La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió a organizaciones civiles para tratar la grave situación de los pueblos originarios y afrodescendientes ante la expropiación de tierras para la explotación minera.
Unas 62 concesiones mineras —la mayoría en manos de empresas chinas— han impactado sobre 18 territorios indígenas y afrodescendientes.
Una representante de las Naciones Unidas señaló que el deterioro institucional, el cierre del régimen sandinista al escrutinio internacional y la ausencia del espacio cívico agravan la situación para los pueblos nativos.
Tomás Guevara / Expediente Público / Washington
El despojo de tierras y la violencia contra comunidades indígenas y pueblos afrodescendientes de la costa atlántica de Nicaragua para facilitar la extracción minera fue el telón de apertura del 196 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebrado este lunes en Washington.
Representantes de organizaciones de la sociedad civil y expertos expusieron ante los comisionados del organismo regional —parte del Sistema Interamericano de la Organización de Estados Americanos (OEA)— que en ese país se agudiza la violencia contra esas comunidades.
En la audiencia, que se convocó con el título “Nicaragua: Impacto de las concesiones mineras en los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes”, participaron representantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), de la Oficina Regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, y de la Fundación del Río.
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El modelo extractivista que impulsa el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo —según denunciaron los comparecientes— somete a los pueblos indígenas y a las comunidades afrodescendientes a una política estatal que ha convertido sus territorios en zonas apetecidas para entregarlas a empresas extranjeras.
Alejandra Manavella, abogada del CEJIL, advirtió que el problema trasciende las fronteras nicaragüenses por el impacto social y medioambiental de este fenómeno.
También denunció la participación del crimen organizado en la extracción de oro, pues no existe transparencia de los proyectos ni criterios sobre las concesiones.
“Los impactos de esta política trascienden incluso las fronteras de Nicaragua, en Costa Rica, las autoridades advierten que la minería ilegal en el territorio fronterizo evolucionó de un esquema artesanal a una explotación semiindustrial vinculada al crimen organizado”, dijo Manavella.
El hijo de Daniel Ortega
Julio Urbina, originario de Puerto Cabezas —en la costa atlántica nicaragüense— exiliado en Washington DC, contó a Expediente Público que la situación en su comunidad misquita se ha vuelto insostenible ante el nivel de represión.
“Todos sabemos que el hijo de Daniel Ortega se está apropiando de todas las tierras indígenas de la costa Caribe de Nicaragua y nos está quitando nuestro derecho a las tierras ancestrales. Los pueblos indígenas nos estamos quedando sin derecho ni a donde acudir”, señaló.
Urbina afirmó que la migración se ha disparado hacia los países centroamericanos y otras naciones porque la resistencia que ha caracterizado a estos pueblos autónomos está cediendo ante el nivel represivo.
“Esa resistencia histórica que ha caracterizado a nuestros pueblos se está terminando con esta dictadura porque hay mucha represión, persecución y atropellos de todo tipo”, afirmó.
Urbina sostiene que el régimen presiona a los nativos para expulsarlos de sus territorios y “luego vender las tierras a los chinos y otros países asiáticos”.
“La minería ha existido en Nicaragua, pero de una manera controlada, pero ahora sin control entran a hacer y deshacer. Es el mensaje de la familia Ortega Murillo de que ellos mandan”, agregó.
El gobierno también ha logrado una fragmentación social en esas comunidades porque el control se ha extendido con informantes afines al régimen. “En todos los barrios hay como ‘sapos’ que informan si estás en contra del gobierno. Te reportan y puedes tener más problemas como quitarte una propiedad e ir a la cárcel”, denunció Urbina.
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Empresas chinas encabezan las concesiones
En la audiencia, los representantes de las organizaciones detallaron ante los comisionados de la CIDH que se estima que el gobierno ha autorizado 62 lotes para explotación minera en 18 territorios de comunidades afrodescendientes en la costa atlántica.
Calculan que la cuarta parte de los territorios de esas comunidades ya han sido concesionados, en su mayoría a empresas extranjeras, que operan en el país sin transparencia.
Los peticionarios dijeron que, según sus recuentos, hasta abril de este 2026 operaban 24 compañías chinas, 15 canadienses, 11 colombianas y 6 registradas en Nicaragua como empresas locales.
Una investigación del centro de pensamiento Expediente Abierto y Fundación del Río, publicada en febrero de este año con el título “La influencia china en el sector minero nicaragüense”, reveló que mineras chinas controlan el 8.5 % del territorio de Nicaragua.
163 ríos contaminados
Manavella apuntó que los informes de monitoreo sobre la contaminación por la industria minera apuntan que se estaría impactando “163 ríos, 80 quebradas y cerca de 1,900 kilómetros cuadrados de la red hídrica dentro de las áreas concesionadas”.
Los demandantes también advirtieron que la situación se ha agravado para los pueblos originarios ante el paquete de reformas constitucionales que impuso el régimen sandinista el año pasado, el cual ha desmantelado el régimen de autonomía que protegía a esas poblaciones.
El marco legal impuesto por el régimen subordina a los consejos regionales y a las autoridades comunales y territoriales al poder central, y elimina los espacios de participación y de decisión de esas comunidades, acotaron los demandantes.
Según Manavella, el panorama actual muestra “un patrón sostenido de transformación territorial en el que la minería se ha convertido en un factor de despojo, violencia y destrucción de las condiciones que permiten la continuidad física, cultural y espiritual de estos pueblos”.
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La ONU denuncia el impacto de las concesiones mineras
Montserrat Solano, representante para Centroamérica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo que esta organización vigila la situación de las comunidades en Nicaragua.
Sin embargo, reconoció que su margen de maniobra para operar se restringe tanto por el cierre del país al escrutinio internacional como por la falta de recursos que aquejan a la ONU.
Solano dijo que, apoyados en informes técnicos del sector y en las condiciones de los pueblos originarios, queda claro que las concesiones mineras en Nicaragua están generando una fuerte presión sobre esas comunidades y golpean en particular a las mujeres.
“Las concesiones mineras registradas en los últimos años (en Nicaragua) ponen en riesgo la supervivencia física y cultural de las comunidades indígenas y afrodescendientes”, apuntó.
También reiteró que su oficina sigue recibiendo denuncias sobre actos de violencia, las cuales expresan el temor generalizado que sufren las personas ante la represión, sobre todo activistas y defensores de derechos humanos.
La muerte del líder indígena Brooklyn Rivera, quien estaba bajo custodia del régimen sandinista, en mayo reciente, ha sido un fuerte golpe a las comunidades, que también batallan a pesar de la ausencia de otros representantes que siguen encarcelados.
La CIDH documenta la represión de Daniel Ortega
Los comisionados de la CIDH expusieron algunas posturas sobre la situación y aprovecharon sus espacios para hacer preguntas a los peticionarios y, en algunos casos, para solicitar más documentación para enriquecer los archivos sobre las violaciones a las garantías fundamentales en ese país.
La comisionada Rosa María Payá, relatora para Nicaragua, dijo que no se puede pasar por alto todo el conocimiento documentado en la CIDH sobre la situación de Nicaragua y la represión agudizada desde el 2018 en adelante.
Bajo ese panorama, Payá reconoció que la consolidación de la dictadura ha golpeado a los pueblos originarios con despojo y violencia.
“En el contexto de consolidación del régimen autoritario de Nicaragua, los pueblos indígenas y afrodescendientes enfrentan un patrón de despojo territorial, violencia”, dijo.
Por su parte, el comisionado Javier Palummo dijo que el problema de las concesiones mineras deja ver un problema de fondo y abre muchas preguntas abiertas. Algunas de estas las dirigió a los peticionarios para fundamentar las denuncias.
Palumno preguntó por el efecto de las sanciones impuestas por Estados Unidos en 2022 en contra del sector minero y de los funcionarios del régimen por la violencia y represión.
Los comisionados Palummo y Marion Bethel propusieron indagar cuánta participación tendrían las empresas extranjeras en ese proceso de expropiación y analizar cómo el oro nicaragüense aún sigue llegando a Estados Unidos y otros países industrializados pese a las sanciones.
En abril de este año, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos amplió el régimen de sanciones contra compañías del sector minero. Sin embargo, observadores del sector consideran que Nicaragua sigue evadiendo las sanciones impuestas por la potencia norteamericana con el uso de intermediarios en terceros países para la venta del metal precioso.
Nicaragua fuera de la OEA
La secretaria ejecutiva de la CIDH, María Claudia Pulido, resaltó los resultados del informe del organismo publicado en octubre de 2025 que analiza la situación del país centroamericano, ofrece recomendaciones y exige al Estado nicaragüense a apegarse a los preceptos del derecho internacional.
En la presentación de ese informe, la CIDH acotó que “la violencia en la Costa Caribe no es un fenómeno aislado y responde a una serie de acciones y omisiones estatales que han favorecido el despojo y explotación de los territorios y recursos naturales indígenas y afrodescendientes, en beneficio del régimen y de industrias privadas”.
La Comisión observó que la imposición de gobiernos paralelos en las comunidades afrodescendientes ha facilitado la “invasión y ocupación forzada de las tierras”.
Agregó que la militarización se ha sumado al plan para someter a los pueblos nativos a los designios del régimen Ortega-Murillo.
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“La CIDH identifica una de serie patrones de violencia ejercida contra estos pueblos, entre los que destacan: ataques armados perpetrados por colonos y grupos del crimen organizado que ocurren con la tolerancia y aquiescencia estatal”, señala el documento.
Añade que también han registrado asesinatos y persecución judicial contra líderes regionales y defensores de derechos humanos, así como amenazas, hostigamiento y extorsión.
Los mandatos de la CIDH no son vinculantes para el Estado nicaragüense, que decidió abandonar la OEA. Formalizó su salida el 19 de noviembre de 2023.
No obstante, el país es firmante de la Carta Democrática Interamericana y, por lo tanto, sigue vigente la aplicación del derecho internacional, pese al rechazo de la dictadura a escuchar el escrutinio internacional.
El régimen irrespeta fallo internacional
Anexa Alfred Cunningham, experta de las Naciones Unidas y lideresa indígena del pueblo misquito, quien se encuentra exiliada en Suiza por defender derechos humanos en su natal Nicaragua, explicó a Expediente Público que la situación de su país no tiene comparación por el acelerado proceso represivo que sufren los pueblos indígenas y afrodescendientes.
La experta recordó la lucha que las comunidades indígenas emprendieron para preservar sus tierras en la década de 1980. Finalmente, el Sistema Interamericano obligó al Estado a cumplir con el reconocimiento y la titulación de tierras.
“Se ordenó ese proceso y hoy en día hay 23 territorios demarcados y titulados en los cuales convergen 305 comunidades indígenas y afrodescendientes (…) Las tierras comunales tienen estas características que son imprescriptibles, inalienables e inembargables, no están sujetas al comercio ni a ser expropiadas”, explicó.
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Sin embargo, la dictadura sandinista no reconoce estas bases constitucionales ni el derecho internacional. Por el contrario, ha apostado por el control de los gobiernos territoriales y por el desconocimiento de otras autoridades que han surgido dentro de los pueblos indígenas.
“Eso ha facilitado que el gobierno se vaya apropiando de esos territorios y entregando esas concesiones a empresas extranjeras”, apuntó Alfred Cunningham.
A pesar de esa presión, la experta considera que la resistencia sigue viva dentro de los territorios. “La maldad con la que opera el sandinismo hacia los derechos de los pueblos indígenas no tiene medida; sin embargo, eso no nos ha parado, seguimos documentando y seguimos denunciando”, enfatizó.
Alfred Cunningham reiteró el llamado a la comunidad internacional y sus organismos para seguir demandando el respeto a derechos humanos y de los pueblos indígenas para que Nicaragua recupere la democracia.
