EE. UU. cuestiona la lucha contra la trata en Centroamérica
Guatemala y Honduras mantienen fallas en el combate contra la trata de personas. En Nicaragua, la falta de resultados verificables y servicios especializados agrava la situación, según el informe de 2026 del Departamento de Estado de EE. UU.
La trata de personas sigue golpeando a Centroamérica. Guatemala y Honduras reportan acciones contra este delito, pero mantienen fallas en la persecución penal y la protección. En Nicaragua, la falta de resultados verificables agrava los cuestionamientos.
Lo anterior son hallazgos del Informe sobre la Trata de Personas 2026 del Departamento de Estado de Estados Unidos, quien examinó la respuesta de estos países frente a un delito que comprende la explotación sexual, el trabajo forzado y otras formas de sometimiento.
La evaluación consideró no solo las leyes vigentes, sino también los resultados de las autoridades en la identificación de víctimas, la investigación, el procesamiento de los responsables y la prestación de servicios especializados.
Los testimonios de organizaciones que atienden a sobrevivientes muestran una realidad que las cifras no siempre reflejan: menores explotados, migrantes engañados y víctimas que son tratadas como infractoras antes de que las autoridades reconozcan que sufren explotación.
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Guatemala: avances que no alcanzan
Guatemala permanece en el nivel 2 de la clasificación estadounidense. Esto significa que el Gobierno no cumple plenamente los estándares mínimos para combatir la trata, aunque realiza esfuerzos significativos para hacerlo.
Leonel Dubón, director de Refugio de la Niñez, reconoce que el informe registra avances institucionales, pero advierte que la respuesta del país sigue siendo insuficiente frente a la magnitud del problema. Uno de los principales vacíos, explica, es la baja capacidad para identificar a las víctimas.
“Todavía es baja en comparación con la presencia del fenómeno en Guatemala”, señala Dubón a Expediente Público al referirse a la identificación de personas sometidas a explotación.
El director de Refugio de la Niñez también advierte que el trabajo forzado y la explotación laboral reciben menos atención de la necesaria. Según explica, los informes estadounidenses han señalado esta deficiencia durante varios años.
La explotación laboral puede ocurrir en actividades cotidianas y poco visibles, como tiendas de barrio, labores agrícolas y otros trabajos informales. Dubón advierte que hay niñas y adolescentes que cumplen jornadas de hasta 18 horas, en condiciones que podrían constituir explotación laboral o trabajo forzado.
El desafío no consiste únicamente en realizar operativos, agrega, sino también en reconocer las distintas formas de vulnerabilidad e identificar cuándo una situación constituye trata de personas.
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Niños utilizados para mendigar
Uno de los casos que preocupa a Dubón es la explotación de menores de edad para pedir dinero en las calles. Según relata, se han documentado situaciones en las que niños son trasladados desde comunidades hasta la ciudad de Guatemala y entregados a terceros para que mendiguen en los semáforos.
El director de Refugio de la Niñez menciona grupos de entre 12 y 15 menores utilizados para esa actividad. En uno de los operativos, recuerda, las autoridades encontraron en un hotel más de 25.000 quetzales en monedas (unos USD 3.500). Según la información que cita, el dinero correspondía a dos días de recaudación en las calles.
Dubón aclara que no toda situación de mendicidad infantil constituye trata. Cuando una familia pide dinero con sus hijos debido a la pobreza, el caso debe evaluarse de manera distinta a aquellos en los que los menores son entregados a terceros, controlados o explotados para obtener ganancias.
La distinción es fundamental para identificar correctamente a las víctimas, evitar intervenciones inadecuadas y dirigir las investigaciones contra quienes se benefician de la explotación.
Dubón estima que alrededor de 150 niñas, niños y adolescentes son rescatados cada año mediante acciones coordinadas con la Procuraduría General de la Nación. Después, requieren protección en el albergue para víctimas de trata que administra Refugio de la Niñez.
A juicio del especialista, Guatemala necesita fortalecer los mecanismos de identificación —en particular, los relacionados con el trabajo forzado— y ampliar la capacidad de respuesta de las instituciones. También destaca el papel de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas y de la coordinación entre entidades públicas.
Sin embargo, considera que la trata no ocupa un lugar suficientemente visible en la agenda presidencial, pese a la importancia de mantener una respuesta sostenida desde los niveles más altos del Gobierno.
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Cancillería defiende los esfuerzos de Guatemala
En un comunicado enviado a Expediente Público, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala (Minex) defendió las acciones del Estado para combatir la trata de personas y destacó la coordinación con otras instituciones y organismos internacionales.
La Cancillería señaló que ha participado, junto con la vicepresidenta Karin Herrera y la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET), en iniciativas para fortalecer la prevención, la protección de las víctimas y la cooperación regional.
Según el comunicado, Herrera coordina las acciones interinstitucionales desde la Vicepresidencia, mientras que el Minex contribuye desde los ámbitos diplomático y consular.
La institución también destacó la participación de Guatemala en espacios hemisféricos para intercambiar experiencias y coordinar respuestas frente a la explotación sexual y laboral.
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Honduras: dudas sobre los resultados judiciales
Honduras también permanece en el nivel 2 de la clasificación estadounidense. Aunque las instituciones reportan acciones de prevención, atención e investigación, organizaciones especializadas advierten que persisten obstáculos para investigar los delitos, sancionar a los responsables y garantizar una protección adecuada a las víctimas.
Cándida Sauceda, directora de Casa Alianza Honduras, que atiende a niñas, niños y adolescentes sobrevivientes de distintas formas de violencia y explotación, llama la atención sobre las cifras de condenas que maneja la organización. Según los datos que cita, en 2024 se dictaron 30 condenas por trata de personas, mientras que en 2025 la cifra descendió a tres.
De confirmarse que ambos registros utilizan los mismos criterios y abarcan los mismos delitos, la diferencia equivaldría a una reducción del 90%.
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En Honduras, niñas, niños y adolescentes siguen expuestos a la explotación sexual, el trabajo forzado y el reclutamiento por estructuras criminales. Para Sauceda, la preocupación de fondo es que la identificación de estas víctimas no basta si las investigaciones no avanzan y los responsables no comparecen ante la justicia.
Sauceda considera necesario fortalecer los recursos de las instituciones responsables, ampliar los servicios de atención en el territorio y asegurar que las investigaciones permitan llevar a los responsables ante los tribunales.
También cuestiona que los cambios de gobierno suelan implicar la sustitución de funcionarios que ya tienen experiencia en esta materia. Cuando personas sin formación especializada ocupan puestos clave, explica, las instituciones pierden conocimientos acumulados y deben reiniciar procesos que estaban en marcha.
Por ello, plantea mantener equipos técnicos especializados, más allá de los cambios políticos, para dar continuidad a las políticas de prevención, investigación y atención a las personas sobrevivientes.
Una víctima puede terminar tratada como delincuente
Sauceda relata el caso de una niña de origen vietnamita detenida en Honduras por una supuesta infracción relacionada con sus documentos. La menor no hablaba español y, según la directora de Casa Alianza, las autoridades no disponían de un intérprete para comunicarse con ella.
La organización consiguió apoyo para entrevistarla con medidas de protección. A partir de su relato, identificó indicios de que había sido víctima de trata y de que su traslado podía formar parte de una operación de explotación.
El caso, explica Sauceda, muestra cómo la falta de herramientas para reconocer a las víctimas puede hacer que una persona sometida a una red criminal sea tratada inicialmente como infractora.
“Hay que proteger a la víctima”, insiste. Los menores que han sufrido coacción o explotación, advierte la especialista, pueden ser revictimizados si las autoridades no investigan las circunstancias que los llevaron a esa situación.
Pese a las deficiencias señaladas, Honduras cuenta con mecanismos de coordinación y cooperación internacional.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha informado que, junto con la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT), ha apoyado la formación de funcionarios, las campañas de prevención, la identificación y referencia de víctimas y el fortalecimiento de las capacidades locales.
El Informe Nacional en materia de Trata de Personas 2025 de la CICESCT reportó 96 nuevas víctimas identificadas y atendidas durante ese año, además de 12.034 atenciones psicológicas, socioeconómicas, sanitarias y jurídicas. También registró 17.629 personas capacitadas o instruidas.
