Las sanciones estadounidenses impuestas en los últimos ocho años provocaron costos financieros importantes para la dictadura, obligándola a modificar sus operaciones, aunque estas no consiguen alterar el control político ni forzar una apertura democrática, valoran diferentes expertos.
Expediente Público
Las sanciones dirigidas contra los negocios y personas al servicio de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aunque en los últimos ocho años no consiguieron presionar cambios que lograran democratizar Nicaragua, generaron costos y restricciones financieras importantes para el orteguismo, además de un registro de responsables de la represión que sufre Nicaragua desde abril de 2018.
Ortega y Murillo, a juicio de expertos consultados por Expediente Público, desarrollaron una “adaptación calibrada” ante decenas de sanciones individuales impuestas por Estados Unidos en los últimos ocho años.
Ceden política y estratégicamente cuando el costo es manejable en temas migratorios, de seguridad y narcotráfico, pero asumen el impacto de las sanciones cuando se trata de ceder el poder.
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Incomodar no es cambiar
El experto en cooperación internacional Steven Hendrick, excoordinador sénior de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), afirma que algunas conductas del orteguismo, que podrían evidenciar que las sanciones lo han presionado, se han podido ver traducidas, por ejemplo, aunque en momentos muy puntuales, en la liberación de presos políticos o en la búsqueda de una negociación.
En cambio, cuando se trata de sanciones individuales a negocios o personas afines al régimen y la conducta del orteguismo se traduce en “simplemente cambia nombres, transfiere activos o reorganiza instituciones, eso sugiere que las sanciones están incomodando, aunque no necesariamente cambiando la conducta de fondo”, precisa Hendrick.
Dictadura cedió en temas migratorios
Orlando Pérez, profesor cubano-estadounidense y experto en Ciencia Política, en entrevista con Expediente Público, apuntó que el orteguismo aprendió, en estos ya ocho años en los que ha venido recibiendo sanciones, a ceder sin soltar el poder.
“Hay que ser precisos, porque concesiones sí hubo tras las sanciones. En febrero de este año (2026) Managua eliminó la exención de visa que los cubanos tenían desde 2021, y días después extendió el requisito a ciudadanos de 128 países. Con eso desmontó el corredor migratorio que pasaba por Nicaragua. Renunció a un negocio, el de los vuelos chárter, y a una palanca de presión sobre Washington”, afirmó Pérez.
Estados Unidos, entre 2023 y 2024, a través del Departamento de Estado de ese país, anunció y aplicó una política de restricciones de visa contra personas, operadores y propietarios de empresas que operaban vuelos chárteres hacia Nicaragua, señalando que estos viajes estaban diseñados para migrantes irregulares a los que se les facilitaba una ruta terrestre desde Nicaragua hacia Estados Unidos.
Un análisis de Diálogo Interamericano, elaborado por el investigador Manuel Orozco, director del programa Migración, Remesas y Desarrollo, refiere que sólo entre julio de 2023 y enero de 2024 contabilizaron 1,145 vuelos charters a Managua, con al menos 150 pasajeros cada uno, provenientes de Puerto Príncipe, La Habana, Curazao, Caracas y Zanderij, que tenían como destino final la frontera entre México y Estados Unidos.
Pérez resaltó que, aunque el orteguismo cedió o asumió los costos sobre el negocio del corredor migratorio, “no tocó nada que afectara el control del poder”.
“No tocó nada, ni apertura electoral ni reversión de las reformas constitucionales. Incluso, cinco meses después (en julio), Ortega anunció que no habría más elecciones. Ahí está el patrón. Concede en migración, donde el costo es manejable y el alivio es inmediato. Pero, en el poder no ha cedido un milímetro. Y eso confirma algo importante: Washington sí tiene palancas cuando las aprieta de verdad”, remarcó Pérez.
Urge presión regional contra la dictadura Ortega Murillo
Las sanciones individuales, a juicio de Pérez, cuando se aplican a regímenes, por sí solas no logran un cambio de régimen “a no ser que se junten a una política regional, los vecinos en este caso de Nicaragua y del continente americano, para presionar”, aunque, remarcó, “por ahora no se ve esa ruta”.
Pérez consideró que los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos, por ahora, tampoco pasan necesariamente por democratizar Nicaragua, sino por asuntos como la migración, la seguridad y el narcotráfico, ámbitos en los que, a su juicio, el régimen Ortega-Murillo por ahora cede y todavía representa una amenaza de segundo rango para Washington.
“Los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos no necesariamente pasan por una democratización, ni en Venezuela ni en ninguna parte. Eso es un tema secundario. Ellos están viendo los intereses de poder duro, en términos migratorios, de seguridad nacional, en términos de narcotráfico, y ahí Nicaragua sí es una amenaza de segundo rango”, insistió Pérez.
Para el experto, mientras el régimen continúe cooperando, al menos nominal u operacionalmente, en materia migratoria y contra el narcotráfico, Nicaragua permanecerá en un segundo plano dentro de las prioridades de seguridad nacional de Estados Unidos.
Pérez sostiene que el régimen Ortega-Murillo ha entendido ese cálculo y, al mismo tiempo, ha avanzado —sobre todo tras las recientes reformas constitucionales— en la consolidación de un modelo de sucesión dinástica en Nicaragua.
Dictadura endurece postura autoritaria con nuevas reformas
La dictadura Ortega-Murillo, el 19 de julio pasado, dio un paso más rumbo a la conformación de su dinastía en Nicaragua. En el acto del 47 aniversario de la Revolución Sandinista, desde la Plaza de La Fe en Managua, el dictador Ortega afirmó que en el país no volverían a celebrarse elecciones, revelando que aprobarían nuevas reformas constitucionales.
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Una semana después, el 28 de julio pasado, los dictadores enviaron la iniciativa de reforma parcial a la Constitución Política de Nicaragua a la Asamblea Nacional, también controlada por el orteguismo.
El parlamento, además de recibir la iniciativa, procedió a conformar una Comisión Especial de Carácter Constitucional para consulta, análisis y dictamen de la reforma parcial a la Constitución Política de Nicaragua.
Luego, un mes después, tras un montaje de consultas que solo se hicieron con los mismos funcionarios y personas afines a la dictadura, el 1 de septiembre pasado, el orteguismo aprobó dichas reformas constitucionales en primera legislatura a través de la Asamblea Nacional.
Los cambios incluyeron ampliar de seis a siete años los periodos presidenciales, eliminar la oposición política en las elecciones y desconocer las leyes, normas y sanciones internacionales.
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Liberar presos políticos para menguar presión
La dictadura, en los últimos ocho años, con la presión política no solo de las sanciones estadounidenses, sino de la Unión Europea (UE) y organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (Oacnudh), ha cedido en liberar a cientos de presos políticos sin soltar el poder.
Algunas de esas liberaciones masivas de presos políticos de la dictadura Ortega-Murillo ocurrieron en febrero de 2023, cuando excarceló y desterró a 222 personas que fueron enviadas en un vuelo directo a Estados Unidos, y en septiembre de 2024, cuando envió a otros 135 nicaragüenses en un vuelo directo a Guatemala.
Asimismo, en febrero de 2019, tras la primera ola de sanciones dirigidas por Estados Unidos, la dictadura Ortega-Murillo cedió a un segundo diálogo, denominado “Mesa de Negociación por el Entendimiento y la Paz”.
En dichas conversaciones, que fueron un fracaso por falta de cumplimiento del orteguismo de los acuerdos, se abordaron, entre otras cosas, temas como la liberación de presos políticos, reformas electorales, garantías ciudadanas e incluso, por parte del orteguismo, la condición de que tras los acuerdos se gestionara ante la comunidad internacional la “suspensión de sanciones”.
Sanciones necesitan una estrategia
Estos episodios muestran que las sanciones y otras formas de presión han conseguido arrancar concesiones puntuales al régimen, pero no han logrado convertirlas en cambios políticos sostenidos.
Hendrick valoró que las sanciones tienen mayores posibilidades de ser efectivas cuando forman parte de una estrategia más amplia, que incluya también a socios de la región. El experto advirtió que, por sí solas, rara vez este tipo de sanciones son suficientes para lograr un cambio democrático.
“Necesitan coordinación internacional, aplicación efectiva, presión diplomática, apoyo a la sociedad civil, protección a periodistas y defensores de derechos humanos, y una salida política creíble”, resaltó Hendrick.
En el caso de Nicaragua, el experto consideró que la capacidad de adaptación del régimen Ortega-Murillo ha sido alta ante las decenas de sanciones que ha recibido y esto le ha permitido poco a poco mitigar el impacto de la presión que recibe.
“En Nicaragua, el régimen Ortega-Murillo ha demostrado una alta capacidad de adaptación. Ha reducido espacios de oposición, cerrado organizaciones civiles, controlado instituciones y desplazado parte de la presión hacia la población. Eso significa que las sanciones pueden aumentar costos, pero no necesariamente producir apertura política si el régimen considera que el costo de ceder es mayor que el costo de resistir”, afirmó Hendrick.
Orteguismo aprendió a esquivar el impacto de las sanciones
El experto apuntó que una forma de medir la efectividad de las sanciones es observar si estas han conseguido aislar a actores clave del régimen, dificultar el uso de recursos públicos para la represión o el enriquecimiento privado, dividir a las élites económicas o políticas, reducir la capacidad del régimen para conseguir financiamiento externo o elevar el costo para sus aliados extranjeros e intermediarios.
“Si la respuesta es sí, las sanciones tienen impacto. Pero si el régimen consigue nuevos canales financieros, aliados alternativos, estructuras paralelas o mecanismos de evasión, como ha ocurrido con algunas empresas con las que sigue operando o el acercamiento de Ortega con otras fuentes de financiamiento, el impacto se reduce. En ese caso, las sanciones siguen siendo importantes como herramienta de presión y señal política, pero no son suficientes para producir una transición democrática”, advirtió Hendrick.
El catedrático Orlando Pérez, en consonancia con Hendrick, remarcó que las sanciones individuales, aunque presionan, por sí solas no derriban una economía y, en este caso, a una dictadura, resaltando que Nicaragua —a diferencia de Cuba— “no tiene un embargo”, aunque ya suma una lista de más de 80 personas y empresas sancionadas.
Falta de estrategia limita impacto de las sanciones
Expediente Público confirmó, tras revisar las sanciones emitidas por Estados Unidos, que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha sancionado, desde 2018, a más de 80 funcionarios, empresas e instituciones vinculadas al régimen Ortega-Murillo por corrupción, violaciones a los derechos humanos y apoyo financiero a la dictadura.
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Enrique Sáenz, economista y exdiputado opositor, consideró que otro de los elementos que ha limitado el efecto de las sanciones es que estas han sido impuestas por distintos actores, pero sin una estrategia concertada ni un objetivo político claramente definido.
“El otro elemento es que ha habido sanciones de distintos actores, pero no han sido concertadas y tampoco ha estado claro el objetivo político, es decir, se impone una sanción para lograr qué objetivo, entonces, ni objetivo ni estrategia”, afirmó Sáenz.
El economista exiliado dice que hay un golpe político, perturbaciones al régimen, pero las sanciones “no logran el impacto que han previsto quienes decidieron imponer esas sanciones”.
El catedrático Orlando Pérez además señaló que, si el objetivo de las sanciones es provocar un cambio de régimen en Nicaragua, estas deberían formar parte de una política regional que involucre a los países vecinos y al resto del continente americano.
Estados Unidos eleva tono contra la dictadura Ortega Murillo
A juicio del profesor Orlando Pérez, una presión económica capaz de provocar el colapso de Nicaragua tendría consecuencias que Estados Unidos tampoco estaría dispuesto a asumir, debido al riesgo de una nueva crisis migratoria.
“De primera plana para Estados Unidos implicaría sanciones regionales, sanciones que de verdad hundan la economía de Nicaragua, y ahí estaría el tema de una crisis humanitaria, que significaría una crisis migratoria, y eso la Administración Trump lo quiere evitar a toda costa: que la economía colapse a tal medida que signifique un flujo de migración fuera de Nicaragua. Daniel Ortega y Rosario Murillo, el régimen, lo sabe”, apuntó Pérez.
La falta de una estrategia concertada no significa, sin embargo, que Washington haya mantenido intacta su política de presión sobre Managua. El tono de Estados Unidos contra la dictadura Ortega-Murillo, sobre todo tras las reformas constitucionales que aprobó a inicios de este mes de septiembre, comenzó a cambiar. Estados Unidos elevó de tono sus comunicaciones contra el orteguismo, incluso llamando a un boicot comercial.
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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tras la aprobación en primera legislatura de estas reformas a la Constitución Política de Nicaragua, apuntó que la acción deja en evidencia el objetivo del orteguismo en “consolidar su dinastía ilegítima y privar indefinidamente a los nicaragüenses de elecciones libres y justas”.
Además, instó a los socios internacionales de Estados Unidos a “poner fin de inmediato” a las operaciones comerciales habituales “con esta brutal dictadura”.
