con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). 

“En Honduras es peligroso ser mujer, defensora, feminista, política, trabajadora sexual, trabajadora doméstica, campesina, indígena, afrodescendiente, trans u oficinista. Aquí mueren mujeres por el simple hecho de serlo, no porque pertenezcan al crimen organizado”, evidenció a Expediente Público la feminista afrodescendiente y asesora ministerial de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), Naama López. 

En 2021, cuatro de los feminicidios fueron de mujeres trans y lesbianas, según el observatorio de  Cattrachas. Esta organización impulsó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que sentenciara en 2021 al país centroamericano como responsable por la muerte de Vicky Hernández durante un toque de queda por el golpe de Estado en 2009. Fue asesinada por ataques directos contra la población trans y trabajadoras sexuales. 

“Hay todo estereotipo de discriminación en cuanto lo que significa ser mujer trans. El sistema de justicia también justifica mucho los escenarios de violencia en los que se desarrollan estas agresiones”, expuso Nahil Zerón, coordinador del Observatorio Central Monitoreo de Cattrachas. 

Revictimización

Procesos largos, tener que contar más de tres veces la historia, ser culpabilizada por autoridades sin sensibilización ni capacitación, son algunas de las situaciones que tienen que enfrentar las mujeres que deciden denunciar abusos. 

“Estamos acompañando un caso donde la escena del crimen indica que ella fue asesinada por su expareja y el caso lo están judicializando, pero en realidad lo están tomando como si fuera un suicidio. Nosotras solicitamos que volvieran a recrear la escena del crimen y fuimos a presenciarla. Todo indica que ella jamás se pudo haber quitado la vida, aparte de que había denuncias como antecedente”, contó Dubón. 

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En el estudio «En búsqueda de la justicia: Violencia doméstica en Honduras» se indicó que de cada 10 mujeres que interponen una denuncia tras sufrir amenazas, acoso u otra expresión de violencia, solo tres logran una resolución por parte del sistema de justicia hondureño. 

La Ley contra la Violencia Doméstica y sus Reformas supone defender a las mujeres de las diferentes expresiones de violencia de género, pero según López, abogada y defensora de derechos humanos, en la práctica no es una realidad: “Tenemos un compendio de leyes muy amplio que puede lograrse la tutela efectiva, lo que no tenemos son actores que administran estas legislaciones de la manera más sensibilizada posible”, planteó. 

Las defensoras y activistas han tenido que plantarse cara a cara con la violencia de género, pues según aseguró Eguigure las instituciones le han fallado a las mujeres al dejar impune sus casos y también al no propiciar una atención adecuada: “Se han gestionado recursos, un año se gestionaron 40 millones de lempiras (1.6 millones de dólares) para fortalecer las unidades de investigación del Ministerio Público, otro año se gestionaron 27 millones de lempiras (poco más un millón de dólares) y ninguno fue invertido”, manifestó.

“El sistema de justicia patriarcal, pone los derechos de los hombres primero que los de las mujeres; también es racista y clasista. Las mujeres no tenemos derecho a luchar. No tenemos derecho a nada más que estar en la casa atendiendo a los maridos o hijos. Y si no lo haces, entonces las culpables de que te golpeen o que la Policía te golpee somos nosotras, porque deberías estar encerrada”, denunció Miriam.

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