La plataforma TuPista.gt, donde se publican los datos de los más buscados, lleva un año y medio sin actualizarse.
El Ministerio de Gobernación informó a Expediente Público que Estados Unidos dejó de dar fondos de cooperación para mantener el proyecto.
Analistas advierten que la persecución penal no debe limitarse a rostros individuales, sino enfocarse en desarticular redes transnacionales.
Expediente Público
El programa que busca apoyo ciudadano para localizar a los prófugos de la justicia no ha actualizado sus perfiles desde hace un año y medio. El Ministerio de Gobernación (Mingob) afirmó a Expediente Público que la falta de recursos provenientes de Estados Unidos y problemas con el servidor han impedido renovar la plataforma.
La plataforma dejó de actualizarse en diciembre de 2024. Por esta razón, los 14 pandilleros que se fugaron de la cárcel de máxima seguridad en septiembre del año pasado no fueron incorporados a la lista.
La lista se publica en la plataforma TuPista.gt. Es una iniciativa desarrollada por la organización estadounidense Crime Stoppers International (CSI) con el apoyo de instituciones públicas como el Ministerio de la Defensa, el Ministerio de Gobernación (Mingob) y la Policía Nacional Civil, que son colaboradores para la investigación criminal.
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Los perfiles publicados incluyen estos datos de los prófugos: fotografía, nombre completo, alias, delitos atribuidos y el departamento donde se presume que podrían encontrarse o donde ocurrieron los hechos por los cuales son buscados.
Al inicio del proyecto, en enero de 2021, el listado incluyó a 100 personas. Con el paso de los años se redujo a 52 perfiles. Estos dan una fotografía de la criminalidad en Guatemala.
La mayoría de los casos se concentran en departamentos fronterizos o con amplia conectividad terrestre. Según la plataforma, 39 se encuentran en estos lugares. En estos sitios, las organizaciones criminales aprovechan la geografía para movilizar personas, drogas, armas y dinero.
También aparecen 13 casos registrados en áreas metropolitanas. En estas zonas urbanas, los delitos predominantes son asesinatos, principalmente tipo sicariato, y extorsiones.
Falta de recursos para el plan de los más buscados
Jorge Aguilar, vocero del Ministerio de Gobernación, afirmó a Expediente Público que la institución recibía recursos de cooperación estadounidense destinados, entre otros aspectos, al mantenimiento y actualización de la plataforma de los más buscados.
Agregó que los fondos empezaron a mermar y esto limitó la capacidad de las autoridades para mantener vigente la información, hasta que la plataforma quedó obsoleta en diciembre de 2024.
“Sin la plataforma actualizada se nos dificulta más darle a conocer a la población los casos de los más buscados porque podrían estar entre ellos”, señaló Aguilar.
Añadió que el funcionamiento y actualización de este tipo de herramientas depende también de los recursos de las instituciones de seguridad.
Recalcó que la reducción del financiamiento de cooperación estadounidense dejó a la PNC y al Ministerio de Gobernación con limitaciones para continuar realizando las actualizaciones con la periodicidad que se había establecido.
Una estrategia basada en la denuncia anónima
La plataforma TuPista.gt no solo publica los perfiles de los más buscados, sino que también recibe denuncias anónimas sobre distintos delitos. Se enfoca en extorsiones, pandillas, drogas, homicidio y feminicidio, trata de personas, tráfico ilegal de migrantes, contrabando, corrupción y lavado de activos.
La lista de los más buscados la define el Mingob, por medio de las órdenes de captura que salen del Organismo Judicial.
La CSI se encarga de publicar los datos de los señalados y recolectar información que pueda ser útil para ubicarlos. Uno de los pilares de la iniciativa consiste en garantizar el anonimato de quienes proporcionan ayuda.
La plataforma asigna un código a las personas que brindan información para evitar que se registren sus datos personales. Esto permite dar seguimiento a la información sin revelar la identidad del colaborador.
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Una herramienta de inteligencia y cooperación ciudadana
Para la analista en seguridad Clara Jiménez, una lista de personas buscadas solo puede cumplir su función si se mantiene actualizada y responde a la realidad de las investigaciones criminales.
La especialista considera que una plataforma de este tipo no debe entenderse únicamente como un espacio para publicar fotografías, sino como una herramienta de inteligencia y cooperación ciudadana que requiere información vigente.
Cuando una persona es capturada, retirada de un proceso judicial o deja de ser un objetivo prioritario, el listado debería reflejarlo, al igual que debería incorporar a quienes pasan a convertirse en nuevos objetivos de búsqueda.
Para el analista en seguridad Adrián Lima, el estancamiento del plan de los más buscados es grave.
“Es una incongruencia que las autoridades no hayan actualizado la lista de los más buscados en Guatemala, recordemos que el año pasado se fugaron reos de máxima seguridad y esto parece no importarles a las autoridades”, afirmó a Expediente Público.
Agregó que ese tipo de estrategias debe complementarse con otras. Explicó que las organizaciones delictivas han evolucionado en sus mecanismos de protección, por lo que la persecución penal ya no depende únicamente de identificar a un responsable, sino de comprender las estructuras que facilitan que un prófugo permanezca oculto.
Desde su perspectiva, las autoridades necesitan fortalecer los procesos de inteligencia criminal porque, detrás de muchos de los nombres incluidos en la lista, no existe únicamente un individuo, sino grupos organizados.
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Delitos de alto impacto predominan en la lista
El delito que más se repite en la lista de los 52 más buscados es el asesinato, con 16 casos. También hay lavado de dinero, secuestro, narcotráfico, robo agravado, violaciones y otros delitos.
Asimismo, en la nómina aparecen integrantes o presuntos colaboradores de estructuras dedicadas al tráfico de drogas, así como personas vinculadas a organizaciones criminales cuya captura continúa siendo considerada estratégica por las autoridades.
Entre los casos incluidos en el listado figura el de Milton Jaime Vicente Par, quien es requerido por las autoridades por el presunto delito de violación con circunstancias agravantes.
Según la investigación del Ministerio Público, el señalado habría abusado sexualmente de una menor de 13 años en repetidas ocasiones, hechos que motivaron la emisión de la orden de captura y su incorporación al programa de los más buscados, con el propósito de facilitar su localización y comparecencia ante la justicia.
Otro de los perfiles que aparece en la lista es Hans Ludovin Flores Quintanilla, conocido con el alias de “El Rabbit”, identificado por las autoridades como presunto cabecilla de una estructura criminal dedicada a las extorsiones contra empresarios y transportistas.
De acuerdo con las investigaciones, la organización también estaría vinculada con el asesinato de choferes que se negaban a pagar las exigencias económicas.
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Los departamentos donde se concentran las búsquedas
La información publicada en TuPista.gt evidencia que los casos no se distribuyen de manera uniforme en el territorio nacional. Varios de los prófugos son buscados en departamentos históricamente vinculados con rutas del narcotráfico, el contrabando y otras actividades del crimen organizado.
La mayor cantidad de personas buscadas se ubica en los departamentos de Guatemala (15), Huehuetenango (14), Jalapa (9), Quetzaltenango (8) y Jutiapa (6).
En algunos expedientes, las órdenes de captura corresponden a hechos ocurridos años atrás, por lo que el lugar donde inicialmente se buscaba al sospechoso ya no necesariamente coincide con su ubicación actual.
Esto obliga a mantener un intercambio permanente de información entre distintas sedes policiales y fiscales para actualizar las líneas de búsqueda.
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El desafío de perseguir estructuras transnacionales
El experto en seguridad Carlos Gramajo explicó a Expediente Público que la persecución de estos objetivos requiere una visión regional, debido a que las organizaciones criminales no operan limitadas por fronteras.
La coordinación con agencias internacionales y cuerpos de seguridad de otros países se vuelve fundamental para ubicar a personas que pueden esconderse fuera del territorio nacional.
En estos casos, las alertas internacionales y los mecanismos de cooperación permiten ampliar la capacidad de búsqueda, aunque los procesos pueden ser más complejos debido a los procedimientos legales de cada país.
Las capturas de estos objetivos no dependen únicamente de conocer un nombre o publicar un rostro. Requieren investigaciones sólidas, intercambio de información, capacidades técnicas y coordinación entre las instituciones responsables de la seguridad y la justicia.
