Senado de Estados Unidos pone a Nicaragua “en la mira” 

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Expediente Público

El Senado de Estados Unidos volvió este miércoles 30 de septiembre a llamar la atención sobre la crisis política de Nicaragua, dedicando una audiencia de más de una hora al deterioro de la democracia bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. 

En la audiencia, titulada “La crisis política de Nicaragua: el asalto de (Daniel) Ortega a la democracia”, realizada por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, los legisladores estadounidenses dejaron clara su disposición de poner a Nicaragua “en la mira”. 

Como testigos fueron convocados a dicha audiencia Eddy Acevedo, vicepresidente de Política y Relaciones Gubernamentales de la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés); Gil Guerra, investigador del Instituto Hudson; y Deborah Ullmer, directora regional para los programas de América Latina y el Caribe del Instituto Nacional Demócrata (NDI). 

También asistió como testigo el opositor nicaragüense Juan Sebastián Chamorro, excarcelado político, desterrado por la dictadura orteguista y coordinador de Ciudadanos por la Libertad. 

Senadores advierten deterioro democrático 

El senador republicano John Ream Curtis, quien se encargó de presidir la audiencia y realizar comentarios de apertura, resaltó el interés de los Estados Unidos en un hemisferio occidental “lleno de países democráticos, estables”, a diferencia de Nicaragua 

Señaló que la dictadura de Daniel Ortega tiene “capacidad de silenciar las voces del pueblo” y “es contraria a los intereses de Estados Unidos de (contar con) un hemisferio seguro”. 

“Este Comité debe tomar en consideración que Nicaragua, por muchos años, ha sido ignorada y ahora está de vuelta en la mira”, apuntó el senador Curtis. 

Además, resaltó que Estados Unidos tiene que apoyar “a los nicaragüenses, que quieren la restauración de su democracia y el restablecimiento de un gobierno democrático”. 

“Estamos en esta audiencia para evaluar a ese régimen y sus consecuencias, es una oportunidad de mandar un mensaje claro de que se está luchando por una Nicaragua libre y democrática”, dijo el legislador. 

El senador demócrata Tim Kaine, en consonancia con la declaración de Curtis, resaltó que la situación de Nicaragua “requiere una atención inmediata”, no solo para mejorar la situación del país, sino para toda la región que ya se ve afectada. 

Recordó su visita a Nicaragua durante la lucha del pueblo nicaragüense contra la dictadura de los Somoza, agregando que “es horrible ver que una vez más las condiciones en ese país (Nicaragua) son similares a lo que se veía en aquellos años”. 

“Este Comité tiene que poner presión sobre ellos… Tenemos muchas herramientas que podemos utilizar para poner presión sobre aquellos que están violando los derechos humanos”, sentenció el senador demócrata. 

Condiciones legales para desterrados  

El senador Kaine, desde esta primera intervención en la audiencia, abogó por condiciones legales para los 222 excarcelados políticos desterrados por la dictadura Ortega-Murillo, que llegaron en febrero de 2023 en un vuelo directo a Estados Unidos, recordando que estos siguen en un limbo migratorio. 

“Ellos llegaron a este país y creían que iban a estar seguros, pero siguen bajo amenazas de deportación por la Administración de (Donald) Trump y por eso le pido a la Administración que considere que protecciones legales puedan extenderse a estos exprisioneros políticos, que sería lo apropiado hacer respecto a nuestros valores”, remarcó el senador estadounidense antes de dar paso a las intervenciones de los testigos. 

Los testigos Acevedo, Guerra, Ullmer y Chamorro apuntaron sus declaraciones no solo a las violaciones a los derechos humanos que ha cometido y sigue cometiendo la dictadura Ortega-Murillo, sino también a propuestas que enfocan tres áreas fundamentales de presión contra el orteguismo, que inician con la estructura económica vinculada al Ejército sandinista, particularmente el Instituto de Previsión Social Militar (IPSM). 

También a presiones sobre el negocio de la minería en Nicaragua, incluidos los intermediarios chinos que facilitan su comercialización; y herramientas para restringir determinadas importaciones desde Nicaragua, entre las que incluyeron oro y carne bovina. 

Piden sanciones para el Ejército sandinista 

El nicaragüense Eddy Acevedo, vicepresidente de la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), advirtió ante el Senado estadounidense que Nicaragua “representa una amenaza para Estados Unidos y la región”, mencionando la estrecha relación que tiene el país con otros regímenes autoritarios como Rusia y China. 

Acevedo abogó porque el Gobierno de Estados Unidos y sus aliados envíen un mensaje fuerte y claro, sancionando a Daniel Ortega y al “sistema militar de Nicaragua que controla el sistema de inversión del Ejército de Nicaragua”, advirtiendo que, de no actuar de forma contundente, el régimen Ortega-Murillo “va a seguir desestabilizando la región”. 

Gil Guerra, investigador del Instituto Hudson y analista de políticas públicas, denunció que en Nicaragua la dictadura Ortega-Murillo pretende “eliminar lo poquito que queda de democracia”, cercenando a los nicaragüenses el derecho a votar y contar con elecciones, tras las recientes reformas electorales. 

“Las reformas están preparando el camino para que Rosario Murillo se convierta en la presidenta de Nicaragua”, advirtió Guerra. 

Además, recomendó al Senado estadounidense “buscar una prohibición” de la exportación del oro proveniente de Nicaragua, esto como una “forma de detener el crecimiento económico de los Ortega y puedan eliminar a esta dictadura”. 

Deborah Ullmer, directora regional de Programas para América Latina y el Caribe del Instituto Nacional Demócrata, por su parte, denunció la consolidación de una dinastía familiar en Nicaragua, señalando que el país es un “terreno fértil para China y Rusia”. 

Abogan por restricciones comerciales 

Ullmer apuntó que el régimen Ortega-Murillo, que ejecuta todo un entramado de opresión internacional, se ha vuelto una “amenaza internacional”, señalando el asesinato de Roberto Samcam, mismo que ha sido señalado como parte de la persecución transnacional que ejecuta el orteguismo contra la disidencia. 

La directora regional del Instituto Nacional Demócrata apuntó que es “el momento de actuar” y que el Congreso busque “posibilidades de desarrollar más sanciones, especialmente en el área de mercado, administraciones y telecomunicaciones”. 

El opositor Juan Sebastián Chamorro, víctima del orteguismo como excarcelado y desterrado político, y coordinador de Ciudadanos por la Libertad, además de dar testimonio vivo de las graves violaciones a los derechos humanos que ha cometido el orteguismo contra quienes son encarcelados injustamente, advirtió al Senado de Estados Unidos que la dictadura Ortega-Murillo “no responde nada más a un llamado de atención”. 

“Son realmente malignos y solo responden cuando las acciones se vuelven una consecuencia”, apuntó Chamorro. 

Chamorro abogó porque el Senado de Estados Unidos pronto tome acciones contundentes antes de que Ortega y Murillo impongan su dictadura en ley, haciendo referencia a las reformas constitucionales que esperan la aprobación en una segunda legislatura en Nicaragua. 

Maradiaga: convertir las recomendaciones en medidas 

El opositor Félix Maradiaga, también excarcelado y desterrado político de Nicaragua, aunque no participó como testigo, estuvo en la audiencia y, en entrevista con Expediente Público, resaltó que el evento dejó una señal política importante sobre que “existe interés en el Senado en examinar medidas que afecten las fuentes de financiamiento del régimen Ortega-Murillo”. 

“El paso decisivo será convertir estas recomendaciones en medidas ejecutables, con seguimiento y objetivos claros: reducir los recursos disponibles para la represión, exigir la liberación de los presos políticos y generar condiciones para una apertura democrática”, precisó.  

“El Congreso puede impulsar legislación y fiscalizar su cumplimiento; muchas de las decisiones sobre sanciones y restricciones comerciales corresponden al Ejecutivo”, resaltó Maradiaga. 

El profesor Orlando Pérez, experto en Ciencia Política, en entrevista con Expediente Público y en respuesta a estas solicitudes planteadas al Senado por los testigos, quienes plantean la posibilidad de que Estados Unidos sancione al Ejército de Nicaragua como institución, señaló que la medida tendría un alcance directo sobre las empresas controladas por la institución castrense y pondría al IPSM en la mira. 

Pérez advierte alcance de sancionar al Ejército 

Pérez recordó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya sancionó a la Policía Nacional como institución en marzo de 2020, mientras que varios altos mandos del Ejército, incluido el jefe del Ejército, Julio César Avilés, ya han sido sancionados de manera individual, sin que hasta ahora se toque al IPSM o a las fuerzas armadas como tal. 

El catedrático valoró que una sanción general contra el Ejército podría no necesariamente presionar al alto mando y advirtió que una medida en bloque podría cerrar filas entre la comandancia y los oficiales de la institución. 

“Una sanción en bloque mete en el mismo saco a la comandancia y a unos 1,900 oficiales, y los empuja a cerrar filas con Ortega y Murillo. Yo sancionaría a la comandancia y al IPSM, y publicaría qué tendría que hacer el Ejército para recuperar una relación normal con Estados Unidos”, explicó Pérez. 

Sobre la propuesta de restringir las importaciones de oro nicaragüense, Pérez señaló que la medida podría afectar las divisas que recibe el régimen Ortega-Murillo y a la red de empresas vinculadas a la familia gobernante. 

“Las dos medidas apuntan a lo que cualquier sucesión necesita: dinero y fuerza. El oro es el principal producto de exportación de Nicaragua. Generó 1,971 millones de dólares en 2025 y 899 millones solo en el primer trimestre de 2026. Plantear ambas medidas juntas indica que sancionar nombre por nombre se agotó, porque el régimen rota empresas de fachada”, afirmó Pérez. 

Bozmoski advierte que sanciones no bastan 

María Fernanda Bozmoski, directora del Atlantic Council para Centroamérica, señaló que la audiencia dejó sobre la mesa la necesidad de pasar de la condena a medidas que afecten la capacidad del régimen Ortega-Murillo para financiarse y mantenerse en el poder.  

Sin embargo, advirtió que las sanciones por sí solas no producirán automáticamente una apertura democrática y que su eficacia dependerá de que se cierren las vías de evasión y exista coordinación con otros países. 

“Las sanciones no van a producir automáticamente una apertura democrática, creo que la eficacia de las sanciones depende de si cierra las vías de evasión, si son coordinadas con otros países, que el costo no caiga en la población al final del día”, afirmó Bozmoski. 

Además, consideró que la coordinación con los países aliados de Estados Unidos será “importante”, sobre todo en el caso de sanciones para la importación de oro nicaragüense, recordando que “la mayoría del oro se refina en Suiza y Canadá y habría que coordinar esas sanciones con esos países”. 

“Si esas propuestas se convierten en medidas sí podría afectar el dinero del régimen y la red de intereses económicos que lo sostienen”, apuntó.  

“Lo que podría pasar es que la venta del oro se haría difícil, nadie va a querer tocar ese oro o refinarlo, también cerrar operaciones financieras de actores vinculados al régimen, no hemos visto enfoque en el Ejército, creo que si se erosiona el poder o la estructura del Ejército eso puede ayudar a que caiga el régimen más rápido”, concluyó.