* Ley de Agentes Extranjeros otorga al presidente Nayib Bukele poder total para definir y sancionar a organizaciones en El Salvador que reciben financiamiento internacional.
** Sin límites institucionales, nueva normativa amenaza a prensa, ONG y voces críticas en El Salvador.
Sharon Ardon y Eric Lemus / Expediente Público
La Asamblea Legislativa de El Salvador, bajo un estricto control del oficialismo, aprobó la noche de este martes 20 de mayo una controvertida ley que impone un impuesto del 30 % a organizaciones y personas que reciban fondos desde el extranjero.
La medida, propuesta por el presidente Nayib Bukele, es calificada por voces críticas como un instrumento legal para acallar a la sociedad civil. La ley fue aprobada con 57 votos del partido Nuevas Ideas.
El artículo 20 de la Ley de Agentes Extranjeros faculta al mandatario para diseñar los reglamentos para su aplicación. Incluso Bukele tendrá la potestad exclusiva de definir quién será considerado “agente extranjero”.
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Venganza ante protesta social en El Salvador
La aprobación de la nueva normativa sucede días después de que 300 familias de la cooperativa El Bosque, que están en situación vulnerable por un inminente desalojo, protestaron a las puertas de la zona residencial donde vive el mandatario, algo que irritó al Ejecutivo y desembocó en el envío de militares para dispersar a los pobladores y en la captura de sus dirigentes, cuyo paradero es desconocido.
En respuesta, Bukele envió al Legislativo, controlado por su partido Nuevas Ideas, una iniciativa que no solo impone sanciones económicas, sino que también busca restringir la acción de quienes reciben apoyo internacional, especialmente organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación.
El filósofo y activista político Walter Raudales, en declaraciones a Expediente Público, advirtió que la nueva ley carece de controles institucionales y deja todas las decisiones en manos del presidente.
“Será un instrumento para callar a las organizaciones no gubernamentales, la prensa y voces críticas de la sociedad civil”, subrayó. Raudales, quien representa una incipiente iniciativa opositora, alertó sobre la progresiva erosión de los espacios democráticos en el país. «La democracia ya no existe. Ahora lo que existe es una autocracia», sostuvo.
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Por su parte, la red de radios participativas denunció a Expediente Público que la ley incluye la creación del Registro de Agentes Extranjeros «quienes tendrán la facultad de suspender o cancelar la personería jurídica de organizaciones de acuerdo a su criterio».
Clima de represión creciente en El Salvador
La nueva Ley de Agentes Extranjeros encendió las alarmas tanto a nivel nacional como internacional porque temen una institucionalización del autoritarismo en El Salvador.
Aunque el gobierno argumenta que la ley busca proteger la soberanía frente a injerencias externas, los críticos la ven como arma para acallar disidencias.
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Raudales resume el sentir de muchas voces opositoras: “Los espacios se ahogan en El Salvador”, en un entorno cada vez más restrictivo para el ejercicio de derechos fundamentales.
El Colegio de Médico de El Salvador emitió un comunicado oficial donde resumen la posición de uno de los principales sectores profesionales del país, donde «rechaza categóricamente todo acto que atente contra el Estado de Derecho, el equilibrio de poderes y el respeto a la institucionalidad».
En el documento puntualiza que se irrespeta a la Constitución y hay concentración de poder que amenaza las libertades y derechos fundamentales del pueblo salvadoreño.
Iván Solano, presidente del colegiado, dijo a Expediente Público que la junta directiva acordó que «como gremio comprometido con la salud, la ética, no podemos guardar silencio».
Opositores: Esto no es democracia
La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, advirtió que la ley es un instrumento de censura propio de regímenes autoritarios. «Esta no es una herramienta de un país democrático» reclamó.
Durante el debate, el diputado Francisco Lira, que es miembro del opositor Alianza Republicana Nacionalista (Arena), calificó la norma como una «ley mordaza» contra quienes denuncian abusos del gobierno.
«Quieren seguir gastando los recursos del pueblo salvadoreño en propaganda, en narrativa para desviar la atención de lo que está sucediendo», sentenció el diputado. Agregó que el Ejecutivo pretende «el espionaje de todas aquellas instituciones y personas que alzan la voz y denuncian las arbitrariedades».
Lira recordó que en Nicaragua se aprobó una ley similar y después de tres años fueron eliminadas más de tres mil organizaciones no gubernamentales.
