La violencia se extiende hacia nuevos territorios en Guatemala
La violencia se desplaza hacia municipios donde históricamente la incidencia era menor. Mientras buscan nuevos territorios, las pandillas diversifican sus actividades y fortalecen alianzas con otras organizaciones criminales para ampliar su capacidad operativa.
El último fin de semana de julio dejó una de las jornadas más violentas del año en Guatemala. Solo el sábado 25 de julio, las autoridades contabilizaron 24 homicidios, además de varios ataques armados y masacres en distintos puntos del país.
Pero detrás de estos hechos hay un fenómeno más amplio. Los homicidios ya no se concentran únicamente en los territorios tradicionalmente asociados con el crimen organizado.
Un informe del Ministerio de Gobernación (Mingob) y de la Policía Nacional Civil (PNC), al que tuvo acceso Expediente Público, evidencia que la violencia ha comenzado a alcanzar municipios que anteriormente registraban niveles considerablemente menores de criminalidad.
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El fin de semana que encendió las alertas
En menos de 48 horas, entre el 25 y el 26 de julio de 2026, se registraron múltiples ataques armados y varias masacres en municipios como Villa Canales, San José Acatempa y San Benito, Petén.
Los 24 homicidios registrados el sábado marcaron la cifra diaria más alta desde enero de 2026. Este repunte llevó al Mingob a replantear su estrategia de seguridad y reforzar los operativos en las zonas donde se concentra la violencia.
Aunque los ataques ocurrieron en diferentes departamentos, investigadores y analistas consultados por Expediente Público consideran que no se trata de hechos aislados. Los vinculan con un patrón que comenzó a observarse durante los primeros meses del año: la violencia se está desplazando junto con las organizaciones criminales hacia nuevos territorios.
Los crímenes registrados en julio ilustran cómo la violencia también alcanza municipios que no figuraban entre los principales focos del país. De acuerdo con los datos del Observatorio de Violencia de Diálogos de Guatemala, en 2025, Villa Canales registró una tasa de 53.8 homicidios por cada 100,000 habitantes, San José Acatempa 35.1 y San Benito 46.9.
Hasta agosto de 2026, dos de los tres municipios muestran un aumento en sus tasas de homicidios. Villa Canales alcanza ahora 59.5 homicidios por cada 100,000 habitantes y San José Acatempa, 49.
El Observatorio ha advertido que el incremento de homicidios está relacionado con el reordenamiento territorial de grupos criminales, que modifican sus zonas de operación para evadir la presión policial o disputar espacios estratégicos con estructuras rivales.
Según este análisis, esta dinámica ayuda a explicar por qué municipios que anteriormente registraban niveles moderados de violencia comenzaron a experimentar aumentos en los asesinatos durante 2026.
Villa Canales es uno de los ejemplos más visibles. El municipio pasó de una tasa de 38.8 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2019 a 59.5 en los primeros ocho meses de 2026.
El mapa de la violencia está cambiando
Los datos sugieren que el fenómeno no necesariamente se refleja en un aumento de la tasa nacional de homicidios, sino en una modificación de la distribución geográfica de la violencia.
Entre 2020 y 2025, la tasa anual de homicidios en Guatemala se mantuvo relativamente estable, entre 15.3 y 17.4 por cada 100,000 habitantes. A agosto de 2026, la tasa interanual se situaba en 16.6, por debajo de la registrada al cierre de 2025.
Sin embargo, los datos municipales muestran cambios en los territorios donde se concentra la violencia.
En 2025, los cinco municipios con las tasas de homicidios más altas fueron Tiquisate (73.9), Champerico (63.1), Palencia (57.9), San Andrés (54.5) y Estanzuela (54.4).
En los primeros ocho meses de 2026, el listado cambió: La Democracia (71.1), Tiquisate (60.0), Sanarate (59.9), Villa Canales (59.5) y Nueva Concepción (59.0) registraron las tasas más altas.
De los cinco municipios que encabezaron ambos períodos, solo Tiquisate aparece en las dos listas.
Para Walter Corzo, director del Observatorio de Violencia de Diálogos de Guatemala, este desplazamiento podría estar relacionado con la búsqueda de nuevos territorios por parte de grupos delincuenciales. Según explica, estas estructuras buscan zonas más tranquilas y con menor presencia de conflicto para establecerse y operar.
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Corzo cita como ejemplo un operativo realizado en febrero de 2026 por el Ministerio Público (MP) y la PNC en una de las zonas más exclusivas de Guatemala. En el lugar fue localizado un grupo vinculado con la Mara 18 que, según el especialista, utilizaba el complejo habitacional para extorsionar, intimidar y coordinar secuestros.
Para Corzo, el caso ilustra cómo las estructuras criminales también buscan lugares percibidos como más seguros para residir, operar y mantener el control de sus actividades.
La violencia modifica sus operaciones
El desplazamiento territorial ocurre al mismo tiempo que las pandillas modifican sus formas de operación.
El analista en seguridad e investigador Pedro Cruz sostuvo a Expediente Público que las estructuras criminales han dejado de limitarse a las extorsiones y los homicidios selectivos. Ahora han incrementado su capacidad para ejecutar acciones coordinadas destinadas a generar temor, desafiar a las autoridades y recuperar espacios de influencia.
“Aunque la extorsión continúa siendo la principal fuente de financiamiento para estos grupos, las pandillas han diversificado sus actividades ilícitas y fortalecido alianzas con otras organizaciones criminales, lo que les ha permitido ampliar su capacidad operativa”, comentó Cruz.
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Uno de los factores que explica esta transformación es la reorganización interna de las estructuras. Pese a las capturas de líderes realizadas durante los últimos años, las pandillas mantienen mecanismos de comunicación que permiten transmitir órdenes entre integrantes que permanecen en prisión y quienes continúan operando en las calles.
La capacidad organizativa del crimen
La especialista en seguridad y teniente de operaciones tácticas del Ejército de Guatemala (de baja por enfermedad), Abigail López, advierte a Expediente Público que los centros carcelarios continúan representando un reto para las autoridades.
Según López, desde algunos de estos centros se coordinan actividades delictivas, cobros de extorsión y acciones de intimidación.
Aunque el Gobierno ha impulsado requisas y restricciones en las cárceles, los analistas consideran que el control del sistema penitenciario continúa siendo una tarea pendiente.
“Cuando uno de sus dirigentes es capturado o abatido, rápidamente surgen nuevos mandos que asumen las funciones de coordinación, evitando que la estructura se desarticule por completo”, comentó López.
A esta capacidad de reorganización se suma el reclutamiento constante de adolescentes y jóvenes en comunidades con altos niveles de pobreza, exclusión social y limitada presencia institucional. Estas condiciones permiten que las pandillas continúen renovando su base de integrantes pese a las acciones de las fuerzas de seguridad.
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La violencia también funciona como mecanismo para sostener el control sobre determinados sectores. Los grupos criminales recurren a amenazas contra comerciantes, transportistas y vecinos para asegurar el pago de extorsiones y evitar denuncias.
En algunos casos, la intimidación se extiende a familiares de las víctimas, incrementando el temor en las comunidades, según Cruz.
Pandillas que se adaptan a la presión del Estado
Para los especialistas, las pandillas ya no operan de la misma manera que hace una década. La presión ejercida por las autoridades las ha obligado a modificar sus métodos, fragmentar sus operaciones y adoptar nuevas estrategias para mantenerse activas.
“Hemos trabajado durante años, meses, días y horas para desarticular las pandillas en el país; hemos logrado avances como las capturas de los cabecillas del Barrio 18 y Mara Salvatrucha, pero sabemos que no es suficiente”, comentó Alfredo Ríos, vocero del Mingob, a Expediente Público.
Ríos reconoce que una de las principales dificultades para las autoridades es la capacidad de las pandillas para sustituir a sus dirigentes y modificar sus estructuras con el objetivo de evitar capturas e investigaciones.
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Según el funcionario, las autoridades realizan en promedio entre 15 y 20 allanamientos diarios para desarticular bandas delincuenciales.
Sin embargo, los recientes hechos violentos muestran que las capturas y los decomisos no han eliminado la capacidad de las estructuras criminales para planificar y ejecutar acciones de alto impacto.
El comportamiento observado durante 2026 plantea un desafío adicional. Las autoridades deben identificar con rapidez los cambios en las zonas de operación de las pandillas para evitar que la presión ejercida sobre determinados territorios simplemente provoque el traslado de sus actividades hacia otros municipios.
El reto de impedir un nuevo fortalecimiento
Las acciones registradas durante este año han llevado a especialistas en seguridad a advertir que las pandillas atraviesan un proceso de reacomodo que les permite mantener capacidad operativa pese a los golpes recibidos mediante capturas, allanamientos y decomisos.
Aunque las estructuras ya no cuentan con el mismo nivel de control territorial que alcanzaron hace más de una década, los expertos consideran que conservan capacidad para reorganizarse, reclutar nuevos integrantes y adaptar sus métodos de operación.
Por ello, los analistas sostienen que la respuesta del Estado no puede limitarse al incremento de los operativos policiales.
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Uno de los principales desafíos es fortalecer la investigación y la inteligencia criminal para identificar los cambios en la forma de operar de estas organizaciones, anticipar posibles ataques y desarticular sus redes de apoyo.
También consideran necesario recuperar el control efectivo de los centros penitenciarios y reducir la capacidad de comunicación y coordinación de los líderes privados de libertad. Cruz y López coinciden en que este es un elemento fundamental para debilitar el funcionamiento de las pandillas fuera de las cárceles.
Otro punto señalado es la coordinación entre la PNC, el MP, el Sistema Penitenciario, el Organismo Judicial y las instituciones responsables de la prevención de la violencia y la protección de la niñez y la adolescencia.
Detener el desplazamiento de la violencia
Los especialistas también subrayan la importancia de mantener programas de prevención dirigidos a jóvenes en comunidades vulnerables. Las capturas y los operativos pueden contener temporalmente la violencia, pero, advierten, sin medidas para reducir el reclutamiento las estructuras pueden continuar renovando sus integrantes.
A esto se suma la necesidad de investigar las redes financieras de las organizaciones criminales, identificar a quienes facilitan el lavado de dinero y perseguir las fuentes de financiamiento que permiten mantener activas sus operaciones.
El desafío para Guatemala, por tanto, no se limita a reducir los homicidios registrados en determinados municipios. También implica impedir que las estructuras criminales trasladen sus operaciones, reconstruyan sus redes de reclutamiento y recuperen presencia en territorios donde habían perdido influencia.
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“La evolución de estas organizaciones confirma que el fenómeno trasciende la delincuencia común y continúa representando uno de los principales retos para la seguridad pública”, comentó Cruz.
Los hechos del 25 y 26 de julio muestran la dimensión del desafío. Mientras las autoridades aumentan la presión sobre las pandillas, estas conservan capacidad para reorganizarse y operar en distintos territorios. No solo fueron las jornadas más violentas de 2026, también dejaron una señal sobre cómo está cambiando el mapa de la violencia en Guatemala.
