* La presidenta Xiomara Castro calificó como “gobierno de facto” a la administración del presidente electo, Nasry Asfura.
** Pese a la derrota presidencial, Libre todavía mantiene un importante dominio en la arena política y judicial.
*** ¿Logrará Libre sostener ese poder sin la Presidencia de la República? Algunas fisuras ya son notorias.
Sharon Ardon / Expediente Público
Después de una serie de maniobras del oficialista Libertad y Refundación (Libre) por desconocer la declaratoria del Consejo Nacional Electoral (CNE), la presidenta Xiomara Castro afirmó este jueves que sí traspasará el mando al presidente electo, Nasry Asfura.
La mandataria no ocultó su molestia. De entrada, calificó a la nueva administración, que iniciará funciones el próximo 27 de enero, como un “gobierno de facto”. Con este mensaje, Libre monta una nueva narrativa de oposición.
A pesar de haber perdido la Presidencia de la República, el partido aún tiene poder. Logró 35 curules legislativas y 69 alcaldías en las elecciones. Además, tiene injerencia en el Ministerio Público y en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Y mantiene activas a sus fuerzas de choque, los llamados colectivos.
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La duda es si Libre podrá sostener este entramado de poder institucional y territorial sin la Presidencia de la República, pues ya se han visto fracturas internas.
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Así se construyó la idea del “gobierno de facto”
Semanas antes de los comicios generales, el proceso electoral en Honduras ya estaba marcado por un clima de tensión política, alimentado por discursos anticipados de fraude.
Libre instaló la narrativa de un supuesto “golpe electoral en curso”, a partir de la filtración de 26 audios —cuya autenticidad fue cuestionada— en los que se señalaba a la entonces consejera presidenta del CNE, Cossette López, de presuntamente conspirar para alterar el proceso electoral.
Tras esto, el representante del oficialismo en el pleno del CNE, el consejero Marlon Ochoa, presentó una denuncia contra López ante el Ministerio Público.
El fiscal general Johel Zelaya, aliado del oficialismo, respaldó públicamente la denuncia, lo cual derivó en investigaciones contra López y la consejera Ana Paola Hall, quien pasó a presidir el CNE.
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La situación se encendió dos días antes del sufragio, pues el presidente estadounidense Donald Trump apoyó públicamente al candidato nacionalista, Nasry Asfura.
Las elecciones se llevaron a cabo con normalidad. Al iniciar la jornada, Libre enarbolaba su triunfalismo. Por la noche, cuando se conocieron los primeros resultados, el discurso retomó la denuncia de fraude y el reclamo por la injerencia estadounidense.
Boicot del conteo
El conflicto se agudizó durante el escrutinio especial de votos. Expediente Público documentó cómo colectivos de Libre y miembros del Partido Liberal generaron retrasos y obstáculos para el conteo de actas inconsistentes.
Por estos inconvenientes, el CNE no pudo culminar el conteo de todas las actas. Las concejeras Hall y López dieron la declaratoria oficial dejando pendiente un rezago de actas que no cambiaría los resultados.
Esos votos sin contar son ahora uno de los argumentos de Libre para deslegitimar al nuevo gobierno.
La abogada constitucionalista Ruth Lafosse señala que estamos frente a una crisis fabricada, pues le resulta contradictorio que quienes obstaculizaron el conteo utilicen ese mismo bloqueo para cuestionar la validez del proceso y exigir su anulación.
“Ellos sabotearon el proceso electoral y ahora pretende beneficiarse por ese sabotaje utilizando la Constitución de manera fraudulenta”, puntualizó Lafosse a Expediente Público.
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Aprobación y sanción de decreto
El plan del oficialismo se consolidó en el Congreso Nacional, presidido por Luis Redondo. El 8 de enero pasado, con una convocatoria polémica y sin alcanzar el quorum calificado, el Legislativo emitió un decreto que ordenó al CNE a realizar un reconteo total de las más de 19 mil actas electorales.
La presidenta Xiomara Castro sancionó el decreto legislativo y lo mandó para que se publique en La Gaceta, con lo cual automáticamente se revirtió la declaratoria del CNE.
Para el analista político Luis León, esta no fue una estrategia acertada. “Fue una desesperación política por poder o por cuotas de poder, irrespetuosa y obscena”, afirmó a Expediente Público.
Sin embargo, todo apunta a que la orden del reconteo de votos quedará en el papel. El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Héctor Valerio, que está a cargo de custodiar las actas, ha dicho que la milicia sí reconoce la declaratoria del CNE.
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La controversia de si habrá o no transición terminó ayer, con el anuncio de la presidenta Castro de que sí entregará la posta a Asfura.
El poder que conserva Libre
Aunque Libre perdió la Presidencia de la República, seguirá siendo un actor importante de la política hondureña. Tendrá 69 de las 298 alcaldías en este nuevo periodo.
Y será la tercera fuerza en el Legislativo, con 35 curules. Al frente estará el Partido Nacional, el nuevo oficialista, con 49 diputados y el Partido Liberal con 41. Cada voto será importante para formar una mayoría.
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Además, Libre tiene injerencia en el sistema judicial. En el Ministerio Público cuenta con Johel Zelaya, cuyo periodo terminará en 2029, aunque recientemente expresó que no se aferra al cargo y que está dispuesto a irse cuando el Congreso Nacional así lo disponga.
En la CSJ, Libre dispone de seis de los 15 magistrados, incluida la magistrada presidenta, Rebeca Lizeth Obando. Estos jueces fueron electos para un periodo de 7 años, que termina en el 2030.
Los colectivos de Mel
Además, Libre construyó poder en las calles. El expresidente Manuel “Mel” Zelaya ha manifestado que están bajo su dirección 30 mil colectivos.
Estas fuerzas de choque se movilizaron durante las elecciones. La semana pasada cerraron vías en Tegucigalpa en respaldo al decreto que ordena el recuento de votos.
Las movilizaciones también apoyaron al actual alcalde del Distrito Central y candidato a la reelección por Libre, Jorge Aldana, quien no acepta su derrota.
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¿Podrán sostener este poder sin la Presidencia?
Sin la Presidencia de la República en sus manos, queda la duda de si Libre tendrá el músculo suficiente para cohesionar el poder que logró amasar en los últimos años.
¿Sus diputados, alcaldes, jueces, fiscales y militantes permanecerán en el redil o abrirán puentes con la administración de Asfura?
Para el analista político Manuel Torres, más que concentrarse en deslegitimar los resultados electores, Libre debería fortalecerse como una fuerza real de oposición frente al próximo gobierno.
“Atrincherarse en la soledad de los últimos días de su mandato lo único que logrará es desgastar aún más la imagen del oficialismo”, afirmó Torres a Expediente Público.
Evidentes fisuras internas
Las primeras señales de rompimiento al interior de Libre se vieron de inmediato, con el anuncio de los primeros resultados electorales.
Ocho de sus ministros se adelantaron a reconocer públicamente la derrota, cuando ni los propios coordinadores del partido se habían pronunciado. Días después, varios dirigentes de Libre desconocieron los resultados.
El vicepresidente del Congreso Nacional y exprecandidato a la presidencia por Libre en las primarias, Rasel Tomé, fue uno de los que aceptó la pérdida. En una carta pública, responsabilizó a la dirigencia del partido de la derrota en las urnas.
Recientemente, Tomé protagonizó otro episodio pidiendo a Luis Redondo “parar ya” y no poner en duda los resultados oficiales. Los roces se pueden agudizar, pues Tomé ocupará una curul en el próximo Congreso.
