* Expediente Público entrevistó a los expertos en seguridad Steven Dudley, de InSight Crime, y Guadalupe Correa, de la Universidad George Mason.
* Ambos advierten que las operaciones navales y militares pueden golpear al narcotráfico, pero que las redes criminales se adaptan para continuar.
* Coinciden en que la militarización de la seguridad pública es insostenible a largo plazo, ya que puede derivar en corrupción institucional.
Tomás Guevara y Natalia López / Expediente Público / Washington
Las operaciones antinarcóticos desarrolladas por tierra, mar y aire para interceptar cargamentos de droga con destino a Estados Unidos deben analizarse más allá de una lógica de carácter militar. Lo sostienen dos expertos en seguridad, Steven Dudley, codirector del portal especializado InSight Crime, y Guadalupe Correa, profesora de Política y Gobierno de la Universidad George Mason.
Expediente Público los entrevistó durante la undécima Conferencia de Seguridad Hemisférica, celebrada en la Universidad Internacional de Florida (FIU, por sus siglas en inglés).
Estos expertos sostienen que la militarización ofrece resultados inmediatos, pero que no es eficaz para solucionar el problema.
Suscríbase al boletín de Expediente Público y reciba más información
En 2025, la Guardia Costera de EE. UU. interceptó unas 227 toneladas de cocaína en las rutas del Caribe y del Pacífico que, puestas en circulación en el mercado, equivaldrían a unos 193 millones de dosis.
A pesar de estas estadísticas exitosas —señalan los especialistas—, las operaciones militares están lejos de desmontar las redes criminales, pues estas operan en rutas sujetas a cambios y con grupos que pueden adaptarse o ser reemplazados.
Ver: EE. UU. empuja a sus socios latinoamericanos a su guerra contra los cárteles
Dudley considera que aún es muy temprano para medir el impacto real de las operaciones basadas en la guerra antidrogas impulsada por la administración del presidente Donald Trump.
Estados Unidos impulsa una estrategia de lucha mediante la cual califica a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, ampliando así su capacidad para combatirlos mediante el uso de la fuerza. La administración Trump busca descabezar estas estructuras y presiona a los países de la región para que colaboren en esta cruzada.
Para Dudley, los cárteles latinoamericanos han mostrado durante décadas mucha flexibilidad para adaptarse a distintos entornos incluso en la sustitución de sus cabezas. En caso de ataques militares contra sus líneas operativas, estas son reemplazables, advierte el experto.
“Las intervenciones están dirigidas a la parte más baja de la cadena y esa es la parte bastante reemplazable. Aunque lo desplazas o desvíes para otro lado, los mismos narcotraficantes van a poder encontrar reemplazo para ese tipo de actividad”, argumenta.
Adaptación del crimen organizado
Este experto es de la idea de que, cuando la política antidroga se enfoca en las rutas de los países para presionar a los cárteles de la droga, estos buscan otras salidas para mantener a flote su negocio.
De esta manera, las rutas cambian, los actores menores pueden ser sustituidos por otros y el flujo hacia el destino final —el mercado más importante de la droga, EE. UU.— solo se reorganiza.
“Hay varios componentes que hay que tener en cuenta para enfrentar el narcotráfico y uno de ellos es utilizar la fuerza. Hay que demostrar que tienes la fuerza, que tienes el monopolio de la fuerza. Entiendo la lógica. Lo que pasa es que las Fuerzas Armadas no están entrenadas para hacer ese tipo de tarea”, explica Dudley.
En marzo de este año, el presidente Trump organizó una cumbre en Florida para presentar el Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada junto con gobiernos del hemisferio ideológicamente afines, a la cual no asistieron tres de los países con mayor impacto en el narcotráfico: Colombia, México y Brasil.
El plan ha despertado críticas por priorizar el uso de las fuerzas armadas de la región y concentrar las tareas de los ejércitos en el combate al narcotráfico, sin ampliar los fondos de cooperación económica destinados a los países.
También: Realidades y dudas en la cruzada militar antinarcos de Trump
Para Dudley, si bien se intenta impulsar un combate más decidido contra el narcotráfico con los militares, esto “puede generar algunos efectos positivos a corto plazo, (pero) mantener ese tipo de presencia física en lugares donde hay grandes actividades de narcotráfico, por ejemplo, es muy difícil. Así que, a largo plazo, presenta más problemas que resuelve”.
Deslice para más información
Ante las exitosas incautaciones de droga rumbo a Estados Unidos, el jefe de la Guardia Costera, el almirante Kevin Lunday, ha dicho que la máxima prioridad es controlar la totalidad de las fronteras y las costas estadounidense para hacer frente al problema.
Y que la histórica cantidad de cocaína incautada en 2025 “demuestra que estamos desbaratando las operaciones de los cárteles y grupos narcoterroristas para proteger a nuestras comunidades y mantener las drogas peligrosas fuera de nuestras calles».
La corrupción: parte del ecosistema criminal
Guadalupe Correa, profesora de Política y Gobierno de la Universidad George Mason, sostiene que el narcotráfico no funciona mediante estructuras piramidales, sino a través de redes amplias.
Según la experta, en muchos países latinoamericanos ha quedado claro que el problema de narcóticos no es una cuestión sólo de cárteles, pandillas u otros grupos transnacionales del crimen organizado, sino que el problema involucra a otros actores: políticos, empresarios, policías y redes financieras.
“Cuando se habla de crimen organizado, se habla también de corrupción. Tenemos personas que cometen crímenes, que lavan dinero, que piden sobornos, o que otorgan sobornos, o que viven de sobornos en la política”, afirmó Correa.
México ha sido testigo de cómo se profundiza el problema cuando el crimen se incrusta en las estructuras del Estado. En abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios electos de presuntos vínculos con el narcotráfico.
Con el paso de los días, la lista se ha ampliado a otros gobernadores, como Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, ambos acusados por los fiscales estadounidenses de cargos similares.
Para Correa, la corrupción es el mecanismo que permite que la extorsión, el tráfico de drogas, la trata de personas, el secuestro y el lavado de dinero se sostengan en el tiempo.
De interés: Ocho años del presidente Juan Orlando Hernández, ocho años de corrupción
La compra de voluntades —apunta Correa— es clave para que unidades del crimen controlen territorios, transporten y muevan cargamentos de ilícitos, y laven activos con la protección de funcionarios.
Correa insiste en que no se trata de un grupo dirigido por una o dos personas, sino de una red conectada en diferentes estratos del tejido social.
“No se trata de un cártel; no se trata de un grupo que está liderado por una persona, sino de una red que conecta y un ecosistema que facilita los crímenes de muchas maneras. Y la protección política es muy importante”, señala.
Ella enfatiza que la corrupción no se puede explicar por sí sola sin el crimen organizado de trasfondo.
Costa Rica ya no es invisible
La creciente incursión del crimen organizado en Costa Rica —el país centroamericano considerado como el más estable, con índices de desarrollo humano superiores a la media regional, sin Ejército y con una estabilidad democrática sin par en la región— ha pasado a engrosar las estadísticas del crimen.
Vea también: Costa Rica refuerza alianza con EE. UU. frente al crimen organizado
“El crimen organizado, el narcotráfico, las pandillas se expandieron, como se ha expandido en toda la región, precisamente por la capacidad que existe (…). Y por la poca vigilancia en Costa Rica porque realmente nadie le hacía caso”, afirma Correa.
A su criterio, el crimen organizado, las estructuras del narcotráfico y algunas dinámicas propias del accionar de pandillas crecieron en el país centroamericano con modelos descentralizados “que se reproducen como franquicias”. Una lógica criminal de larga data en otros países de la región.
La presienta de Costa Rica, Laura Fernández, reconoció a finales de mayo que el Gobierno, el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa han fallado para desarticular el crimen organizado.
La mandataria dijo que ha comenzado una revisión profunda de todo el accionar estatal, reuniéndose con cuerpos policiales y con cuadros técnicos y políticos para redefinir las respuestas del Estado al crimen.
“No puede ser que delincuentes de tan alto calibre estén desde la cárcel operando en la banda criminal a la que pertenecían o a la que siguen perteneciendo”, afirmó Fernández a medios de prensa.
Fragmentación y el riesgo de perder confianza
Dudley y Correa coinciden en poner límites a la militarización. Según el primero, la intervención de las Fuerzas Armadas puede generar corrupción institucional y deteriorar la reputación de una de las instituciones más valoradas en varios países.
También: Élites y crimen organizado en Nicaragua
Para Correa, concentrar solo la respuesta militar también impide comprender el problema en su dimensión integral. “Se ha abusado del tema militar, de la policía, la policía semi-militarizada, y eso mismo ha generado una fragmentación de las estructuras criminales”, opina.
Los expertos concuerdan en que la dinámica de descabezar los cárteles es contraproducente para los objetivos previstos, pues en muchos casos tiende a fragmentar el problema; al cortar la cabeza de una de esas estructuras, suelen surgir dos o más nuevas.
Agregan que, cuando se genera fuerte presión sobre una ruta del narcotráfico, en poco tiempo aparecen otros corredores alternativos.
Asimismo, Correa señala que, si los países despliegan más fuerza, los grupos suelen apostar también por conseguir más recursos que les permitan hacer contrapeso.
En el fondo —subraya Correa—, las grandes ganadoras de la guerra contra el narcotráfico son las compañías de la industria armamentística “que venden armas, que venden equipo de guerra, y que han estado acompañando a las agencias de seguridad”.
De interés: Comunidad internacional se alinea en contra del Cartel de los Soles
Apunta además que la designación de los cárteles de la droga como organizaciones terroristas conlleva una mayor intervención militar y estratégica de EE. UU. en el hemisferio occidental.
“Tenemos que entender la cuestión geopolítica y cómo, por ejemplo, cómo la política de drogas de EE. UU. se ha enfocado en querer tener presencia geoestratégica con sus agencias de seguridad (en Latinoamérica)”, señala.
El combate al lavado de activos
Ambos expertos consideran que, en la guerra antidrogas, la clave es seguir el dinero ilícito, pues, mientras no se afine el combate al lavado de dinero, la corrupción y la impunidad, la presencia militar seguirá siendo un parche ante el problema.
Correa y Dudley coinciden en que las drogas son sólo una parte del negocio, ya que los cárteles han desarrollado varios métodos para ampliar sus mercados y operaciones en las zonas grises con otras formas de negocios ilícitos como el tráfico humano y la trata de personas.
Por ello, sostienen que deben plantearse nuevos objetivos más allá de las cantidades de droga decomisada: identificar quiénes protegen las rutas, dónde se lava el dinero y qué instituciones en los Estados miran a otro lado ante el problema.
“Si seguimos permitiendo que los empresarios de lo lícito operen en lo ilícito y si seguimos permitiendo que todo el gobierno esté vinculado con este tipo de estructuras criminales, pues se les va a hacer mucho más sencillo (a los criminales)”, puntualiza Correa.
Así, la región se enfrenta a un gran dilema porque a medida que se militariza la respuesta, sin que haya cambios en las condiciones que sostienen el crimen organizado, este sólo se adaptará a nuevas dinámicas para seguir funcionando.
