* En menos de 48 horas, el Congreso Nacional destituyó a Johel Zelaya del Ministerio Público mediante un juicio político cuestionado por violentar el debido proceso.
* Expertos advierten que el juicio político no cumplió con los estándares internacionales, lo que abriría la puerta a demandas contra el Estado.
* Cercanos a los partidos Nacional y Liberal fueron nombrados al frente del Ministerio Público y de la Corte Suprema de Justicia.
Sharon Ardon / Expediente Público
El Congreso Nacional de Honduras destituyó hace dos semanas al fiscal general Johel Zelaya, acusado de utilizar el Ministerio Público como herramienta política para boicotear el úlitmo proceso electoral y de realizar una persecución penal selectiva.
La remoción se concretó mediante un juicio político, el primero en la historia del país. Analistas consultados por Expediente Público advierten que el proceso careció de garantías de debido proceso, lo cual podría derivar en nuevas demandas internacionales contra el Estado.
A la salida del fiscal general se suma la renuncia de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Raquel Obando, bajo presión de un juicio político en su contra. Para los expertos, esto representa un reacomodo institucional que devuelve a los partidos Nacional y Liberal la concentración del poder, como en épocas pasadas.
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El Congreso designó a un abogado cercano al nacionalismo como nuevo titular del Ministerio Público y puso a un connotado liberal al mando de la CSJ.
Además, diputados consultados por Expediente Público mencionaron la intención de someter a juicio político a los funcionarios Marlon Ochoa, miembro del Consejo Nacional Electoral (CNE), y Mario Morazán, juez del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), ambos representantes del Partido Libertad y Refundación (Libre).
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¿Quién es Johel Zelaya?
Johel Zelaya llegó al Ministerio Público en 2023, en medio de una marcada crisis institucional y cuestionamientos de legalidad. “Fue electo inadecuadamente en el Congreso anterior porque no cumplía con los requisitos”, acotó a Expediente Público el diputado liberal Carlos Umaña.
Para el legislador, Zelaya no tenía la experiencia para comandar la Fiscalía. Recordó que no cumplía con la mejor calificación de la nómina presentada por la Junta Proponente, pues se encontraba en la cuarta posición con un puntaje de 80.94 sobre 100.
Aun así, fue nombrado y ratificado por una Comisión Permanente del Congreso, representada por diputados del entonces partido de gobierno, Libre, el primero de noviembre del 2023 para un período de cinco años.
¿Por qué se destituyó a Johel Zelaya?
En dos días, el parlamento hondureño llevó el proceso que culminaría con la destitución de Zelaya. La decisión se sustentó en un cúmulo de denuncias.
El diputado liberal Rashid Mejía señaló a Expediente Público que, entre los señalamientos, se consideraron las maniobras de Zelaya para entorpecer el proceso electoral del pasado 30 de noviembre; por ejemplo, las actuaciones en contra de las autoridades del CNE, la difusión de unos audios sobre un supuesto fraude sin sustento técnico, así como la criminalización de magistrados del TJE.
Mejía agregó que, durante su función, Zelaya adoptó una postura “bastante partidaria y plegada hacia un sector”, en referencia al partido Libre.
Esta inclinación política le llevó al fiscal a cometer errores, añadió el legislador. “Hubo omisiones relevantes en el ejercicio de la acción penal pública, fue desigual y selectivo en la persecución penal. No hubo una coherencia ni equilibrio”, afirmó.
¿Cuál es el debido proceso?
El abogado Félix Ávila explicó a Expediente Público que la figura del juicio político debe entenderse como un derecho soberano de cada país para poder separar a altos funcionarios de sus cargos, pero su aplicación debe estar sujeta al respeto del debido proceso y a reglas claras.
Subrayó que, aunque se trata de un procedimiento de índole política, debe garantizar a la persona señalada las condiciones para su defensa, como el tiempo suficiente para preparar argumentos, la posibilidad de presentar las pruebas de descargo y la existencia de un debate amplio dentro del Congreso.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, tras la aprobación del informe, defendió en el hemiciclo que el parlamento sí respetó las garantías procesales y el derecho a la defensa.
¿Se viene una demanda internacional?
Para el especialista en derechos humanos y democracia Joaquín Mejía, con la destitución a Zelaya se cometió una grave violación a la Constitución de la República, lo que vuelve a poner al Estado de Honduras ante la amenaza de una nueva demanda internacional.
El experto explicó que la Ley de Juicio Político fue aprobada en abril del 2013, cinco meses después de que el Congreso destituyera a cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional, sin darles la posibilidad de defenderse. Como consecuencia, ellos llevaron el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Este organismo emitió en noviembre del 2023 la sentencia Gutiérrez Navas y otros vs. Honduras, en la que ordenó al Estado a adecuar su normativa interna para garantizar que los procesos de destitución de altos funcionarios cumplan con los estándares de debido proceso.
El Congreso, sin embargo, no aplicó estos parámetros y aplicaron el juicio político contra Zelaya sin respetar el procedimiento, apuntó Joaquín Mejía.
Desde su perspectiva, se habría violentado el artículo 15 de la Constitución, que establece que Honduras “proclama como ineludible la validez y obligatoria ejecución de las sentencias arbitrales y judiciales de carácter internacional”. Por lo tanto, agregó el experto, esa omisión puede traducirse en una nueva responsabilidad para el Estado hondureño.
“Ya vamos a empezar a ver pronunciamientos de organizaciones internacionales condenando y mostrando preocupación por lo que pasó”, lamentó Mejía.
Preocupación internacional
Las reacciones internacionales no se hicieron esperar. Al menos quince organizaciones nacionales e internacionales —entre ellas, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Washington Office on Latin America (WOLA)— emitieron un pronunciamiento en conjunto en el que expresan preocupación por “el uso indebido del juicio político de altos cargos del sistema de justicia y electoral”.
Las organizaciones advierten que “su utilización en condiciones contrarias a estos estándares (internacionales) no solo debilita la institucionalidad democrática al facilitar una eventual estrategia de concentración del poder, sino que puede comprometer la responsabilidad internacional del Estado”.
En esa misma línea, para Joaquín Mejía, lo que está pasando en torno a este juicio político, lejos de fortalecer la institucionalidad, es un reacomodo similar al que se vivió en Honduras antes del golpe de estado de 2009, donde “el grupo conservador que cogobernaba —el Partido Liberal y Partido Nacional— tenía el control absoluto de todas las instituciones”.
Reacomodo institucional
El mismo día en que se le dio lectura al informe que recomendaba la destitución de Zelaya, el pasado 25 de marzo, el Congreso trató la moción para nombrar al nacionalista Pablo Emilio Reyes en el cargo de fiscal, la cual que fue aprobada con 93 votos.
Deslice para más información
Asimismo, se planteó iniciar el mismo procedimiento de juicio político en contra de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, quien ese mismo día había optado por presentar su renuncia ante la secretaría del propio Congreso.
En la misma sesión, el Pleno del Congreso aceptó la renuncia de Obando y designó al magistrado de afiliación liberal Wagner Vallecillo como presidente interino de la CSJ.
A juicio de Joaquín Mejía, al ser el Poder Judicial un ente independiente, la presidenta debía presentar su renuncia ante el Pleno de la Corte quien debía decidir su sustitución, no el Congreso.
“No sé si es que son poco inteligentes o simplemente actúan con esa sensación de impunidad que les da el poder”, expresó el jurista.
