* Nicaragua, Cuba, Venezuela y El Salvador figuran en la lista de países con más encarcelamientos por razones políticas.
** Alrededor de 65 países registran detenciones arbitrarias, principalmente contra defensores de derechos humanos, periodistas y opositores.
Expediente Público / Washington
Pensar, opinar y actuar en oposición a gobiernos autoritarios de Latinoamérica y otras partes del mundo son prácticas cada vez más criminalizadas. Expertos de Freedom House señalan un crecimiento en el número de presos políticos a nivel global.
La lista de personas detenidas por causas políticas tiene al frente a defensores de derechos humanos, periodistas, opositores políticos y, en casos como los de Nicaragua y Cuba, hasta a religiosos.
“Hay una pandemia de encarcelamiento político en todo el mundo”, afirma Katie LaRoque, directora de políticas y promoción de Freedom House.
Expediente Público conversó con ella y otros dos especialistas de la misma organización: Brian Tronic, director del programa por la libertad de presos políticos, y Alejandra Argueta, subdirectora para América Latina y el Caribe.
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Ellos sostienen que el aumento de detenciones arbitrarias se debe a retrocesos democráticos en todas las regiones del mundo.
Más líderes despóticos
Freedom House lleva un registro pormenorizado de la situación de los presos políticos alrededor del mundo, que se publica cada año en su informe sobre “Libertad en el Mundo”. Esta organización vigila y promueve la libertad y los valores democráticos desde hace 85 años.
Brian Tronic afirma que los síntomas principales del aumento de presos políticos están relacionados con la creciente incursión de “líderes despóticos” que encarcelan a personas por defender “derechos humanos, y por alzar la voz”.
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También sostiene que esos gobiernos penalizan la libertad de expresión encarcelando a periodistas, líderes políticos contrarios “y a muchos otros que se perciben como opositores al régimen por cualquier motivo”.
Pero lo más grave para este experto es que los países con gobiernos autoritarios “están aprendiendo unos de otros y, quizás, compartiendo prácticas en cuanto al encarcelamiento político”.
Pone como ejemplo la creación de legislaciones similares, ya sea una ley de agentes extranjeros u otras para contrarrestar lo que esos regímenes consideran ataques a la soberanía nacional, con delitos como el de traición a la patria. Esos países “utilizan leyes represivas similares para atacar a ciertas poblaciones”, apunta Tronic.
Latinoamérica también suma
Al poner la lupa sobre Latinoamérica, Alejandra Argueta considera que los gobiernos sindicados por violar derechos humanos tratan de camuflar sus acciones como aspectos de pura seguridad nacional.
Argueta cita los casos de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Sobre el primer país, apunta que hay miles de detenidos a quienes se les ha formulado cargos por supuesta traición a la patria, terrorismo y otros delitos, solamente por haber exigido que se respeten los resultados electorales del año pasado argumentando que la mayoría de las actas dieron como ganador a Edmundo González y no a Nicolás Maduro.
La especialista agrega que acciones similares se han desatado en las olas represivas contra la población nicaragüense desde que inició la crisis en abril de 2018. Desde entonces, organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han llevado un registro pormenorizado de los muertos, heridos y encarcelados en acciones dirigidas por la dictadura.
Argueta sostiene que lo mismo sucedió en Cuba después de las protestas de julio de 2021, cuando miles de personas salieron a las calles para exigir libertad y mejoras en sus condiciones de vida, lo cual conllevó a miles de detenciones.
“Todos actúan con el pretexto de la seguridad ciudadana o la estabilización de la sociedad, pero en realidad se dirigen a los defensores de la democracia y de los derechos humanos”, apunta Argueta.
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Para esta experta no es fortuito que legislaciones en Venezuela, Nicaragua y ahora El Salvador contengan un texto similar en las consideraciones para contrarrestar influencias externas. Se refiere a normas conocidas como leyes de Agentes Extranjeros, que controlan el registro y la operación de organizaciones de la sociedad civil.
“Los registros se crean para profundizar en el trabajo que realizan (las ONGs), recopilar información y contribuir a la recopilación de inteligencia de estos regímenes autocráticos con el único propósito de criminalizar el trabajo que realizan (las organizaciones) y desarrollar acusaciones infundadas”, sostiene Argueta.
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En Nicaragua, el gobierno canceló el año pasado la personería jurídica de unas 1,500 organizaciones no gubernamentales, incluidas unas 700 de índole religiosa. Además, ordenó al cierre de universidades privadas al declararlas como “riesgo” para la seguridad del Estado, acción que ha sido condenada por la comunidad internacional.
El Salvador en punto de inflexión
Asimismo, para Argueta es claro que, en El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele ha dado pasos importantes para reforzar su autoritarismo en los últimos meses.
“Creo que, en El Salvador, como hemos visto en los últimos meses, quizás en mayo, hubo un cambio radical. Es un punto de inflexión trascendental porque creo que los casos de (Ruth) López y (Enrique) Anaya muestran claros indicios de que tienen motivaciones políticas, de que hay algo detrás del trabajo que estas personas realizan en materia anticorrupción, y de un escrutinio riguroso del abuso de poder del gobierno”, afirma la experta.
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Presos para canje
Para Katie LaRoque, los gobiernos autoritarios promueven las detenciones arbitrarias para utilizar a los presos políticos como moneda de canje o para suavizar sanciones.
“Existe una práctica muy cínica: muchos regímenes negocian con gobiernos occidentales o democráticos la liberación de un puñado de presos políticos a cambio de levantar las sanciones para, de alguna manera, aliviar algunas de las medidas punitivas que el mundo democrático impuso a estos gobiernos en respuesta a su represión interna”, dice LaRoque.
Además, estas violaciones a los Derechos Humanos también se utilizan para intercambiar presos. El 18 de julio pasado, Estados Unidos y Venezuela hicieron un intercambio. El régimen de Nicolás Maduro liberó a unos 80 presos políticos, algunos de ellos estadounidenses, a cambio de que se le entreguen 250 venezolanos que habían sido expulsados de Estados Unidos a El Salvador, al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
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El exsubsecretario del Departamento de Estado para Derechos Humanos, Democracia y Trabajo, Enrique Roig, comentó a Expediente Público que por el momento la administración Trump no tiene una política definida para presos políticos y que ha enfocado sus acciones en transacciones como la realizada con Venezuela.
Esta práctica no es nueva. Durante la administración de Joe Biden, Estados Unidos y algunos países europeos gestionaron intercambios para que Rusia libere prisioneros estadounidenses y disidentes rusos, acusados de espionaje o de violar su Ley de Agentes Extranjeros.
A cambio, fueron liberados criminales rusos que purgaban penas por asesinatos, tráfico de armas, ciberataques y otros crímenes, que habían sido enjuiciados bajo garantías del debido proceso.
Brian Tronic puntualiza que “algunos de los países más problemáticos en cuanto al encarcelamiento político pueden ser socios importantes en el ámbito comercial, la seguridad, la lucha contra el terrorismo o el combate al narcotráfico internacional”, lo cual dificulta el problema.
