Nicaragua podría enfrentar mayor presión internacional
Una audiencia del Senado estadounidense, una resolución de la OEA y el rechazo de Managua a una nueva embajadora de Washington podrían abrir paso a una presión internacional más coordinada sobre la dictadura nicaragüense.
Expediente Público
La presión internacional sobre la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo podría entrar en una nueva etapa. Tres acontecimientos recientes —una audiencia del Senado de EE. UU., una resolución de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el rechazo de Managua a la nueva embajadora estadounidense— apuntan a una mayor coordinación de los esfuerzos internacionales frente a la crisis política de Nicaragua.
Aunque todavía es prematuro hablar de un punto de quiebre, especialistas reunidos en un foro organizado por el centro de pensamiento Expediente Abierto, junto con Expediente Público, Darío Medios Internacional y Café con Voz, consideran que estos acontecimientos podrían abrir paso a medidas de mayor alcance.
Tres acontecimientos que elevan la presión
Desde la represión de las protestas de 2018, Nicaragua permanece bajo observación internacional por las violaciones a los derechos humanos, el encarcelamiento de opositores, el cierre de medios de comunicación y las restricciones impuestas a organizaciones de la sociedad civil.
Durante estos años, la respuesta internacional ha incluido condenas diplomáticas, resoluciones y sanciones individuales. Sin embargo, tres acontecimientos recientes podrían dar paso a una estrategia más coordinada, según los especialistas.
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El primero fue la audiencia dedicada a Nicaragua por el Senado estadounidense el 30 de septiembre, presentada como la primera de este tipo en 38 años. En ella, legisladores republicanos y demócratas coincidieron en expresar preocupación por el deterioro democrático del país.
El segundo fue la aprobación de una resolución de la OEA que establece un mecanismo de seguimiento con plazos de 30, 60 y 90 días.
El tercero fue el rechazo del Gobierno nicaragüense al beneplácito de Natalia Franceschi, confirmada por el Senado estadounidense como embajadora ante Nicaragua.
Para María Fernanda Bozmoski, directora de Impacto y Operaciones y líder para Centroamérica del Centro Adrienne Arsht de América Latina del Atlantic Council, la coincidencia de estos acontecimientos podría marcar un punto de inflexión.
“Han convergido tres cosas que hasta ahora iban en tres carriles separados”, explicó durante el foro.
A su juicio, las actuaciones del Congreso estadounidense, la administración de Washington y la OEA comienzan a configurar una estructura de presión internacional sobre Managua.
Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, también identifica una convergencia, aunque considera que responde más a la continuidad de la política estadounidense que a un cambio radical de estrategia.
Para Orozco, esa continuidad adquiere relevancia porque Nicaragua es uno de los asuntos de política exterior que mantienen respaldo bipartidista en Washington.
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Washington debate las medidas
La audiencia del Senado estadounidense dejó en evidencia coincidencias entre republicanos y demócratas sobre la situación política de Nicaragua. Sin embargo, el consenso sobre el diagnóstico no supone necesariamente un acuerdo sobre las medidas que deben adoptarse.
Bozmoski destacó las intervenciones de los senadores John Curtis, republicano, y Tim Kaine, demócrata, quienes abordaron el deterioro democrático, la situación de los presos políticos y la represión transnacional.
La influencia de Rusia, China, Irán y Cuba también figuró entre las preocupaciones expuestas durante la audiencia.
El debate se concentra ahora en las herramientas que podrían aumentar la presión sobre el régimen nicaragüense, particularmente las sanciones y las medidas relacionadas con sus vínculos económicos internacionales.
Orozco señaló que existen iniciativas legislativas en el Senado y la Cámara de Representantes que contemplan disposiciones sobre inversión estadounidense, financiamiento externo y nuevas sanciones.
Aunque su aprobación no está garantizada, el especialista considera que estas propuestas podrían mantener su vigencia en el próximo período legislativo e incluso ser presentadas nuevamente ante el Congreso.
Esta continuidad permitiría sostener la presión sobre Managua más allá de decisiones puntuales de la administración estadounidense.
“La continuidad es un plus para Nicaragua”, sostuvo Orozco, al referirse a la persistencia de una posición bipartidista frente a la crisis.
No obstante, los especialistas advierten que una eventual ampliación de las sanciones deberá considerar sus efectos sobre la población nicaragüense y los espacios económicos y diplomáticos que todavía permanecen abiertos.
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La OEA establece plazos de seguimiento
La resolución aprobada por la OEA constituye otro componente de la presión internacional. Para los especialistas, su importancia reside en que incorpora un mecanismo de seguimiento con plazos definidos, además de los pronunciamientos diplomáticos.
Bozmoski considera que los períodos de 30, 60 y 90 días permitirán evaluar la evolución de la situación nicaragüense y las respuestas que puedan surgir dentro del organismo regional.
María Asunción Moreno Castillo, jurista y doctora en Derecho por la Universidad de Alcalá, considera estos acontecimientos como parte de una transición entre dos etapas de la respuesta internacional.
Durante los últimos años, explicó, numerosos gobiernos y organismos multilaterales concentraron sus esfuerzos en condenar las actuaciones del régimen. Ahora observa intentos de articular medidas entre diferentes actores.
“Estamos pasando de esa transición de condena a una nueva fase, un nuevo proceso de acción más colectiva, más articulada”, señaló.
Moreno considera especialmente relevante la coincidencia entre las iniciativas estadounidenses y la actuación del sistema interamericano.
Sin embargo, advierte que todavía no existen elementos suficientes para afirmar que Nicaragua se encuentra ante un punto de quiebre político.
A su juicio, ese escenario podría configurarse si la presión diplomática deriva en sanciones financieras y económicas más fuertes o en investigaciones penales internacionales.
Por ahora, el alcance de la nueva dinámica dependerá de las decisiones que adopten los gobiernos y organismos involucrados, así como del cumplimiento efectivo de los mecanismos anunciados.
El rechazo a la embajadora, una señal política
En medio de estas iniciativas, el régimen de Ortega y Murillo rechazó el beneplácito de Natalia Franceschi como embajadora de Estados Unidos en Nicaragua.
La decisión tiene un antecedente. En 2022, Managua también rechazó la designación de un representante diplomático estadounidense.
Para Moreno, negar el beneplácito a una persona designada para representar al presidente de EE. UU. constituye una señal política de distanciamiento. En su interpretación, el régimen nicaragüense expresa así su resistencia a abrir nuevos canales de interlocución con Washington.
Bozmoski, por su parte, recuerda que las relaciones diplomáticas entre ambos países ya se encontraban deterioradas y que EE. UU. lleva varios años sin un embajador residente en Managua.
Por ello, considera que el rechazo de Franceschi no necesariamente representa una ruptura adicional, aunque sí confirma las dificultades para restablecer el diálogo diplomático.
“Los dictadores no huyen de lo que no temen”, afirmó la especialista, quien interpreta la decisión como una reacción del régimen nicaragüense frente a determinados mecanismos de presión internacional.
Más allá de estas interpretaciones, la negativa impide por ahora la llegada de una nueva representante estadounidense y limita las posibilidades de interlocución diplomática al más alto nivel.
Los costos de reducir los canales de diálogo
El rechazo de la embajadora no significa que Washington vaya a abandonar sus iniciativas sobre Nicaragua. Para Orozco, incluso podría reforzar una dinámica de presión que ya estaba en marcha.
Sin embargo, el especialista advierte que reducir los canales diplomáticos también puede tener consecuencias para la población.
EE. UU. es uno de los principales socios económicos de Nicaragua, por lo que la relación bilateral trasciende las diferencias políticas entre ambos gobiernos.
Mantener espacios de comunicación resulta relevante para abordar asuntos económicos, migratorios y diplomáticos que afectan a los ciudadanos nicaragüenses.
“Cerrar cualquier espacio de comunicación no crea oportunidades de cambio en el corto plazo”, sostuvo Orozco.
Desde su perspectiva, Managua continúa reduciendo sus espacios de interlocución internacional, lo que podría profundizar su aislamiento político.
Las medidas que podrían marcar los próximos meses
Los especialistas no anticipan necesariamente una respuesta internacional inmediata, sino un proceso de acumulación de iniciativas diplomáticas, legislativas y económicas.
Orozco identifica tres ámbitos desde los cuales podría intensificarse la presión: el Congreso estadounidense, la administración de Washington y el sistema interamericano.
En EE. UU., la discusión incluye posibles sanciones y medidas económicas. A ello se suma la investigación comercial bajo la Sección 301, cuyo desarrollo podría tener implicaciones para las relaciones comerciales con Nicaragua.
En la OEA, el seguimiento previsto en la resolución permitirá evaluar los acontecimientos durante los próximos tres meses y determinar las acciones posteriores.
A escala regional, Orozco considera que gobiernos como los de República Dominicana, Panamá, Costa Rica y Guatemala podrían adoptar posiciones más activas respecto de Nicaragua.
El calendario político interno también influirá en el desarrollo de este escenario.
El especialista identifica varios momentos de atención durante 2027, entre ellos un proceso constitucional previsto para enero y otros acontecimientos políticos señalados para abril y julio.
Estos hitos podrían coincidir con nuevas decisiones internacionales, aunque todavía no es posible establecer qué medidas concretas se adoptarán ni cuál será su alcance.
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De las condenas a la presión coordinada
La convergencia entre Washington y la OEA no significa que Nicaragua se encuentre a las puertas de una transición democrática.
El régimen de Ortega y Murillo conserva el control de las instituciones del Estado, mientras la oposición continúa enfrentando restricciones políticas y limitaciones para organizarse dentro del país.
Para Moreno, la diferencia respecto de etapas anteriores radica en los intentos de coordinar las respuestas internacionales, más que en la existencia de condiciones inmediatas para un cambio de gobierno.
“Creo que esta semana inaugura una nueva etapa en la lucha por la democracia en Nicaragua”, resumió la jurista.
La efectividad de esa coordinación todavía está por demostrarse. Las iniciativas anunciadas deberán traducirse en decisiones concretas para determinar si representan un cambio respecto de las condenas diplomáticas y las sanciones adoptadas en años anteriores.
El primer indicador será el seguimiento de la OEA durante los próximos 90 días, junto con la evolución de las iniciativas legislativas y comerciales en EE. UU.
Mientras Managua mantiene su negativa a recibir a la nueva embajadora estadounidense, Washington y el sistema interamericano disponen de varias vías para sostener la presión.
La cuestión central será si esa convergencia logra producir resultados políticos verificables o si termina reproduciendo las limitaciones de las respuestas internacionales anteriores.
