* Expediente Público entrevistó al director del programa de Litigio Estratégico de la organización no gubernamental Cristosal, Abraham Ábrego, tras el anuncio sobre el retiro de todo su personal de El Salvador.
** Cristosal sufrió la detención de Ruth Eleonora López, jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de la ONG, quien es procesada por la Fiscalía General de la República por presunto enriquecimiento ilícito.
Eric Lemus / Expediente Público
El retiro de la organización no gubernamental Cristosal en El Salvador es el último episodio de la tensa relación entre el presidente Nayib Bukele y todas las instituciones civiles que no gozan de su simpatía.
Expediente Público entrevistó a Abraham Ábrego, director del programa de Litigio Estratégico de la ONG, para conocer el impacto que acarrea a la sociedad salvadoreña el cierre de operaciones de la organización que ya sufrió la captura de uno de sus miembros, Ruth Eleonora López, quien dirigía la Unidad Anticorrupción y Justicia de la ONG.
“Creemos que era inviable seguir y además un riesgo para Ruth López por el tipo de denuncia que hace Cristosal o los informes que presentamos”, declaró Ábrego.
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“Siempre hay una reacción negativa del gobierno, de ataques y, después de la detención de Ruth, se han vuelto más fuertes y varios de los equipos de Cristosal que han tenido más presencia pública estaban también en riesgo de ser criminalizados”, añade.
La organización social trabajó en El Salvador desde hace 25 años donde dio seguimiento a diversas violaciones de los derechos humanos, y replicó diversos casos por denuncias de corrupción y abuso de poder atribuidas a instancias estatales.
Con la llegada de Bukele a la presidencia, en 2019, y la puesta en marcha del Régimen de Excepción, desde 2021, la organización documentó sistemáticamente diversas denuncias contra funcionarios o instituciones gubernamentales.
¿Una lista de capturables?
Después de la detención de líderes comunitarios que reclaman por la expropiación de sus tierras y la captura del abogado constitucionalista Enrique Anaya, fuentes del gobierno informaron a Expdiente Público que la Fiscalía General de la República (FGR) planificaba efectuar más detenciones, que incluía a periodistas y defensores de Derechos Humanos.
“Sí, nosotros hemos escuchado que hay una lista, digamos que tenían las autoridades en el sentido de personas que estaban en proceso de investigación y criminalización”, señaló Ábrego.
“No sabemos con certeza quién la tiene, pero no es de extrañar porque ya ha pasado antes, ¿verdad?”, recordó Ábrego en torno a los métodos que utilizó el Estado salvadoreño durante la guerra civil, que acaeció entre 1980 y 1992.
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“Ellos tienen perfilados a personas que están en un nivel de vigilancia de inteligencia policial. Entonces no es de extrañar que tengan ese tipo de listas con las que hacen un proceso de criminalización”, sostiene Ábrego.
“Ruth, secuestrada por el régimen”
La jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, Ruth Eleonora López, fue capturada el 19 de mayo, luego de que el mandatario salvadoreño anunciara la creación de una Ley de Agentes Extranjeros para cobrar un impuesto de 30% a las organizaciones internacionales, a las que acusa de respaldar protestas.
El abogado de Cristosal reiteró que, aún desde el exilio, seguirán defendiendo la inocencia de Ruth López recurriendo a instancias internacionales.
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“Nosotros seguimos apoyando a Ruth y a su familia en el ejercicio de la defensa en El Salvador, pero consideramos que incluso estar ahí y seguir en nuestra actividad pone en riesgo su integridad porque prácticamente está secuestrada por un régimen que ahorita puede disponer de ella como quiera”, lamentó Ábrego.
“Uno no sabe si la pueden trasladar o dónde está efectivamente o nada acerca de su integridad física o si pueden negarle los medicamentos”, protesó. “Seguimos apoyándola a nivel nacional e internacional. Hemos activado mecanismos internacionales porque, como sabemos, en el país las garantías son mínimas”.
¿Una ley para controlar o fiscalizar?
La Asamblea Legislativa de El Salvador, bajo un estricto control del partido oficialista Nuevas Ideas, aprobó el martes 20 de mayo, con 57 de los 60 votos del legislativo, luego que fue propuesta por el presidente Bukele.
La legislación fue creada para regular, supervisar y sancionar agentes extranjeros, cuyo trabajo tenga motivación política de acuero a las consideraciones del régimen bukelista. La norma permite fiscalizar principalmente a personas naturales y jurídicas que reciban fondos desde el extranjero.
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“Nosotros hemos analizado que, en realidad, lo que la ley pretende es servir como instrumento de control político para evitar el funcionamiento normal de organizaciones que ellos pueden considerar que son críticas u opositoras o que dañen su imagen por denunciar”, opinó Ábrego a Expediente Público.
Y agregó: “Nos parece que la regulación de organizaciones de la sociedad civil está bastante clara en otras leyes y a nivel de impuestos también hay regulaciones (…) pagamos impuestos, estamos sometidos al control de la Dirección del Registro de Asociaciones y Fundaciones”.
En El Salvador, todas las organizaciones, incluso aquella sin fines de lucro, tributan al Estado.
“Además, hay una obligación de presentar registros contables fiscales tanto al Ministerio de Gobernación como al Ministerio de Hacienda”, puntualizó el abogado.
