* El indulto del presidente Donald Trump a favor Juan Orlando Hernández no borra su condena ni declara su inocencia.
** La Fiscalía hondureña emitió orden de captura contra Hernández, pero no ha investigado a otros políticos señalados en testimonios de narcotraficantes.
*** Hernández ha manifestado que no regresará a Honduras. Sus posibles destinos serían Nicaragua, Israel o el propio Estados Unidos.
Ariel Torres Funes
Especial para Expediente Público
El indulto otorgado por el presidente estadounidense Donald Trump a Juan Orlando Hernández profundiza aún más la polarización política en Honduras. Sin embargo, quienes celebran o rechazan el perdón presidencial coinciden en que su liberación significó un terremoto político para el país.
Alrededor del indulto se articulan dos narrativas. La primera sostiene que Hernández fue liberado tras una condena injusta, armada con testimonios inconsistentes de narcotraficantes interesados en reducir sus penas.
La segunda lo interpreta como un perdón estrictamente político, una afrenta a la justicia y a años de investigaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
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No obstante, ambos relatos reconocen que el indulto llegó en un momento complejo, mientras los hondureños eligen nuevas autoridades y Estados Unidos recalibra su estrategia geopolítica en la región. En estos dos escenarios, el caso de Hernández ocupa un lugar relevante.
Desde 2010, su figura ha sido determinante en la vida política del país. Sus cuatro años al frente del Congreso Nacional (2010-2014) y sus dos mandatos consecutivos como presidente (2014-2022) lo convirtieron en uno de los hombres más poderosos de Honduras. Su extradición en 2022 lo sacó del territorio, pero no del debate público.
De aliado estratégico de Washington, Hernández pasó en 2024 a ser un recluso federal en Pensilvania, uniéndose al reducido grupo de exgobernantes condenados por narcotráfico en Estados Unidos, como el panameño Manuel Noriega (1992) y el exprimer ministro de las Islas Vírgenes Británicas, Andrew Fahie (2022).
Sin embargo, desde el primero de diciembre, Hernández recuperó su libertad, aunque el indulto no borra su condena ni declara su inocencia. Ayer, Hernández publicó en sus redes sociales que no busca regresar a Honduras. Su presencia sería incómoda para el actual y para cualquier futuro gobierno.
Aunque a corto o mediano plazo no se prevé su retorno al país, sus posibles destinos serían Nicaragua o Israel, pues cuando era mandatario tuvo cercanía con los gobernantes de estos países, o el mismo Estados Unidos.
El vaivén del respaldo estadounidense
La relación de Hernández con Estados Unidos ha sido oscilante. Durante su presidencia, Washington lo proyectó como un «cazador de criminales», minimizando las denuncias de corrupción y la inconstitucionalidad de su reelección en 2017. La cooperación en seguridad y migración pesó más que los cuestionamientos.
Hernández cultivó ese respaldo. Como presidente del Congreso, aprobó en 2012 la reforma que permitió la extradición de hondureños acusados de narcotráfico y crimen organizado, una decisión que —irónicamente— facilitaría su propia extradición diez años después.
«Existen dos versiones sobre la (aprobación de la) extradición. Una sostiene que Estados Unidos obligó al gobierno hondureño; la otra —la versión de Juan Orlando—, asegura que fue un proyecto suyo», explica a Expediente Público el investigador Óscar Estrada, quien entrevistó en diez ocasiones a Hernández durante su encarcelamiento.
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Durante años, Hernández fue útil para demócratas y republicanos estadounidenses, aunque su cercanía con Trump fue mayor. Aun así, un exagente de la DEA afirmó a los medios que el expresidente estaba bajo investigación desde 2013 por vínculos con el narcotráfico. Si esto es cierto, la diplomacia y la investigación criminal estadounidense transitaban por carriles paralelos.
Pero el respaldo de Washington comenzó a fracturarse en 2016 tras la investigación de su hermano Juan Antonio «Tony» Hernández, condenado en Estados Unidos a cadena perpetua en 2019. Durante ese juicio, el nombre de Juan Orlando se mencionó más de cien veces, erosionando su discurso de «combate al crimen».
«La caída de Hernández también fue posible porque Trump no se reeligió tras la pandemia. De haber continuado en el poder, el caso habría desaparecido», sostiene Estrada, autor del libro «Tierra de narcos: Cómo las mafias se apropiaron de Honduras».
En 2024, el juez Kevin Castel sentenció a Hernández a 45 años de prisión y lo describió como un político de «dos caras» que combatía a narcotraficantes mientras negociaba con ellos. Un año después, Trump incorporó el caso a su propio relato de persecución, alegando que la condena fue parte de una conspiración del gobierno de Joe Biden.
¿Conspiración o condena justa?
Extraditado en 2022, Hernández enfrentó dos años más tarde un juicio por tres delitos relacionados con narcotráfico. La Fiscalía llamó a ocho testigos, entre ellos narcotraficantes hondureños, un exmiembro del cartel de Sinaloa, la pareja de un líder de la MS-13, un expolicía vinculado al crimen organizado, un agente en funciones y el contador de una empresa utilizada para lavar dinero.
Los fiscales basaron gran parte del caso en testimonios de narcotraficantes cooperantes. «Justificaron su credibilidad diciendo que solo los criminales conocen las estructuras criminales», explica Estrada, quien cubrió tanto el juicio de Hernández como el de su hermano «Tony» en 2019.
Pero el testimonio clave para el jurado provino de alguien fuera del crimen. Bajo el seudónimo de José Sánchez, el excontador de una empresa que el narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez utilizaba para lavar dinero, relató haber presenciado en 2013 dos supuestas reuniones entre Juan Orlando Hernández y su exjefe. Hoy, este testigo vive asilado y trabaja como carpintero en Estados Unidos.
Las únicas pruebas materiales presentadas fueron las narcolibretas incautadas en 2018 al narcotraficante Magdaleno Meza, con unas anotaciones que mencionan presuntos pagos del crimen organizado a «Tony» y a Juan Orlando Hernández.
Meza fue asesinado en 2019 y nunca declaró al respecto. Su esposa, Erika Bandy, afirmó al medio especializado InSight Crime que las iniciales escritas en los cuadernos correspondían al expresidente y que personas cercanas a Hernández presionaron a Meza para guardar silencio. Ella también fue asesinada en 2022.
La falta de pruebas adicionales y las aparentes contradicciones en algunos testimonios generan reservas en Estrada. «No hubo evidencias contundentes, pero en casos como este, en Estados Unidos basta con testimonios que no deben verificarse por completo», señala.
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El indulto, poder, lobby y geopolítica
Desde su retorno a la Casa Blanca, en 2025, Trump ha indultado a más de 1600 personas (en su mayoría vinculadas al asalto al Capitolio en 2021), entre ellas, una decena de condenados por delitos de drogas. Pero ninguno de los casos ha tenido tanto eco internacional como el de Hernández.
Tras indultarlo, Trump mencionó que había escuchado a «muchos amigos». El más visible fue Roger Stone, quien admitió haber solicitado el perdón en junio pasado, porque su caso «reflejaba su situación». Se refería a su propio indulto en 2020, después de haber sido condenado en 2019 a tres años de prisión por obstruir la investigación sobre la interferencia rusa en la elección de Trump en 2016.
Stone afirmó que el caso de Hernández «era parte de la cacería de brujas de Biden contra Trump y sus aliados», aunque omitió mencionar que el fiscal que procesó a «Tony» Hernández se convirtió luego en abogado personal de Trump.
El indulto también coincidió con el respaldo de Trump al nacionalista Nasry Asfura, quien dos semanas después de las elecciones en Honduras lidera el escrutinio, evidenciando el trasfondo geopolítico de la decisión.
Para Estrada, con el apoyo a Asfura y el perdón a Hernández, Trump buscó reforzar la imagen dañada del Partido Nacional y «limpiar» su propio historial, al desmarcase de haber apoyado a un aliado condenado por narcotráfico durante su primer mandato.
Una nueva orden de captura
El pasado 8 de diciembre, el fiscal general Johel Zelaya emitió una orden de captura internacional contra Hernández por lavado de dinero y fraude, derivados de un caso presentado por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en 2018.
Se trata del caso Pandora, en el que 38 personas fueron acusadas de supuestamente malversar US$ 11.2 millones de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) para financiar campañas políticas en 2013. Aunque Hernández no fue uno de los imputados, sí lo fue su hermana Hilda, fallecida en un accidente de helicóptero en 2017.
La orden llegó en un contexto en el que la Fiscalía hondureña ha evitado investigar a otros políticos también mencionados en testimonios de narcotraficantes, como el expresidente Manuel Zelaya Rosales o su hermano Carlos Zelaya.
El caso de Hernández refleja cómo los relatos políticos, las alianzas internacionales y el cálculo geopolítico pueden pesar más que la investigación judicial. Culpable o víctima según quien cuente la historia, este expresidente seguirá siendo una pieza clave en la política de un país donde el narcotráfico sigue campante.
