* Ariana Banegas es diputada nacionalista que aspira a su reelección es acusada de presunta corrupción por el Ministerio Público.
** Es candidata por el departamento de Colón y asegura ser víctima de persecución política por parte del oficialismo.
*** Su defensa está en manos del mismo abogado que representó a Juan Orlando Hernández antes de su extradición a Estados Unidos.
Expediente Público
Tras las elecciones primarias, el Ministerio Público solicitó una orden de captura contra la candidata nacionalista Ariana Banegas, acusada de tres delitos de presunto fraude en perjuicio del Estado. En su defensa, la diputada asegura ser víctima de persecución política y reafirma su intención de prolongar su carrera en el Congreso.
Banegas ocupa una curul desde 2018 en representación de Colón, el cuarto departamento más grande de Honduras y uno de los más conflictivos, tanto por su papel como corredor estratégico del narcotráfico como por los violentos enfrentamientos agrarios que lo han marcado durante décadas.
La candidata debutó en el Congreso a los 33 años, elegida diputada en una región dominada por caudillos como el nacionalista Óscar Nájera, con ocho periodos legislativos, y el liberal Ricardo Elencoff, ambos señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico.
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Antes de llegar al Congreso, Banegas ejerció como médica y fue directora del Hospital General Salvador Paredes en Trujillo entre 2010 y 2014, etapa que ella califica como uno de sus mayores logros profesionales.
Para la Fiscalía, en cambio, su gestión estuvo ligada a una red de corrupción en contratos públicos que habría generado un perjuicio de 88.3 millones de lempiras (US$ 3,5 millones) al Estado. Ella afirma que el caso fue montado por persecución política.
Para enfrentar las acusaciones, Banegas contrató al abogado Hermes Ramírez, conocido por haber defendido al expresidente Juan Orlando Hernández antes de su extradición a Estados Unidos y por representar actualmente al general Romeo Vásquez Velásquez, prófugo de la justicia, por cuya captura la Secretaría de Seguridad ofrece una recompensa de 20 millones de lempiras (US$ 800 mil).
Su trayectoria legislativa
En 2017, Banegas fue electa como una de los cuatro diputados de Colón, junto con Nájera, Elencoff y Pablo Soto Bonilla, representante del partido Libertad y Refundación (Libre), sobre quien trascendió en 2018 una presunta orden de captura por narcotráfico. Su suplente fue Glenn Ávila Goff, docente que durante su gestión como alcalde de Limón (2010-2014) recibió una licencia con goce de sueldo del ministerio de Educación, pese a ocupar un cargo de elección popular.
En su primer periodo, Banegas integró el grupo de 27 mujeres diputadas propietarias del Congreso Nacional, de los 128 totales. Cuatro años más tarde fue reelecta en una legislatura que aumentó a 33 mujeres. No obstante, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) la ha señalado como una de las legisladoras más improductivas, al limitarse a presentar unas pocas mociones enfocadas principalmente en juventud y seguridad.
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Entre sus escasas iniciativas figuran la creación en 2018 de una Comisión Especial de Juventud para impulsar una «Agenda Legislativa Joven» y, en 2024, la solicitud de derogar el decreto que prohíbe la portación de armas en Colón, medida adoptada en 2012 para contener invasiones de tierras y la violencia del crimen organizado.
Banegas argumenta que la prohibición vulnera el derecho de comerciantes y ganaderos a defenderse en un departamento donde la tasa de homicidios en 2024 alcanzó 54.6 por cada 100 mil habitantes, el doble del promedio nacional.
Deslice para más información
En octubre de 2023 ganó notoriedad cuando, en plena sesión legislativa, lanzó una botella de plástico al rostro del presidente del Congreso, Luis Redondo. Pese a la agresión y a su rol como subjefa de la bancada nacionalista, no recibió sanción alguna.
Imputada por corrupción
Tras las primarias de mayo de 2025, la Fiscalía pidió al Poder Judicial una orden de captura contra Ariana Banegas, por suponerla responsable de tres delitos de fraude en perjuicio de la administración pública.
El Ministerio Público la señala de participar en un esquema de desvío de 83,3 millones de lempiras (US$3,5 millones) del sistema de salud, mediante la adjudicación de 250 contratos presuntamente irregulares entre 2009 y 2014, varios de ellos extendidos desde su gestión en el Hospital de Trujillo.
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Según la Fiscalía, seis compañías recibieron licitaciones directas por el monto señalado, aunque el valor real de los medicamentos e insumos comprados no superaba los 38,4 lempiras (US$1,5 millones). La investigación también involucra a la exsecretaria de Salud, Cristina Díaz Tábora, accionista de una de las empresas beneficiadas.
Ariana Banegas y más acusaciones
Al respecto, Banegas declaró a un medio local de Tocoa, cabecera de Colón: «Me siento sorprendida con la noticia. Vivimos en un estado crítico de persecución política. Es parte del desprestigio que quieren hacer a mi nombre porque el gobierno sabe que no la tiene fácil para ganar las próximas elecciones y el recurso que les queda es atacar a los principales liderazgos del país».
Banegas y el diputado nacionalista Nelson Márquez, apresado por supuestos actos de corrupción, comparten el mismo equipo de defensa legal. Pero mientras la diputada se presentó voluntariamente para enfrentar el proceso en libertad, el congresista, candidato a reelegirse por el departamento de Intibucá, permanece bajo arresto domiciliario.
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El caso de Banegas está en fase previa al juicio. En agosto de 2025, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) designó la Corte de Apelaciones que conocerá el expediente, integrada por el magistrado nacionalista Luis Padilla, el liberal Nelson Mairena y la oficialista Sonia Dubón. «Espero que la justicia sea imparcial», comentó Banegas ante un medio.
Entre tanto, el CNA señaló al Hospital de Trujillo como uno de los seis centros de salud en condiciones más «deplorables» del país. Banegas, sin embargo, insiste en sentirse orgullosa de su administración en el centro médico.
Hoy, en plena campaña electoral, la diputada de Colón no solo se juega la continuidad de su curul, sino también el desenlace de su proceso judicial.
