La Asamblea Nacional de Nicaragua tramita una reforma constitucional para alargar los períodos presidenciales, distanciándose de los estándares de Centroamérica y América Latina.
Expertos legales advierten que el régimen evade los procedimientos ordinarios para asegurar su continuidad de facto y anular la competencia electoral frente a una oposición organizada.
Voceros de la oposición denuncian que la medida busca formalizar un régimen de partido único y convertir la presidencia en un patrimonio dinástico.
Expediente Público
La Asamblea Nacional, controlada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ya tramita la reforma constitucional solicitada por el régimen sandinista para extender el período presidencial de seis a siete años renovables. Para ello, creó este martes la Comisión Especial Constitucional.
Con este pedido del régimen, no queda claro cuándo terminará el cuarto período presidencial consecutivo de Ortega, el cual inició en enero de 2022.
En principio, Ortega ganó las elecciones para un periodo de cinco años, que terminaría en 2027. Sin embargo, en 2025, la Asamblea Nacional reformó la Constitución para imponer un mandato de seis años. Con esto, Ortega debería terminar su administración en enero de 2028.
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Ahora, el régimen pretende extender los mandatos a siete años. No hay claridad si lo aplicarán al periodo presidencial que está en curso, como ya ocurrió en 2025, o si lo harán al siguiente. Esta decisión depende ahora de la Asamblea Nacional.
Si el nuevo periodo de siete años se llegara a aplicar al mandato en curso, este terminaría en enero de 2029. Y los periodos posteriores finalizarían en 2036 y 2043. Actualmente, Ortega tiene 80 años y Murillo 75.
Hasta ahora, el Parlamento de Nicaragua no ha presentado el texto de la iniciativa. No obstante, en la exposición de motivos de la reforma constitucional quedan claras las pretensiones de la dictadura Ortega-Murillo por perpetuarse en el poder.
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La propuesta de reforma constitucional ocurre a nueve días de que Ortega afirmara que en Nicaragua no volverían a haber elecciones y tampoco «partidos puestos por los yanquis». Lo dijo el pasado 19 de julio, durante la celebración del 47 aniversario de la Revolución Sandinista.
Opositores nicaragüenses, entrevistados por Expediente Público, advierten que esta solicitud de reforma constitucional va más allá del período presidencial. Consideran que esta forma parte de una estrategia para consolidar un régimen de partido único, perpetuar a la familia Ortega-Murillo en el poder y eliminar cualquier posibilidad de una competencia electoral real.
Aliados del régimen en la Comisión Especial Constitucional
La Asamblea Nacional aprobó la conformación de la Comisión Especial Constitucional con 12 diputados alineados al régimen. Ellos se encargarán del «estudio, consulta y dictamen de la iniciativa de reforma parcial a la Constitución Política de Nicaragua y las leyes constitucionales necesarias».
Los diputados que la integran son Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; María Haydée Osuna, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), y los parlamentarios orteguistas Arlin Patricia Alonso, Amada Pineda Montenegro, Maira Haydée Osuna, Loria Raquel Dixon, Carlos Wilfredo Navarro, Alejandro Mejía Ferreti, Edwin Ramón Castro, Lesther José Flores Mayorga, Mario José Asencio Flores, María Auxiliadora Martínez y Wálmaro Gutiérrez Mercado.
Porras, quien estará al frente de esa Comisión, apuntó ante el pleno de la Asamblea que el objetivo de dicha reforma es modificar las disposiciones relacionadas con la duración del período presidencial.
Porras leyó las motivaciones de la reforma constitucional: “Nuestro sistema de Estado y gobierno presidente propone ordenarse con período efectivo de siete años renovables, lo cual asegura estabilidad en misión, operatividad y continuidad, haciendo frente con toda energía y claridad a las urgencias materiales, culturales y espirituales de nuestro pueblo”.
Incertidumbre por plazo del actual mandato
Con la Constitución vigente hasta antes de las reformas de enero de 2025, el actual período presidencial tenía que concluir en enero de 2027. Es decir que este 2026 tendría que haberse convocado a elecciones.
Sin embargo, tras las reformas constitucionales de enero del año pasado, el orteguismo se aseguró de quedarse un año más en el poder. Con estos cambios, los comicios deberían convocarse hasta noviembre de 2027, ya que el período de Ortega terminaría hasta enero de 2028.
No obstante, esta última propuesta de reforma constitucional cambiaría nuevamente las reglas. La Comisión Especial Constitucional deberá definir si el nuevo periodo de siete años se aplicará al mandato en curso o únicamente a los futuros.
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La reforma debe aprobarse el próximo año
El abogado constitucionalista Salvador Marenco explicó a Expediente Público que la Constitución establece el procedimiento para este tipo de reformas.
Primero, ordena la creación de una Comisión Especial Constitucional. Luego, concede un plazo de 60 días para que esta comisión dictamine la iniciativa. Por último, el proyecto debe seguir el procedimiento ordinario de formación de ley y discutirse en el plenario de la Asamblea Nacional.
Esta discusión debe hacerse en dos fases, de acuerdo con las normas constitucionales: un debate debe realizarse este año y la aprobación final, el próximo.
El letrado nicaragüense, sin embargo, advirtió que la dictadura no está interesada en darse a la tarea de «seguir un procedimiento constitucional», sino en un «procedimiento prácticamente expedito».
«En Nicaragua ha dejado de existir desde 2012 una separación real de poderes y se ha agravado año tras año. La Asamblea Nacional no responde a los intereses del pueblo, sino que responde a los intereses de la dictadura», señaló Marenco.
En América Latina, el periodo máximo es de seis años
De aprobarse la reforma parcial constitucional solicitada por la dictadura Ortega-Murillo, Nicaragua se convertiría en el único país de toda Centroamérica en tener un período presidencial de siete años, que además podrían ser renovables.
En América Latina tampoco hay países que tengan un período presidencial tan extenso. Los períodos presidenciales oscilan generalmente entre cuatro y seis años.
Las dictaduras en Venezuela y Cuba, históricos aliados del régimen sandinista, incluso han mantenido períodos de seis y cinco años, respectivamente.
En Venezuela, antes de la captura del dictador Nicolás Maduro, el período permitido en el poder se mantuvo en seis años. Y en el caso de Cuba, aunque el mandato se mantiene en cinco años, el sistema es de partido único reconocido constitucionalmente y la elección presidencial ocurre dentro de la Asamblea Nacional, no mediante una competencia electoral presidencial abierta entre partidos.
‘Una violación a los derechos políticos del pueblo’
Marenco apuntó que las pretensiones del orteguismo por extender su período evidencian la «materialización de facto de la eliminación de las elecciones en Nicaragua, puesto que lo que se ve venir es que se van a recetar siete años en el poder más la extensión de otros siete años».
En caso de aplicarse el nuevo plazo al período en curso, Ortega y Murillo estarían convocando a elecciones hasta noviembre de 2028, con una transición de poder prevista para enero de 2029.
En este escenario, si el oficialismo se impusiera nuevamente en unas elecciones convocadas para 2028, el nuevo período presidencial de siete años iniciaría en enero de 2029 y concluiría en enero de 2036. Y el mandato posterior concluiría en 2043.
La fecha definitiva para las próximas elecciones e inicio del nuevo periodo presidencial, explicó el abogado, dependerá de las disposiciones transitorias que acompañen la reforma constitucional, pues estas determinarán si el nuevo período se aplica al actual mandato o únicamente a futuros períodos.
«Es altamente probable que este año se dé con una disposición transitoria de renovación inmediata y aquí te quedan grandes dudas; es decir, si la renovación va a depender de la propia pareja dictatorial o de la Asamblea. En todo caso, de quien dependiera, es una violación absoluta a los derechos políticos de todo un pueblo», apuntó Marenco.
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La dictadura busca un régimen de partido único
El opositor Luis Blandón, expresidente y actual vocero de la Unión Democrática Renovadora (Unamos), afirmó a Expediente Público que la instauración de períodos presidenciales de siete años, ordenada por la dictadura Ortega-Murillo, «consolida la transición definitiva del país hacia un régimen de partido único y una estructura de poder dinástica de carácter totalitario», tal como ocurre en Cuba.
«No solo extiende el mandato de los copresidentes, sino que formaliza por completo la exclusión legal de cualquier fuerza opositora en los futuros procesos electorales, debido a que están conscientes de que la oposición está más coordinada y trabajando desde la pluralidad», añadió.
El opositor Félix Maradiaga, excarcelado político y precandidato presidencial de la oposición en los comicios generales de 2021 en Nicaragua, concuerda con Blandón al señalar que «Ortega no solo está reformando el Estado», sino que «está organizando una herencia”.
«Daniel Ortega quiere convertir la Constitución en la escritura de propiedad de los Ortega-Murillo. Quiere que Nicaragua deje de ser una República para convertirse en un patrimonio sucesorio», manifestó a Expediente Público.
Maradiaga, además, cuestionó el uso del término “renovable” dentro de la propuesta de reforma constitucional. Para él, este concepto se aleja de la lógica democrática de la reelección y su ambigüedad permitiría a la dictadura Ortega Murillo mantener diferentes opciones para garantizar su continuidad en el poder sin una competencia electoral real.
“En una democracia se habla de reelección porque la reelección exige una elección: ciudadanos libres, pluralismo, competencia verdadera”, explicó Maradiaga.
El dictador Daniel Ortega, desde que volvió al poder en 2007, ya suma más de 19 años sin soltar la Presidencia de Nicaragua.
En 2021, mientras afrontaba las protestas sociales iniciadas en 2018, Ortega respondió con una nueva ola represiva al percibir el creciente repudio de la población nicaragüense que exigía un cambio de Gobierno.
Mandó a encarcelar a candidatos presidenciales que le hacían oposición en ese entonces —entre ellos Félix Maradiaga y Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro—, a quienes consideraba una amenaza para su reelección a un cuarto mandato consecutivo.
