* Sorpresivamente, El Salvador entregó al régimen de Nicolás Maduro a 252 venezolanos del CECOT en un intercambio por presos políticos y diez ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela.
** Observadores contabilizan cerca de un millar de presos políticos en Venezuela, mientras familiares denuncian que el régimen de Nicolás Maduro “ya no tiene líneas rojas” en su cruzada contra opositores.
Expediente Público / Washington
El intercambio de la ropa sucia de los presos políticos de Venezuela por mudas limpias llevadas por sus familiares se ha convertido en la única prueba de supervivencia de decenas de presos de conciencia retenidos en las cárceles venezolanas e “incomunicados”, según denuncian familiares.
“Eso que todavía permiten se ha convertido en una prueba para la familia, al estar completamente incomunicados”, relata un joven hijo de un preso político desde hace casi un año.
El joven habla con Expediente Público del deterioro propio y de su entorno familiar al exponer la situación de su padre y de otros presos políticos, mientras gestiona con otros venezolanos que sufren el mismo infortunio apoyos en la comunidad internacional para hacer visible la causa y conseguir la libertad de sus familiares en el país sudamericano.
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En Venezuela se contabiliza cerca de un millar de prisioneros por causas políticas, cifra que tuvo un auge luego de la agresiva campaña de represión desde mediados del 2024 como contra reacción del régimen a las exigencias de la ciudadanía porque se respetaran los resultados electorales de los comicios del 28 de julio.

Intercambio de presos
Mientras, el gobierno de Nayib Bukele entregó a 252 venezolanos que permanecían detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una de las megaprisiones de El Salvador, acusados de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua.
El intercambio de este 18 de julio fue de los migrantes señalados de ser parte del Tren de Aragua que habían sido deportados previamente desde Estados Unidos y recluidos en CECOT. La entrega se realizó como parte de un intercambio negociado entre Washington y Caracas, que incluyó la liberación de presos políticos venezolanos y diez estadounidenses retenidos en Venezuela.
«Hasta hoy, Venezuela era el país del mundo con más ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente (…) Todos los estadounidenses detenidos injustamente en Venezuela ya están libres y de vuelta en nuestra patria», afirmó en el secretario de Estado, Marcos Rubio.
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EE.UU. se define
Los familiares de los presos políticos en Venezuela tratan de ser escuchados por la administración del presidente Donald Trump, pero la gestión del gobierno estadounidense no muestra resultados ni un enfoque claro sobre el tema de presos políticos.
Una publicación de The New York Times, del 8 de julio reciente, afirmó que las gestiones de la administración Trump han recorrido dos vías para buscar un acuerdo que lleve a la liberación de al menos 80 presos políticos.
Según el medio estadounidense, una surgió desde la oficina del secretario de Estado, Marco Rubio, y la otra del Enviado especial de Trump a Venezuela, Richard Grenell. Las fuentes confidenciales del Departamento de Estado dijeron al New York Times que las gestiones están enfrentadas.
El enviado a Venezuela puso sobre la mesa una oferta -según The New York Times- de “condiciones que Venezuela consideraba más atractivas” para el régimen de Nicolás Maduro, y que conllevaría suavizar las sanciones y devolver las licencias a la petrolera Chevron.
La negociación
Expediente Público gestionó, a través de la Oficina de Prensa del Departamento de Estado, comentarios sobre la situación de los presos políticos en Venezuela, pero hasta la hora de cierre de esta nota no hubo respuesta.
Ha trascendido que en ambas gestiones Venezuela ha requerido le sean entregados los más de 250 venezolanos detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, luego del polémico acuerdo entre la administración Trump y el gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele.
El gobierno de Bukele ha sostenido ante la Oficina de Naciones Unidas para Derechos Humanos que solo ofrece “infraestructura penitenciaria”, pero sin jurisdicción, al responder la semana pasada a requerimientos de la ONU sobre los cientos de venezolanos detenidos en su emblemática cárcel.
El rotativo estadounidense reitera que las dos gestiones del gobierno de Estados Unidos han transcurrido sin comunicarse entre sí y que ambas tienen un mismo interlocutor del lado venezolano: Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.
Rodríguez fue sancionado en noviembre de 2024 por el Departamento del Tesoro de EE.UU. junto con 21 altos funcionarios del gobierno venezolano por “perpetrar acciones antidemocráticas” y violar derechos humanos después de las elecciones del 28 de julio.
Las líneas rojas
El exsubsecretario de Estado para el hemisferio occidental sobre Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, Enrique Roig, le dice a Expediente Público que en este momento la política de la administración Trump sobre presos políticos tiene un enfoque “transaccional” (negociar algo a cambio), y con los despidos masivos de sus excolegas en el aparato de la diplomacia el 11 de julio, muchas oficinas están desmanteladas o debilitadas.
Esto conlleva a una pérdida de capacidad técnica desde el Departamento de Estado en aspectos de personal para apoyar a familiares de presos políticos, mantener la observación sobre violaciones de a derechos humanos, dar seguimiento casos y elaborar informes para tomar de decisiones desde Washington.
Roig, que ahora es director de Políticas e Iniciativas Estratégicas en la Fundación Internacional Seattle, asegura que “todo en este momento parecería ser muy transaccional y es muy difícil entender cuál es la política en este momento (sobre presos políticos) para Latinoamérica y el Caribe”.
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Para Roig, la situación de presos políticos y la violación de derechos humanos en general “se irán complicando un poco más». «No veo que esta administración (Trump) tenga tan pendiente para hacer mucho fuera de pronunciamientos”, enfatizó.

Un familiar de presos políticos en Venezuela comenta que la grave situación de derechos humanos y el marco de garantías para los detenidos por el gobierno de Maduro atemorizan a la ciudadanía en general.
“Las circunstancias de la prisión en Venezuela han variado mucho, en este momento ya no hay líneas rojas para el régimen, han muerto incluso prisioneros políticos en custodia del Estado, estamos sumamente preocupado por la salud de familiares y compañeros”, opina bajo anonimato.
El conteo
Foro Penal, una organización de derechos humanos que monitorea la situación de los presos políticos en Venezuela, actualizó el 7 de julio la cifra de presos de conciencia en 940 personas.
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El número es inferior al registrado en febrero de este año, que daba cuenta de 1,196 presos políticos en el país, la mayoría como resultado de la represión sostenida luego de las protestas exigiendo el respeto a los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024.
Nicolás Maduro fue declarado ganador, pese a que la oposición mostró pruebas de un arrollador resultado a favor de Edmundo González. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Venezuela, controlado por el oficialismo, rechazó revisar las actas y, sin mostrar pruebas, dio la victoria a Maduro.
Recuentos internos
Foro Penal indica que, del total de detenidos, 153 han sido condenados y 781 están en prisión sin condenas, mientras que se desconoce el paradero de 49 encarcelados.
Esta organización indica que, en su recuento total registrado desde 2014 a la fecha, ya suman 18,424 personas privadas de libertad por cuestiones políticas.
“El Foro Penal ha asistido gratuitamente a más de 14,000 detenidos, hoy excarcelados, y a otras víctimas de violaciones a sus Derechos Humanos. Además de los presos políticos, más de 10,000 personas siguen sujetas arbitrariamente a medidas restrictivas de su libertad”, acotó la organización a finales de junio al presentar un balance de la situación de los prisioneros.
Los familiares de presos políticos dicen que las propias familias y algunas organizaciones ayudan para proveer con medicinas a sus familiares para mantenerlos vivos “porque todos tienen enfermedades de base, por la edad y las condiciones carcelarias”.
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Los familiares dicen bajo anonimato a Expediente Público que «se vuelve más complicado mantener a sus familiares en prisión» al tener que enviarles comida, medicinas y entregarla a las autoridades, y en muchos casos deben incluir coimas a los carceleros para asegurar la entrega. “Hemos comprobado que no llegan si mandamos la comida solamente”, denuncia uno de los afectados.
Casos emblemáticos
El Partido Convergencia, de Venezuela, opositor al régimen, registra una lista de sus dirigentes detenidos por los que exigen su liberación, y apelan a los organismos internacionales para evidenciar estos casos emblemáticos, de detenciones arbitrarias.
Convergencia, que endosó su apoyo a María Corina Machado antes que la precandidata fuera vetada a participar en los comicios presidenciales del año pasado, dice que su lucha se mantiene para lograr la libertad de sus miembros encarcelados.
Entre estos destacan, el coordinador de Convergencia, Biagio Pilieri, exparlamentario, detenido el 28 de agosto del año pasado y quien es uno de los incomunicados con sus familiares.
En la audiencia inicial, realizada en septiembre del año pasado, la Fiscalía acusó al exfuncionario de cinco delitos entre estos: conspiración, asociación para delinquir, instigación al odio, terrorismo y traición a la patria, según reportaron medios venezolanos.
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“Hacer política no es delito”
Amnistía Internacional ha exigido la libertad de Pilieri y su conductor Dorenski Rojas, capturados luego de una persecución por elementos de seguridad del estado vestidos de civil que les interceptaron en carretera sin una orden judicial.
“Hacer política no es delito. Exigimos la libertad para Biagio Pilieri y el conductor Dorenski Rojas. Todos los presos políticos en Venezuela deben ser liberados”, dijo el organismo en su división Latinoamérica.
También figuran entre los detenidos Vladimir Araujo, dirigente del partido en el estado de Portuguesa, quién fue uno de los primeros cuadros del instituto opositor capturado hace cerca de un año, cuando el régimen puso en marcha su oleada represiva.
Otros presos políticos
Y desde hace dos meses, el activista y abogado, Eduardo Torres, figura como detenido e igual que otras personas conocidas por su activismo político o por defender derechos humanos que ahora están incomunicados de sus familiares y sin derecho a abogados de confianza para defenderlos.
La organización no gubernamental Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos (PROVEA) ha denunciado que Torres, al igual que otros presos políticos, sigue “incomunicado y sin acceso a visitas de sus familia y defensores”.
La mayoría de los presos políticos son trasladados a El Helicoide, en Caracas, que a la vez es la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) en la capital, según la organización PROVEA.
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El Distrito Capital es la región con el mayor número de presos políticos, según Foro Penal. Se cuentan 211, porque incluso prisioneros de alto perfil como Pilieri, Araujo y Rojas son llevados a la capital alejándoles de sus familiares en provincia.
“Cada vez se hace más costoso para las familias con distancias de hasta cuatro horas de tiempo para ir hasta donde están detenidos”, a dejarles medicinas y alimentos, pero sin poder verlos, dijo uno de los familiares a Expediente Público.
La líder opositora María Corina Machado dijo en días recientes en sus redes sociales del Partido Convergencia que “toda nuestra fuerza especialmente a nuestros compañeros de esta organización que están secuestrados por la tiranía: a Biagio Pilieri, a Vladimir Araujo, a Eduardo Torres y a Dorensky Rojas, por quienes luchamos todos los días y no descansaremos hasta verlos libres, así como a 30 millones de venezolanos”.