Centroamérica en la estrategia de seguridad de EE. UU.
La ubicación geográfica de la región centroamericana la convierte en un punto estratégico para la seguridad del hemisferio occidental, prioridad de la iniciativa del Escudo de las Américas.
Centroamérica vuelve a ocupar un lugar relevante en los intereses geopolíticos de Washington. Su ubicación entre dos océanos, el Canal de Panamá, las rutas utilizadas por el narcotráfico y la presencia de China y Rusia forman parte de las preocupaciones estratégicas de EE. UU.
Este escenario fue abordado el 26 de octubre de 2026 durante el encuentro “Cambios de rumbo: transformaciones estratégicas y geopolíticas en Centroamérica”, realizado en la capital estadounidense.
El evento fue organizado por el Center for Inter-American Policy and Research de la Universidad de Tulane, el Foreign Policy Institute y la Latin America Studies Initiative (LASI), de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de Johns Hopkins University. También participó el Center for the Americas de la Universidad de Oklahoma.
Suscríbase al boletín de Expediente Público y reciba más información
La conversación examinó cómo la posición geográfica y la situación política de la región se relaciona con los intereses de seguridad de Washington, a través de la iniciativa del Escudo de las Américas y con los cambios en el equilibrio de poder internacional.
Una región en el centro de la estrategia estadounidense
Durante el panel «El Escudo de las Américas: defender la encrucijada estratégica» participaron Sarah-Ann Lynch, exembajadora de Estados Unidos en Guyana; Russell Porter, exdirector para Centroamérica y Cuba del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, y Orlando Pérez, académico de la Universidad del Norte de Texas.
Los panelistas resaltaron que la ubicación geográfica de Centroamérica la convierte en una región estratégica para EE. UU., que busca reforzar su presencia en América Latina mediante una política de seguridad centrada en el combate al narcotráfico, el control de las rutas marítimas y la protección de infraestructura estratégica.
Te puede interesar: Bukele: el aliado de EE. UU. que negocia con China en la opacidad
Los especialistas recordaron que la región conecta América del Norte con América del Sur y facilita el tránsito comercial y marítimo entre los océanos Atlántico y Pacífico, principalmente a través del Canal de Panamá.
Además, destacaron que Centroamérica también es importante en el control de las rutas marítimas, la protección de puertos, las telecomunicaciones, la infraestructura crítica, los movimientos migratorios y la influencia que otros países pueden ejercer en la región.
Bajo este contexto, los especialistas analizaron el Escudo de las Américas, la iniciativa política y de seguridad impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump.
El Escudo de las Américas
La iniciativa de Trump fue presentada el 7 de marzo de 2026, durante una cumbre con mandatarios latinoamericanos en Miami.
El encuentro planteó una mayor cooperación entre los países participantes para combatir a los cárteles del narcotráfico, enfrentar la migración irregular y reducir la influencia de países externos, particularmente China.
En esa primera cumbre participaron representantes de 12 países: Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Trinidad y Tobago.
En ese primero encuentro no estuvieron México, Brasil ni Colombia, tres países relevantes para una estrategia regional contra el crimen organizado. Aunque Colombia no participó en ese momento, posteriormente formalizó su incorporación al Escudo de las Américas, en septiembre de este año.
El 22 de septiembre, los gobiernos participantes suscribieron una declaración conjunta que estableció tres pilares de cooperación: economía, seguridad y coordinación multilateral.
También: La corrupción mina la guerra antidrogas de EE. UU. en América Latina
El documento fue respaldado por 15 países: Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.
La declaración contempla medidas de cooperación económica, protección de minerales estratégicos, seguridad de las cadenas de suministro, protección de infraestructura digital y acciones conjuntas frente a amenazas transnacionales.
Guatemala no figura entre los gobiernos firmantes de esa declaración. Tampoco Nicaragua.
Cuestionamientos ante las operaciones militares
Para los panelistas, uno de los aspectos más controvertidos de la estrategia estadounidense es el uso de la fuerza militar contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en aguas del Caribe y el océano Pacífico.
Uno de los planteamientos fue que la falta de información pública y de investigaciones exhaustivas impide establecer con certeza el destino de las embarcaciones y la identidad de las personas que viajaban en ellas.
Desde esa perspectiva, asumir que todas estaban involucradas en operaciones dirigidas al mercado estadounidense puede conducir a conclusiones equivocadas.
El señalamiento, de acuerdo con los especialistas, es relevante porque el narcotráfico opera mediante rutas internacionales que no necesariamente tienen a EE. UU. como destino final. Los cargamentos pueden trasladarse entre distintos países y utilizar corredores marítimos para llegar a mercados de Europa y otras regiones.
Además: Conferencia de Seguridad Hemisférica: IA y minerales en la agenda de EE. UU.
Además, los panelistas coincidieron que una operación militar que destruye una embarcación y mata a sus ocupantes, en lugar de interceptarla y detenerlos, puede impedir que las autoridades obtengan información sobre las redes criminales, sus contactos, sus financistas y los destinos de la droga.
Otras dudas de las acciones militares
Los cuestionamientos no se limitaron a la efectividad de los ataques. También se plantearon dudas sobre su legalidad y sobre quién toma las decisiones para ejecutarlos.
Durante la discusión se señaló que estas operaciones parecen responder a una política que busca mostrar resultados rápidos y acciones contundentes.
Sin embargo, también se advirtió que existen preocupaciones dentro del propio aparato de defensa estadounidense sobre la eficacia de los procedimientos y sus fundamentos legales.
El debate incluye la responsabilidad de los mandos militares, la supervisión de las operaciones y el papel que debe desempeñar el Congreso de EE. UU.
Entre las propuestas expuestas estuvo que los legisladores utilicen sus facultades para exigir explicaciones, revisar las decisiones militares y establecer mecanismos de control.
También se cuestionó si la destrucción de embarcaciones y la muerte de sus ocupantes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales o asesinatos ilegales.
La discusión puso de relieve que estos hechos también pueden perjudicar la imagen de EE. UU. y la legitimidad de su política antidrogas.
Le puede interesar: EE. UU. retrocede en su imagen favorable frente a China
Las preocupaciones tienen antecedentes documentados. Human Rights Watch informó que, hasta el 15 de diciembre de 2025, al menos 95 personas habían muerto en 26 ataques militares estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico.
La organización con sede en Nueva York sostuvo que, al no existir un conflicto armado entre EE. UU. y las organizaciones narcotraficantes, las operaciones deben analizarse bajo las normas internacionales de derechos humanos y no como ataques militares propios de una guerra.
La organización también recordó que la lucha contra el narcotráfico corresponde, en principio, a labores de aplicación de la ley, investigación, interceptación y procesamiento judicial.
El cuestionamiento no implica que los países deban renunciar a combatir a las organizaciones criminales. Se concentra en los métodos utilizados y en la necesidad de demostrar que las operaciones cumplen con las normas nacionales e internacionales.
El informe del Servicio de Investigación del Congreso de EE. UU., publicado el 26 de mayo de 2026, también advierte que todavía no está claro qué efectos han tenido los ataques contra embarcaciones sobre las organizaciones criminales y el tráfico de drogas hacia EE. UU.
Aunque funcionarios de la Administración Trump afirmaron que los movimientos de embarcaciones sospechosas habían disminuido, los datos de decomisos, citados por el informe, de drogas entre septiembre de 2025 y abril de 2026 no mostraron una reducción equivalente.
El informe señala que las organizaciones criminales podrían estar modificando sus rutas y recurriendo a otros medios de transporte.
Nicaragua: el papel de las Fuerzas Armadas bajo la lupa
Otro de los temas abordados durante la conversación fue la situación de Nicaragua y la relación entre el Ejército, el narcotráfico y las estructuras de poder encabezadas por Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Durante una de las intervenciones se planteó que, para comprender los riesgos de seguridad que representa Nicaragua, EE. UU. debe prestar atención no solo a los altos mandos militares y a los generales, sino también a los oficiales de niveles intermedios.
El argumento es que las posibles conexiones entre estructuras militares y redes de narcotráfico requieren investigaciones más cuidadosas y que estas deben permitir identificar cómo funcionan esos vínculos y quiénes podrían facilitar las operaciones ilegales.
Las intervenciones también señalaron que Washington debe mantener abiertos los canales de comunicación que permitan acercarse a personas que puedan aportar información sobre el funcionamiento interno de las Fuerzas Armadas nicaragüenses.
También: ¿Por qué EE. UU. sanciona a militares, pero no al Ejército de Nicaragua?
En ese contexto, se mencionó la relación entre Rosario Murillo y la institución militar. El planteamiento fue que la dirigente no mantiene una relación sencilla con las Fuerzas Armadas y que esa situación podría generar tensiones dentro de la estructura de poder del país.
Estas observaciones adquieren relevancia porque el Ejército nicaragüense ha desempeñado un papel central en la seguridad interna y en las operaciones de control territorial del régimen.
El Departamento de Estado de EE. UU., en su Informe Internacional de Estrategia para el Control de Narcóticos de 2025, identificó a Nicaragua como un importante punto de tránsito para el tráfico de drogas.
El documento señala que las organizaciones criminales aprovechan sus extensas costas, la corrupción y las debilidades de la infraestructura de seguridad.
Deterioro de la relación con Nicaragua
El informe del Departamento de Estado identifica a la Policía Nacional y al Ejército nicaragüense como las principales instituciones encargadas de combatir el narcotráfico.
Sin embargo, advierte que ambas responden a las directrices del Ejecutivo y que la cooperación con las autoridades estadounidenses se ha deteriorado.
Le puede interesar: Sanciones de la UE a Nicaragua: presión sin impacto económico
El documento Estado también señala que EE. UU. tenía previsto poner fin a las operaciones de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en Nicaragua durante 2025, en un contexto de escasa cooperación entre ambos gobiernos.
La situación también representa un desafío adicional para la seguridad regional, ya que Nicaragua mantiene relaciones de cooperación militar con Rusia, mientras sus vínculos con Washington atraviesan un periodo de distanciamiento.
La participación de actores externos, como ocurre en Nicaragua, preocupa a EE. UU., pues puede ampliar la influencia de gobiernos cuyos intereses estratégicos difieren de los de Washington.
Sin embargo, los panelistas señalaron que las referencias a posibles vínculos entre integrantes de las Fuerzas Armadas y redes del narcotráfico deben manejarse con cautela.
El Canal de Panamá y la competencia con China
Los especialistas aseguraron que la seguridad centroamericana también está vinculada con la competencia entre EE. UU. y China por mantener influencia sobre infraestructura estratégica. En ese sentido, el Canal de Panamá representa uno de los puntos más sensibles de esa disputa.
De acuerdo con un informe del Servicio de Investigación del Congreso de EE. UU., alrededor del 40% del tráfico de contenedores estadounidense utiliza anualmente el canal.
La preocupación de Washington se ha concentrado en la presencia de empresas chinas en infraestructura portuaria, telecomunicaciones y otros sectores considerados estratégicos.
Leer: Realidades y dudas en la cruzada militar antinarcos de Trump
La discusión se intensificó durante el segundo mandato de Trump. El presidente cuestionó la influencia china en torno al canal y planteó que EE. UU. debía garantizar su acceso y seguridad.
El 29 de enero de 2026, la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional el contrato que permitía a Panamá Ports Company, filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison, operar los puertos de Balboa y Cristóbal.
El fallo fue publicado en la Gaceta Oficial el 23 de febrero. Ese mismo día, el Gobierno panameño aprobó concesiones temporales para que otras compañías internacionales asumieran la operación de ambas terminales.
El tema también ha generado tensiones por los acuerdos de cooperación militar entre Washington y Panamá.
En abril de 2025, ambos gobiernos firmaron un memorando de entendimiento para ampliar la cooperación en defensa y seguridad. El acuerdo estableció un marco para realizar actividades conjuntas y permitir el despliegue temporal de personal estadounidense en instalaciones panameñas, incluidas áreas cercanas al canal.
La decisión provocó cuestionamientos en Panamá por sus posibles implicaciones para la soberanía nacional. Las autoridades panameñas han insistido en que no permitirán bases militares extranjeras en su territorio.
El informe del Congreso estadounidense reconoce que el debate sobre la infraestructura estratégica debe considerar tanto los intereses de seguridad de Washington como la soberanía panameña.
Para Centroamérica, esta disputa plantea un escenario complejo. Los países necesitan inversión extranjera, comercio y cooperación internacional. Pero también deben evitar que sus decisiones económicas y de infraestructura se conviertan en instrumentos de presión de otros países.
Una estrategia que pone a prueba a la región
Los especialistas señalaron que el Escudo de las Américas refleja el interés de EE. UU. por recuperar protagonismo en una región donde China y Rusia han ampliado sus relaciones comerciales, políticas y militares.
El Gobierno estadounidense presenta la iniciativa como una oportunidad para coordinar esfuerzos contra el narcotráfico, el terrorismo y otras amenazas transnacionales.
Sin embargo, su alcance va más allá de las operaciones de seguridad.
La protección de puertos, canales marítimos, telecomunicaciones, minerales estratégicos y cadenas de suministro muestra que también existe una disputa por la influencia sobre recursos e infraestructura fundamentales para la economía y la defensa de EE. UU.
Le puede interesar: Panamá en el centro de disputa abierta entre EE. UU. y China
El desafío para los países centroamericanos es participar en esta cooperación sin comprometer sus propias decisiones. También implica fortalecer las instituciones, mejorar los mecanismos de investigación, combatir la corrupción y garantizar que las acciones de seguridad respeten el Estado de derecho.
Los panelistas añadieron que la efectividad dependerá de algo más que la capacidad militar de EE. UU. y sus aliados, también estará condicionada por la confianza entre los países y la capacidad de demostrar que las acciones emprendidas realmente debilitan a las organizaciones criminales.
