América Latina ante el debilitamiento de Trump
La derrota republicana en las elecciones de medio término obliga a los aliados latinoamericanos de Donald Trump a replantear sus relaciones con Washington ante el nuevo equilibrio de poder en el Congreso estadounidense.
La reciente derrota republicana en las elecciones de medio término en EE. UU. sacude a los aliados del presidente Donald Trump en América Latina, que ahora deberán recalibrar sus relaciones con Washington ante el debilitamiento político del mandatario y el regreso de los demócratas al control del Congreso estadounidense.
La debacle electoral de los republicanos el pasado 3 de noviembre no solo debilita su poder político dentro de Washington; también impacta en los aliados latinoamericanos que construyeron una relación privilegiada con la Casa Blanca sobre la afinidad ideológica y el respaldo del mandatario Trump.
Aunque todavía se contabilizan algunos votos para definir la composición definitiva de las dos cámaras, en sus dos últimos años de mandato, el presidente Trump tendrá un menor margen de maniobra y una oposición con mayores facultades de fiscalización e influencia sobre la agenda regional.
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Expediente Público consultó a especialistas en política estadounidense y relaciones internacionales para analizar las repercusiones de las elecciones de medio término en la relación de Washington con América Latina.
Los especialistas coinciden en que Trump conservará cierto margen de maniobra en política exterior, aunque estará sujeto a un mayor escrutinio del Congreso. Para sus aliados latinoamericanos, el desafío será adaptarse a un presidente políticamente debilitado y a una nueva mayoría legislativa con prioridades distintas.
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Recalcular la apuesta por Trump
Michael Shifter, profesor adjunto del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, en Washington, considera que los gobiernos latinoamericanos que han mostrado una afinidad excesiva con Trump deberían replantear su estrategia de relacionamiento con EE. UU.
El especialista advirtió a Expediente Público que considera indispensable que esos gobiernos amplíen sus contactos con el Partido Demócrata, que tendrá un peso determinante en el nuevo Congreso que tomará juramento el 3 de enero de 2027.
“Es fundamental que amplíen sus contactos con demócratas clave, tanto para manejar las relaciones en los próximos dos años como de cara a 2028, cuando la administración termine”, opina el especialista estadounidense.
Para Shifter, los resultados electorales enviaron el mensaje que “la época de Trump y su movimiento, que duró una década, ha llegado a su fin”.
La advertencia es particularmente relevante para los gobiernos que apostaron por una relación unipartidista con Washington, privilegiando los vínculos personales e ideológicos con Trump en detrimento de una política exterior que mantuviera interlocución con ambos partidos.
Los costos de enfrentarse a los demócratas
La nueva correlación de fuerzas también deja lecciones para funcionarios latinoamericanos que, por afinidad ideológica con Trump, han mantenido un discurso abiertamente hostil hacia los demócratas estadounidenses.
Colombia es uno de los casos más evidentes. El presidente Abelardo de la Espriella apostó por una relación privilegiada con la administración republicana, mientras su gobierno ha mantenido una posición de confrontación con sectores del Partido Demócrata.
Su canciller, Omar Bula, ha dejado numerosos registros en redes sociales de declaraciones despectivas contra los demócratas, a quienes ha calificado de “porquería”, “delincuentes” y “Partido Narco-Demócrata”, entre otras expresiones.
Bula también ha difundido teorías conspirativas sobre el sistema electoral estadounidense y las acusaciones infundadas de fraude en las elecciones presidenciales de 2020, que Trump perdió frente a Joe Biden.
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Ahora, dirigentes del partido al que ha dirigido esos ataques tendrán influencia directa en las decisiones legislativas y en la supervisión de la cooperación estadounidense con Colombia.
El excanciller y exembajador colombiano en Washington, Luis Gilberto Murillo, ha advertido sobre la necesidad de revisar la estrategia diplomática del país y ampliar los canales de interlocución con distintos sectores políticos estadounidenses.
En una entrevista radial, Murillo señaló que las declaraciones del presidente y de otros funcionarios sobre asuntos políticos, sociales y culturales de EE. UU. pueden tener repercusiones en la relación bilateral.
El excanciller también considera que mantener a Bula al frente de la Cancillería “generará dificultades” para acercarse al nuevo Congreso estadounidense.
Milei y Bukele, también bajo un nuevo escenario
Argentina también enfrenta las consecuencias de haber estrechado sus vínculos políticos con Trump.
El presidente Javier Milei ha sido uno de los principales aliados ideológicos del mandatario estadounidense y ha expresado reiteradamente su respaldo a sus posiciones.
Aunque sus insultos se han dirigido principalmente contra opositores internos y latinoamericanos, su cercanía con Trump y su participación en la política estadounidense han llamado la atención de congresistas demócratas.
Uno de los episodios que generó cuestionamientos fue el respaldo público de Milei a la candidata republicana María Elvira Salazar, de Florida.
El gesto provocó la reacción de Gregory Meeks, quien termina esta legislatura como principal representante demócrata en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y podría asumir su presidencia a partir de enero.
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El 20 de octubre, Meeks envió una carta en la que advirtió sobre lo que consideró una “intromisión inapropiada” del mandatario argentino en el proceso electoral estadounidense.
Otro de los asuntos que también podría volver al centro del debate es el rescate financiero de la administración republicana al gobierno de Milei en octubre de 2025, cuando destinó dinero del Tesoro de EE.UU.
La operación, impulsada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, incluyó un intercambio de divisas (swap) por unos US$20,000 millones y compras directas de pesos argentinos.
La intervención generó cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos estadounidenses para respaldar al gobierno argentino y sobre el alcance de las facultades del Ejecutivo en una operación de esa magnitud, sin una aprobación legislativa previa.
El salvadoreño Nayib Bukele es otro de los mandatarios que ha mantenido una estrecha relación con Trump y ha mostrado desdén hacia el Partido Demócrata.
Para su gobierno, el cambio en Washington podría significar una mayor atención legislativa a las consecuencias democráticas y de derechos humanos de su política de seguridad, así como a los mecanismos de cooperación que mantiene con EE. UU.
¿El Escudo de las Américas perderá fuerza?
El debilitamiento político de Trump podría restar impulso a algunas de sus principales apuestas en América Latina, aunque no necesariamente desmantelarlas. La cooperación en materia de seguridad y el combate al crimen organizado, por ejemplo, siguen siendo asuntos de interés para republicanos y demócratas.
Brian Camblin, director de Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) en Washington, comentó a Expediente Público que el cambio en la composición del Congreso tendrá consecuencias más inmediatas sobre la agenda doméstica estadounidense que sobre la política exterior.
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A su juicio, el presidente conserva un margen de maniobra considerable para continuar impulsando sus prioridades internacionales, aunque tendrá que desenvolverse en un entorno político más complejo.
“En la política exterior el presidente (Trump) tiene un poco más de flexibilidad para seguir apoyando y avanzando su agenda en las relaciones exteriores”, explica.
Una de las iniciativas que podría enfrentar mayores cuestionamientos es el Escudo de las Américas, impulsado por Trump en marzo de este año para articular la cooperación regional contra el narcotráfico y el crimen organizado.
La iniciativa también busca reforzar la influencia de Washington en el hemisferio, articular la cooperación contra el narcotráfico y el crimen organizado, y limitar la presencia de países antagónicas a Estados Unidos, como China y Rusia.
El proyecto reúne a 17 gobiernos latinoamericanos afines a la administración republicana. Su continuidad, sin embargo, podría enfrentar nuevas dificultades con un Congreso que tendrá mayor capacidad para examinar sus objetivos, financiamiento y resultados.
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Camblin considera que el Escudo de las Américas podría continuar, aunque con menor impulso político.
“Se va a debilitar la iniciativa, pero no creo que vaya a desaparecer”, sostiene. El combate a las redes criminales, agrega, continúa siendo un objetivo compartido por republicanos y demócratas.
Sin embargo, la nueva mayoría legislativa podría cuestionar algunos de sus componentes, particularmente el enfoque militar, y exigir explicaciones sobre los recursos utilizados, las operaciones desarrolladas y sus consecuencias en los países participantes.
Entre los gobiernos que forman parte de esta iniciativa están Argentina, Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago, además de EE. UU.
Más fiscalización sobre la política de seguridad
Enrique Roig, exsubsecretario adjunto del Departamento de Estado para Derechos Humanos y Trabajo, explicó a Expediente Público que el nuevo equilibrio legislativo abrirá oportunidades para investigar y supervisar distintas actuaciones de la administración Trump.
Los comités de finanzas, supervisión y relaciones exteriores de ambas cámaras tendrán mayores posibilidades de convocar audiencias, solicitar información y examinar el uso de los recursos públicos destinados a la política exterior.
En el caso del Escudo de las Américas, Roig observa una estrategia de exhibición de fuerza que, a su juicio, comparten Trump y su secretario de Guerra, Pete Hegseth.
“Todo este cambio de política de atacar es parte también de un espectáculo que le gusta hacer a Trump y especialmente a Pete Hegseth, de mostrar fuerza”, apunta.
El especialista considera que el Congreso exigirá mayor transparencia sobre el funcionamiento de estas operaciones, especialmente en lo relacionado con el financiamiento, la utilización de recursos y el posible despliegue de tropas estadounidenses en la región.
A su juicio, Trump buscó construir un bloque de gobiernos ideológicamente afines, pero la iniciativa no cuenta con una estructura suficientemente sólida para garantizar su continuidad.
“El Escudo de las Américas es un proyecto político de Trump para armar un alineamiento con presidentes afines en América Latina. Mucha retórica y poca sustancia”, considera Shifter.
Shifter advierte que la iniciativa carece de una estructura institucional y presupuestaria robusta, mientras varios de sus integrantes enfrentan dificultades políticas internas.
“No tiene estructura ni presupuesto y muchos de los presidentes miembros del Escudo enfrentan dificultades, hay un desgaste muy rápido”, opina.
A esas debilidades se suma el reciente revés electoral que ha enfrentado la estrategia regional de Trump en las elecciones presidenciales en Brasil, la mayor economía de América Latina.
Alianzas que deberán redefinirse
Los acuerdos migratorios, las negociaciones comerciales, la cooperación en seguridad y las estrategias económicas podrían entrar en una nueva etapa de revisión. Esto obligará a los gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington a redefinir sus relaciones con EE. UU.
Sin embargo, los países de la región no necesariamente reaccionarán de la misma manera. Sus intereses nacionales son distintos y la afinidad ideológica entre sus gobiernos no garantiza una alianza política homogénea.
Enrique Roig considera que varios triunfos de gobiernos conservadores en América Latina también respondieron al desgaste interno de los proyectos de izquierda, y no exclusivamente al respaldo de Trump.
Raúl Benítez Manaut, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en asuntos latinoamericanos, describe la situación como una especie de orfandad política para los dirigentes latinoamericanos que centraron su apuesta internacional en el mandatario estadounidense.
“Pero esto no quiere decir que van a dejar sus proyectos de derecha, sus proyectos anti izquierda, antidemocracia, antisocial democracia a la deriva”, opina.
El académico considera que las fuerzas conservadoras de la región mantendrán sus proyectos políticos, aunque tendrán que desenvolverse sin el mismo respaldo que representaba la Casa Blanca de Trump.
Retomando las elecciones en Brasil, el académico mexicano considera que ese país sudamericano seguirá impulsando una especie de “alianza global para construir un nuevo multilateralismo que a Estados Unidos no le gusta”.
En esa ecuación participan otros países como China, India, Sudáfrica y Rusia, que han ganado influencia en el escenario internacional. China, en particular, con su presencia económica y comercial significativa en América Latina.
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Un nuevo equilibrio en Washington
La victoria demócrata modificará la dinámica política de Washington. El nuevo Congreso tendrá mayores herramientas para fiscalizar al Ejecutivo, celebrar audiencias, investigar actuaciones de la administración y condicionar decisiones mediante el control presupuestario y legislativo.
El Senado, además, tendrá un papel determinante en la consideración y confirmación de numerosos nombramientos de altos funcionarios.
La Cámara de Representantes, por su parte, podrá impulsar investigaciones sobre la gestión gubernamental y el uso de los recursos públicos, como casos de posible corrupción.
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Para Brian Camblin, el cambio también podría abrir espacios para recuperar temas que habían perdido protagonismo en la relación entre Washington y América Latina, como el fortalecimiento de la democracia, los derechos humanos, los derechos laborales y las preocupaciones sobre el cambio climático.
Ese giro podría modificar las prioridades de cooperación y las condiciones políticas que acompañan los programas estadounidenses en la región, sin que necesariamente desaparezca el interés de Washington por trabajar con gobiernos cercanos a Trump.
“Va a ser importante que abran espacio para dialogar un poco más sobre estos temas y estén abiertos a intercambiar ideas y trabajar con los demócratas, igual que con el presidente Trump”, señala Camblin.
En países como El Salvador, la nueva correlación de fuerzas podría traducirse en un mayor escrutinio sobre los costos democráticos de la política de seguridad de Bukele.
En el caso de Nicaragua, Roig considera que se mantendría una posición bipartidista en favor de la recuperación democrática de ese país centroamericano.
“El tema Nicaragua es más bipartidista, ambos partidos comparten el deseo de ver volver la democracia algún día a Nicaragua”, afirma. En Cuba, añade, cambiarán algunos matices.
Los aranceles y la incertidumbre comercial
Otro de los asuntos que podría entrar en una nueva etapa de negociación es la política arancelaria de Trump, que ha generado incertidumbre entre los gobiernos y sectores productivos de América Latina.
Raúl Benítez Manaut considera que la presión comercial podría reducirse gradualmente mediante acuerdos.
“Es probable que el tema de los aranceles se desinfle poco a poco con acuerdos de libre comercio o simplemente el presidente de Estados Unidos no vaya ratificando los aranceles que tiene con varios países”, opina.
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Sin embargo, la victoria demócrata no implica que el Congreso pueda eliminar por sí solo todas las medidas comerciales adoptadas por el Ejecutivo.
Para Camblin, tampoco es realista esperar un regreso al escenario comercial previo a la segunda presidencia de Trump.
“No creo que volvamos a una etapa de libre comercio”, afirma. Sin embargo, considera posible avanzar hacia un sistema más ordenado y previsible para los mercados.
Por ello, los gobiernos latinoamericanos que enfrentan presiones arancelarias no deberían interpretar la victoria demócrata como el fin automático de las restricciones comerciales estadounidenses.
Para los gobiernos latinoamericanos que privilegiaron su cercanía con Trump y descuidaron sus relaciones con los demócratas, el escenario plantea un desafío diplomático.
