Nicaragua abandona el Parlacen y profundiza su aislamiento regional
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo notificó su salida inmediata del Parlamento Centroamericano, en medio del creciente aislamiento internacional y de las exigencias regionales para que Nicaragua retome la senda democrática.
Tomás Guevara / Expediente Público
Nicaragua decidió abandonar de forma inmediata el Parlamento Centroamericano (Parlacen), institución de la que forma parte desde su creación en 1991, en medio de una creciente presión regional para que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo adopte medidas que permitan recuperar las garantías democráticas en el país.
La decisión fue comunicada el 4 de octubre a la presidencia del Parlacen mediante una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, en la que el régimen anunció su desvinculación del organismo.
La presidenta del Parlacen, la diputada guatemalteca Karla Gutiérrez, confirmó la recepción de la comunicación y explicó que el siguiente paso será convocar a una reunión de urgencia de la Junta Directiva para analizar sus implicaciones.
El Parlacen fue creado como una instancia de integración política de Centroamérica y tiene entre sus objetivos promover la cooperación entre los países del istmo y servir como espacio de diálogo sobre asuntos regionales.
Entre sus atribuciones también figura contribuir a la consolidación de la paz, la democracia, los derechos humanos y las libertades civiles en Centroamérica, de acuerdo con el marco jurídico de la institución.
Una señal política de bajo impacto
Para Alfredo Gutiérrez, coordinador general de Liberales Nicaragua en el exilio, la decisión del régimen debe interpretarse en el contexto de la resolución adoptada el 2 de octubre por los cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA), que acordaron mantener la presión sobre Managua y abrir un nuevo espacio de diálogo.
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Gutiérrez advierte, sin embargo, que abandonar el Parlacen no es una decisión que pueda ejecutarse simplemente por voluntad del régimen, ya que la institución forma parte del entramado jurídico del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y su tratado constitutivo establece procedimientos para la desvinculación.
De concretarse, Nicaragua sería el primer país miembro en intentar abandonar el organismo de manera inmediata desde su creación. Costa Rica es la única nación de Centroamérica que no forma parte del tratado constitutivo del Parlacen.
“Lo que nosotros vemos en el trasfondo de esta medida adoptada por la dictadura es la primera reacción, de alguna manera con cierta gradualidad, que no implique afectaciones más allá. Es un mensaje político que la dictadura está enviando al resto de países centroamericanos”, señala Gutiérrez.
A su juicio, la decisión ocurre mientras los gobiernos de la región cierran filas en torno a las exigencias planteadas por la OEA para que Nicaragua adopte cambios que permitan una salida democrática a la crisis política.
Pero el impacto práctico de la medida sería limitado. Gutiérrez considera que el Parlacen es una de las instituciones más débiles del sistema de integración regional y que sus resoluciones no tienen un peso determinante sobre las políticas internas de los países miembros.
“Las resoluciones que de repente adoptan en el Parlamento Centroamericano no son vinculantes ni de obligatorio cumplimiento para cada país de la región”, sostiene.
Un gesto de autoaislamiento
Manuel Orozco, director del Programa de Remesas y Migración del Diálogo Interamericano, coincide en que la salida tendrá escasas consecuencias prácticas.
En entrevista con Expediente Público, Orozco señala que Nicaragua no ha mantenido una participación particularmente activa dentro del organismo, por lo que su salida no supone una ruptura significativa en términos institucionales.
Sin embargo, considera que la medida tiene un valor principalmente político. Para Orozco, busca proyectar una imagen de mayor distancia frente a las instituciones regionales.
La salida, explica, puede interpretarse como un gesto destinado a aparentar que el régimen está dispuesto a escalar su separación de los mecanismos de integración centroamericana y reducir los espacios en los que los gobiernos de la región pueden coincidir y discutir asuntos comunes.
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En ese sentido, más que por sus consecuencias institucionales, Orozco considera relevante la señal política que envía Managua, la de un régimen cada vez más dispuesto a apartarse de los espacios multilaterales de la región.
La justificación de la dictadura
En la comunicación enviada a la presidencia del Parlacen, fechada el 3 de octubre de 2026, la Cancillería nicaragüense invoca la soberanía del país para justificar su decisión.
“Este Ministerio transmite que el Gobierno de la República de Nicaragua, en ejercicio pleno de su soberanía, ha decidido denunciar el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y otras instancias políticas, con efecto inmediato”, señala la nota.
El documento también fue remitido a la Cancillería de Guatemala, debido a que ese país es sede del Parlacen y depositario del tratado constitutivo.
La decisión de Managua ocurre apenas días después de que los cancilleres de la OEA acordaran conceder al régimen un plazo de 60 días para implementar medidas encaminadas a crear condiciones para una eventual recuperación democrática.
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Si Nicaragua no cumple con las medidas planteadas, los ministros de Relaciones Exteriores regresarían a Washington para evaluar nuevos mecanismos de presión contra el régimen.
La salida del Parlacen se produce, por tanto, en un momento en que la dictadura podría enfrentar una presión internacional más coordinada y mientras los países centroamericanos buscan mantener una posición común frente a la crisis política nicaragüense.
Un organismo con peso político limitado
El Parlacen reúne a representantes de los países que forman parte del tratado y cuenta además con Estados y territorios observadores. Entre ellos figuran China, México, Marruecos, Venezuela y Puerto Rico.
Pese a su papel como espacio de diálogo e integración regional, el Parlacen carece de facultades legislativas vinculantes sobre los Estados miembros. Sus resoluciones, por tanto, no obligan a los gobiernos a modificar sus políticas internas.
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Esa limitación explica por qué los expertos consultados consideran que la decisión de Managua tendrá un impacto institucional reducido.
Pero también coinciden en que el movimiento tiene un significado político. El régimen de Ortega y Murillo parece optar por profundizar su distancia de los organismos regionales precisamente cuando aumenta la presión internacional que le exige abrir una ruta hacia la democracia.
