La persecución religiosa en Nicaragua trasciende los templos
Ante la CIDH, defensores de derechos humanos denunciaron la cancelación de más de 1.300 entidades religiosas, la confiscación de propiedades, la vigilancia de las iglesias y la detención y expulsión de religiosos críticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La persecución religiosa en Nicaragua trasciende la prohibición de procesiones y la expulsión de religiosos críticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. También aumenta la cancelación de organizaciones católicas y evangélicas y la confiscación de sus bienes.
El 26 de octubre, organizaciones de la sociedad civil y representantes de comunidades religiosas denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una audiencia celebrada en Ciudad de Panamá, las restricciones que enfrenta la libertad de religión y de creencias en Nicaragua.
Los participantes expusieron denuncias y datos sobre detenciones arbitrarias, confiscaciones, desapariciones forzadas, expulsiones del país y limitaciones contra las personas religiosas críticas al régimen.
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También advirtieron sobre las consecuencias de estas medidas para la autonomía de las iglesias y la capacidad de las comunidades de mantener sus actividades religiosas, educativas y humanitarias.
La audiencia, titulada Nicaragua: Situación de la libertad de religión y creencias, examinó las restricciones en un contexto de concentración del poder y reducción del espacio cívico.
Desde su salida de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 2021, el Gobierno de Nicaragua no participa en las audiencias de la CIDH para responder a los señalamientos de violaciones de derechos humanos.
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Durante la sesión, las organizaciones denunciaron que las restricciones no se limitan a las celebraciones religiosas. También afectan la estructura institucional de las iglesias, sus relaciones con entidades internacionales y su capacidad para acompañar a las comunidades, en especial a las más vulnerables.
Más de 1.300 organizaciones religiosas canceladas
Katy Lechado, integrante del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, presentó cifras sobre la magnitud de las cancelaciones de organizaciones religiosas y sus efectos en las comunidades.
Según los datos expuestos durante la audiencia, de aproximadamente 5.663 organizaciones no gubernamentales que han perdido su personalidad jurídica en Nicaragua en los últimos ocho años, unas 1.341 eran entidades religiosas, principalmente vinculadas a las iglesias católica y evangélica.
Lechado señaló que durante 2025 fueron canceladas al menos 18 organizaciones religiosas y que las restricciones administrativas continúan en 2026.
Aunque las resoluciones ministeriales califican las cancelaciones como «disoluciones voluntarias», la activista sostuvo que esa denominación debe analizarse en el contexto de las limitaciones impuestas a la autonomía de las organizaciones.
Las consecuencias van más allá de la desaparición jurídica. Las comunidades pierden propiedades, centros educativos y espacios de reunión, además de su capacidad para desarrollar actividades sociales y humanitarias.
En algunos casos, denunciaron los participantes, las autoridades han puesto bajo control estatal instalaciones que pertenecían a las organizaciones clausuradas, para hacer parecer que las instituciones siguen en función.
Según las cifras presentadas en la audiencia, hasta junio de 2026 se habían identificado 43 propiedades confiscadas vinculadas a la Iglesia católica y a organizaciones relacionadas, entre ellas colegios, universidades y seminarios.
Uno de los casos más emblemáticos es el de la Universidad Centroamericana (UCA), administrada por la Compañía de Jesús, que fue clausurada y confiscada en agosto de 2023. La medida afectó a una institución en la que estudiaban más de 6.000 alumnos.
Reformas constitucionales y autonomía religiosa
Marylaura Acuña, abogada y oficial de incidencia del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), advirtió que las restricciones a la libertad religiosa también deben analizarse a la luz de las reformas constitucionales aprobadas en 2025.
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Según explicó, aunque la nueva Constitución mantiene el carácter laico del Estado y reconoce la libertad de culto, modificó las disposiciones relacionadas con la libertad de conciencia y el ejercicio de las creencias religiosas.
El artículo 21 establece que el Estado es laico, también dispone que ninguna persona u organización puede realizar, al amparo de la religión, actividades que atenten contra el orden público y exige que las organizaciones religiosas se mantengan libres de control extranjero.
Acuña advirtió que la amplitud de estas disposiciones y la falta de criterios claros para aplicarlas pueden facilitar restricciones arbitrarias e injerencias en la autonomía religiosa.
El artículo 63, por su parte, reconoce el derecho individual y colectivo a manifestar las creencias religiosas en privado o en público, pero condiciona su ejercicio al respeto de los principios fundamentales de la Constitución.
Acuña sostuvo que la persecución religiosa se desarrolla en un escenario de concentración absoluta del poder y en un desmantelamiento total de los contrapesos democráticos, en el que las instituciones religiosas críticas pueden convertirse en objetivos de las autoridades.
Las denuncias también alcanzaron a las comunidades de la costa Caribe nicaragüense, donde viven pueblos indígenas, entre ellos los miskitos y comunidades afrodescendientes. Según los participantes, al menos 28 congregaciones de la Iglesia Morava han sido cerradas.
Los representantes señalaron que estas medidas afectan no solo el ejercicio de la fe, sino también las tradiciones culturales y las formas de organización comunitaria de estas poblaciones.
Una persecución selectiva
Un sacerdote nicaragüense, identificado con el nombre ficticio de Marcelo para proteger su identidad, explicó a Expediente Público que la persecución religiosa en Nicaragua es selectiva.
Según su testimonio, mientras algunas parroquias pueden celebrar sus actividades sin mayores obstáculos, otras permanecen bajo vigilancia debido a las posiciones críticas de sus representantes o a su autonomía frente a la dictadura.
“Es un problema muy complejo, porque, por un lado, hay obispos y sacerdotes que entran y salen del país sin ninguna restricción y, por otro, hay religiosos que sí son perseguidos y se les impone seguimiento”, explicó.
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El sacerdote sostuvo que este patrón permite a las autoridades seleccionar a quienes consideran incómodos y recurrir a acusaciones penales relacionadas con asuntos personales, en lugar de cuestionar directamente su labor religiosa.
Entre los casos señalados figura el del obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, quien fue encarcelado en 2022 y posteriormente expulsado del país en 2024. También está el de monseñor Isidoro Mora, obispo de Siuna, detenido en 2023 y expulsado a Roma en enero de 2024.
A estos casos se suma el de monseñor Abelardo Mata, obispo emérito de Estelí, quien fue detenido en junio de 2026. La CIDH expresó preocupación por su situación y pidió información sobre su paradero tras las denuncias de que permanecía bajo arresto domiciliario.
«La estrategia les ha dado resultado porque han logrado instaurar un clima de miedo y desconfianza dentro de toda la Iglesia en Nicaragua, que ha llevado a trastocar todo lo que somos como nicaragüenses», afirmó el sacerdote.
La ONU advierte sobre una política represiva
Claudia Sierra, representante del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), presentó durante la audiencia las conclusiones de las investigaciones de Naciones Unidas sobre la persecución contra personas vinculadas a comunidades religiosas.
Según los datos expuestos por Sierra, entre abril de 2018 y diciembre de 2024 el mecanismo documentó 77 detenciones arbitrarias de personas vinculadas con la Iglesia católica y otras denominaciones cristianas, además de 66 expulsiones del país.
La experta señaló que los informes sucesivos del grupo registran un deterioro de las condiciones para ejercer la libertad religiosa, con denuncias de tortura, desapariciones forzadas, encarcelamientos y violaciones de garantías fundamentales.
Sierra afirmó que la persecución no responde únicamente a actuaciones aisladas, sino a una política impulsada desde las más altas esferas del Estado y ejecutada mediante distintas instituciones.
«Estas violaciones se inscriben en una política de Estado, ordenada desde las más altas autoridades, ejecutada y coordinada por distintas instituciones y sostenida mediante mecanismos legales y administrativos destinados a eliminar las voces críticas y restringir cualquier forma de organización o movilización social independiente», expuso.
De acuerdo con los registros presentados, unas 36 personas vinculadas a comunidades religiosas han sido condenadas a largas penas de prisión.
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Entre las 66 personas expulsadas, explicó Sierra, figuran obispos, sacerdotes, pastores evangélicos, seminaristas, monjas y laicos relacionados con actividades religiosas, educativas, humanitarias y de defensa de los derechos humanos.
El GHREN ha señalado que existen motivos razonables para considerar que determinados actos de encarcelamiento, tortura y deportación cometidos contra integrantes de comunidades cristianas podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
Semana Santa y otras fechas bajo vigilancia
Socorro Rodríguez, representante de Christian Solidarity Worldwide (CSW), explicó que las restricciones a la libertad religiosa se intensifican durante algunas fechas del calendario litúrgico, especialmente la Cuaresma y la Semana Santa.
Según los registros de la organización, durante estos períodos se han producido interrogatorios, detenciones y vigilancia de sacerdotes y pastores evangélicos.
En la Semana Santa de 2025, CSW documentó 67 incidentes contra iglesias católicas y 16 contra comunidades evangélicas.
Rodríguez indicó que en 2026 se registraron 53 incidentes contra la libertad religiosa entre el Miércoles de Ceniza y el final de la Semana Santa, además de detenciones temporales de líderes religiosos.
La vigilancia también alcanza la organización de las procesiones. Según las denuncias presentadas, incluso cuando las autoridades autorizan estas actividades, las alcaldías controladas por el oficialismo intervienen en la selección de quienes cargan las imágenes religiosas.
Los participantes señalaron que la presencia policial, las restricciones a los recorridos tradicionales y la infiltración de elementos afines a la dictadura imponen un “clima de miedo” en las celebraciones.
Rodríguez denunció, además, que agentes estatales han solicitado a administradores de redes sociales de iglesias evangélicas información sobre sus miembros y contraseñas de acceso.
La CIDH vincula la libertad religiosa con la democracia
Al concluir las exposiciones, los comisionados de la CIDH centraron sus intervenciones en las consecuencias sociales y políticas de las denuncias y en el vínculo entre la libertad religiosa, el pluralismo y las garantías democráticas.
La comisionada y relatora para Nicaragua, Rosa María Payá, cuestionó los intentos de proyectar una imagen de normalidad religiosa mientras persisten mecanismos de control sobre las iglesias.
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También pidió información sobre las personas detenidas y desaparecidas y sobre las consecuencias que tiene el cierre de instituciones religiosas para las comunidades vulnerables.
«Se pretende presentar a la comunidad internacional una imagen de normalidad de la práctica religiosa, en la cual, según entendí, incluso las personas que cargan los santos en las procesiones religiosas son designadas por el partido. Es un desarrollo bastante torcido de lo que la expresión y la libertad religiosas son», señaló Payá.
Por su parte, el comisionado José Luis Caballero advirtió que la intervención estatal denunciada en la organización interna de las iglesias plantea interrogantes sobre el respeto al principio de separación entre el Estado y las instituciones religiosas.
El presidente de la CIDH, Edgar Stuardo Ralón, recordó que la libertad religiosa y de creencias es un derecho humano fundamental, no una concesión de las autoridades.
«Nadie debería enfrentar persecución, intimidación, encarcelamiento o exilio por sus creencias religiosas», afirmó.
Los participantes solicitaron a la CIDH que mantenga el seguimiento de la situación de Nicaragua desde la perspectiva de la libertad religiosa y promueva medidas dentro del Sistema Interamericano para restablecer las garantías y libertades afectadas.
La audiencia se celebró semanas después de que, el 2 de octubre, los cancilleres de los países miembros de la OEA aprobaran un periodo de 90 días para definir acciones concretas contra el régimen nicaragüense.
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La resolución contempla gestiones diplomáticas, diálogo con distintos sectores del país y recomendaciones sobre posibles acciones diplomáticas y jurídicas.
En ese contexto, las denuncias ante la CIDH incorporan la libertad religiosa a una discusión más amplia sobre el deterioro de los derechos humanos, el cierre del espacio cívico y las garantías democráticas en Nicaragua.
