Los 33 Estados miembros de la OEA aprobaron este miércoles una resolución presentado por Estados Unidos para tratar de manera urgente y al máximo nivel, en una reunión de cancilleres, el deterioro institucional de Nicaragua y definir acciones. Ventinueve países aceptaron la convocatoria a Washington D. C.; Brasil declinó; y México se abstuvo.
Tomás Guevara / Expediente Público / Washington
Los ministros de Relaciones Exteriores acudirán a Washington D. C., de manera urgente, para que la máxima instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA) decida los pasos a seguir con respecto a la crisis política y al desmantelamiento institucional de Nicaragua.
El Consejo Permanente aprobó este miércoles un proyecto de resolución solicitado por Estados Unidos y apoyado por varios Estados latinoamericanos. La decisión contó con una abrumadora mayoría de 29 votos a favor, de los 33 miembros del organismo.
El texto de la resolución convoca con “carácter urgente (…) a una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores en la sede de la Secretaría General de la Organización”, en Washington. Sin embargo, aún no se ha definido la fecha del encuentro.
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La OEA lleva registros de la crisis del país centroamericano bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El proceso se agravó en 2018. Luego una alta crispación en 2021, previo a las elecciones. En ese entonces, Nicaragua decidió iniciar trámites para abandonar la OEA, lo cual se consumó en 2023.
El documento aprobado este miércoles insta a que “tan pronto como sea posible” los ministros se sienten en Washington “para considerar la situación en Nicaragua y las acciones apropiadas”.
La reunión deberá enfocarse en las facultades del organismo hemisférico, bajo los mandatos de la Carta Democrática Interamericana, de la que Nicaragua es firmante, aunque ya se haya retirado.
En la apertura de esta sesión, el embajador Michael Kozak, del Buró del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, dijo que ya es tiempo de tomar acción y pasar a otras medidas no probadas por la OEA.
“La situación en Nicaragua es un problema urgente de interés común para nuestra región; (…) Nicaragua llama a la acción colectiva”, dijo el alto funcionario de Exteriores estadounidense.
Decidir entre medidas coercitivas y negociadas
Orlando Pérez, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad del Norte de Texas en Dallas, afirmó a Expediente Público que el paso trascendental dado por la OEA este miércoles es un reconocimiento que muestra un “consenso bastante amplio sobre el deterioro democrático que existe en Nicaragua”.
Sin embargo, desde su perspectiva, sería difícil predecir hacia dónde podría llevar este proceso, sobre todo porque el organismo regional se verá atrapado en cómo bregar con los que busquen medidas coercitivas y los que puedan plantear medidas negociadas.
“Es difícil discernir todavía si existe consenso en las medidas a tomar; veo difícil que la organización tome decisiones coercitivas, pues la OEA tiene pocas herramientas coercitivas por sí sola y Nicaragua ya no es miembro”, apuntó.
No obstante, viendo el panorama regional y la crisis nicaragüense, Pérez vaticina que sí se podría “incentivar a los gobiernos a tomar medidas bilaterales o multilaterales más fuertes contra el régimen (Ortega-Murillo)”.
Para este experto, en adelante el abordaje para encarar la crisis de Nicaragua pasará por las decisiones que cada gobierno tome a partir de lo que pueda deparar la reunión de cancilleres en Washington.
Tres posibles desenlaces en la OEA
Manuel Orozco, nicaragüense y director del Programa de Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano, afirmó a Expediente Público que lo que resulte de la reunión de cancilleres es muy incierto.
Si bien no había duda de que el proyecto presentado por Estados Unidos tendría una decidida acogida, para él, el fondo del asunto es más complejo.
Orozco sostiene que, en la OEA, prima la solución de las crisis mediante el diálogo y el consenso. Sin embargo, —agrega— el caso nicaragüense ha estirado al máximo esa base con resoluciones que no han tenido resultados por más de ocho años.
“El reto consiste en determinar las medidas diplomáticas y coercitivas que los países pueden adoptar en un entorno multilateral ante las acciones beligerantes de Nicaragua”, aseguró.
Además, este experto considera que, dentro del marco legal de la OEA, lo que atañe es el asunto de elecciones libres y justas, además del respeto a los derechos humanos, y ahí es donde el organismo regional puede encontrar salidas.
Así, el organismo tiene en la manga algunas posibilidades para actuar dentro de ese marco normativo. Por un lado, podría plantearse el escenario de que los cancilleres voten a favor de convocar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), un pacto de defensa firmado en 1947 e incorporado al conjunto de normas del Sistema Interamericano.
Otro escenario posible sería la decisión de los cancilleres de “formar una comisión mediadora que abogue por un diálogo en Nicaragua”, sostiene Orozco.
Y un tercero sería que el régimen Ortega-Murillo decida por cuenta propia retomar las pautas del Sistema Interamericano y aceptar el rumbo democrático del país.
“La probabilidad de cada escenario depende del nivel de importancia que adjudique cada actor al tema de seguridad colectiva coercitiva o de seguridad democrática mediadora”, apunta el experto.
EE. UU. sostiene que no es un asunto de política interna
Luego de aprobar la resolución, algunos embajadores de los países miembros del organismo tomaron la palabra para hacer hincapié en la situación y por qué reviste importancia el paso dado.
Carlos Cherniak, embajador de Argentina ante la OEA —país copatrocinador de la resolución—, señaló que el organismo no puede seguir bajo el mismo esquema que no ha funcionado.
El diplomático alertó que la crisis de Nicaragua arroja muchas luces para hacer consideraciones más allá de una crisis política interna, dados los resultados de las acciones de la dictadura.
“Que una autoridad nicaragüense decida cancelar las elecciones y la democracia para siempre en su país, ¿puede ser considerado solo una crisis política interna?”, cuestionó.
Y agregó: “¿Un régimen que avanza en la persecución y en la violación sistemática de los derechos humanos, que quita la nacionalidad a sus compatriotas por razones políticas, que persigue a la sociedad civil, a las organizaciones religiosas, es solo una crisis política interna?”.
De su parte, Costa Rica y Honduras sentaron postura frente al pleno en carácter de vecinos inmediatos de Nicaragua, cuya crisis también impacta en sus fronteras territoriales.
Marlene Villela-Talbott, embajadora de Honduras ante la OEA, advirtió sobre “el grave y sostenido deterioro del espacio cívico y democrático en el país”.
Y dijo que no existe ninguna duda de que, en Nicaragua, el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de toda persona “permanece severamente restringidos”.
Luego de la sesión del Consejo Permanente, la representación de Estados Unidos dijo que seguirá trabajando con los países que han copatrocinado esta resolución.
Existe expectativa por la fecha en que los cancilleres se darán cita en Washington.
Algunos representantes advirtieron que todo corre a contra reloj porque mientras el organismo regional da estos pasos decisivos, los brazos operativos del régimen sandinista engrasan su maquinaria para apurar los cambios constitucionales que permitan al régimen Ortega-Murillo aferrarse al poder.
