* Honduras llega a las elecciones de 2025 con un sistema electoral frágil, presiones políticas y una escalada de violencia.
** La contienda definirá no solo quién gobernará, sino si el país puede sostener un proceso democrático transparente.
Yarely Madrid / Expediente Público
Honduras se enfrenta a las elecciones generales de 2025 en medio de la desconfianza ciudadana hacia el sistema electoral y una competencia marcada por la polarización.
Las instituciones llegan debilitadas, mientras los candidatos profundizan la tensión política y la ciudadanía gravita en la incertidumbre.
En paralelo, la violencia política marca el pulso de la campaña, con decenas de agresiones, amenazas y ataques a candidatos locales, lo que eleva los riesgos del proceso.
A eso se suma la intensa guerra digital documentada por Expediente Público, en la que bots, narrativas de actores extraregionales y campañas de desinformación moldean la percepción pública hacia los candidatos.
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Además, las elecciones se llevarán a cabo bajo un prolongado estado de excepción, implementado desde 2022 como estrategia de seguridad y criticado por su impacto negativo en los derechos ciudadanos.
En este contexto, Honduras llega a este 30 de noviembre, a unas elecciones que implican la renovación de múltiples cargos como en la Presidencia de la República, el Congreso Nacional, las corporaciones municipales y las diputaciones en el Parlamento Centroamericano. Esta estructura multipuesto convierte a los comicios en una contienda de alto impacto.
Sistema electoral bajo escrutinio
El Consejo Nacional Electoral (CNE) llega a estos comicios con una institucionalidad frágil, marcada por divisiones internas y falta de consenso técnico-político.
El informe “¿Legitimidad en juego? Desafíos y propuestas para las elecciones 2025 en Honduras”, del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), señala las principales amenazas al funcionamiento del CNE, como deficiencias en fiscalización de financiamiento político, contrataciones opacas, fallas en la capacitación del personal de Juntas Receptoras de Voto (JRV) y riesgos en la custodia del material electoral.
También advierte sobre la posibilidad de fallas operativas, una logística incompleta, demoras en equipamiento, problemas con la identificación ciudadana y un padrón electoral con vacíos.
En las últimas semanas, observadores nacionales han expresado su preocupación por estos temas.
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Inseguridad y estado de excepción
El Observatorio Nacional de la Violencia (ONV) señala que Honduras cerró el 2024 con una tasa de 27.2 homicidios por cada 100,000 habitantes, una baja respecto a años anteriores.
A pesar de la reducción, el país sigue registrando niveles de violencia que superan los estándares internacionales de seguridad.
Extorsión, pandillas, crimen organizado y violencia rural ponen en riesgo la seguridad, especialmente en municipios donde operan estructuras armadas.
Honduras lleva tres años en estado de excepción desde 2022. El gobierno ha extendido la declaratoria reiteradamente. La última vez fue el pasado 13 de noviembre, a dos semanas de los comicio
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Organizaciones sociales cuestionan el impacto de esta medida en la autonomía de los votantes, pues se abre la posibilidad de detenciones arbitrarias.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió un amparo el 25 de noviembre en contra la última ampliación. Sin embargo, los magistrados de la Sala Constitucional que deben dar una resolución no se han puesto de acuerdo.
Violencia política
La violencia política se ha intensificado. El último informe del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) señala que los incidentes se triplicaron entre agosto y septiembre, pasando de 27 a 84 casos.
En total, desde septiembre de 2024, el IUDPAD ha documentado más de 700 episodios de confrontación y agresiones vinculadas al proceso electoral.
Los hechos reportados incluyen intimidaciones, amenazas, difamación, daños a la propiedad, atentados e incluso homicidios, así como actos de violencia simbólica que, aunque no siempre implican lesiones físicas, contribuyen a un clima de tensión creciente.
Las víctimas abarcan a precandidatos, candidatos, activistas, dirigentes partidarios, funcionarios electorales y otros actores involucrados en la campaña.
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El departamento de Francisco Morazán y Tegucigalpa concentran la mayor cantidad de incidentes.
Los grandes partidos —Libre, Liberal y Nacional— son protagonistas de una proporción importante de los casos, lo que muestra que la escalada no se limita a un solo sector político.
Colectivos de Libre
El 22 de noviembre de 2025, el Partido Liberal denunció un ataque “organizado y premeditado” contra una caravana suya en Tegucigalpa, señalando a supuestos militantes de Libre como responsables.
El incidente —que incluyó agresiones físicas a candidatos, mujeres, jóvenes y adultos mayores, así como ataques con piedras y objetos contundentes, y daños a vehículos— fue descrito como un acto de barbarie, planificado para interrumpir la movilización.
La caravana fue suspendida por la dirigencia liberal, que argumentó que ante esa violencia no podían garantizar la seguridad de los participantes y que ningún acto de campaña “vale más que la vida de un hondureño”.
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La injerencia castrense
Las denuncias sobre la injerencia de las Fuerzas Armadas de Honduras en los comicios han sido constantes.
Sobre todo, porque el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, solicitó al CNE tener acceso a las actas presidenciales de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), petición que fue denegada por no estar contemplada en la Constitución ni en las leyes.
A este escenario se suma una serie de reformas, aumentos salariales y nombramientos recientes en la cúpula militar, estrechamente vinculados a figuras del oficialismo, lo que ha generado cuestionamientos sobre posible cooptación institucional.
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¿Qué se elige y por qué importa tanto?
Honduras renovará más de tres mil cargos públicos: la Presidencia de la República, 128 diputados del Congreso Nacional, 20 representantes al Parlacen, 298 alcaldes y miembros de las corporaciones municipales.
El Congreso es uno de los objetivos más importantes de la disputa. El bloque mayoritario podrá definir reformas electorales, políticas sociales y decisiones clave, mientras que un Congreso fragmentado podría bloquear al próximo gobierno desde el primer año.
Las alcaldías representan poder territorial. En muchas regiones, son claves para articular redes clientelares, gestionar recursos públicos y mantener estructuras partidarias. Ganarlas implica asegurar bases políticas que influirán en el futuro del país.
Por ello, más que un cambio de gobierno, la elección de 2025 determinará el mapa del poder político y territorial. La gobernabilidad del próximo presidente dependerá en gran medida de estos resultados.
Con un clima de polarización y desconfianza, el país enfrenta una contienda donde cada nivel de gobierno será decisivo para el rumbo institucional.
Quiénes son los candidatos principales
Tres figuras dominan la contienda: Rixi Moncada, de Libre; Salvador Nasralla, del Partido Liberal; y Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional.
Moncada encabeza una campaña que promete consolidar la “refundación” iniciada por la actual presidenta, Xiomara Castro. Su presencia en redes sociales es amplificada por narrativas progobierno y el aparato digital oficialista.
Nasralla insiste en denunciar la corrupción y la intromisión del crimen organizado en la política. Su mensaje apunta al desencanto ciudadano y busca atraer el voto opositor que rechaza el continuismo.
Asfura apuesta a su imagen de gestor y concentra su campaña en zonas rurales. Aun así, enfrenta cuestionamientos por su gestión municipal en Tegucigalpa, usados por sus adversarios como herramienta de desgaste.
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El factor internacional
La atención internacional sobre las elecciones en Honduras se ha intensificado en las últimas semanas.
En una sesión extraordinaria del Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada el 25 de noviembre, el organismo exigió al gobierno hondureño garantizar comicios “transparentes, seguros y creíbles”.
Por su parte, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, representado por su subsecretario, Christopher Landau, advirtió que el pueblo hondureño debe ejercer sus derechos democráticos “libremente, con seguridad y en los plazos previstos”, y llamó a las Fuerzas Armadas a cumplir con la Constitución.
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El centro de pensamiento Atlantic Council, en un informe reciente, señaló los “riesgos” que representa para EE. UU. una elección hondureña sin garantías. Advirtió que un proceso irregular podría derivar en una crisis postelectoral similar a la de 2017, con efectos negativos en la seguridad, la migración, la cooperación internacional y los intereses estratégicos en la región.
Esta vigilancia global pone en evidencia que el resultado no solo importa a Honduras, sino que tiene implicaciones geopolíticas para Washington y sus socios en Centroamérica.
El CNE acreditó a 68 organizaciones como observadoras del proceso electoral 2025, entre ellas, 43 nacionales y 25 internacionales.
Entre las acreditadas internacionalmente están misiones provenientes de la Unión Europea, el Instituto Nacional Demócrata (NDI) y el Instituto Internacional Republicano (IRI), entre otras.
