Cuba y Nicaragua: ¿cuánto más podrán contener la presión de EE. UU.?
El control interno, la represión y el respaldo de países como China, Rusia e Irán ayudan a explicar la permanencia de los gobiernos de Cuba y Nicaragua.
Los gobiernos de Cuba y Nicaragua han contenido durante años las sanciones de EE. UU. y el aislamiento diplomático. En la isla, el Partido Comunista ha consolidado más de seis décadas de control del poder; en Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo han profundizado, en los últimos ocho años, la concentración del poder político y familiar.
Las perspectivas de ambos países y el alcance de la presión de Washington fueron parte del debate en el foro Mareas cambiantes: transformaciones estratégicas y geopolíticas en Centroamérica, celebrado el lunes 26 de octubre en Washington y organizado por la Iniciativa de Estudios sobre América Latina (LASI) de la Universidad Johns Hopkins, junto con las universidades de Tulane y Oklahoma.
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En el panel Autoritarismo y potencias extrarregionales: el futuro de Nicaragua y Cuba, tres especialistas coincidieron en que el futuro de ambos gobiernos no depende únicamente de las decisiones de EE. UU.
También cuentan la capacidad represiva de los Estados, las dificultades de la oposición para organizarse dentro de sus países y el apoyo de China y Rusia.
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La presión de Washington y sus límites
Miriam Kornblith, directora para América Latina y el Caribe del National Endowment for Democracy (NED), planteó que es necesario distinguir entre Venezuela, Cuba y Nicaragua, tres países que suelen agruparse por sus rasgos autoritarios, pero que tienen historias políticas y capacidades opositoras diferentes.
Venezuela cuenta con una tradición de competencia electoral que ha permitido a la oposición organizarse, documentar resultados y reivindicar victorias que el gobierno no ha reconocido.
Esa experiencia, señaló Kornblith, contrasta con la situación de Cuba, donde el Partido Comunista ha construido durante más de seis décadas una estructura de control que limita la posibilidad de que surja una alternativa política organizada.
Kornblith también se refirió a la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026 y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos federales.
La operación, sin precedentes recientes en la región salvo por referencias históricas como la intervención estadounidense en Panamá en 1989, abrió interrogantes sobre los alcances y las consecuencias de la estrategia de Washington.
La especialista venezolana advirtió que las consecuencias de acciones como la captura de Nicolás Maduro deben evaluarse con cautela. Aunque algunos sectores las respaldan, sus efectos políticos e institucionales aún están por verse.
En el caso cubano, Washington ha optado por mantener y endurecer la presión económica y diplomática con la expectativa de provocar cambios.
Sin embargo, la evolución de estos gobiernos también está vinculada a sus relaciones con países externos, como China y Rusia, interesados en conservar influencia en América Latina y acceso a recursos estratégicos, incluidos los minerales críticos.
Al analizar Venezuela, Kornblith señaló que la estrategia estadounidense ha construido un esquema de presión significativo. A su juicio, sigue pendiente abordar problemas estructurales que contribuyeron al deterioro institucional venezolano, entre ellos la corrupción.
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La discusión también abordó el futuro de Cuba y Nicaragua ante el aumento de la presión de Washington. Mientras la política estadounidense hacia Cuba mantiene un fuerte componente de aislamiento económico, Nicaragua enfrenta presión diplomática y cuestionamientos en foros internacionales.
China y Rusia representan dos variables importantes en ese escenario. Ambos países mantienen relaciones económicas y acuerdos de cooperación con La Habana y Managua, aunque el alcance concreto de su respaldo y su disposición a sostener a esos gobiernos en momentos de crisis deben analizarse por separado.
Nicaragua: un poder familiar sostenido desde el exterior
Juan Sebastián Chamorro, dirigente nicaragüense vinculado al movimiento Ciudadanos por la Libertad, describió al régimen de Ortega y Murillo como un “Estado y organización criminales”. En su opinión, el Gobierno ha adoptado prácticas que recuerdan a las de regímenes aliados de la antigua Unión Soviética y a las de Corea del Norte.
Chamorro fue encarcelado en 2021, cuando buscaba una precandidatura presidencial para competir contra el Frente Sandinista. En febrero de 2023 fue liberado y expulsado a EE. UU. junto con otros presos políticos.
El dirigente considera que Ortega y Murillo buscan consolidar una dinastía familiar. “Básicamente estamos hablando de un negocio familiar, un régimen de familia, basado en una casita”, afirmó.
Para Chamorro, la política exterior del régimen, bajo su retórica antiestadounidense, es una pieza central de su estrategia de supervivencia. “El plan exterior de Ortega es un elemento importante para la supervivencia del régimen. Ortega está alineado con los rusos, los iraníes y con los chinos para sostener su propio poder”, dijo.
Un estudio de Expediente Abierto y la Fundación del Río documenta la participación de empresas chinas en proyectos mineros en Nicaragua. Según la investigación, las concesiones vinculadas a compañías chinas abarcarían alrededor del 8.5% del territorio nacional.
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En el caso de Rusia, Expediente Abierto han señalado la presencia de instalaciones y acuerdos que, según el centro de análisis, amplían las capacidades rusas de vigilancia y cooperación militar con las instituciones nicaragüenses.
Expediente Abierto sostiene que estos vínculos tienen implicaciones que van más allá de la afinidad ideológica. A su juicio, Nicaragua representa una amenaza para la seguridad hemisférica, al convertirse en una plataforma para ampliar la influencia de Rusia, China e Irán en la región.
Chamorro afirmó que, durante los últimos ocho años, el régimen ha perfeccionado junto a sus redes de apoyo, sus mecanismos de represión, modificado el marco jurídico para consolidar su poder y utilizado a la Policía y a las fuerzas armadas para controlar a la población.
Cuba: represión, migración y una oposición dispersa
Ricardo Torres, investigador y profesor cubano de American University, en Washington, explicó que la permanencia del sistema cubano responde a una combinación de factores económicos, sociales, internos y externos. El respaldo internacional ha influido en distintas etapas, pero no explica por sí solo la continuidad del Partido Comunista.
La migración también ha tenido consecuencias políticas. La salida de cubanos hacia EE. UU., Europa y otros países de América Latina ha reducido, según Torres, la capacidad de organización dentro de la isla, ya que muchos de los emigrantes son personas con capacidad de liderazgo.
“Se podría decir que en Cuba el grupo de personas emigrantes son los más importantes para una acción colectiva”, sostuvo.
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A ello se suma la falta de coordinación entre los sectores opositores, que ha dificultado la formación de un movimiento capaz de desafiar de manera sostenida al Gobierno cubano.
Torres subrayó, no obstante, que las protestas locales han desmontado la idea de que en Cuba no existe movilización ciudadana. El problema es que esas expresiones suelen mantenerse dispersas y no logran convertirse en movimientos nacionales.
“Los factores domésticos y extranjeros son importantes para explicar la llamada resiliencia cubana. Mi opinión es que, en general, especialmente en los últimos seis años, los factores domésticos son más importantes para explicar las dinámicas actuales en Cuba”, afirmó.
¿Pueden la represión y la emigración debilitar a la oposición?
Para Torres, la capacidad represiva del Estado es uno de los factores centrales para entender la permanencia del Gobierno cubano. “Lo que hemos visto en los últimos seis años es una aproximación muy clara de esa dinámica de represión”, señaló.
El Gobierno, agregó, ha utilizado los recursos a su alcance para impedir que las protestas se transformen en movilizaciones de mayor escala, capaces de provocar un punto de inflexión.
La dirigencia del Partido Comunista, por su parte, también ha demostrado capacidad para adaptarse a sucesivas crisis económicas y sociales.
La oposición enfrenta el desafío de organizar a una población dispersa en un contexto en el que el Estado conserva el control de buena parte de la vida política, económica y social.
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En declaraciones a Expediente Público, Torres señaló que el Gobierno cubano ha desaprovechado oportunidades de reforma que durante años le han planteado sus socios internacionales, entre ellos Vietnam, China, Rusia e incluso la Unión Europea.
En medio de la crisis actual, agregó, esas potencias no han proporcionado el respaldo que las autoridades cubanas podrían haber esperado.
Nicaragua: ¿se agota el tiempo del régimen?
Chamorro afirmó a Expediente Público que Ortega y Murillo afrontan dificultades para garantizar la continuidad del poder familiar y que eso abre desafíos y oportunidades para la oposición en el exilio.
El dirigente considera que la presión internacional podría contribuir a una transición, aunque su impacto dependerá de la coordinación entre los gobiernos que promueven una salida democrática y de la capacidad de la oposición para sostener una estrategia.
“A Ortega y Murillo se les está acabando el tiempo, no solo político, sino también biológico. Los proyectos cívicos, pacíficos y no violentos tienden a tomar más tiempo, pero tienen una mayor probabilidad de éxito”, afirmó.
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Chamorro considera que la presión diplomática, financiera, económica y política sobre el régimen está dando resultados. También expresó su expectativa de que EE. UU., la Unión Europea y los países de la región impulsen una transición democrática.
El desafío de reconstruir la sociedad civil
Kornblith señaló que uno de los principales desafíos en Cuba y Nicaragua es la capacidad de la sociedad civil para organizarse de manera independiente.
Según la especialista venezolana, ambos gobiernos han restringido de forma sistemática los espacios de participación ciudadana, incluidas las organizaciones no gubernamentales, los movimientos cívicos y las iglesias.
La destrucción o el cierre de esos espacios dificulta la articulación de la oposición dentro de los países y aumenta la importancia de las comunidades en el exilio, que mantienen vínculos con activistas y organizaciones locales.
El panorama de Nicaragua quedó reflejado también en las denuncias presentadas por organizaciones sociales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante su 197.º período de sesiones, celebrado en Ciudad de Panamá.
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Según los datos expuestos por esas organizaciones, durante más de ocho años de crisis se canceló la personalidad jurídica de unas 5.663 organizaciones, entre ellas 1.341 religiosas.
Las denuncias también incluyeron confiscaciones de bienes, cobros impuestos a organizaciones después de la cancelación de su personalidad jurídica, encarcelamientos y expulsiones de opositores.
Las sanciones y la presión diplomática, por sí solas, no garantizan una transición democrática. El desenlace también dependerá de la capacidad de la oposición para organizarse, de la resistencia de la sociedad civil y de la disposición de los países externos a sostener su apoyo a La Habana y Managua.
