* Una constructora china que levanta un hospital en Honduras tiene permiso para contratar a 18 obreros de su país, pero habría ingresado a 200.
* Autoridades investigan posibles cobros de hasta US$4000 para gestionar nacionalizaciones a más de un centenar de jornaleros chinos.
* La falta de control priva de plazas a trabajadores locales y pone en riesgo a los propios obreros asiáticos, pues se han registrado casos de explotación laboral.
Sharon Ardon / Expediente Público
Una nueva controversia ha surgido en Honduras en torno a la contratación de obreros chinos para la construcción del Hospital del Sur, en Choluteca. La polémica se inició cuando se hizo público un oficio de la exministra de Salud Carla Paredes, del pasado noviembre, en el cual solicitaba al Instituto Nacional de Migración (INM) facilidades migratorias para seis ciudadanos chinos.
A partir de entonces, varios medios nacionales empezaron a informar, con base en fuentes anónimas, sobre el supuesto cobro de hasta US$4000 para gestionar la nacionalización de más de un centenar de ciudadanos chinos durante la administración anterior de Xiomara Castro.
De inmediato, las nuevas autoridades del INM y la Secretaría de Gobernación, designadas bajo el mandato de Nasry Asfura, iniciaron una investigación para detectar posibles inconsistencias en el proceso migratorio de dichos ciudadanos.
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Esas instituciones llevan a cabo la investigación con sigilo. Expediente Público les solicitó entrevistas, pero no respondieron. El INM se limitó a informar que no se han otorgado nacionalidades por naturalización a extranjeros chinos desde 2020 hasta la fecha.
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De su parte, el Ministerio Público señaló a Expediente Público que, de momento, no hay una investigación abierta sobre este caso, pero que esta se iniciaría si las indagaciones de Gobernación y el INM concluyen en una denuncia penal.
Este medio también contactó a la exministra Paredes, pero tampoco dio respuesta.
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China SFECO Group, en el ojo del huracán
La empresa China SFECO Group es la que está a cargo de la construcción del Hospital del Sur. Ganó la licitación tras presentar la oferta más económica, aunque no obtuvo el puntaje técnico más alto durante la evaluación del proceso.
Wilson Paz, quien fue director del INM en el momento del ingreso de esos ciudadanos asiáticos, publicó en sus redes sociales que la contratación de trabajadores chinos fue parte un acuerdo firmado entre la empresa china y la Sesal. Agregó que la entrada de los obreros no presentó irregularidades.
Según Paz, la empresa china trajo 200 obreros para la obra. Detalló que el 80% ingresó al país con visa consular y que el resto lo hizo de manera regular acogiéndose a las facilidades migratorias que ofrece el Reglamento Especial del Régimen de Ingreso sin Visa.
Estas son las mismas facilidades que la exministra Paredes mencionaba en su oficio de noviembre del año pasado, argumentando que se trataba de personal especializado para el desarrollo del hospital.
Trabajadores chinos entraron con pasaporte diplomático
Una inspección a la construcción hospitalaria realizada por las nuevas autoridades del INM y Gobernación detectó ciertas inconsistencias en los registros migratorios.
El actual director del INM, Carlos Cordero, relató a un medio televisivo que se identificó a obreros en cuyos registros migratorios constaba que habían ingresado con pasaportes diplomáticos. Sin embargo, en realidad no poseían ese tipo de documentos —exclusivos para los funcionarios de embajadas y consulados— y solo contaban con pasaportes ordinarios.
Con este cambio de documentos, los obreros habrían evitado el pago de US$60 de la visa para una estancia de 90 días.
Obreros buscan calificarse como inversionistas
Cordero añadió, sin dar cifras, que algunos obreros chinos han solicitado permiso de permanencia para quedarse en Honduras en calidad de inversionistas, pero aseguró que no califican “porque deben cumplir con una serie de requisitos”.
Asimismo, informó que se encontraron trabajadores chinos a los que ya se les había vencido el plazo de estancia en el país, por lo que se encuentran en condición irregular. El periodo legal es de 120 días: 90 días regulares y 30 de prórroga.
En sus declaraciones públicas, Cordero no ha especificado cuántos trabajadores chinos encontró el INM en la obra hospitalaria, ni cuántos tenían sus papeles en regla. El INM tampoco dio esa información solicitada por Expediente Público.
Este medio también pidió una entrevista a la representante legal de China SFECO Group, Liuzi Zhang, pero no obtuvo respuesta.
Mano de obra hondureña relegada
Cordero ha manifestado su inconformidad por el desplazamiento de la mano de obra nacional. “Hay una gran cantidad de ciudadanos hondureños que pudieron haber realizado ese trabajo (en el hospital)”, remarcó.
Tanto la Constitución de la República como el Código del Trabajo establecen que “los trabajadores hondureños tendrán la preferencia sobre los trabajadores extranjeros”.
La Constitución incluso pone límites claros a la contratación de extranjeros. Señala que el 90% del personal en una empresa debe ser nacional.
Todo trabajador extranjero que desee laborar en el país debe contar con residencia legal y obtener un carné de trabajo emitido por la Secretaría de Trabajo.
Daniel Discua, viceministro de Trabajo y Seguridad Social, afirmó a Expediente Público que China SFECO Group presentó inicialmente una solicitud para contratar a 18 ciudadanos chinos, pero esta fue rechazada por no cumplir con ese porcentaje legal.
Sin embargo, el pedido fue aprobado más tarde al constatar que sí se respetaba el límite normativo.
Discua añadió que otra solicitud, presentada en septiembre del 2025 para incorporar a 54 trabajadores chinos adicionales, fue presentada de forma incompleta, sin pasaportes ni contratos, por lo que fue negada.
Es decir que, según el viceministro, China SFECO Group obtuvo el permiso para contratar a 18 obreros chinos en la obra del Hospital del Sur. Esta cifra dista mucho de los 200 obreros asiáticos mencionados por Cordero.
China no busca exportar trabajadores
Parsifal D’Sola, especialista en temas de China, dijo a Expediente Público que no hay evidencia a nivel internacional de que el gigante asiático esté buscando exportar su mano de obra, sino que muchas empresas optan por esta práctica para reducir costos, facilitar las operaciones por el idioma y mantener el control sobre el personal.
Para D’Sola, ante estos escenarios, lo crucial es la capacidad de las instituciones locales de fiscalizar el proceso para mitigar las malas prácticas que puedan tener las empresas internacionales en los países.
Explotación a jornaleros chinos
D’Sola alertó que la falta de control también deja en indefensión a los trabajadores chinos que ocupan plazas en los países de acogida.
El experto ejemplificó lo sucedido en Brasil en enero del 2025, cuando se reveló un escándalo que involucró a BYD, una de las principales marcas chinas de carros eléctricos. La empresa enfrentó señalamientos por superar el límite de mano de obra extranjera permitido por la legislación laboral brasileña.
Las autoridades brasileñas dieron a conocer que encontraron en esa empresa a163 ciudadanos chinos trabajando en “condiciones similares a la esclavitud”. Señalaron que esos trabajadores, además de la retención de sueldos y pasaportes, sufrían condiciones degradantes de vivienda e insalubridad.
¿Dónde está la falla de control?
Para el experto en relaciones internacionales Graco Pérez, el problema recae siempre en la falta de aplicación de la ley, lo que se presta para cometer actos de corrupción.
“Siempre los problemas aquí son de control o corrupción”, manifestó Pérez a Expediente Público. A la vez, espera que las autoridades investiguen y deduzcan responsabilidades correspondientes.
Pérez recordó que no es la primera vez que en el país suceden este tipo de escándalos. Mencionó el caso de los médicos cubanos.
“Se señaló que entró cualquier cantidad de gente sin ser médicos y no se comprobó nunca que fueran médicos porque el colegio médico no hizo la homologación de los títulos”, afirmó.
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El abogado en derecho laboral German Leitzelar explicó a Expediente Público que, cuando alguno de los controles falla, se abren espacios para irregularidades como la expuesta en este caso.
En consecuencia, “volvemos a gestiones y actos que nos involucran corrupción, falta de institucionalidad, mal manejo de las responsabilidades de los funcionarios y, encima, para un enriquecimiento ilícito de determinadas personas”, puntualizó Leitzelar.
