* Entre enero y mayo de este año se registraron 15 masacres que dejaron 72 muertos, según el Observatorio de la Violencia de la UNAH.
* La ola de crímenes, que se agudizó en mayo, respondería a un reacomodo de estructuras criminales tras el cambio de gobierno.
* Especialistas en seguridad advierten que las políticas concentradas en el militarismo no permiten paliar las complejas causas de la violencia.
Sharon Ardon / Expediente Público
Darío (nombre protegido) dejó de ir al gimnasio, a una cuadra de su casa, debido a la inseguridad. Él vive en La Travesía, un barrio periférico de Tegucigalpa azotado por la violencia. Su madre está angustiada, pues no concibe que, a sus 18 años, él haya decidido encerrarse por temor.
“Cuando me dijo que no había ido porque le daba miedo salir, me preocupé; nunca me había dicho algo así (…) ahora paso con temor de que le pueda pasar algo en el taxi, de que lo asalten o cualquier cosa. Todo está horrible”, expresó ella a Expediente Público con la condición de no ser identificada por seguridad.
La preocupación de esta familia coincide con la escalada de violencia que ha marcado los primeros cinco meses de 2026. Solo el 21 de mayo, 27 personas fueron asesinadas en dos hechos distintos, en la zona norte del país: una masacre de 20 campesinos en Colón y un ataque armado en Cortés que dejó 7 muertos, entre ellos 5 policías.
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Ante esto, el Gobierno apuesta nuevamente por medidas de mano dura, como la militarización, endurecimiento de penas y reformas antiterroristas.
Sin embargo, especialistas consultados por Expediente Público señalan que el país enfrenta diferentes tipos de violencia que requieren respuestas diferenciadas, por lo que repetir fórmulas aplicadas en gobiernos anteriores no proyecta un alcance efectivo contra este fenómeno.
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Persistencia de la violencia en Honduras
Según el Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (ONV-UNAH), entre enero y mayo de este año, se contabilizaron 15 masacres con 72 muertes. Mientras que, en el mismo periodo del año pasado, se registraron 16 masacres con 57 muertes.
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Sin embargo, hay una discrepancia con las cifras de este año. La Policía Nacional reporta 12 masacres con 60 fallecidos. El subcomisario Edgardo Barahona explicó a Expediente Público que la diferencia se debe a que, en tres hechos difundidos por los medios en Olancho, Valle y Gracias a Dios, solo se hallaron una o dos víctimas y, al no llegar a tres, no se clasifican como masacres.
Agregó que esos casos se van a dilucidar en las mesas de diálogo interinstitucional que sostienen con el ONV-UNAH, la Medicina Forense y el Registro Nacional de las Personas (RNP) con el fin de esclarecer las estadísticas.
La directora del ONV-UNAH, Migdonia Ayestas, sostiene que, a pesar de esta discrepancia en las cifras, no se puede negar que la situación es grave. “Honduras sigue siendo un país violento que, sin estar en guerra, produce más muertes que las que se están produciendo en otros países”, dijo a Expediente Público.
Según el Índice de Conflictos del Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), Honduras se ubica, a nivel mundial, en el puesto 26, entre los 30 países con “alta conflictividad”, la categoría más grave.
Radiografía de las masacres
Mayo concentró los episodios más violentos. En seis días se produjeron cuatro masacres que dejaron 34 víctimas mortales, la mayoría en departamentos de la zona norte del país.
El 21 de mayo ocurrió la más sangrienta de todas, con el asesinato de los 20 campesinos en el sector Rigores, departamento de Colón. Debido a la gravedad del caso, el Ministerio Público solicitó discreción mientras se continúa indagando, informó el subcomisario Barahona.
No obstante, la policía mantiene como líneas de investigación, la disputa de tierras, el histórico conflicto agrario en la zona, así como la supuesta incursión de estructuras criminales que utilizan la zona para el trasiego de droga.
Ese mismo día se suscitó otro hecho violento en Corinto, departamento de Cortés, que dejó siete muertos, entre ellos cinco agentes policiales de la extinta Dirección Policial Anti-Maras y Pandillas (Dipampco).
Cuatro personas fueron detenidas y las pesquisas apuntan a una estructura criminal que colabora en el trasiego de drogas para el Cártel de Jalisco Nueva Generación, de México.
En Yoro, el departamento con mayor número de masacres este año, las autoridades atribuyen varios hechos violentos a disputas territoriales con estructuras criminales como el Cártel del Diablo, la Mara Salvatrucha y la banda Kleibona.
Según el subcomisario Barahona, al menos 13 personas han sido capturadas durante operativos desarrollados en varios puntos del departamento de Yoro.
¿Qué está pasando?
Tiziano Breda, analista senior para América Latina y el Caribe del ACLED, atribuye el repunte de la violencia a una combinación de factores, entre ellos un reacomodo de estructuras criminales tras el cambio de gobierno.
“Los grupos criminales aprovechan de estas transiciones de cambios en la estructura de mando de las fuerzas de seguridad para profundizar sus actividades expandirse o tomar venganzas por hechos pasados (lo que) hace que se incremente la violencia”, aseguró a Expediente Público.
Añadió que esta ola de violencia podría ser una represalia del crimen organizado contra la política de seguridad de “mano dura” que está implementando el Gobierno de Narsy Asfura.
Juventud en la línea de fuego
Ayestas señaló que los grupos criminales que controlan varios territorios del país y que, mientras el Estado gobierne en estos lugares, “difícilmente va a mejorar la situación de la violencia”.
Según Ayestas, estos grupos criminales han trazado fronteras invisibles para demarcar el territorio que dominan, lo cual pone en riesgo a la población hondureña. Mencionó que los jóvenes son los más vulnerables, pues muchas veces desconocen la existencia de estas líneas que separan los territorios dominados por maras y pandillas.
Ayestas mencionó el caso de los tres estudiantes de secundaria, de entre 15 y 16 años, que fueron asesinados el 26 de mayo en El Progreso (Yoro). La hipótesis policial es que los adolescentes habrían sido confundidos con simpatizantes de una estructura criminal rival.
El mismo día, en el departamento colindante de Cortés, cuatro personas fueron asesinadas, incluyendo un joven de 18 años.
La mayoría de las víctimas de las masacres serían jóvenes. Expediente Público recopiló las edades de 34 de los 72 fallecidos en los ataques de este año. En esta muestra, 23 víctimas tenían entre 14 y 30 años.
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¿Qué propone el Gobierno?
Tras las recientes masacres, el Gobierno anunció una serie de medidas orientadas a reforzar la política de seguridad. La estrategia comenzó con la intervención y despliegue de policías y militares en los departamentos de Colón y Cortés, donde se produjeron las dos masacres más graves.
Posteriormente, el Gobierno anunció la eliminación de la Dirección Policial Anti-Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipamco) y, en su lugar, la creación de una nueva Agencia Nacional contra el Crimen, que tendría funciones similares a la anterior.
Al respecto, Breda señaló que uno de los principales problemas de los últimos gobiernos ha sido la falta de continuidad institucional, pues, en lugar de consolidar una fuerza de seguridad sólida y confiable, cada administración desmantela lo que existía y crea nuevas agencias o unidades.
La misma receta para diferentes dolencias
Además, el Gobierno aprobó el 22 de mayo varias reformas al Código Penal y Código Procesal Penal a través del decreto No. 84-2026, con el cual endureció las penas para la extorsión y clasificó formalmente a las maras, pandillas y ciertas estructuras de crimen organizado como asociaciones terroristas.
Aunque las autoridades sostienen que estas acciones permitirán fortalecer el combate contra las estructuras criminales, para la experta en seguridad Mirna Flores, uno de los principales problemas de la estrategia del Gobierno es asumir que todas las masacres responden a una misma dinámica delictiva cuando, en realidad, detrás de ellas confluyen conflictos agrarios, disputas territoriales, narcotráfico y venganzas personales.
“Por eso es por lo que el Gobierno fracasa: porque todas las muertes colectivas aparecen como con la misma motivación y no es la misma motivación, son distintas”, afirmó Flores a Expediente Público.
En su opinión, después de tanto tiempo funcionando el observatorio de la UNAH, el Estado debe adoptar políticas a partir de ese diagnóstico de las múltiples violencias que viven los hondureños.
Medidas similares sin resultados
La académica también recordó que esta estrategia de “mano dura” no es nueva, sino que data de décadas. Durante el Gobierno de Ricardo Maduro (2002-2006) se declaró la guerra contra las maras y se aprobó la Ley Antimaras.
Luego, en la administración de Porfirio Lobo (2010-2014), se mantuvieron y reforzaron políticas de tolerancia cero contra el crimen organizado.
El Gobierno pasado, de Xiomara Castro (2022-2026), implementó un estado de excepción que duró un poco más de tres años, sin lograr solucionar el problema.
“Seguimos tomando medidas similares, gastando enormes recursos en seguridad y defensa sin obtener los resultados esperados”, afirmó la especialista.
¿Dónde quedó la prometida estrategia de prevención?
En su plan de gobierno “Juntos vamos a estar bien 2026-2030”, Asfura propuso una estrategia integral de seguridad ciudadana centrada en la prevención de la violencia.
Expediente Público solicitó una entrevista al ministro de la Secretaría de Seguridad, Gerson Velásquez, pero hasta la publicación de este artículo, no dio respuesta.
Sin embargo, en la práctica, a juicio de Flores, “lo que se está haciendo no está inclinado por el lado preventivo, está inclinado al lado reactivo y represivo, y mucho más represivo que el gobierno pasado, pero con un discurso aparentemente democrático”.
Una preocupación similar planteó la investigadora Ayestas, quien considera que la seguridad no puede reducirse únicamente al despliegue de policías y militares.
A su juicio, mientras el Estado no logre recuperar el control efectivo de los territorios y fortalecer la prevención desde las escuelas, las familias y las comunidades, Honduras seguirá reaccionando a la violencia una vez que ya ocurrió.
“Fortalecer las capacidades de la gente para que diga no a la violencia, a no involucrarse, para que sepa cuáles son sus factores de riesgo y cuáles son sus factores de prevención”, concluyó.
Mientras las políticas de seguridad no terminan de delinearse, la madre hondureña que habló con Expediente Público ya hace planes de abandonar el país para salvaguardar su vida y la de su hijo. “Ahora, hasta por una mala mirada te pueden hacer algo”, se lamenta.
