* Analistas advierten falta de rumbo y de visión estratégica en los primeros meses del Gobierno nacionalista de Nasry Asfura.
* La administración ha estado marcada por una dinámica de “apaga fuegos” y una tendencia “vengativa” con juicios políticos de por medio.
* La aprobación tardía del presupuesto general dificulta una evaluación del desempeño económico del Gobierno.
Sharon Ardon / Expediente Público
La luna de miel se acabó. El presidente hondureño, Nasry Asfura, cumple hoy 100 días en el poder y el voto de confianza que le dio la ciudadanía comienza a exigir resultados.
La evaluación no es alentadora. Expediente Público consultó a cinco especialistas en los ámbitos económico, político y social, quienes coincidieron en una mala calificación para el mandatario. El sacerdote y analista social Ismael Moreno Coto, conocido como el padre Melo, lo resumió en una frase: es un gobierno “sin rumbo, desorientado e improvisado”.
Asfura se había adelantado a la crítica. “El Gobierno está para atender y servir, no para ser evaluado en 100 días”, había anticipado ante los medios el pasado 30 de abril. Sin embargo, este diagnóstico —una práctica que se remonta a la gestión del estadounidense Franklin D. Roosevelt— suele marcar las señales del rumbo que tomará un gobierno.
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La falta de una transición gubernamental —provocada por la ausencia de cooperación del Gobierno anterior—, el retraso en el nombramiento de funcionarios en áreas clave y la tardía aprobación del presupuesto evidencian la falta de una estrategia clara en la administración de Asfura, señalaron los expertos consultados.
A esos problemas agregaron la falta de generación de indicadores para medir la gestión, la nula articulación entre instituciones, las decisiones centradas en atender crisis inmediatas y no en generar políticas de largo plazo, así como la copia de estrategias de gobiernos nacionalistas anteriores.
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Expectativas de cambio, resultados limitados
Con el inicio de un Gobierno de derecha, la población tenía grandes expectativas de cambio, luego de cuatro años bajo el mandato de la presidenta Xiomara Castro, del izquierdista Partido Libertad y Refundación (Libre).
Sin embargo, a 100 días, esos anhelos no se han traducido en transformaciones visibles, expresó a Expediente Público el analista político Kenneth Madrid.
“La curva de aprendizaje ha sido más larga de lo esperado y eso ha impedido mostrar resultados concretos en el corto plazo”, afirmó, pues según él la inexistente transición gubernamental y el proceso de adaptación institucional ha sido ineficiente, puesto que no se ha visto una estrategia comunicacional.
Sin embargo, advirtió que el principal problema ha sido el enfoque. “Se están resolviendo problemas apagando fuegos y eso no habla muy bien de una política pública que va encaminada al servicio global.”, sostuvo.
Como ejemplo, Madrid señaló la política monetaria implementada por el Gobierno. A su parecer, «no va enfocada a generar esa explosión económica, sino, al contrario, va enfocada más a contener la inflación”.
Una estrategia de polarización y venganza
El padre Melo también alertó sobre una tendencia a la toma de decisiones vengativas que aumentan la confrontación política refiriéndose al tema de los juicios políticos.
Desde su perspectiva, estas acciones, que derivaron en la destitución del fiscal general Johel Zelaya, así como funcionarios de órganos electorales, no contribuyen a resolver problemas estructurales, sino que pueden “ahondar la polarización” e incluso abrir espacio a dinámicas de persecución.
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Sin coordinación ni indicadores
Para Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), la falta de un plan de gobierno medible es una de las principales debilidades.
“No hay lineamientos claros (ni) visión estratégica focalizada, coordinada entre las diferentes instituciones y, al final, lo que este desorden provoca es que cada ministro, cada institución empieza con improvisación a ejecutar sus propios planes y acciones”, subrayó Castañeda.
Deslice para más información
El experto señaló que el plan “Juntos vamos a estar bien”, diseñado para la campaña de Asfura, no coincide con la realidad del país.
Citó una de las propuestas inviables en materia de seguridad: la contratación de 4000 policías anualmente, cuando secretaría de seguridad no tiene el propuesto para cumplir esta meta.
Igualmente, Asfura prometió el fortalecimiento del Ministerio Público. Sin embargo, Castañeda apunta que el presupuesto es insuficiente, pese a que es imperativo hacerlo ya que apenas hay un aproximado de 786 fiscales para todo el país, los cuales no se dan abasto para la cantidad de denuncias e investigaciones.
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Repunte de violencia en Honduras
En seguridad, el gobierno enfrenta un escenario complejo porque encontró al país con un incremento de casi el 6% en homicidios en comparación con el año anterior. De acuerdo con el reciente corte de la Secretaría de Seguridad, el en lo que va del presente año ha habido un incremento de 33 muertes con respecto al mismo periodo del 2025.
Castañeda señaló que la actual administración ha optado por una estrategia de focalización, pues “ha centrado los esfuerzos en destinar mayor recurso a la investigación y a la persecución de estos delitos”.
En ese sentido, para Castañeda es necesario que el Gobierno construya un plan más realista, basándose en un diagnóstico situacional y en indicadores para que se pueda medir el impacto a corto, mediano y largo plazo.
Divergencias en el tema de salud
Desde que asumió el poder, Asfura anunció que él mismo asumiría la conducción del sector salud, una decisión que generó lecturas divergentes. Para el padre Melo, esto representa “un desacierto”, porque la política de salud no puede depender del tiempo de un mandatario que tiene a su cargo todo el Gobierno.
No obstante, la directora de salud de la ASJ, Blanca Munguía, dijo a Expediente Público que en estos primeros meses sí se han observado esfuerzos alineados a un plan con prioridades vinculadas al acceso de medicamentos y la reducción de la mora quirúrgica.
Para ello, el Congreso Nacional aprobó una ley de medidas excepcionales con la cual se decretó el estado de emergencia sanitaria y la implementación de un fideicomiso como mecanismos para agilizar compras. De acuerdo con datos del Gobierno, ya se aprobó el desembolso de 2000 millones de lempiras (US$75.23 millones) para la compra de medicamentos.
Esto “le da cierta estabilidad o garantía para que se pueda lograr los objetivos”, afirmó Munguía.
Otro aspecto de la ley es la autorización a la Secretaría de Salud (Sesal) para que suscriba convenios de prestación de servicios con instituciones públicas y privadas para realizar cirugías y así reducir la mora quirúrgica en la red hospitalaria.
Hasta la fecha, Sesal informó que se han realizado 432 cirugías a nivel nacional. De estas, 154 fueron realizadas en hospitales privados. El resto correspondió a pacientes con problemas de catarata que se atendieron en una brigada médica en el hospital San Felipe de Tegucigalpa.
Tercerización de la salud
En contraste, el economista Ismael Zepeda señala que con esas acciones se apunta a la tercerización de los servicios públicos, algo que ya se había implementado en los gobiernos nacionalistas de Porfirio “Pepe” Lobo y Juan Orlando Hernández.
“Va encaminado a las alianzas público-privadas, a mantener ciertos mecanismos de la administración pública, que pareciera que el Partido Nacional no tiene otra mirada más que la habitual de los fideicomisos”, afirmó Zepeda a Expediente Público.
En ese sentido, Zepeda advirtió que el modelo es “como una mala copia y lo peor de esa mala copia es agarrar cosas que ya se mostró que eran actos de corrupción, eran para desviar fondos, era para favorecer a privados”.
El Gobierno de Hernández usó la figura del fideicomiso en la pandemia de COVID-19 en 2020 para comprar siete hospitales móviles y siete plantas de tratamiento de desechos médicos. Por estas adquisiciones se abrieron investigaciones penales que terminaron en sentencias por malversación de fondos públicos.
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Respondiendo a intereses de las élites
En la política fiscal, Zepeda explicó que es difícil analizar estos primeros 100 días de Gobierno debido a que durante meses se centraron en reformular el presupuesto general, el cual fue aprobado recién el pasado 21 de abril.
Otro de los puntos en los que coincidieron los analistas consultados es la percepción de que las decisiones del Gobierno están respondiendo más a sectores económicos que a las necesidades de la población.
La crisis económica provocada por el conflicto bélico entre Irán y Estados Unidos mantiene asfixiado al hondureño, quien se despierta con el incremento de los combustibles y el encarecimiento continuo de los productos de la canasta básica.
Ante el reciente anuncio del Gobierno de eliminar el subsidio del gas GLP de uso doméstico —es cual estuvo subsidiado por más de 5 años—, Zepeda reiteró que la capacidad de respuesta en esta crisis los ha rebasado y pareciera como si el Partido Nacional tiene una visión más encaminada a favorecer a las élites económicas. Como ejemplo, citó la tercerización y la liberación de la moneda.
Del mismo modo lo percibe el padre Melo. “Lo que le espera a la población es mayor precariedad; se le está orillando a una lógica de sálvese quien pueda”, manifestó.
Y agregó: “creo que está respondiendo a élites políticas, económicas, financieras, nacionales y por lo tanto a estar siempre a espaldas del clamor de los pobres”.
