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8M en Nicaragua: más femicidios, cárcel y violencia contra las mujeres

*Nicaragua llega a otro 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el que hacen falta 797 mujeres en la última década, todas víctimas de femicidio.

**Es un año más sin que las activistas puedan salir a las calles a protestar por sus derechos.

**Representantes de organizaciones nicaragüenses, en entrevista con Expediente Público, catalogan el discurso de equidad de género que por años ha mantenido el régimen de Daniel Ortega como una ¨burla¨ a los derechos de las mujeres, mientras el país vive una de las etapas más violentas.


Expediente Público

Doscientas setenta y una llamadas quedaron registradas y sin responder en el teléfono celular de Martha Alicia Robinson de 35 años de edad. Ella era abogada, docente, contadora y madre de tres menores de edad. Quien la llamaba con tanta insistencia, era el expolicía Bernardo Chow Ruiz, su expareja y victimario.

En horas de la madrugada del primero de enero de 2022, Chow le arrebató la vida a Martha Alicia luego de una discusión, según el informe emitido por autoridades policiales. Esto pasó en Bluefields, en la Costa Caribe Sur de Nicaragua, y se convirtió en el primero de los ocho casos de femicidios registrados hasta lo que va de marzo de 2022, uno más que se suma a la impunidad en la que vive este país centroamericano. Hasta la fecha se desconoce si se llevó a cabo el juicio en el que familiares de Robinson, pedían cadena perpetua para quien por meses la violentó hasta asesinarla.

En los últimos 10 años, 797 mujeres han sido asesinadas, según las estadísticas registradas anualmente por el Colectivo Católicas por el Derecho a Decidir. Su coordinadora, Martha Flores, en entrevista con Expediente Público aseguró como en estas regiones de Nicaragua la comunidad de mujeres permanece indefensa.

“La Costa Caribe Norte y la Costa Caribe Sur, es la que tiene mayor peligrosidad, donde ni siquiera existen médicos, y si no nos cuidamos entre nosotras, mucho menos un Ejército y la Policía”, afirmó Flores.

“Desde inicio de año, arrancamos con un femicidio en Bluefields, y esto no ha parado. En este contexto en el que vivimos estamos las mujeres más inseguras. De estos ocho femicidios, seis han ocurrido en la casa, eso nos dice que el hogar es el lugar más inseguro”, explicó la activista.

Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), al menos 357 niños, niñas y adolescentes, se encontraban bajo el cuidado de las víctimas de feminicidio que se contabilizaron en 2020 en siete países de América Latina, entre ellos, Nicaragua. Ese mismo año, 4,091 mujeres en la región fueron víctimas de feminicidio.

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Ley 779: Una Ley “manoseada”

La Ley integral contra la violencia hacia las mujeres en Nicaragua, la Ley “779”, entró en vigencia en el año 2012, lo que parecía una victoria en la lucha de mujeres activistas feministas y defensoras de derechos humanos sin embargo, desde su existencia ha sufrido 3 reformas que la han alejado de su objetivo principal de proteger a las mujeres y reducir la violencia, según la activista Ana Quirós, directora del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS) allanado y confiscado el pasado 14 de diciembre de 2018.

“Es la ley que más reformas ha tenido, y cada una ha sido peor que la anterior, para quitarle protección a las mujeres. En primer lugar, reduciendo la definición de femicidio, en segundo lugar, reduciendo penas y, en tercer lugar, creando unas instancias partidarias para definir sobre quién es y quién no es violentada en su familia, y que al final lo que terminan promoviendo es la mediación con el agresor, hasta que en mucho de esos casos termina en un femicidio” aseguró Quirós a Expediente Público.

Por su parte, Flores añadió que la violencia no es más que una “pandemia” que evidencia las desventajas de las mujeres en un contexto de cultura machista, que “cada día enluta familias”.

“El observatorio ha mantenido la denuncia pública de impunidad ante casos de asesinatos violentos contra mujeres, mientras en proceso de investigación que debería hacer la policía no se cumple y continúa la liberación de femicidas, violadores, acosadores y maltratadores de mujeres y niñas”.

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Nicaragua: lejos de ser un «ejemplo en equidad de género»

En 2017, una década después de que Daniel Ortega llegara al poder en Nicaragua, Rosario Murillo, su esposa, se convirtió oficialmente en vicepresidenta de Nicaragua. Sin embargo, la existencia de una mujer ejerciendo el poder en Nicaragua no ha significado un avance en los derechos para las mujeres, como ha sido el discurso por años del régimen Ortega Murillo.

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Al contrario, a más de 100 organizaciones no gubernamentales se le ha cancelado su personería jurídica a solicitud del Ministerio de Gobernación, en su mayoría, asociaciones que brindaban apoyo económico, asistencia médica y legal en casos de violencia a las mujeres víctimas y a sus hijos, así como en casos de abuso laboral.

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En la actualidad, las voces de mujeres disidentes y dirigentes de organizaciones feministas son perseguidas y criminalizadas. En total 14 lideresas opositoras permanecen en prisión desde noviembre de 2019. 11 de ellas han sido condenadas entre 8 a 13 años, acusadas de “traidoras de la patria” bajo la Ley 1055, “Ley Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, soberanía y autodeterminación para la paz”.

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Hasta ahora, Nicaragua ocupa el puesto 135 del índice de Paz Global en 2021, debido a la escala represiva y gubernamental desde las primeras protestas en abril de 2018, ubicándolo como uno de los países más peligrosos.

Sin embargo, el régimen prefiere el silencio a los reclamos de justicia hacia las mujeres que son aisladas en los centros penitenciarios y sometidas a tortura como lo han denunciado organismos de derechos humanos que continúan ejerciendo su labor en la clandestinidad.

Pandemia, migración y exilio

Según Flores, el exilio es una consecuencia más de la crisis de violencia, política, sanitaria y de desastres naturales como los huracanes Eta e Iota del 2020 que azotaron el país centroamericano.

“Hemos pasado por situaciones como el COVID-19, la crisis política, huracanes que obligan a las mujeres refugiarse en las casas sobrevivir para las familias, y tienen que ir a la migración […. Y esto pone a las mujeres en una peor situación”, reiteró.

En Costa Rica, al menos 103 mil 500 nicaragüenses habían pedido refugio según datos de Migración entre 2018 y 2021, y entre 2020 y 2022, 102 mil 138 nicaragüenses fueron detectados por la patrulla fronteriza de Estados Unidos en el sur, según datos oficiales.

Por otro lado, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), una organización que inició su trabajo en el año 2010, registró alrededor de 6,003 agresiones contra defensoras de derechos humanos entre 2018 y 2021.

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Un 8 de marzo sin marcha en las calles

Este 8 de marzo, es el cuarto año consecutivo en que las nicaragüenses no podrán salir a las calles a manifestarse por sus derechos y exigir justicia para las niñas, adolescentes, madres, y ancianas abusadas y asesinadas.

Esto porque desde las manifestaciones cívicas de 2018, toda organización contraria al régimen del partido de Gobierno, el Frente Sandinista, tiene prohibido protestar.

Las activistas entrevistadas por Expediente Público sostuvieron que mientras el régimen Ortega-Murillo se mantenga en el poder, a Nicaragua le espera mucha más lucha para lograr una verdadera equidad de género y justicia sin tintes políticos

¨A las mujeres en Nicaragua, nos espera y a las mujeres nicaragüenses en el resto del mundo, nos esperan años de lidiar con un régimen que castiga a las mujeres y que en cierta medida manifiesta un odio contra las mujeres, que solo se llene la boca, pero no hace nada para proteger y desarrollar a las mujeres plenamente», concluyó la feminista Quirós.

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