* La Comisión de Postulación para Fiscal General entregó la lista de los seis candidatos finalistas al Ejecutivo.
* La nómina ha generado críticas por los vínculos políticos y los antecedentes cuestionados de los aspirantes, señalan analistas.
* La decisión final recae en el presidente Bernardo Arévalo; cinco postulantes cercanos a él quedaron fuera de la contienda.
Expediente Público
La Comisión de Postulación para elegir al próximo Fiscal General de Guatemala concluyó uno de los procesos más tensos de la historia reciente del país. Este martes, entregó al Ejecutivo la nómina oficial de los seis aspirantes finalistas.
La lista, que debía representar un filtro técnico y ético de alto nivel, terminó envuelta en cuestionamientos desde distintos sectores, que han advertido sobre la persistencia de intereses políticos en la selección.
Tras semanas de evaluaciones, votaciones y negociaciones internas, los comisionados definieron a los seis candidatos que ahora compiten por dirigir el Ministerio Público, la institución encargada de la persecución penal en el país.
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Sin embargo, lejos de cerrar el debate, la nómina ha reavivado las dudas sobre la independencia del sistema de justicia guatemalteco.
Los seis aspirantes
La lista está integrada por: Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos, quien fue la primera en asegurar un lugar en la nómina final, al obtener la calificación más alta.
Su inclusión no pasó desapercibida debido a su vínculo con el poder político, pues es esposa de Alfredo Brito, exsecretario de Comunicación durante el gobierno de Jimmy Morales.
El exmandatario tiene pendientes varias investigaciones penales. Una se abrió por la compra de aviones para combatir el narcotráfico que, según la Contraloría General de Cuentas (CGC), estaban sobrevalorados. Otra indagación se inició por la adquisición de municiones para el Ejército, las cuales no llegaron a su destino. Ambas compras se realizaron 2018.
César Augusto Ávila Aparicio también figura entre los seleccionados. Su candidatura ha sido cuestionada por sus conexiones familiares, ya que es esposo de Heidy Mariela Hichos Posadas, sobrina del exdiputado Baudilio Hichos, quien fue señalado en el caso IGSS-Chiquimula por presunto tráfico de influencias. Hichos falleció en 2021 por un ataque cardiaco, informó su familia en esa época.
Otro de los elegibles es el de Julio César Rivera Clavería. Fue candidato presidencial en 2023 por el partido “Mi Familia”, de extrema derecha. La organización fue cancelada por no haber logrado el 0.5% de los votos generales en las elecciones.
Además, el Ministerio Público vinculó a Rivera con la denominada Red Moreno, una estructura criminal señalada por contrabando y extorsión, en la década de 1980. Sin embargo, fue absuelto. Hasta la fecha, el postulante niega haber participado en esa agrupación.
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La nómina también incluye a Gabriel Estuardo García Luna, juez civil y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia. Fue secretario del Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG). Participó en anteriores procesos de selección de Fiscal General. Quedó en el listado final en 2022.
La candidatura de García tuvo observaciones. Los abogados José Ortiz y Alfredo Pérez colocaron una tacha en su contra ante la Comisión de Postulación, señalando que habían sido sancionado injustamente por García cuando este era autoridad en el CANG. El postulante desmintió estos señalamientos argumentando que eran solo opiniones de los denunciantes y que carecían de evidencia.
Otra candidata es Zoila Tatiana Morales Valdizón, quien repite participación, pues ya se había postulado en 2022, quedando dentro de la lista de los finalistas.
Es reconocida por su trabajo en casos de corrupción. Participó como abogada acusatoria y logró una condena contra el exalcalde de Chiquimulilla, Mario Melgar, tras descubrirse un desfalco.
Su trayectoria ha sido vista como uno de los perfiles más sólidos por organizaciones de derechos humanos, como Fundación Sobrevivientes y Fundación Mirna Mack, por no dejarse presionar ya que había recibido presuntas amenazas por parte del exalcalde.
Finalmente, la lista la completa Néctor Guilebaldo de León Ramírez, quien logró incorporarse en la última ronda dentro de la Comisión. Su inclusión fue una de las más discutidas debido a lo ajustado de la votación y a la falta de consenso inicial sobre su punteo.
Un proceso marcado por conflictos
La elaboración de la nómina no fue un trámite fluido. Desde el inicio, la Comisión enfrentó críticas por la falta de transparencia en los criterios de evaluación, así como por la posible influencia de intereses particulares.
El analista político Renzo Rosal rechazó la participación de los comisionados que insistieron en incluir a la actual fiscal general, Consuelo Porras, en el listado de los seis finalistas, a pesar de las denuncias y señalamientos internacionales que existen en su contra.
Otro problema dentro de la Comisión fue la dificultad para alcanzar consensos. Las votaciones se extendieron más de lo previsto, con sesiones en las que ningún candidato lograba los 10 de los 14 votos necesarios para integrar el listado. Esto obligó a repetir rondas y a negociar posiciones, lo que, según expertos, debilitó la percepción de independencia del proceso.
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Además, organizaciones civiles —como Guatemala Visible, Movimiento Pro Justicia y Guatemala Nunca Más— denunciaron inconsistencias en la evaluación de expedientes, señalando que algunos candidatos con señalamientos lograron avanzar, mientras otros con perfiles técnicos quedaron rezagados.
El caso del actual Procurador General de la Nación, Julio Zaavedra, fue uno de los más señalados por las organizaciones, pues la Comisión no aceptó la experiencia que él tenía en una empresa privada, lo cual le dejó fuera de la contienda.
Asimismo, las organizaciones se opusieron la calificación de Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos, quien quedó primera en lista de elegibles. Los grupos sociales manifestaron que Estrada tendría un conflicto de intereses por la cercanía de su esposo con el expresidente Jimmy Morales.
Las organizaciones también criticaron la forma en el que la Comisión evaluó el expediente del actual ministro de gobernación, Marco Antonio Villeda. Los comisionados discutieron este caso por más de diez horas y, al final, decidieron no aceptar la experiencia profesional del candidato, por lo cual quedó fuera del proceso.
Las deficiencias de la Comisión de Postulación
Para el analista político Renzo Rosal, la nómina refleja una continuidad preocupante en el sistema de justicia. “Lo que vemos es una lista que no rompe con las dinámicas tradicionales. Hay vínculos políticos y antecedentes que generan dudas sobre la independencia de varios aspirantes”, señaló a Expediente Público.
Rosal considera que el proceso dejó en evidencia las limitaciones estructurales de las Comisiones de Postulación. A su juicio, estos mecanismos, aunque diseñados para garantizar transparencia, han sido cooptados por intereses que terminan influyendo en las decisiones finales.
Por su parte, la analista Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, advirtió que la evaluación de los candidatos no fue lo suficientemente rigurosa. “Hay perfiles que debieron ser descartados desde etapas tempranas por sus vínculos o por cuestionamientos en su trayectoria. La Comisión no aplicó filtros estrictos”, afirmó a Expediente Público.
Ibarra también destacó que la falta de criterios claros generó incertidumbre sobre la capacidad del futuro Fiscal General para actuar con independencia frente a presiones políticas.
En tanto, el analista político Fernando Soberanis considera que la nómina responde a un equilibrio de fuerzas dentro de la Comisión. “No es una lista homogénea, sino el resultado de negociaciones. Hay candidatos que representan distintos intereses y eso refleja cómo operan estas estructuras”, señaló a Expediente Público.
El especialista mencionó a los candidatos Julio Rivera y Zoila Morales, quienes son parte de la nómina final, argumentando que son dos polos opuestos. A su parecer, el primero tiene tendencias políticas definidas y la segunda ha logrado condenas contra violaciones a los derechos humanos.
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La decisión en manos del Ejecutivo
Con la nómina ya definida, el proceso entra en su fase final. El presidente Bernardo Arévalo tiene la responsabilidad de elegir libremente a uno de los seis candidatos para dirigir el Ministerio Público durante los próximos cuatro años.
En la lista definida por la Comisión de Postulación se descartó a cinco postulantes cercanos al mandatario.
Este informó a la prensa que, para definir su elección, realizará un proceso de entrevistas individuales a cada candidato para conocer su plan de trabajo e indicó que no decidirá con base en la puntuación otorgada por la Comisión.
Agregó que revisará la trayectoria, experiencia y señalamientos de cada aspirante, incluyendo que se hará una evaluación política y técnica, donde se tomarán en cuenta factores como independencia, capacidad y contexto político.
Organizaciones como Guatemala Visible, Movimiento Pro Justicia, Guatemala Nunca Más han pedido al mandatario que priorice la independencia y la trayectoria profesional al momento de elegir.
Sin embargo, el contexto político añade complejidad. La relación entre el Ejecutivo y el sistema de justicia ha estado marcada por tensiones, y la elección del Fiscal General podría convertirse en un punto de inflexión, a criterio de Rosal.
Según Rosal, está tensión se ha incrementado con el accionar del Ministerio Público, bajo las órdenes de la actual fiscal, Consuelo Porras, quien solicitó 13 investigaciones contra el mandatario, pero los roces podrían disminuir con una persona más afín a los criterios de Arévalo.
Un proceso bajo escrutinio
La atención ahora se centra en la decisión presidencial, pero también en la necesidad de reformar los mecanismos de selección para evitar que se repitan los problemas observados en este proceso. Ibarra propone establecer una tabla de ponderación para que no quede a criterio de los comisionados en cada elección.
Para los analistas, lo ocurrido con la Comisión de Postulación es un reflejo de los desafíos que enfrenta Guatemala en materia de institucionalidad. La falta de confianza en los procesos de selección de altos funcionarios sigue siendo un obstáculo para el fortalecimiento del sistema democrático.
“En este escenario, la elección del próximo Fiscal General no solo definirá el rumbo del Ministerio Público, sino que también enviará un mensaje sobre el compromiso del país con la justicia y la transparencia”, concluyó Soberanis.
