Miembros de la OEA impulsan una reunión de cancilleres en Washington, después que el Consejo Permanente mostrara la preocupación regional por la insistencia de la dictadura de Nicaragua de prolongarse indefinidamente en el poder. Expertos señalan que las acciones bilaterales contra el régimen serían más efectivas.
Expediente Público / Tomás Guevara / Washington
“Ahora es el momento de que la Organización de Estados Americanos (OEA) demuestre su valor para reunir a la región y abordar la profanación de los principios democráticos y apoyar el derecho del pueblo nicaragüense a un futuro libre de la tiranía”, publicó la Oficina del Portavoz del Departamento de Estado.
El pronunciamiento del Departamento de Estado hace referencia a la sesión extraordinaria del 5 de agosto en Washington en la sede de la OEA, donde “los Estados Unidos hicieron uso de la palabra ante el Consejo Permanente sobre la necesidad de adoptar medidas urgentes” contra la dictadura nicaragüense.
El Consejo Permanente de la OEA abordó este miércoles 5 de agosto la crisis social y política de Nicaragua, ante las declaraciones de las cabezas de la dictadura sandinista de hacer reformas que les faciliten aferrarse al poder.
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La sesión se realizó por una solicitud de Estados Unidos que contó con el apoyo de Argentina, Panamá, Paraguay y Uruguay. El objetivo es redefinir el enfoque para tratar la crisis de Nicaragua y llevar el caso al más alto nivel a través de una reunión de cancilleres en Washington.
La reunión de cancilleras podría establecer nuevos mecanismos de presión contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El embajador del Buró del Departamento de Estado para el hemisferio occidental, Michael Kozak, alertó en el Consejo Permanente de la OEA que la dictadura Ortega-Murillo tiene un plan dinástico para no abandonar el poder.
“Rosario Murillo y Daniel Ortega atentan contra la paz y la seguridad de nuestro hemisferio. Enfrentamos una dinastía autoritaria que no tiene intención de dejar nunca su poder”, dijo el diplomático.
Enfatizó que la dictadura sandinista está violando incluso la soberanía de otros estados cuando estructuras del régimen participan en “intimidación, violencia e incluso asesinatos políticos contra los nicaragüenses en el exilio”.
Daniel Ortega se perenniza con reformas constitucionales
Estados Unidos impulsó esta reunión luego que Daniel Ortega dijera el 19 de julio, al conmemorar el 47 aniversario de la revolución sandinista, que en Nicaragua quedarían suprimidas las elecciones.
Luego, el 28 de julio, el Legislativo —bajo control del sandinismo— inició el trámite de un paquete de reformas constitucionales para aumentar el mandato presidencial de seis a siete años renovables y aplicar una serie de artilugios con los que se suprime la participación de partidos opositores.
La relatora especial para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rosa María Payá, planteó una radiografía de la crisis del país, agravada por las graves violaciones a derechos humanos.
Payá dijo al pleno de la OEA que urge una solución para encaminar al país a la senda democrática aplicando la Carta Interamericana.
Agregó que, aunque Nicaragua esté fuera de la OEA desde finales de 2023, esa decisión debe entenderse como una postura de la dictadura y no del pueblo nicaragüense que sufre la represión.
La relatora también recordó que una reforma constitucional aplicada en 2025 ya atentó contra los principios democráticos. “Modificó más de cien artículos de la Constitución, consolidó un régimen incompatible con los principios de la democracia representativa y eliminó la separación de poderes al concentrar el poder en la copresidencia”.
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Reunión de cancilleres en Washington
La mayoría de los países miembros apoya la declaración sobre “Convocatoria de una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores para considerar la situación en Nicaragua”.
Una funcionaria de la OEA dijo a Expediente Público que el documento ya “fue acogido por el Consejo Permanente”. “Luego habrá conversaciones, y eso toma su tiempo, pero ya queda en agenda”, agregó.
10 países se adelantaron con una declaración
En la antesala de la reunión, diez países publicaron una declaración conjunta donde manifestaron su preocupación por la crisis de Nicaragua.
Los firmantes fueron Antigua y Barbuda, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Jamaica, República Dominicana y Uruguay. Estos pusieron la lente sobre la supresión de elecciones, manifestada por la dictadura.
También rechazaron las reformas constitucionales que vulneran las garantías fundamentales en el país centroamericano, entre estas el derecho a elegir en igualdad de condiciones.
La declaración señala que “unas elecciones sin una competencia política genuina no pueden constituir una expresión libre y democrática de la voluntad popular”, con lo que la deriva autoritaria carecería aún más de legitimidad.
“Tales medidas menoscaban el ejercicio efectivo de los derechos políticos garantizados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, dice la nota.
Por último, subraya que las reformas constitucionales propuestas son incompatibles con los principios de la Carta Democrática Interamericana que Nicaragua firmó en 2001.
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De su parte, diez organizaciones nicaragüenses que trabajan desde el exilio emitieron un comunicado instando a los cancilleres del hemisferio a unir sus esfuerzos para cercar a la dictadura.
Posturas: entre la acción y la cautela
Durante la sesión de este miércoles, los países latinoamericanos se plegaron a la preocupación por la situación de derechos humanos y de garantías políticas en Nicaragua.
Representaciones como las de Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador y Paraguay fueron contundentes en sus llamados e instaron al organismo a actuar.
La representante de Ecuador ante la OEA, Mónica Palencia, dijo: “La situación de Nicaragua exige de nosotros pronunciamientos claros, pero también acciones concretas”.
Por su parte, la dominicana Mayerlyn Cordero, representante permanente ante la OEA, enfatizó que la grave situación de Nicaragua obliga a actuar con unidad, pero también con responsabilidad y determinación a favor del pueblo nicaragüense.
Otros países como México y Brasil pidieron más cautela mencionando el principio de no intervención en asuntos internos de los países, declarado en la Carta Democrática.
Dos naciones centroamericanas —El Salvador y Honduras— se excluyeron de sentar postura.
Acciones bilaterales, más efectivas
Para Orlando Pérez, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad del Norte de Texas en Dallas, una reunión de cancilleres no tendría mayor efecto para golpear los cimientos de la dictadura en un país que está fuera de la OEA y que es reacio al escrutinio internacional.
“Los mecanismos que antes servían de palanca, como la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, ya no rigen sobre un país que dejó de estar sujeto a ellos”, afirmó a Expediente Público.
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Pérez señala que serían más efectivas las acciones bilaterales de los países y tomó como referencia el pronunciamiento de los diez países. Esto podría sentar las bases “para que cada gobierno actúe por su cuenta”, señaló el especialista.
Apuntó que las acciones pueden consistir en aplicar sanciones o retirar embajadores, siguiendo el ejemplo de Panamá. “O negarse a reconocer cualquier proceso electoral bajo la nueva arquitectura constitucional”, agregó.
Por ahora, según este experto, las medidas de la OEA tendrían menos incidencia directa, pero podrían dar paso a las acciones individuales de los países.
Manuel Orozco, nicaragüense que dirige el Programa de Migración, Remesas y Desarrollo del centro Diálogo Interamericano, afirmó a Expediente Público que se debe partir de la base de que, hasta ahora, todos los esfuerzos nacidos en la OEA no han conseguido el objetivo deseado.
“Dentro o fuera, el tema clave es determinar la voluntad política y la motivación de cada estado de adoptar medidas coercitivas en una entidad (OEA) que las evita”, apuntó.
Las limitaciones de la OEA
Orozco sostiene que la OEA tiene limitaciones a la hora de hacer frente a una dictadura como la de Ortega-Murillo. Argumentó que, por un lado, existe una fragmentación regional con factores geopolíticos en curso y que, por otro, los principios rectores de la Carta Democrática han dejado de ser referencia de la organización.
“La complejidad política internacional ha abarcado a muchos países cuyos compromisos democráticos, de respeto al estado de derecho, de rendición de cuentas, han sido subordinados a los procesos de polarización, populismo y desinformación”, señaló.
Agregó que un aspecto que juega en contra es el carácter “no intervencionista” plasmado en el artículo 20 de la Carta.
El apartado dice que ningún estado debe aplicar medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado. Esta fue la base con la que México y Brasil pidieron cautela y agotar otras instancias.
Para Orozco, este artículo busca que cualquier conflicto se resuelva por la vía negociada y pacífica, y trata de “prevenir que las grandes potencias hagan uso de la fuerza contra otros Estados”.
Reunión de cancilleres, un logro
Para el activista nicaragüense Oswaldo De León, que se lleve la discusión sobre Nicaragua al máximo nivel, con una reunión de cancilleres, es algo que no se había logrado y que podría marcar un nuevo punto de partida.
“Se podrían discutir acciones que podrían ser ruidosas y eso podría conllevar a que los países de manera legal tomen acciones coercitivas con Nicaragua; es una oportunidad para incidir a nivel superior”, afirmó a Expediente Público.
Nicaragua abandonó formalmente la OEA, el 19 de noviembre de 2023, luego de dos años de desprendimiento del organismo, pues solicitó su salida en 2021. Esa fue su respuesta a los señalamientos de la comunidad internacional por la represión y el menoscabo de las garantías democráticas.
