¿Por qué EE. UU. sanciona a militares, pero no al Ejército de Nicaragua? 

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En los últimos años, EE. UU. ha impuesto sanciones a decenas de funcionarios y empresas vinculadas al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, incluidos algunos altos mandos militares. Sin embargo, ni el Ejército de Nicaragua ni el Instituto de Previsión Social Militar (IPSM) han sido incluidos directamente en esas medidas. 

La diferencia resulta relevante porque el Ejército no solo es una de las instituciones centrales de la dictadura nicaragüense, sino que también mantiene un entramado empresarial construido durante décadas a través del IPSM. 

Expertos en relaciones civiles-militares consultados por Expediente Público consideran que la ausencia de una sanción institucional puede estar relacionada con el interés de Washington en conservar canales de comunicación con el Ejército, al que podría considerar un actor relevante ante una eventual transición política. 

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Un canal abierto con los militares 

Javier Meléndez, especialista en Seguridad y fundador del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), un centro de pensamiento cerrado por el régimen en 2019, explicó que EE. UU. parte de la premisa pragmática que las transiciones políticas no pueden realizarse sin tomar en cuenta a las fuerzas armadas. 

A su juicio, Washington considera a los ejércitos como “un actor clave con el que inevitablemente deben negociarse las condiciones de salida del dictador de turno”. 

“Estados Unidos, bajo esa lógica, me parece que trabaja y seguirá trabajando en la perspectiva de mantener canales discretos de comunicación con los militares nicaragüenses”, resaltó Meléndez, director de Expediente Abierto. 

Orlando Pérez, profesor cubano-estadounidense experto en Ciencias Políticas, coincide con esa interpretación. Considera que EE. UU. busca mantener una línea de contacto con sectores del Ejército que podrían ser relevantes en una eventual transición. 

“El Comando Sur quiere mantener abiertas esas posibilidades de operación”, afirmó Pérez, quien también señaló que el Ejército participa en asuntos de interés para Washington, como la migración y el combate al narcotráfico. 

Según el académico, la relación también está condicionada por los vínculos de Nicaragua con Rusia y China, tanto en materia de equipos e inteligencia como en otros ámbitos de cooperación. 

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Una cúpula militar alineada con el régimen 

Pérez considera que la relación de los altos mandos con el régimen de Ortega y Murillo también ayuda a explicar la dificultad de generar una ruptura dentro de la institución militar. 

El académico señaló que, según un informe que elaboró junto con otro experto para el Comando Sur de EE. UU., la actual cúpula militar es muy distinta a la que dirigió el Ejército entre 1990 y 2006. 

“Por ahora, al menos en la cúpula mayor del Ejército de Nicaragua, ya no queda nada de lo que fue el liderazgo del Ejército de Nicaragua entre 1990 y 2006”, afirmó. 

Según Pérez, la actual dirigencia militar responde a Ortega y Murillo y mantiene una relación distinta con cada uno de ellos.

“Mi impresión es que el liderazgo del alto mando del Ejército tiene algo o cierto respeto a Daniel, pero con Rosario es más una relación de temor, por cómo ella opera”, añadió. 

La relación entre el Ejército y el régimen no se limita, sin embargo, a su papel como institución armada. Durante las últimas décadas, los militares también han construido un entramado empresarial que les permite participar en distintos sectores de la economía nicaragüense. 

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El poder económico del IPSM 

El IPSM fue creado mediante el Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar, Ley 181, aprobada en agosto de 1994. 

El artículo 66 de esa legislación otorgó al IPSM personería jurídica, patrimonio propio y plena capacidad jurídica. 

El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló en su informe sobre el clima de inversión de Nicaragua de 2018 que el IPSM tenía una participación mayoritaria en empresas de los sectores de la construcción, la manufactura y los servicios. 

Investigaciones periodísticas también han documentado inversiones o participaciones vinculadas al IPSM en sectores como servicios financieros, seguridad, supermercados, servicios médicos y educación. 

Entre las empresas vinculadas al Ejército de Nicaragua que han sido mencionadas en investigaciones durante la última década figuran la Universidad Americana (UAM), Supermercado Cereales y Vegetales S.A. (CERVEGSA), Ferretería Técnica S.A. (FETESA), Obras de Ingeniería S.A. (OBRINSA), Construcciones Nicaragüenses Asociados S.A. (CONIASA) y Farmacéuticos y Conexos S.A. (FARCOSA). 

El investigador Eduardo Marenco explicó en un estudio divulgado en 2008 que las empresas del IPSM podían clasificarse en tres grupos: compañías heredadas de los años ochenta; sociedades en las que el instituto participaba como socio; y empresas vinculadas con complejos o terrenos militares que forman parte de su patrimonio. 

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Hermetismo militar 

El manejo del capital del IPSM se ha caracterizado por el hermetismo. Algunas investigaciones han estimado que el instituto mantiene inversiones dentro y fuera de Nicaragua, aunque las cifras sobre su patrimonio corresponden a estimaciones y no permiten establecer con precisión su valor actual. 

En 2019, el Departamento de Estado señaló que el IPSM estaba dirigido por el coronel Julio Modesto Rodríguez Balladares y que su Junta Directiva estaba encabezada por el jefe del Ejército, Julio César Avilés Castillo, junto con otros altos mandos militares. 

Para Pérez, los beneficios económicos recibidos por la cúpula militar también contribuyen a explicar su permanencia junto al régimen. 

“El régimen ha comprado el apoyo de los altos mandos del Ejército, les han comprado tierras, les han dado acceso a sectores económicos, han promovido a sus aliados, etc., incluso ha comprado la lealtad del Ejército de Nicaragua”, afirmó. 

El académico considera que esta relación dificulta que una presión externa produzca una ruptura dentro de la institución. 

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EE. UU. sanciona a militares, pero no al Ejército 

Pese a la dimensión del entramado empresarial vinculado al Ejército, las sanciones estadounidenses han estado dirigidas principalmente contra personas específicas y no contra el Ejército de Nicaragua como institución ni contra el IPSM como tal. 

Entre los militares sancionados están Julio César Avilés Castillo y Julio Modesto Rodríguez Balladares, además de otros oficiales y exmilitares. 

En febrero de 2026, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cinco funcionarios nicaragüenses, entre ellos Leonel José Gutiérrez López, jefe de la Dirección de Inteligencia Militar y Contrainteligencia del Ejército, y Denis Membreño Rivas, mayor general retirado y director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). 

A Gutiérrez López, Estados Unidos lo señaló de participar en la vigilancia de periodistas, activistas y militares considerados desleales por el régimen.

En el caso de Membreño Rivas, el Departamento del Tesoro señaló que la dictadura había militarizado la UAF, socavando su independencia y contribuyendo a la impunidad en casos de corrupción y blanqueo de capitales. 

“La UAF mantiene un seguimiento constante de la entrada de dinero desde el extranjero con el objeto de bloquear cualquier tipo de financiación para actividades de organizaciones de oposición pacífica y sociedad civil independiente”, señaló el Departamento del Tesoro. 

Las sanciones contra integrantes del Ejército comenzaron en 2019 y se han mantenido durante los años siguientes, pero sin llegar a una designación contra la institución militar. 

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Más sanciones a militares 

En 2019, Estados Unidos sancionó a Óscar Salvador Mojica Obregón, general de brigada retirado del Ejército y entonces ministro de Transporte e Infraestructura, por su papel en la estrategia represiva del régimen y en la administración de sus finanzas. 

En 2020 fue sancionado Julio César Avilés Castillo, comandante en jefe del Ejército, a quien Estados Unidos señaló de negarse a ordenar el desarme y desmantelamiento de grupos parapoliciales y de permitir el suministro de armas a esas estructuras. 

En 2021 fue sancionado Julio Modesto Rodríguez Balladares, general de brigada y director ejecutivo del IPSM, por sus vínculos con el régimen. 

La designación de Rodríguez Balladares resulta particularmente significativa. EE. UU sancionó al funcionario, pero no al IPSM como institución. 

En 2022 fueron designados otros tres militares y exmilitares: Bayardo de Jesús Pulido Ortiz, Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz y Ramón Humberto Calderón Vindel. Los dos primeros formaban parte de la Junta Directiva del IPSM.

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Presión selectiva sobre la institución militar 

La permanencia de una relación con el Ejército no significa, según los expertos, que Washington haya renunciado a ejercer presión sobre sus integrantes. 

Meléndez considera que EE. UU. debería concentrar esa presión en los altos mandos, sus negocios y sus familias, mientras mantiene un mensaje diferente para los oficiales de rangos medios.

“La dictadura ha cooptado la alta oficialidad, los hace partícipes del narcotráfico y esos mandos medios ven la corrupción de sus comandantes a gran escala”, explicó. 

A su juicio, esta situación genera frustración entre oficiales que consideran bloqueadas sus carreras y que podrían tener un papel distinto en una eventual transición. 

“Tenemos que darles mensajes claros a los mandos medios que van a ser parte del nuevo futuro democrático de Nicaragua”, afirmó. 

Para Meléndez, esos mensajes deberían incluir incentivos profesionales y amnistías condicionadas, porque los mandos medios constituyen una parte fundamental de la capacidad operativa de una institución armada. 

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El cálculo de Washington 

La política estadounidense hacia el Ejército de Nicaragua parece combinar presión sobre individuos con la preservación de un canal de comunicación con la institución. 

Para Pérez, una ruptura completa tendría costos en un contexto en el que Washington enfrenta otros frentes internacionales y mantiene intereses operativos en áreas como migración y narcotráfico. 

“Quizás la presión pueda generar algo más robusto, pero hoy en día […] hay muchos frentes abiertos para los Estados Unidos”, señaló. 

Meléndez considera que la lógica responde, en última instancia, al cálculo de supervivencia institucional de las fuerzas armadas. 

“Los ejércitos no actúan realmente por un asunto de ‘convicción democrática’, sino por cálculo de supervivencia institucional”, concluyó. 

La ausencia de una sanción contra el Ejército como institución no significa, por tanto, que Washington haya dejado de presionar a los militares nicaragüenses.  

En septiembre pasado, las autoridades estadounidenses fueron públicamente instadas a actuar contra el Ejército de Nicaragua, que es una de las pocas instituciones que se han librado de ser sancionadas por Estados Unidos.  

Eddy Acevedo, vicepresidente de Política y Relaciones Gubernamentales de la Fundación Nacional para la Democracia, en una audiencia del Subcomité del Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, recomendó «sancionar al sistema militar de Nicaragua como una entidad que controla los fondos del Ejército». 

Acevedo se recomendó directamente imponer medidas coercitivas contra el dictador Daniel Ortega, el Ejército de Nicaragua y el Instituto de Previsión Social Militar de Nicaragua, que controla las finanzas del Ejército de Nicaragua. 

Hasta ahora, la estrategia ha sido distinta. Sancionar a integrantes de la cúpula y a funcionarios vinculados con estructuras militares, mientras mantiene abierta una vía de comunicación con una institución que podría desempeñar un papel en un eventual cambio político.