* La Corte de Constitucionalidad echó abajo la lista de seis elegibles que la Comisión de Postulación envió al presidente Bernardo Arévalo.
* La nómina entrará en una nueva revisión de la Comisión, donde el Gobierno y la oposición medirán nuevamente sus fuerzas.
* Analistas señalan que el fallo podría favorecer a postulantes cercanos al Ejecutivo, pero también a su detractora, la fiscal general Consuelo Porras.
Expediente Público
La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala reabrió la disputa. Ordenó la anulación provisional de la lista de seis elegibles a Fiscal General que la Comisión de Postulación había enviado al Ejecutivo. Con ello, marcó un nuevo episodio en la ya compleja designación, donde los conflictos políticos, legales e institucionales se entrecruzan.
El fallo, emitido este jueves, obligó a retroceder el procedimiento y abrió la puerta a que la Comisión pueda conformar una nueva nómina, generando incertidumbre sobre los tiempos y las reglas del proceso.
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La pregunta es a quién beneficia esta decisión. Analistas consultados por Expediente Público coinciden en que el escenario es tan volátil que es difícil prever qué sector saldrá favorecido. Apuntan que el Gobierno podría sacar provecho para intentar designar a un personaje cercano, pero también la actual fiscal, Consuelo Porras, quien se opone al Ejecutivo.
La resolución ha sido interpretada de distintas formas. Para algunos sectores, se trata de un correctivo necesario ante posibles irregularidades en la evaluación de candidatos. Para otros, es una decisión que altera el equilibrio político del proceso.
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¿Una Corte contraria a Arévalo?
Uno de los puntos más debatidos tras la resolución es la composición de la actual Corte de Constitucionalidad. De acuerdo con los analistas, el organismo cuenta con una mayoría de magistrados vinculados a sectores conservadores y opositores al Gobierno.
El constitucionalista Luis Linares considera que el fallo no puede leerse como una acción alineada con el Ejecutivo.
“Los magistrados que votaron no son cercanos a Arévalo; por el contrario, en su mayoría han mostrado posturas críticas o independientes frente al Gobierno. Por eso, pensar que esta resolución responde a un interés directo del Ejecutivo es simplificar demasiado el escenario”, explicó a Expediente Público.
El analista y activista político Ricardo Méndez Ruiz, director de la Fundación Contra el Terrorismo, sostiene que la medida podría tener efectos contradictorios, bien a favor o en contra del Gobierno.
“Lo que hace la Corte es abrir nuevamente el proceso y eso puede terminar beneficiando a quienes originalmente no lograron entrar en la nómina. No necesariamente es un golpe directo contra el Ejecutivo, pero tampoco es una victoria automática para ellos”, señaló a Expediente Público.
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¿Qué pasará con los cercanos a Arévalo?
Linares añadió que el impacto político del fallo puede terminar favoreciendo indirectamente a actores cercanos al oficialismo.
“Al reiniciar el proceso, se abre la posibilidad de que nuevos perfiles, posiblemente más cercanos a la agenda del Gobierno, puedan ser incluidos en una nueva nómina”, indicó.
Cinco personajes cercanos a Arévalo se inscribieron en el proceso de selección, pero ninguno logró integrar la lista final de seis elegibles. Los más notorios fueron el actual ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda. y el procurador general, Julio Saavedra. Ambos quedaron excluidos por no haber alcanzado los 75 puntos requeridos.
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Estos perfiles podrían ser evaluados nuevamente para analizar si son incluidos dentro de la nómina definitiva.
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¿Posible beneficio para Porras?
Paradójicamente, la decisión también podría favorecer a la actual fiscal general, Consuelo Porras, quien se encuentra en la recta final de su mandato.
Según analistas, el retraso en la elección del nuevo fiscal podría prolongar la permanencia de Porras en el cargo, dependiendo de cómo se desarrollen los plazos y si el proceso enfrenta nuevos obstáculos legales.
“El efecto inmediato es dilatar la elección. Y en ese escenario, quien sigue al frente del Ministerio Público es Porras. Eso, en la práctica, le da margen de maniobra adicional”, señaló Linares.
Además, Porras fue la mejor puntuada en el proceso de selección realizado por la Comisión de Postulación, pero no logró integrar la lista de los seis elegibles porque no contó con los 10 de los 14 votos de los comisionados.
Una revisión de este proceso podría coincidir con una nueva reconfiguración de fuerzas al interior de la Comisión y dar un puesto a Porras.
Sin embargo, la decisión final la tendrá el presidente Arévalo, que deberá designar al nuevo fiscal de entre los seis elegibles que establezca la Comisión.
Él ha manifestado su intención de no nombrar a Porras, a quien ha señalado por su gestión al frente del MP. Durante su gestión, ella abrió 13 investigaciones en contra del mandatario por supuestas firmas falsas en la creación del Partido Movimiento Semilla y por presunto abuso de autoridad, entre otras causas.
El activista Ricardo Méndez Ruiz, quien ha impulsado acciones legales contra el proceso de elección, también ha cuestionado la idoneidad del presidente Arévalo para designar al Fiscal General, argumentando posibles conflictos de interés.
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El debate sobre una nueva nómina
El debate central es cómo quedará la lista definitiva de seis elegibles. El politólogo Renzo Rosal considera que este será el momento más crítico.
“La discusión ahora será quiénes entran en la nueva nómina. Ese es el verdadero campo de batalla, porque ahí se define el margen de maniobra del presidente para elegir”, explicó a Expediente Público.
Rosal advierte que el nuevo listado podría ser más competitivo, pero también más conflictivo: “Si se incluyen perfiles que antes quedaron fuera, el proceso gana legitimidad para algunos sectores, pero también aumenta la confrontación política”.
