* Esta candidata nacionalista al Parlacen ha acumulado poder político, contratos públicos y señalamientos por corrupción y violaciones a derechos indígenas.
** Cercana al expresidente Juan Orlando Hernández, ha sido una figura clave del Partido Nacional durante más de 15 años.
*** Su trayectoria refleja cómo se entrecruzan el poder político y los intereses privados en Honduras.
Expediente Público
Pocos políticos hondureños acumulan tantos cuestionamientos como la nacionalista Gladys Aurora López Calderón. Tras ocupar una curul durante cuatro períodos consecutivos en el Congreso Nacional, ahora busca un escaño en el Parlamento Centroamericano (Parlacen), un cargo que podría blindarla frente a los procesos judiciales pendientes.
Nacida en Marcala, cerca de la frontera con El Salvador, en 1960, López cursó la secundaria en el Colegio Evangélico Anna D. Betchold, en San Pedro Sula. Más tarde viajó a Canadá, donde obtuvo una licenciatura en Turismo en la Universidad LaSalle. De regreso, en Honduras, trabajó en una aerolínea nacional y luego en la Empresa Nacional Hidroeléctrica El Cajón.
En ese período también conoció a su esposo, Arnold Castro Hernández, un cafetalero del occidente del país. Ambos enfrentaron en 2008 el asesinato de una de sus hijas, secuestrada y encontrada sin vida en las afueras de Tegucigalpa. Esta tragedia llevó temporalmente a López a acercarse a organizaciones feministas.
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Originaria de una familia dedicada a la producción de café, López comenzó a abrirse espacio en la política al coordinar la campaña presidencial del nacionalista Porfirio Lobo Sosa en el departamento de La Paz durante las elecciones de 2005. Cuatro años después, competiría como candidata a diputada.
El 2010 marcaría el inicio de su extensa carrera legislativa. Con el expresidente Juan Orlando Hernández presidiendo el Congreso Nacional, López fue nombrada secretaria de la Junta Directiva del hemiciclo y vicepresidenta del Comité Central del Partido Nacional (CCPN).
En su primer periodo como diputada llevó como suplente a José Trinidad Suazo Bulnes, quien durante esos mismos años fue nombrado director del Instituto de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), un cargo estratégico para empresas vinculadas a actividades extractivas e hidroeléctricas, como las dos represas que la familia de la congresista construía en ese período.
El Congreso y sus represas
En 2013 fue relecta en el Congreso como la aspirante más votada en La Paz. Un año después asumió la presidencia del CCPN, en sustitución de Juan Orlando Hernández, quien renunció para ocupar la presidencia de la República. Con ello, López se convirtió en la tercera mujer en dirigir el Partido Nacional.
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«El Partido Nacional es el partido de la transparencia», declaró al asumir el cargo. Ese mismo año también fue nombrada vicepresidenta del Congreso Nacional.
Tras seis años en el Legislativo, en 2016, surgieron los primeros señalamientos públicos en su contra. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), liderado por la defensora ambiental Berta Cáceres, denunció que la diputada y su esposo eran «fuente permanente de amenazas y conflictos» por el funcionamiento de dos proyectos hidroeléctricos en el departamento de La Paz.
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El Copinh se oponía a las hidroeléctricas La Aurora y Los Encinos, ambas propiedades de López y su esposo. Según Cáceres, estos proyectos, construidos en 2010, violentaron el derecho a la consulta previa, libre e informada establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Honduras en 1995.
En enero de 2017, la organización internacional Global Witness señaló que desde 2010 al menos 120 activistas hondureños habían sido asesinados por defender el medioambiente. Entre esos casos destacó el asesinato, en 2014, de tres personas que se oponían a los proyectos hidroeléctricos de la congresista.
Global Witness también afirmó que las empresas de la diputada presentaban un conflicto de intereses: «Las represas hidroeléctricas obtuvieron licencias ambientales y concesiones para la venta de energía al Estado, violando así la Constitución y la Ley de Contratación del Estado hondureño».
López envió una carta a esa organización internacional, en la cual negó cualquier vínculo con ataques violentos contra quienes se oponían a los proyectos de represas de su familia.
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En noviembre de 2017, la comisionada en retiro de la Policía, María Luisa Borjas afirmó a los medios de comunicación que, según informes policiales, López y su esposo figuraban entre los presuntos autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres, ocurrido un año antes.
Pese a las declaraciones de Borjas y las denuncias del Copinh y Global Witness, el Ministerio Público no ha citado a la diputada para rendir declaración por estos casos.
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Reelección en el Congreso y nuevas acusaciones
En 2017 fue relecta por tercera vez en el Legislativo. Pese a los señalamientos relacionados con sus proyectos hidroeléctricos, López mantuvo su cargo como vicepresidenta del Congreso.
Con la llegada de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) surgieron nuevos cuestionamientos en su contra. En junio de 2018, su esposo, Arnold Castro, fue acusado de lavado de activos en el caso «Pandora», por su presunta participación en una red que habría desviado 282 millones de lempiras (US$ 11,3 millones) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) para uso personal y para financiar campañas políticas en 2013.
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Tras la imputación original, el Ministerio Público reclasificó el delito de lavado de activos y acusó a Castro únicamente por encubrimiento.
Seis meses más tarde, la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad (Ufecic-MP) presentó un requerimiento fiscal contra de López a por el caso «Arca Abierta», que involucraba también a su esposo y a su hija, Ana Castro López.
Según la Ufecic-MP, la diputada formaba parte de una red que habría malversado 21.1 millones de lempiras (US$ 844 mil) a través de una organización no gubernamental. López apeló al principio de inocencia y aseguró a los medios que los fondos habían sido destinados a beneficiar a hogares pobres del departamento de La Paz.
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Aunque a principios de 2019, tanto ella como su esposo fueron absueltos de ambos procesos judiciales, en mayo de ese año el Departamento de Estado de EE. UU. la incluyó en la lista de la Ley Magnitsky, señalándola como una de las funcionarias del Triángulo Norte vinculadas a actos de corrupción.
López declaró que su inclusión en la lista ponía en riesgo su vida. «Cualquier cosa que me suceda pudiera ser originada por esa irresponsable acción», reaccionó ante la prensa. En respuesta, la congresista estadounidense Norma Torres afirmó que «las verdaderas víctimas eran los niños inocentes afectados por la corrupción».
Ese mismo año, la diputada integró la comisión legislativa que rescindió el acuerdo con la MACCIH. Junto a ella participaron los congresistas Milton Puerto Oseguera y Welsy Vásquez, todos imputados por la misma organización, que contaba con el respaldo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Más señalamientos y aspiración al Parlacen
En mayo de 2021, el Departamento de Estado también incluyó a López en la Lista Engel, que señala a funcionarios centroamericanos involucrados en presuntos actos de corrupción o con vínculos con el narcotráfico. La diputada aseguró a los medios que su inclusión «era solo una campaña para afectarla políticamente».
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Un mes después, la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) solicitó al Instituto de la Propiedad información sobre las empresas de López, su esposo y su hija, como parte del seguimiento a las investigaciones iniciadas por la MACCIH. Hasta la fecha, no se conocen avances.
En las elecciones de 2021, López fue la única diputada señalada por la MACCIH que logró reelegirse para el periodo 2022-2026. Otros, como Juan Carlos Valenzuela o Milton Jesús Puerto, no obtuvieron los votos necesarios.
En diciembre de 2024, la Fiscalía Especial Contra la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) la imputó por malversación de caudales públicos, luego de que materiales gestionados por ella en 2021 para un obra eléctrica en una comunidad paceña aparecieran, en 2022, en un proyecto privado en San Pedro Sula.
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«Yo gestioné los materiales. El asunto es que aparentemente no llegaron a su destino, pero la entrega fue pública», declaró a la prensa. En febrero de 2025, un juez le prohibió salir del país y le ordenó firmar un control semanal en el juzgado.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) nombró a los magistrados Isbela Bustillo (Partido Nacional), Wagner Vallecillo (Partido Liberal) y a Aida Patricia Martínez (Partido Libre), para integrar la Corte de Apelaciones encargada de conocer su caso.
A la espera de que avance su proceso judicial, López competirá en las próximas elecciones por un escaño en el Parlacen. De obtenerlo, accedería a inmunidad parlamentaria, lo cual limitaría las acciones que la Fiscalía pueda emprender en su contra.
Mientras tanto, sus represas hidroeléctricas continúan operando y el caso de los tres ambientalistas asesinados permanece archivado. «Mientras las autoridades sigan alineadas, la justicia no llegará», afirmó en 2021 una mujer lenca afectada por las empresas de la diputada. Cuatro años después, poco parece haber cambiado.
