* Tras cuatro años y tres meses de haber sido extraditado a EE. UU., el exmandatario regresa a Honduras para ponerse a disposición de la justicia.
* Existe expectativa sobre cómo será la relación de Hernández con el presidente Nasry Asfura, ambos líderes del Partido Nacional.
* El sistema judicial hondureño enfrenta una prueba de fuego decisiva mientras la sombra del exgobernante amenaza con agravar la polarización.
Yarely Madrid / Expediente Público
El retorno del expresidente Juan Orlando Hernández a suelo hondureño generó un sismo político e institucional. Su llegada marcó el desenlace de un controvertido capítulo iniciado con su arresto en Tegucigalpa el 15 de febrero de 2022 y su posterior extradición el 21 de abril del mismo año.
La vuelta del exgobernante ocurre tras recibir un indulto concedido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a mediados de 2026, medida que perdonó su condena por narcotráfico, pero que no anuló su culpabilidad.
El retorno también fue posible gracias a la anulación de una orden de captura emitida por las autoridades hondureñas dentro del caso Pandora II. Esta es una causa incoada por el Ministerio Público, que persigue el presunto desvío de más de 62 millones de lempiras (USD 2.3 millones) de fondos públicos hacia campañas políticas entre 2010 y 2013.
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En el marco de dicho proceso penal, la Corte de Apelaciones ratificó este 22 de julio el sobreseimiento definitivo a favor del expresidente Porfirio «Pepe» Lobo Sosa, al no acreditarse indicios de su participación. Esta resolución dejó a Hernández como el principal procesado en el caso, quien deberá encarar la audiencia inicial fijada para el próximo 3 de agosto.
En el Congreso, los diputados de oposición han tratado con cautela el retorno de Hernández. Expediente Público contactó a varios legisladores del Partido Libertad y Refundación (Libre) y del Partido Liberal, pero no contestaron los mensajes ni las llamadas hasta el cierre de esta publicación.
Rol político y ejecutivo
El regreso de Hernández se produce seis meses después de que su organización política, el Partido Nacional, retomara las riendas del Poder Ejecutivo, bajo el mandato de Nasry Asfura.
Esta situación despierta expectativa sobre cómo se articulará la relación entre la cúpula oficialista y el exmandatario, así como la injerencia que este pueda ejercer sobre la estructura partidaria del nacionalismo.
Fernando Anduray, dirigente del Partido Nacional, destacó el significado de este evento. «El primer plano es el del retorno de un expresidente que tiene derecho como hondureño a vivir en su país, a estar con su familia, a disfrutar de su nacionalidad y, por supuesto, a arreglar los asuntos pendientes que tiene con la justicia», afirmó a Expediente Público.
Anduray sostuvo que el indulto de Trump limpió la imagen de la organización política frente a los señalamientos opositores.
«El retorno de Juan Orlando demuestra que el Partido Nacional no es una organización criminal, no es una organización de narcotraficantes y que es una institución fuerte, sólida, la más grande de Centroamérica que hoy ejerce el poder de la nación», enfatizó el dirigente.
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Por su parte, el exagente de la Administración de Control de Drogas (DEA) de EE. UU., Mike Vigil, descartó que el presidente en funciones permita una intromisión directa del exgobernante en las decisiones de la administración pública.
«Yo no creo que el presidente Asfura lo vaya a permitir porque es inteligente y sabe que, si se mete Juan Orlando Hernández otra vez a la política, le va a hacer mucho daño a su presidencia», aseveró a Expediente Público.
No obstante, Vigil advirtió que Hernández buscará mantener cuotas de poder proyectando la figura de su esposa, Ana García de Hernández, con miras a las elecciones presidenciales del 2029.
«Yo creo que él pretende mover a su esposa como candidata presidencial porque sabe que, si ella convierte la candidatura en victoria, él es el que va a manejar todo desde atrás», agregó.
Por su parte, el director de transparencia de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Juan Carlos Aguilar, consideró que la influencia del exmandatario podría darse mediante poderes de facto.
«Sabemos que se va a involucrar, pero no sabemos si va a ser público o desde la sombra; lo cierto es que sus estructuras siguen vivas y sus correligionarios tienen nivel de involucramiento en el Partido Nacional», puntualizó el analista.
Prueba de fuego
El arribo de Hernández representa un desafío para la Corte Suprema de Justicia, que deberá demostrar su imparcialidad en el caso «Pandora II».
Tras la desestimación de cargos a Porfirio Lobo, el expediente somete a prueba el rigor de los jueces naturales que celebrarán la audiencia inicial del 3 de agosto para definir si dictan auto de formal procesamiento o de sobreseimiento.
Al respecto, Vigil señaló que el Poder Judicial hondureño no debe retroceder. «Toda la comunidad internacional sabe quién es Juan Orlando; si Honduras no toma acción seria en el caso Pandora II, los inversionistas verán al país como una nación que tolera la impunidad y el delito», recalcó.
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Respecto al indulto otorgado por Washington en 2026, el exagente señaló que un beneficio ejecutivo no extingue las responsabilidades penales ni la condición de culpabilidad del imputado.
«Un indulto es un acto de clemencia, no es una declaración de inocencia; jurídicamente aceptar un indulto en Estados Unidos implica aceptar culpabilidad», argumentó Vigil al cuestionar el discurso del exgobernante.
De su parte, Aguilar enfatizó que la credibilidad de las instituciones dependerá del estricto apego al debido proceso y no a presiones de tinte partidario.
«La justicia en Honduras está altamente politizada. Esperaríamos un respeto a la presunción de inocencia, pero también garantías de transparencia en el juzgamiento basado estrictamente en ley», observó el representante de la ASJ.
También advirtió sobre el histórico desempeño del Ministerio Público en la sustanciación de requerimientos fiscales contra altas figuras políticas.
«Muchos casos de gran corrupción terminan en sobreseimientos porque las acusaciones no han sido construidas con la eficiencia necesaria y las falencias investigativas impiden sustentar los indicios mínimos exigidos por la norma penal», concluyó el especialista.
Agudización de la polarización
El retorno del expresidente también amenaza con profundizar la fractura social e ideológica que aqueja a la ciudadanía hondureña desde hace más de una década.
Mientras los sectores afines al exjefe de Estado consideran su liberación un acto de reivindicación, diversos colectivos ciudadanos observan el acontecimiento con indignación y preocupación por la institucionalidad.
Aguilar proyecta un incremento en las tensiones políticas de cara a las elecciones legislativas programadas para el próximo noviembre.
«Sin lugar a duda va a polarizar. Recordemos que en 2021 gran parte de la ciudadanía emitió un voto castigo para sacar al expresidente Hernández del panorama de gobernanza, y ese malestar social sigue latente en la población», explicó el analista.
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Aguilar sostuvo que los discursos de los partidos políticos jugarán un papel determinante en el encendimiento o apaciguamiento de la crispación social.
«La oposición utilizará este regreso como un discurso favorable para capitalizar adeptos, por lo que el nivel de polarización dependerá de la narrativa que construyan los actores políticos y del desgaste en los acuerdos de gobernabilidad», analizó.
Por su parte, Vigil calificó el retorno como un agravio para las víctimas de la narcopolítica y las instituciones cooptadas.
«El regreso de Juan Orlando es una burla para la sociedad hondureña; cuando gobernó convirtió al país en un narcoestado y su presencia constituye un riesgo de restaurar las redes de corrupción institucional», sentenció Vigil.
Ante este escenario, Aguilar recomendó a la ciudadanía vigilar el desarrollo de las audiencias judiciales, ya que la supervisión civil sobre la Corte Suprema de Justicia resultará vital para evitar que la impunidad prevalezca y para encauzar el debate público en favor del fortalecimiento del Estado de derecho.
