Guatemala, sin una cifra clara de homicidios
Dos instituciones públicas y una organización civil ofrecen cifras distintas sobre los homicidios en Guatemala. Las discrepancias van más allá de una diferencia numérica: plantean dudas sobre cómo se registran las muertes violentas y por qué las autoridades no logran explicar las brechas.
¿Cuántos homicidios ocurren realmente en Guatemala? La respuesta depende de la fuente consultada. Los registros de la Policía Nacional Civil (PNC), el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y Diálogos Guatemala presentan diferencias en sus datos.
En 2023, la PNC registró 2.944 homicidios, mientras que el INACIF reportó 3.211 muertes por esta causa. Diálogos Guatemala, un centro de pensamiento que analiza la violencia y la seguridad ciudadana mediante el monitoreo de datos, contabilizó 2.571 casos.
La diferencia entre los registros de la PNC y el INACIF fue de 267 casos. Entre el INACIF y Diálogos Guatemala, la brecha ascendió a 640.
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En 2024, la PNC reportó 2.869 homicidios y el INACIF, 3.310 muertes violentas. Diálogos Guatemala contabilizó 2.506 casos. La diferencia entre los registros policiales y forenses fue de 441 casos, mientras que entre el INACIF y Diálogos Guatemala alcanzó los 804.
En 2025, la PNC contabilizó 3.139 homicidios y el INACIF registró 3.753 muertes por esta causa. Diálogos Guatemala reportó 2.749 casos. La brecha entre los datos policiales y forenses llegó a 614, mientras que la diferencia entre el INACIF y Diálogos Guatemala fue de 1.004 casos.
Para establecer las causas de las diferencias en los datos, es necesario tomar en cuenta las definiciones, los criterios de inclusión, las fechas de corte y los mecanismos de actualización de cada registro.
El INACIF reporta más muertes
De las tres fuentes, la del INACIF presenta los valores más altos en cada uno de los años analizados. Sin embargo, sus registros no deben interpretarse automáticamente como un recuento definitivo de homicidios.
Las dos instituciones públicas participan en el registro de muertes violentas, pero sus estadísticas pueden responder a criterios diferentes. El INACIF documenta los fallecimientos que examina, aunque determinar si se trata de un homicidio puede requerir una investigación policial. La Policía, por su parte, contabiliza los casos que clasifica como homicidios según sus propios procedimientos.
Las diferencias metodológicas podrían contribuir a explicar parte de la brecha, pero no permiten determinar por sí solas por qué los registros no coinciden. Para hacerlo, las instituciones deben precisar sus definiciones, los criterios de inclusión, las fechas de corte y los mecanismos utilizados para actualizar o corregir los datos.
Jorge Aguilar, vocero del Ministerio de Gobernación (Mingob), aseguró que las cifras de la PNC son las reales, porque corresponden a los hechos de violencia registrados oficialmente por las autoridades después de la investigación policial.
Al preguntarle por qué los datos del INACIF no coinciden con los de Gobernación, Aguilar señaló que podría existir un cruce de información entre homicidios y fallecimientos por causas naturales. El funcionario ofreció verificar los datos y ampliar la explicación, pero al cierre de este reportaje no se había recibido la información prometida.
Sin una respuesta concluyente, no es posible establecer si las discrepancias se deben a diferencias metodológicas, registros incompletos, actualizaciones posteriores o errores de clasificación. Tampoco hay elementos suficientes para afirmar que alguna institución manipule deliberadamente sus estadísticas.
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«Parece que solo están jugando con las cifras»
Para Mario Valdés, analista y consultor del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), una organización guatemalteca dedicada a la defensa de los derechos humanos y al monitoreo de la violencia y la seguridad ciudadana, la falta de coincidencia entre los registros resulta preocupante.
A su juicio, la información de las instituciones públicas debería permitir una lectura más clara de la violencia en el país. Valdés considera que las dificultades de coordinación entre entidades estatales no son inusuales, pero cuestiona que se mantengan en estadísticas fundamentales para evaluar la seguridad pública.
El analista sostiene que las discrepancias dificultan comparar la situación nacional y determinar si las medidas de seguridad están dando resultados. También critica que las autoridades no ofrezcan una explicación suficiente sobre las diferencias entre los registros.
«Parece que solo están jugando con las cifras, dando un informe maquillado», señaló Valdés a Expediente Público, al expresar sus dudas sobre la información divulgada por las autoridades.
El consultor de GAM vincula su preocupación con los recursos destinados a la seguridad, los patrullajes y otras acciones para combatir la violencia. A su juicio, el aumento del presupuesto de seguridad debe ir acompañado de información consistente y verificable que permita evaluar si esos recursos se traducen en resultados.
Sin datos unificados, Valdés sospecha que algunas cifras podrían estar maquilladas, pero los datos disponibles para este reportaje no permiten confirmar que las autoridades las manipulen.
El problema que sí puede documentarse es que los registros comparados presentan diferencias y que, hasta el cierre de esta nota, no se había recibido una explicación institucional suficiente para conciliarlos.
Para Valdés, esta falta de claridad también afecta la percepción ciudadana sobre la respuesta estatal ante la violencia. Sin datos precios, sostiene, resulta más difícil dimensionar el problema y evaluar la eficacia de las medidas para combatirlo.
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La violencia que atienden los bomberos
Mientras las instituciones presentan estadísticas diferentes, los cuerpos de socorro atienden a diario emergencias relacionadas con ataques armados, accidentes de tránsito y otros incidentes que ponen en riesgo la vida de las personas.
Alfredo Martínez, portavoz de los Bomberos Voluntarios, explicó a Expediente Público que, cuando una persona fallece dentro de una ambulancia, la institución informa sobre el hecho tanto a la Policía como al instituto forense.
Cuando una persona muere en la vía pública, la PNC, el Ministerio Público y el INACIF intervienen, de acuerdo con sus respectivas competencias, para documentar el caso y darle seguimiento.
Este procedimiento muestra que los cuerpos de socorro notifican los fallecimientos a las instituciones competentes. Sin embargo, no permite establecer si la información recibida se incorpora de la misma manera en las estadísticas nacionales.
Martínez indicó que los socorristas atienden diariamente numerosas emergencias, entre ellas ataques armados y accidentes de tránsito. Según el material proporcionado para este reportaje, el promedio se sitúa entre 35 y 45 emergencias diarias de este tipo.
La cifra refleja la carga de trabajo de los cuerpos de socorro, pero no equivale a 35 o 45 homicidios diarios, ya que no todas las emergencias que atienen terminan en fallecimientos.
La información proporcionada por los bomberos permite conocer parte del procedimiento de notificación. Lo que sigue sin aclararse es cómo se integran esos reportes en las bases de datos nacionales y en qué medida contribuyen a las diferencias entre los registros policiales y forenses.
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Diálogos utiliza cifras oficiales
Walter López, director de Diálogos Guatemala, explicó que la organización utiliza criterios propios para analizar posibles hechos criminales y elaborar sus informes sobre violencia homicida.
López aclaró que los registros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) no permiten determinar directamente el número de homicidios, por lo que sus estadísticas no son estrictamente comparables con las de Diálogos Guatemala.
Una vez al año, la organización contrasta sus registros con las estadísticas de necropsias del Inacif mediante un proxy, es decir, un indicador indirecto que permite evaluar si ambos conjuntos de datos muestran tendencias similares. López precisó que este ejercicio no constituye una comparación directa, ya que no todas las necropsias corresponden necesariamente a homicidios.
El objetivo, explicó, es identificar posibles discrepancias entre los registros y determinar si las categorías que utiliza Diálogos Guatemala para estimar los hechos criminales muestran tendencias similares a las de las estadísticas forenses.
Esta aclaración permite comprender por qué las cifras de homicidios de las instituciones guatemaltecas pueden diferir sin que ello implique necesariamente que alguna sea incorrecta. Las discrepancias pueden responder a las metodologías empleadas, los criterios de clasificación y el tipo de información que registra cada entidad.
La preocupación por el aumento de la violencia
Cecilia García, criminóloga y catedrática en Guatemala, considera que la falta de cifras coincidentes dificulta que la ciudadanía conozca la dimensión de la violencia y evalúe la respuesta de las autoridades.
Si las instituciones presentan resultados distintos, explica a Expediente Público, la población necesita conocer las razones de esas diferencias y la metodología utilizada para construir cada registro.
Para García, el Gobierno debe aclarar las estadísticas. La información no solo permite evaluar el desempeño institucional, sino también comprender los riesgos y tomar decisiones informadas.
Su planteamiento apunta a la necesidad de contar con datos confiables para identificar dónde se concentran los hechos violentos, cómo evolucionan y qué medidas pueden contribuir a prevenirlos.
La falta de estadísticas unificadas también dificulta el análisis de las tendencias. Los registros disponibles muestran aumentos entre 2023 y 2025 en las cifras atribuidas a la PNC y al INACIF. Sin embargo, antes de atribuir esas variaciones a una causa específica o utilizarlas para evaluar una política pública, es necesario tener datos confiables.
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2026: las diferencias continúan
La discrepancia también aparece en los datos parciales de 2026. Entre el 1 de enero y el 27 de septiembre, la PNC reportó 2.299 homicidios, mientras que el INACIF registró 3.135 muertes por esta causa. La diferencia entre ambos registros es de 836 casos.
Los datos parciales de 2026 tampoco deben compararse directamente con los totales de años completos. Para identificar tendencias es necesario utilizar períodos equivalentes, confirmar las fechas de actualización y comprobar si las cifras fueron revisadas después de su publicación inicial.
La información disponible indica que las diferencias entre los registros no se limitan a un solo año. Se repite en los últimos tres.
Una explicación que sigue pendiente
Las diferencias entre las estadísticas no son únicamente una cuestión numérica. También plantean preguntas sobre la coordinación entre las instituciones y la capacidad del Estado para ofrecer información clara sobre la violencia que afecta al país.
El Mingob defiende sus cifras, pero la explicación ofrecida sobre un posible cruce entre homicidios y fallecimientos por causas naturales no resuelve del todo las diferencias con el INACIF.
También es necesario precisar la procedencia de las cifras atribuidas a Diálogos Guatemala y explicar por qué difieren de las otras fuentes.
Para aclarar las discrepancias, las instituciones deben explicar cómo definen un homicidio, qué registros utilizan, cómo identifican posibles duplicaciones, cuándo actualizan sus bases y de qué manera concilian las muertes documentadas por los servicios forenses con los hechos reportados por la Policía.
«Sin esa información, la ciudadanía queda ante tres cifras distintas para medir un mismo problema, sin elementos suficientes para determinar qué parte de la diferencia corresponde a los métodos de registro y qué parte podría obedecer a inconsistencias que deban corregirse», comentó García a Expediente Público.
Mientras las instituciones no expliquen por qué sus registros difieren, Guatemala seguirá sin una base estadística suficientemente clara para dimensionar la violencia homicida y evaluar la respuesta del Estado.
