Cortes de luz y menor temor a la represión reavivan protestas en Venezuela 

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Expediente Público 

El 30 de septiembre, Venezuela registró una escena que no se observaba desde hacía varios años: habitantes de sectores de Carabobo y Aragua, dos estados de la región centro-norte del país, salieron durante la noche a protestar por los cortes cada vez más frecuentes y prolongados del servicio eléctrico. 

Videos difundidos por los propios manifestantes y posteriormente reproducidos por medios de comunicación muestran bloqueos de calles y concentraciones que evocan anteriores ciclos de protesta, como los de 2004 y 2014, cuando las movilizaciones opositoras exigían la salida de los entonces presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro. 

Las manifestaciones vuelven a aparecer en distintos puntos de Venezuela después de un periodo prolongado de relativa calma en las calles, tras la represión de las movilizaciones que siguieron a las elecciones presidenciales de julio de 2024.

En ese momento, según cifras del Ministerio Público, 25 personas murieron durante las protestas. Organizaciones de derechos humanos han documentado la participación de cuerpos de seguridad y grupos armados progubernamentales, conocidos como colectivos, en la violencia registrada en aquellas movilizaciones. 

Salida de Maduro, un punto de inflexión 

Según Marco Antonio Ponce, coordinador del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), la salida de Nicolás Maduro el 3 de enero, durante una operación ejecutada por fuerzas militares estadounidenses, marcó un punto de inflexión en la disposición de los ciudadanos a manifestarse. 

A juicio de Ponce, el nuevo escenario ha reducido progresivamente el temor a la represión y permitido que diferentes sectores vuelvan a utilizar el espacio público para plantear sus demandas. 

“Luego del 3 de enero hemos visto un cambio. La gente comenzó a exigir por sus derechos en el espacio público. Primero fueron los familiares de los presos políticos, los que piden una amnistía, los estudiantes universitarios y los trabajadores organizados”, indicó a Expediente Público. 

Ponce explicó que, posteriormente, se incorporaron demandas relacionadas con la crisis de los servicios públicos, particularmente con las fallas del sistema eléctrico. 

El OVCS contabilizó 652 protestas en agosto de 2026, un incremento del 280% respecto al mismo mes de 2025. 

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Entre enero y agosto de este año, la organización registró 4.656 manifestaciones en todo el país, un aumento del 198% respecto al mismo periodo del año anterior. 

El OVCS señala que sus registros son elaborados a partir de información publicada por medios de comunicación y reportes de una red de corresponsales. 

El Gobierno también registra un aumento 

El incremento de la conflictividad también aparece en los registros oficiales. 

Un informe del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MRI), al que tuvo acceso Expediente Público, reporta un aumento de 191,4% en la conflictividad durante 2026 respecto al año anterior. El documento contabiliza 1.527 acciones de calle. 

Aunque las metodologías y los periodos de medición pueden diferir, el porcentaje registrado por el Gobierno es similar al incremento reportado por el OVCS. 

La información oficial se basa en reportes elaborados por agentes de los distintos cuerpos policiales y, en algunos casos, por efectivos militares. 

Según el informe, la conflictividad aumentó en todos los estados del país. Distrito Capital, Lara, Portuguesa, Falcón y Zulia registraron los mayores niveles. En Caracas, el incremento reportado alcanza el 143%. 

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Los datos también muestran que las protestas no desaparecieron por completo durante el periodo de menor movilización política. De acuerdo con el informe oficial, las autoridades permitieron determinadas manifestaciones relacionadas con deficiencias en los servicios públicos y con problemas en programas sociales, como la distribución de alimentos subsidiados a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). 

En 2026, el 30,5% de las manifestaciones registradas por el MRI tiene carácter político. En esta categoría se incluyen demandas como la convocatoria de nuevas elecciones presidenciales y la liberación de presos políticos, así como movilizaciones de sectores oficialistas que exigen la liberación de Nicolás Maduro o rechazan el acuerdo energético suscrito entre el Gobierno estadounidense y el interinato venezolano con empresas transnacionales. 

El registro oficial también identifica movilizaciones de sectores vinculados al chavismo que cuestionan decisiones del nuevo Gobierno. 

Las protestas relacionadas con los servicios públicos representan el 28,9% del total. Entre las principales demandas figuran problemas con el suministro de electricidad y agua potable. 

Otro 26,5% corresponde a movilizaciones del sector laboral y sindical, principalmente de trabajadores de la administración pública, de acuerdo con la clasificación del MRI. 

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Para Ponce, la combinación de las demandas políticas, laborales y relacionadas con los servicios públicos puede generar un aumento sostenido de la movilización durante los próximos meses. 

El coordinador del OVCS considera que este escenario se mantendrá mientras no existan respuestas concretas a los problemas que afectan a la población. 

El costo y el beneficio de protestar 

Félix Seijas, director del instituto Delphos y especialista en estudios de opinión pública, considera que el nuevo escenario político ha modificado la percepción del riesgo asociado a las protestas. 

Según explica, la decisión de participar en una manifestación depende, entre otros factores, de la relación que las personas establecen entre el riesgo de sufrir represalias y los posibles beneficios de movilizarse. 

“Como la gente no obtenía nada (al manifestar) retrocedió. Pero luego del 3 de enero eso cambió. Ahora, hay un disparador, que es la noción de que la condición de vida mejorará con un cambio de gobierno”, afirmó en conversación con Expediente Público. 

Para Seijas, incluso las manifestaciones que no son convocadas directamente por partidos políticos pueden adquirir una dimensión política debido al contexto en el que se producen. 

El analista también identifica un debate dentro de Estados Unidos sobre la manera de abordar el incremento de la conflictividad en Venezuela. Según su interpretación, una parte de la Administración estadounidense prioriza preservar la estabilidad social y atender problemas concretos que pueden generar descontento. 

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“El Gobierno (de Trump) habla de mantener el control y atacar problemas puntuales, como el de la luz, porque sabe que eso inquieta a la gente. Para ellos, la idea del orden es muy importante. Y no se equivocan. Si aseguran que haya luz y comida, el país se calmará”, indicó. 

La evolución de las protestas dependerá, en buena medida, de la capacidad del Gobierno interino para responder a las demandas que concentran el malestar ciudadano. 

Los datos del OVCS y del propio Gobierno muestran un aumento significativo de la conflictividad durante 2026. Para los expertos consultados, la combinación de problemas económicos y de servicios públicos, demandas políticas y una menor percepción de riesgo frente a la represión podría mantener la presión en las calles durante los próximos meses.