* La receta militar contra los narcos prevista por el presidente Donald Trump debe mirarse con cautela, advierten analistas a Expediente Público.
* México, Brasil y Colombia, grandes actores regionales y con impacto del narcotráfico, no fueron invitados a la cumbre continental del sábado en Florida.
* Trump ha instado a sus doce aliados del hemisferio occidental a comprometerse de lleno a librar la guerra contra los cárteles de la droga utilizando a sus ejércitos.
Tomas Guevara / Expediente Púbico
Washington
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, espera blindar su “Escudo de las Américas” con el uso de militares de la región, quienes atacarían las rutas del narcotráfico hacia su país.
La Casa Blanca redefine el enfoque de su política exterior hacia el continente, rebautizándola como la doctrina Donroe.
Entre los doce leales mandatarios del continente americano convocados en el Trump National Doral Golf Club de Miami, Florida, el sábado pasado, para dar el banderillazo de salida a la iniciativa de la administración Trump, estaban los de El Salvador y Honduras, así como de Panamá y Costa Rica, que no tienen ejército.
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Fue notable la ausencia de los presidentes de México, Colombia y Brasil, con economías más grandes, donde narcotráfico y el crimen organizado desafían la gobernabilidad.
Estas particularidades han llevado a especialistas a cuestionar el alcance real de la iniciativa.
El analista Douglas Farah, del centro de análisis IBI Consultants, en Washington, explicó a Expediente Público que la cumbre desarrollada el sábado lució opaca ante las ausencias notables de presidentes clave para una iniciativa de semejante calado.
Solo aliados ideológicos
“Los grandes ausentes, que son obviamente Brasil, México y Colombia, pues están dentro de los jugadores principales en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, y el hecho de que no estén obviamente debilita mucho lo que podría ser una cumbre como esta”, apuntó Farah.
Este experto pone sobre la mesa que, en el evento realizado en un Club de Golf propiedad del mandatario estadounidense, no se ha abordado el tema central y recurrente de siempre, que consiste en cuánto está dispuesto a aportar Estados Unidos para echar a andar esos compromisos.
La mayoría de estados latinoamericanos apelan a la cooperación de la potencia del norte —en parte por su estrechez presupuestarias—, pero también porque el gran interés es de Estados Unidos, donde la demanda de la droga es un imán para los cárteles.
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“En la cumbre no se habló de recursos adicionales para la región para enfrentar esto que es el problema de siempre. Piden que los países hagan más y más, y no hay recursos para adelantar el programa conjunto”, apuntó Farah.
«Creo que es, como muchas cosas, una fachada de algo, una cumbre para crear una alianza, pero si no hay ni recursos ni actores principales acudiendo a la mesa para hablar de esos temas es una alianza más de papel que de realidad”, agregó.
Más allá de la cuestión financiera, otros especialistas subrayan la dimensión geopolítica del proyecto.
Evan Ellis, experto en la región del Instituto de Estudios Estratégicos (SSI) del Army War College de Estados Unidos, explicó a Expediente Público que lo más importante es que hay una estrategia y que esa estaría abierta a sumar más socios alineados con los intereses de Washington.
Esa “colaboración entre socios afines refleja el enfoque que nuestra estrategia de seguridad nacional, la nueva estrategia de seguridad del presidente Trump, adopta centrarse en la colaboración con esos socios afines”, dijo Ellis.
En esa línea estratégica se enmarca la Carta de Doral, el documento que formalizó los compromisos adquiridos durante la cumbre.
La Carta de Doral
Dentro de todo, según este analista, debe destacarse que hay una declaración de compromisos “más que los detalles específicos” de cómo se encaminaría y con qué actores regionales y recursos avanzaría la estrategia.
Los mandatarios firmaron la llamada Carta de Doral, un documento que compromete a evitar interferencias externas (extrarregionales), a respetar la propiedad privada y a impulsar políticas conjuntas contra los cárteles narcoterroristas y la migración irregular.
“La clave es el compromiso en el concepto de un grupo (de países) que pueda trabajar en conjunto y expandirse de manera coherente con nuestra estrategia de seguridad nacional”, ahondó Ellis.
Para Ellis, la administración Trump está siguiendo muy de cerca los procesos electorales en el continente de cara a tener más aliados de afiliación ideológica para acrecentar el grupo.
Ahí tiene la vista está puesta en Colombia, cuyo proceso electoral presidencial se definirá el 31 de mayo próximo, así como Perú, donde se realizarán elecciones generales el 12 de abril.
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Paralelamente, la cooperación bilateral con otros países de peso mantiene ritmos distintos.
No obstante, el trabajo con México y Brasil sigue con sus propias dinámicas, donde el primero ha mantenido abierta las líneas de cooperación e incluso reconociendo el apoyo mutuo, al menos de información de inteligencia propiciada por Washington, para operativos como el del 27 de febrero que acabó con la vida del capo Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, «El Mencho».
Sin embargo, México ha rechazado una y otra vez que Estados Unidos tenga injerencia directa en su territorio, luego que el presidente Trump, barajara las posibilidades de desarrollar ataques directos a estructuras de los cárteles dentro del país azteca, a los que ha declarado organizaciones terroristas.
Y con Brasil, la potencia norteamericana ha tenido un distanciamiento gradual que comenzó con las amenazas del presidente Trump al país ante las investigaciones judiciales en contra del expresidente Jair Bolsonaro, que concluyeron en la condena del exmandatario.
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Luego vino la imposición de aranceles en represalias al país sudamericano con lo que se abrió más el abismo diplomático que ha empujado a la potencia dirigida por Luiz Inácio Lula a un mayor acercamiento con China.
En medio de este mosaico regional, Trump aprovechó la cumbre para reafirmar su mensaje central ante los mandatarios presentes.
El pedido de Donald Trump
En la cumbre del sábado, Trump compartió su visión frente a sus homólogos latinoamericanos Javier Milei, de Argentina; Rodrigo Paz; de Bolivia; Rodrigo Chaves, de Costa Rica, Daniel Noboa, de Ecuador; Luis Abinader, de República Dominicana; Nayib Bukele, de El Salvador; Mohamed Irfaan Ali, de Guyana; Nasry Asfura, de Honduras; José Raúl Mulino, de Panamá; Santiago Peña, de Paraguay; y Kamla Persad-Bissesar, de Trinidad y Tobago.
También estuvo en la cita el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, que prometió un cambio radical al país sudamericano, luego de ganar las elecciones con una oferta de reformas consideradas de extrema derecha.
El mandatario estadounidense hizo hincapié en que la amenaza del narcotráfico es inaceptable si se quiere mantener la seguridad a nivel latinoamericano.
Ha instado a sus homólogos a hacer mayores aportes y cumplir compromisos para atacar el problema de las drogas.
«La única manera de derrotar a estos enemigos es desatando el poder de nuestras fuerzas armadas», vaticinó el presidente Trump a dos días de haberse firmado una iniciativa en la sede del Comando Sur de Estados Unidos donde ministros de Defensa y de Seguridad de los países invitados han firmado la hoja de ruta propuesta por Washington en la primera conferencia “Américas contra los Cárteles”.
«Tenemos que usar nuestras fuerzas armadas. Tienen que usar sus fuerzas armadas», ha dicho Trump al plantear el problema del narcotráfico como una lucha existencial para las Américas, comparado al actuar de gobiernos en otras regiones del mundo para contrarrestar el Estados Islámico.
Y «ahora debemos hacer lo mismo para erradicar los cárteles en nuestro país», ha instado Trump a sus allegados latinoamericanos, donde observadores destacaron el corto tiempo de reunión del mandatario con sus socios de la región.
Dilemas de remilitarización
Sin embargo, el énfasis en la acción militar abre debates más profundos en la región, donde los datos recientes muestran tendencias preocupantes.
Un estudio de Expediente Abierto por publicar evidencia que entre 2020 y 2025 los países centroamericanos incrementaron sostenidamente su gasto en seguridad y defensa, sin que ello se tradujera en mejoras proporcionales en los indicadores de seguridad ciudadana.
Honduras, El Salvador y Guatemala destinan las mayores proporciones de sus presupuestos a estas carteras, superando en algunos casos el 9% del gasto del Gobierno Central.
En cuanto a la cooperación con Estados Unidos, el informe no la trata como un mecanismo de financiamiento relevante en el periodo analizado: de hecho, señala que en El Salvador los ministerios de Seguridad y Defensa llegaron a prever préstamos externos que finalmente no se ejecutaron, lo que apunta a una dependencia estructural de recursos internos.
El informe identifica una tensión estructural y persistente en la región: las fuerzas armadas han sido incorporadas a tareas de seguridad interna que, en democracias consolidadas, corresponden a cuerpos civiles. Este desplazamiento funcional —más pronunciado en El Salvador, Honduras y Guatemala— se profundizó con el avance del crimen organizado y la presión política por resultados inmediatos.
Estos hallazgos se vuelven aún más relevantes a la luz del giro que Estados Unidos ha plasmado en su Estrategia de Seguridad Nacional 2025.
El meollo del asunto
Al poner en marcha la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos 2025 con la publicación del documento a finales de noviembre del año pasado, la potencia norteamericana ha mostrado un giro sobre todo en prioridades geolocalizadas en América Latina.
El documento con mucha carpintería en el Departamento de Estado, con los aportes del secretario Marco Rubio, con el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, y del Departamento de Guerra, proponen que el hemisferio occidental es crucial en la redefinición de seguridad nacional para la primera potencia.
Así Centroamérica y el Caribe dejan de ser vistos como periféricos para la toma de decisiones y se convierten en piezas clave, el documento concentra una visión de control territorial y sobre todo la contención de potencias externas como China y Rusia.
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Así Estados Unidos reenfoca la posición latinoamericana llevándola a la primera línea de defensa para sus intereses nacionales, y redefiniendo el enfoque de simple “zona de influencia” estadounidense en el hemisferio occidental.
La visión replanteada de Washington pone un dique a cualquier amenaza que signifique riesgos para Estados Unidos, como la inseguridad a partir del tráfico de drogas, las migraciones y el desdén durante décadas que permitieron que en América Latina fuerzas externas captaran intereses estratégicos como telecomunicaciones, energías, materias primas y minerales críticos.
El documento advierte que “la era de la migración masiva ha terminado. La seguridad fronteriza es el elemento primario de la seguridad nacional”, para un Estados Unidos que durante el segundo mandato del presidente Trump proponía replegarse hacia adentro para volver a brillar como en los tiempos de antaño.
