* Unos 591 nicaragüenses han solicitado refugio en Guatemala, enfrentando una burocracia que mantiene a más de cien en espera de una respuesta.
* Tras la eliminación de la ayuda humanitaria inicial y el cierre de las oficinas del ACNUR, los exiliados luchan por subsistir con trabajos precarios.
* Ante la falta de una ruta clara, los refugiados deben optar entre la regularización en Guatemala o el reasentamiento en un tercer país.
Expediente Público
Cada mañana, Juan sale a recorrer las calles de la Ciudad de Guatemala repartiendo comida en su motocicleta, para sobrevivir. El dinero apenas le alcanza para pagar una habitación y cubrir sus gastos más básicos. Aunque encontró refugio hace casi dos años, tras huir de la persecución política en Nicaragua, todavía no cuenta con los documentos que le permitan acceder a un empleo formal.
“El desafío más grande ha sido subsistir”, afirmó a Expediente Público. Él fue un preso político de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Accedió a hablar bajo la condición de reservar su nombre verdadero, pues, si lo identifican, teme que el régimen tome represalias contra sus familiares que aún viven en Nicaragua.
Como Juan, más de un centenar de nicaragüenses excarcelados y desterrados viven atrapados entre la libertad y la incertidumbre del futuro.
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De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, 591 nicaragüenses han solicitado asilo desde enero de 2020 hasta mayo de 2026. Esta institución señala que ningún pedido ha sido rechazado hasta ahora y que se han aprobado 473 solicitudes, mientras que el resto (118) sigue en espera.
Recuerdos de un expreso político
Juan llegó a Guatemala la madrugada del 5 de septiembre de 2024, cuando bordeaba los 40 años. Ese día, 134 presos políticos nicaragüenses descendieron de un avión tras ser excarcelados y expulsados de su país.
Atrás quedaban las cárceles y la persecución del régimen; adelante, una vida en un país desconocido donde la libertad llegó acompañada de desafíos que aún persisten.
“Veníamos desgastados físicamente debido al trauma que vivimos en prisión, pero al mismo tiempo sentíamos alivio porque ya estábamos libres”, recuerda Juan.
El grupo recibió la bienvenida de organizaciones humanitarias y autoridades guatemaltecas. Entre ellas estuvieron la Cruz Roja, el Refugio de la Niñez, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y personal de migración.
Según Juan, durante los primeros meses recibieron apoyo psicológico, alimentación, hospedaje y artículos básicos de higiene.
“Todo estaba súper organizado. Fue algo que no esperábamos. Estamos agradecidos con todas las personas y organizaciones que fueron parte de ese proceso”, afirma.
Sin embargo, con el paso de los meses aparecieron nuevas preocupaciones.
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La libertad también tiene obstáculos
Aunque Guatemala les brindó protección inicial, ahora muchos de los nicaragüenses enfrentan dificultades para integrarse plenamente a la vida económica y social del país.
Juan trabaja más de diez horas diarias, ganando el salario mínimo, llevando sol y lluvia a bordo de su motocicleta.
Con todo su esfuerzo, apenas le alcanza para lo indispensable: alimentación y alquiler de una habitación, pues no cuenta con la documentación necesaria para acceder a un empleo formal.
“No contamos con un DPI (Documento Personal de Identificación) ni con permisos laborales que nos permitan trabajar en una empresa. Ha sido difícil sobrevivir económicamente”, explica.
La situación también afectó a su familia. Después de ser desterrado, logró reunirse con su esposa y su hija menor de edad. El proceso estuvo lleno de obstáculos.
Su hija no pudo obtener pasaporte en Nicaragua y la familia tuvo que abandonar su país por vías alternas, enfrentando riesgos durante el trayecto, pues tuvieron que cruzar las fronteras sin la documentación necesaria.
“Fue una odisea. Mi familia tuvo que aventurarse y correr muchos riesgos para llegar a Guatemala”, afirma Juan.
Un fenómeno que Guatemala está aprendiendo a atender
Además del trabajo, la educación de los hijos ha representado otro reto para algunas familias exiliadas.
Juan cuenta que inscribir a su hija en una escuela guatemalteca requirió múltiples gestiones y documentación adicional, como partidas de nacimiento, fe de edad y pasaporte, para demostrar su condición migratoria. Tuvo que esperar alrededor de cuatro meses para poder inscribirla.
“La mayoría de las escuelas nunca había pasado por una situación como esta. Costó conseguir los documentos necesarios, pero, gracias a Dios, mi hija ya está estudiando”, cuenta.
El secretario privado de la Presidencia, Jorge Santos, reconoce que Guatemala enfrenta un fenómeno relativamente nuevo para sus instituciones.
Según explica, el país ha recibido tanto grupos organizados de nicaragüenses como personas que han ingresado individualmente buscando protección internacional.
“Se ha intentado facilitar todo el proceso migratorio de regularización y brindar condiciones para estabilizar su estatus migratorio”, afirmó Santos a Expediente Público.
De acuerdo con el funcionario, el Estado guatemalteco ha proporcionado asistencia temporal, apoyo alimentario, acompañamiento en trámites migratorios y coordinación con organismos internacionales.
También reconoce que muchos de los nicaragüenses consideran a Guatemala un país de tránsito mientras esperan procesos de refugio o reasentamiento en otras naciones, como Costa Rica, México, Estados Unidos y España.
“Regularizamos su situación para que puedan permanecer legalmente en el país mientras continúan sus trámites”, explica.
No obstante, admite que existen limitaciones institucionales por la falta de conocimiento para atender las crisis migratorias, incluyendo que no hay planes específicos para solicitantes de asilo.
A diferencia de países como México o Costa Rica, Guatemala no cuenta con una larga experiencia en la recepción masiva de personas refugiadas.
“Estamos comprendiendo el fenómeno y construyendo capacidades para responder de manera adecuada”, señala.
El reto de los documentos
Uno de los principales reclamos de los exiliados está relacionado con el acceso a documentación que les permita trabajar y desarrollar una vida normal.
Santos explica que los ciudadanos centroamericanos tienen inicialmente un permiso de permanencia de 90 días y que posteriormente pueden gestionarse extensiones o procedimientos de refugio.
Una vez obtenida una condición migratoria más estable, pueden acceder a documentos como DPI y pasaporte que faciliten la apertura de cuentas bancarias, la atención en centros de salud y la incorporación al sistema educativo.
Sin embargo, los propios exiliados consideran que los procesos suelen ser lentos. Juan, por ejemplo, afirma que muchos continúan esperando respuestas sobre trámites migratorios y eventuales procesos de reasentamiento en terceros países.
“Lo que más necesitamos es una ruta clara y saber qué pasos debemos seguir”, señala.
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Del apoyo inicial al abandono
La experiencia de Lucas (otro nombre ficticio para proteger su seguridad) comparte similitudes con la de Juan. También bordea los 40 años, se dedica a repartir comida y sus ingresos apenas le alcanzan para alimentarse. Él recuerda haber llegado en el mismo vuelo procedente de Nicaragua.
Lucas se encuentra solo. Toda su familia se quedó en Nicaragua y eso le ha afectado su situación emocional.
“Nos sacaron de las prisiones, nos llevaron al aeropuerto y aterrizamos en Guatemala el 5 de septiembre. Veníamos de recuperar la libertad”, relató a Expediente Público.
Asimismo, durante los primeros meses recibió hospedaje, alimentación, atención médica y apoyo económico. “Fuimos bien cuidados. No nos faltó comida ni atención médica”, asegura.
Sin embargo, afirma que la situación cambió cuando su solicitud para ser reasentado en Estados Unidos fue rechazada, sin conocer el motivo.
Según su testimonio, comenzó a sentir que la atención de algunas organizaciones disminuyó, especialmente la del ACNUR, y que la incertidumbre sobre su futuro se volvió más intensa, porque les dieron de plazo hasta el 28 de enero de 2025 —casi cuatro meses después de su arribo— para encontrar un trabajo y lograr arrendar un lugar donde dormir.
El ACNUR cerró sus oficinas en Guatemala en marzo del 2025 porque, tras la llegada de Donald Trump al poder, el Gobierno de Estados Unidos disminuyó la cooperación para atención humanitaria.
Por su parte, el portavoz de Refugio de la Niñez en Guatemala, Daniel Salvador, afirmó a Expediente Público que la participación de la organización fue para brindarles ayuda psicológica y para proveerles de asesoramiento.
Agregó que el programa tenía duración de cuatro meses y que, por temas de presupuesto, la ayuda disminuyó cuando se cumplió el plazo.
“El mayor desafío fue no saber qué iba a pasar con nosotros. No teníamos documentos, no teníamos trabajo y se acercaba el momento de dejar los hoteles donde estábamos alojados”, recuerda.
‘Volver a ser alguien’
Lucas relata que, ante la falta de respuestas claras, varios de los exiliados decidieron acudir directamente a las oficinas de migración guatemaltecas para conocer las opciones legales disponibles.
“Nos explicaron el proceso y comenzamos a entender qué podíamos hacer para regularizar nuestra situación”, indica. Una opción era ir a migración y presentar su caso para buscar una solución.
Ahora, las autoridades migratorias guatemaltecas le han devuelto cierta esperanza. Juan había ingresado su solicitud a través del ACNUR, pues ellos le brindaban asistencia jurídica. Con la salida de esta organización, su proceso quedó estancado, pero ya recibió una comunicación oficial de que el trámite retomará su marcha.
“Sentí que volví a nacer cuando nos dijeron que estaban buscando agilizar la documentación. Después de todo lo que vivimos, tener un documento o DPI significa volver a ser alguien”, expresa.
¿Qué opciones legales tienen?
Brandon Mucur, especialista en derecho migratorio y protección internacional, explicó a Expediente Público que los nicaragüenses que se encuentran en Guatemala pueden seguir distintas rutas legales dependiendo de su situación particular.
La primera es solicitar formalmente el reconocimiento de la condición de refugiado en Guatemala, mecanismo que brinda protección a personas que no pueden regresar a su país debido a persecución política, amenazas o violaciones a derechos humanos.
Una segunda vía es obtener permisos temporales de permanencia mientras se resuelven procesos migratorios más complejos, como solicitar una estadía temporal.
La tercera opción es participar en programas de reasentamiento promovidos por terceros países, como Costa Rica, México, El Salvador y Honduras. El proceso se realiza en los consulados de estos países, pero cada refugiado debe gestionarlo por su cuenta. La respuesta depende de las decisiones soberanas de cada Estado y puede tardar meses o incluso años.
El especialista advierte que uno de los mayores desafíos para los exiliados es la transición entre la protección humanitaria inicial y la integración económica.
“Las personas pueden tener protección, pero si no logran acceder rápidamente a documentación y empleo formal, continúan viviendo en condiciones de vulnerabilidad”, explicó.
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Entre la gratitud y la espera
A pesar de las dificultades, tanto Juan como Lucas coinciden en un punto: agradecen haber encontrado seguridad en Guatemala.
Los dos hablan de la tranquilidad de caminar sin miedo a ser detenidos, de poder hablar con sus familiares y de haber recuperado libertades básicas que les fueron negadas en Nicaragua.
Sin embargo, también comparten una sensación de incertidumbre. De aquellos 134 presos políticos que aterrizaron en 2024, alrededor de doce aún desconocen si permanecerán en Guatemala, si serán reasentados en otro país o cuánto tiempo deberán esperar para obtener una resolución definitiva.
Mientras tanto, continúan reconstruyendo sus vidas paso a paso. Juan sale a trabajar cada mañana para sostener a su familia. Y Lucas intenta adaptarse a una realidad distinta a la que imaginó cuando recuperó la libertad.
