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Serie de investigación Costa Rica: un paraíso cercado por el narcotráficopublicación 2 de 2En proceso

Costa Rica, el narcotráfico avanzó mientras el Estado retrocedía 

Mientras el narcotráfico avanzaba en Costa Rica, decisiones del Gobierno de Rodrigo Chaves (2022-2026) redujeron la vigilancia policial y los recursos para investigar al crimen organizado, advierte un informe de Expediente Abierto.

Costa Rica, el narcotráfico avanzó mientras el Estado retrocedía 

Hace tres años, mientras Costa Rica se consolidaba como un centro de almacenamiento y distribución de cocaína, el Gobierno de Rodrigo Chaves (2022-2026) comenzó a tomar decisiones que redujeron la presencia de unidades policiales especializadas en puntos estratégicos para el narcotráfico. 

El repliegue comenzó en el Pacífico sur, continuó con la reorganización de la Policía de Control de Drogas (PCD) en puertos y puestos fronterizos y, posteriormente, se sumó a las restricciones presupuestarias que afectaron al sistema judicial. 

Estas decisiones coincidieron con un período de expansión del narcotráfico y de penetración de estructuras criminales en el país.  

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En ese contexto, documentos de una investigación estadounidense, publicados por el medio costarricense CR Hoy, atribuyeron al entonces exministro de Seguridad Celso Gamboa, extraditado a EE. UU. en marzo de 2026, declaraciones en las que habría ofrecido facilitar el ingreso de cargamentos de cocaína a Costa Rica. 

El informe “De país de tránsito a plataforma criminal: la transformación del crimen organizado en Costa Rica”, elaborado por Expediente Abierto, identifica estas decisiones entre los factores que debilitaron la respuesta estatal frente a la transformación del crimen organizado. 

Tres años sin presencia permanente en bahía Drake 

El repliegue de las unidades especializadas comenzó en junio de 2023, cuando el Gobierno retiró de bahía Drake, en el Pacífico sur, al Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPES), una unidad del Servicio Nacional de Guardacostas dedicada a operaciones tácticas e interdicción marítima contra el narcotráfico. 

Costa Rica, el narcotráfico avanzó mientras el Estado retrocedía
Costa Rica, el narcotráfico avanzó mientras el Estado retrocedía

La decisión se justificó por problemas de infraestructura en la estación, entre ellos la falta de un atracadero adecuado. 

Las operaciones fueron redistribuidas hacia Quepos y Golfito. Un año después, el Gobierno ordenó trasladar la Academia de Guardacostas desde Quepos hasta Pococí, una zona alejada de la costa. 

Alex Rodríguez Campos, catedrático de la Universidad de Costa Rica, cuestionó esta última decisión por sus implicaciones para la formación de los agentes. 

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“Eso es como ensayar paracaidismo en un mall, que vos te puedes tirar, poder simular algo, pero no es lo mismo que tirarte de cielo abierto”, ejemplificó a Expediente Público. 

Después de aproximadamente tres años sin presencia permanente del GOPES, el Gobierno de Laura Fernández anunció en agosto de 2026 el regreso del personal de Guardacostas a Drake. 

Sin embargo, investigaciones de medios costarricenses documentaron cómo las organizaciones criminales aprovecharon las vulnerabilidades de la zona.  

Un reciente reportaje del periodista Álvaro Sánchez, titulado “Corcovado bajo asedio narco”, muestra cómo estas estructuras utilizan manglares y áreas protegidas cercanas al parque nacional para movilizar droga. 

Retiro de agentes antidrogas en puertos y fronteras 

Dos meses después de la salida del GOPES de bahía Drake, el Gobierno de Rodrigo Chaves ordenó otra reorganización policial, esta vez en puntos estratégicos para el tráfico internacional de drogas. 

El 24 de agosto de 2023, el entonces viceministro de Seguridad Pública, Manuel Jiménez Steller, ordenó retirar agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD) de Peñas Blancas y Las Tablillas, dos puestos fronterizos con Nicaragua. 

Según los oficios publicados por CR Hoy, los policías debían entregar sus instalaciones el 15 de septiembre. Otra orden, identificada como MSP-DM-DVUE-MJS-312-2023, dispuso su salida de la Terminal de Contenedores de Moín, en el Caribe, a partir del 4 de septiembre. 

La PCD realizaba labores especializadas de prevención e investigación del narcotráfico internacional. El Gobierno defendió los traslados como una redistribución de agentes para reforzar la persecución criminal en otras zonas. 

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Sin embargo, un estudio de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), citado por CR Hoy, advirtió que la medida afectó las capacidades técnicas de interdicción e inteligencia en los puntos donde operaba la PCD. 

El periodista costarricense Álvaro Sánchez también cuestionó las consecuencias de esa decisión.  

En entrevista con Expediente Público, Sánchez sostuvo que el retiro de los agentes “provocó una crecida enorme de salida de droga desde Moín (Caribe) hacia los Estados Unidos; por el aeropuerto internacional Juan Santamaría (…) y también por la frontera con Nicaragua en Peñas Blancas”. 

Las decisiones policiales y las declaraciones de Celso Gamboa 

Dieciséis días después de la fecha prevista para el retiro de los agentes de Moín, el exministro de Seguridad Celso Gamboa habría ofrecido facilitar el ingreso de cargamentos de cocaína al país, según documentos del expediente de extradición publicados por CR Hoy. 

De acuerdo con la solicitud de extradición, alrededor del 20 de septiembre de 2023 Gamboa habría asegurado a dos personas que colaboraban con una investigación de la agencia antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) que podía garantizar la recepción de cargamentos de cocaína por las costas del Caribe y del Pacífico costarricense. 

“El imputado hizo varias declaraciones en las que confirmó que podía garantizar la recepción de la cocaína que llegara a través de la costa atlántica o la costa pacífica de Costa Rica”, cita el documento. 

Las declaraciones atribuidas a Gamboa coincidieron temporalmente con los cambios en el despliegue policial. Sin embargo, los documentos citados no demuestran que ambos hechos estuvieran relacionados. 

El “efecto hormiga”: las organizaciones sobreviven a sus líderes 

Gamboa, quien también fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, fue extraditado a Estados Unidos el 20 de marzo de 2026 junto con Edwin López Vega, conocido como “Pecho de Rata”. Ambos enfrentan acusaciones relacionadas con el narcotráfico. 

Sin embargo, la captura y extradición de figuras vinculadas a estructuras criminales no necesariamente desarticula las organizaciones. Su capacidad para reorganizarse quedó expuesta tres meses después, durante el operativo Riverside. 

El 23 de junio de 2026, las autoridades realizaron 97 allanamientos simultáneos en cinco provincias contra una organización que, según las investigaciones judiciales, habría continuado operando después de la extradición de López Vega. 

Entre los sospechosos figuraban familiares del extraditado. Las autoridades señalaron que algunos de sus hijos habrían asumido funciones dentro de la estructura, investigada por tráfico de drogas, armas y legitimación de capitales. 

Las pesquisas también identificaron presuntos mecanismos de lavado de dinero mediante negocios y propiedades. 

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El caso ilustra lo que el informe de Expediente Abierto denomina “efecto hormiga”, que es cuando las autoridades capturan a los líderes de una organización criminal, sus integrantes se dispersan, forman grupos más pequeños y continúan operando. 

Roberto Orozco, coautor del informe, describe este fenómeno como una expresión de resiliencia criminal.  

“Lo que hace la intervención del Estado es capturar a las cabecillas y dejar sin respuesta el resto de la estructura criminal que después se vuelven en pequeños narcotraficantes y se multiplican las bandas criminales”, explicó Orozco a Expediente Público. 

Recortes presupuestarios: menos recursos para investigar 

Al repliegue de unidades policiales especializadas se sumó otro factor que, según el informe de Expediente Abierto, debilitó la capacidad estatal para enfrentar al crimen organizado: las restricciones presupuestarias al Poder Judicial, en medio de un enfrentamiento entre el Ejecutivo y las autoridades judiciales. 

Costa Rica, el narcotráfico avanzó mientras el Estado retrocedía 

Las reducciones presupuestarias ocurrieron durante la administración de Laura Fernández, cuando Rodrigo Chaves ocupaba el cargo de ministro de Hacienda. 

“Los recortes presupuestarios al Poder Judicial debilitaron significativamente la capacidad de interdicción, inteligencia y sanción del Estado costarricense, y beneficiaron de forma indirecta el desarrollo de las estructuras criminales locales”, advierte el informe. 

Según Expediente Abierto, desde julio de 2026 el Ministerio de Hacienda redujo en más de US$79 millones la asignación aprobada al Poder Judicial. De ese monto, aproximadamente US$21.6 millones correspondieron al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), encargado de investigar delitos complejos. 

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Las restricciones llegaron cuando el OIJ y el Ministerio Público enfrentaban una creciente demanda de investigaciones por narcotráfico, lavado de dinero y otros delitos relacionados con el crimen organizado. 

El expresidente Luis Guillermo Solís (2014-2018) cuestionó estas restricciones en entrevista con Expediente Público y las vinculó con el enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y las instituciones judiciales. 

Costa Rica, el narcotráfico avanzó mientras el Estado retrocedía 

“Alegando razones fiscales, le están cortando el presupuesto a la Corte Suprema de Justicia, de las demás entidades que incluye el Ministerio Público y lo están dejando en una situación imposible de mantener para el proceso de investigación y de persecución de las entidades criminales”, explicó Solís a Expediente Público. 

Investigar el lavado de dinero, otra capacidad bajo presión 

Las limitaciones presupuestarias y operativas también afectan la capacidad de las autoridades para seguir el rastro del dinero ilícito.  

Costa Rica no solo se ha convertido en un centro de almacenamiento y tráfico de drogas, sino también en un espacio utilizado para el lavado de activos, advirtió Alex Rodríguez Campos, catedrático de la Universidad de Costa Rica. 

Al respecto, el fiscal general Carlo Díaz reconoció que la Fiscalía de Legitimación de Capitales contaba con apenas seis fiscales para atender 202 expedientes, un promedio de casi 34 casos por funcionario. 

“La policía judicial no tiene los recursos para investigar eficientemente el lavado de dinero. No hay recursos, hay buena voluntad, hay gente capacitada, pero es tanto lo que se lava que el OIJ y el Ministerio Público no tienen capacidad de hacerlo”, explicó Rodríguez Campos a Expediente Público. 

Las dificultades no se limitan a la falta de personal. Según el exfiscal general Jorge Chavarría, la Plataforma de Información Policial, diseñada para compartir datos entre instituciones, no se encontraba operativa. 

A ello se suman dificultades para acceder a comunicaciones protegidas mediante cifrado de extremo a extremo, como las de WhatsApp.  

Según los especialistas consultados, la legislación costarricense sobre intervención de comunicaciones, regulada por la Ley 7425 de 1994 y sus reformas, enfrenta desafíos ante las nuevas tecnologías. 

Costa Rica, el narcotráfico avanzó mientras el Estado retrocedía 

Aunque Costa Rica cuenta con una Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada desde 2023, el informe advierte sobre las dificultades para retener personal capacitado y sostener investigaciones complejas. 

Desde la perspectiva institucional, Rodríguez Campos cuestionó la respuesta del Ejecutivo frente al avance del crimen organizado y señaló que, durante los últimos años, ha existido un abandono de la lucha contra estas estructuras. 

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Una respuesta estatal fragmentada 

El repliegue de unidades policiales, las restricciones presupuestarias y las dificultades para investigar el lavado de dinero apuntan a un problema más amplio: la falta de articulación entre las instituciones encargadas de combatir el crimen organizado. 

Costa Rica cuenta con la Política Nacional de Seguridad Pública 2023-2030. Sin embargo, Expediente Abierto advierte que sus acciones se concentran principalmente en las instituciones policiales del Poder Ejecutivo, sin integrar suficientemente las capacidades del Poder Judicial. 

“El país debe enfrentar con toda la capacidad estatal a las estructuras criminales para debilitarlas al máximo; de lo contrario, estas redes avanzarán en la cooptación del Estado y provocarán un progresivo deterioro de su institucionalidad democrática”, advierte el informe. 

Roberto Orozco, coautor del estudio, también identifica la falta de una respuesta estatal integral como uno de los principales riesgos ante la expansión del crimen organizado. 

Costa Rica, el narcotráfico avanzó mientras el Estado retrocedía 

¿Qué recomienda el informe? 

Frente a este escenario, el estudio propone articular las acciones del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial para investigar a las organizaciones criminales en su conjunto, desde sus dirigentes y operaciones logísticas hasta sus fuentes de financiamiento. 

También recomienda fortalecer las fiscalías especializadas, incorporar más peritos contables, garantizar recursos suficientes al Poder Judicial y actualizar la legislación para investigar comunicaciones cifradas y operaciones con criptoactivos. 

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La extradición, según el informe, debe mantenerse como una política de Estado, acompañada de presupuesto y capacitación para evitar errores procesales. 

Frente a este diagnóstico, el Gobierno de Laura Fernández apuesta por la construcción de una cárcel de alta seguridad, al estilo del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador y por medidas más severas contra la delincuencia. 

La tercera y última entrega de esta serie analizará, a partir de la perspectiva del expresidente Luis Guillermo Solís, los alcances de esa apuesta por la mano dura y las consecuencias de debilitar la justicia y relegar la prevención frente al avance del crimen organizado. 

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